Los nombres que faltan: detenidos desaparecidos, desaparición forzada y tortura en la dictadura cívico militar
Por: Sofía Varas Rojas
No viví aquellos años, pero cuando intento comprender qué significa para una familia que alguien sea detenido y nunca vuelva, la historia deja de parecerme una sucesión de fechas. Pienso en una puerta que se cierra, en una madre esperando pasos que no llegan, en una fotografía guardada durante décadas, en una pregunta que no encuentra respuesta. Pienso en lo que debe significar despertar durante años sin saber dónde está un hijo, acostarse sin saber si está vivo, y tener que explicar a otros que una persona existió aunque su cuerpo nunca haya regresado.
Si hubiese estado allí, creo que habría aprendido muy pronto que el miedo también puede instalarse en las cosas pequeñas: mirar hacia la calle antes de abrir una puerta, bajar la voz al pronunciar un nombre, guardar una fotografía, esperar noticias que nunca llegan. Habría aprendido que una familia puede seguir viviendo mientras una parte de ella permanece detenida en un día que no termina. Y que la desaparición de una persona no termina cuando se la llevan, porque continúa en quienes la buscan, en quienes preguntan, en quienes conservan sus documentos y en quienes se niegan a aceptar que su nombre desaparezca también de la historia.
Escribo esta primera parte desde ese lugar de respeto, no para apropiarme de una experiencia que no viví, sino para acercarme a una historia que pertenece a Chile. Los detenidos desaparecidos fueron personas concretas, con nombres, familias, trabajos, amistades, militancias y proyectos. Durante la dictadura cívico militar fueron detenidos por agentes del Estado y, en numerosos casos, su destino fue ocultado. Hoy el Estado reconoce oficialmente 1.469 víctimas de desaparición forzada y mantenia una política permanente de búsqueda para esclarecer sus circunstancias, su destino y las responsabilidades asociadas a esos hechos.
Detener a una persona, hacer desaparecer su destino
La desaparición forzada constituye una categoría específica de violación de los derechos humanos. No consiste simplemente en una detención cuyo paradero se desconoce, sino en una privación de libertad vinculada a agentes estatales, seguida de la negativa a reconocer la detención o de la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona. En Chile, esta práctica fue utilizada durante la dictadura cívico militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet, particularmente contra personas consideradas opositoras políticas.
La diferencia conceptual es importante porque permite comprender qué ocurrió con quienes fueron detenidos y posteriormente desaparecieron. La desaparición no fue solamente una ausencia producida por el paso del tiempo, sino una situación construida mediante la privación de libertad, el ocultamiento de información y la falta de entrega del cuerpo. Para las familias, esto produjo una incertidumbre prolongada que podía extenderse durante décadas.
El Estado chileno reconoce actualmente 1.469 personas como víctimas de desaparición forzada durante el período comprendido entre 1973 y 1990. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 307 personas habían sido encontradas, identificadas y restituidas a sus familias al momento de establecerse el Plan Nacional de Búsqueda, mientras que 1.162 permanecían pendientes de esclarecimiento respecto de su paradero y circunstancias de desaparición o muerte.
Estas cifras requieren una lectura cuidadosa. No corresponden a una única categoría general de víctimas de la dictadura, ni deben confundirse con las cifras de prisión política y tortura. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como Comisión Rettig, y posteriormente la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech, tuvieron mandatos diferentes y produjeron registros correspondientes a distintos tipos de violaciones de derechos humanos.
La prisión política como experiencia social
La detención política constituyó una experiencia extendida durante la dictadura cívico militar. Miles de personas fueron privadas de libertad por razones políticas y trasladadas a recintos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Carabineros y organismos de seguridad, además de otros lugares utilizados para mantener detenidos. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura investigó estas experiencias mediante testimonios de sobrevivientes y estableció un registro oficial de víctimas.
El Informe Valech documentó las experiencias de quienes fueron detenidos por motivos políticos y posteriormente sometidos a distintas formas de violencia. En su primer proceso de calificación fueron reconocidas 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura. Posteriores procesos de reconocimiento ampliaron el universo hasta alcanzar 38.254 personas reconocidas por el Estado en esta categoría.
La existencia de esta cifra permite observar la dimensión social de la represión, pero no permite sustituir las historias individuales. Cada registro corresponde a una experiencia específica de privación de libertad, interrogatorio, violencia y, en numerosos casos, tortura. La Comisión Valech recogió testimonios que permitieron reconstruir estas experiencias desde las palabras de quienes sobrevivieron.
La prisión política tampoco puede ser presentada como un fenómeno separado de la desaparición forzada. En determinadas trayectorias, la detención fue seguida por traslados entre distintos recintos, interrogatorios, torturas y finalmente desaparición o ejecución. El Plan Nacional de Búsqueda trabaja precisamente con la reconstrucción de estas trayectorias, buscando determinar dónde fueron detenidas las personas, hacia qué lugares fueron trasladadas y en qué momento se perdió información sobre su destino.
Tortura: la violencia ejercida sobre los cuerpos
La tortura constituye otra categoría específica de la represión ejercida durante la dictadura cívico militar. El Informe Valech documentó testimonios sobre diversas prácticas de violencia física y psicológica utilizadas contra personas privadas de libertad por razones políticas. Los relatos recopilados permitieron establecer la existencia de prácticas reiteradas en distintos lugares de detención y durante diferentes períodos de la dictadura.
Entre los testimonios registrados aparecen golpes, aplicación de electricidad, asfixia, simulacros de fusilamiento, posiciones forzadas, amenazas contra familiares, violencia sexual y otros procedimientos destinados a obtener información, castigar, intimidar o quebrar psicológicamente a las personas detenidas. La documentación de estas prácticas permite estudiar la tortura no como una serie de episodios individuales, sino como parte de una estructura represiva desarrollada en diferentes recintos y regiones del país.
El cuerpo de la persona detenida se convirtió así en un espacio donde se ejerció directamente el poder represivo. La tortura produjo consecuencias físicas y psicológicas que en muchos casos continuaron después de la liberación. La Comisión Valech incorporó también testimonios de mujeres y de personas menores de edad, mostrando que la represión política afectó a grupos diversos y que la experiencia de la tortura no puede ser reducida a un único perfil de víctima.
Desde la sociología, el testimonio adquiere relevancia porque permite conectar la experiencia individual con estructuras institucionales. Michel Foucault estudió la relación entre poder, disciplina y cuerpos, mientras que Elizabeth Jelin analizó la construcción social de las memorias vinculadas a las experiencias de represión política. En el caso chileno, ambos enfoques permiten distinguir entre el acontecimiento sufrido por una persona y las condiciones sociales e institucionales que hicieron posible que determinadas prácticas fueran repetidas sobre numerosas personas.
La desaparición y la familia
Una desaparición forzada modifica también las relaciones familiares. Cuando una persona muere y su cuerpo es entregado, existe la posibilidad de realizar rituales funerarios, establecer una fecha de muerte y construir un lugar de sepultura. En la desaparición forzada, estas posibilidades pueden quedar suspendidas durante décadas. La familia permanece vinculada a una pregunta que no obtiene respuesta definitiva.
Esa experiencia produjo una forma particular de acción colectiva. Los familiares comenzaron a organizarse, buscar información, presentar recursos judiciales, acudir a organismos religiosos y denunciar internacionalmente las desapariciones. La búsqueda dejó de ser únicamente una actividad privada y se transformó en una práctica social sostenida durante décadas.
Las fotografías de los detenidos desaparecidos adquirieron entonces una función documental y conmemorativa. El nombre, el rostro y la historia personal fueron incorporados al espacio público mediante manifestaciones, archivos, memoriales y actividades de conmemoración. La persona desaparecida continuó siendo nombrada, incluso cuando no existía información oficial suficiente sobre su destino.
Jelin plantea que las memorias sociales se construyen mediante prácticas de recuerdo, silencios, disputas y acciones colectivas. La experiencia de los familiares de detenidos desaparecidos constituye un ejemplo particularmente significativo de este proceso, porque la búsqueda de información se convirtió simultáneamente en una búsqueda de reconocimiento. No se trataba solamente de saber dónde estaba una persona, sino también de impedir que su existencia quedara reducida al silencio.
La documentación frente al olvido
Los informes oficiales constituyeron una etapa fundamental en la reconstrucción documental de estos hechos. El Informe Rettig investigó las violaciones de derechos humanos que tuvieron como consecuencia la muerte o desaparición de personas, mientras que el Informe Valech reunió testimonios sobre prisión política y tortura. Ambos informes fueron producidos en democracia y permitieron establecer registros institucionales sobre experiencias que habían ocurrido durante la dictadura cívico militar.
A estos documentos se sumaron archivos construidos durante la propia dictadura por organizaciones de derechos humanos, abogados, familiares y organismos como la Vicaría de la Solidaridad. La existencia de estos archivos permite reconstruir denuncias, nombres, fotografías, testimonios y antecedentes judiciales de personas detenidas y desaparecidas.
La documentación cumple una función central para la investigación histórica porque permite contrastar testimonios, fechas, lugares y trayectorias. También permite identificar vacíos de información. En el caso de los detenidos desaparecidos, estos vacíos no son solamente problemas de archivo, porque corresponden a personas cuyo destino continúa sin ser completamente esclarecido.
Por esta razón, el Plan Nacional de Búsqueda estableció como objetivo reconstruir las trayectorias de las víctimas y esclarecer las circunstancias de su desaparición o muerte. El programa contempla la revisión de archivos, investigación judicial, trabajo forense, búsqueda en terreno y participación de familiares.
Una historia que todavía tiene nombres pendientes
La memoria de los detenidos desaparecidos no puede reducirse a una conmemoración anual. La existencia de 1.469 víctimas oficialmente reconocidas significa que hay 1.469 trayectorias individuales que forman parte de la historia de Chile. Algunas han podido ser reconstruidas con mayor precisión, mientras otras continúan presentando vacíos respecto del lugar de detención, los traslados, las circunstancias de muerte y el destino final de los restos.
En agosto de 2025, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que el Plan Nacional de Búsqueda había avanzado en la construcción de una nómina oficial de 1.469 víctimas, un mapa georreferenciado de sus últimas trayectorias conocidas y más de 100 diligencias en terreno. Estas acciones forman parte de una política estatal destinada a continuar la búsqueda de información sobre las personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar.
Detrás de cada número existe un nombre. Detrás de cada nombre existe una historia anterior a la detención, una familia y una comunidad. Y detrás de cada ausencia existe una pregunta que durante décadas ha sido sostenida por quienes permanecieron buscando. La desaparición forzada no terminó para esas familias cuando terminó la dictadura, porque mientras no exista información suficiente sobre el destino de una persona, la búsqueda continúa formando parte de su historia.
Recordar a los detenidos desaparecidos significa entonces hablar de personas concretas. Significa distinguir la desaparición forzada de otras formas de represión, reconocer la existencia documentada de la prisión política y la tortura, estudiar los testimonios de quienes sobrevivieron y comprender el papel de las familias que mantuvieron la búsqueda durante décadas. También significa conservar los nombres de quienes fueron detenidos por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar encabezada por el dictador Augusto Pinochet.
Referencias
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2005). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile.
Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison. Gallimard.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2023). Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia. Gobierno de Chile.
Ministe
rio de Justicia y Derechos Humanos. (2023). Diario Oficial publica Plan Nacional de Búsqueda, tras toma de razón de la Contraloría General de la República. Gobierno de Chile.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Reporte de avances del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia a un año de su implementación. Gobierno de Chile.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2025). Presidente de la República, Gabriel Boric Font: “Los detenidos desaparecidos no les faltan sólo a sus familias, nos faltan a todos”. Gobierno de Chile.
