La memoria de Diego Leppez, a casi siete años de perder un ojo por el disparo de una lacrimógena de Carabineros

Por: Jimena Améstica

El 15º Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda civil a favor del trabajador y de sus dos hijas, reconociendo la responsabilidad del Estado y del agente policial que el 15 de noviembre de 2019 le disparó en el rostro, a pasos del Puente Pío Nono, y le causó la pérdida total de su ojo derecho, además de múltiples fracturas. Si bien el joven será indemnizado, hasta hoy el Ministerio Público no ha logrado identificar al funcionario que lo hirió. En este reportaje contó cómo ha sido su vida desde el ataque y cómo enfrentó los momentos más complejos de su recuperación.

Diego Leppez caminó varios metros por el centro de Santiago cubierto de sangre y sosteniendo su ojo derecho con la mano. Tenía 27 años cuando, el 15 de noviembre de 2019, en medio de una protesta enmarcada en el estallido social, un funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile le disparó directo al rostro una bomba lacrimógena. Parado en la ciclovía Santa María, a pocos pasos del Puente Pío Nono, estaba distraído guardando su cámara de fotos, momento en el que un grito de “¡cuidado!” le hizo voltear la cabeza hacia un lado y el proyectil, que había recorrido cerca de ocho metros, lo golpeó de lleno, provocándole un estallido ocular y fracturas múltiples en el rostro.

El 31 de marzo de 2026, la jueza Carolina Montecinos, titular del 15º Juzgado Civil de Santiago, acogió una demanda a su favor por daño moral, reconociendo la responsabilidad del Estado en su caso, aunque en sede penal aún no se ha logrado identificar al funcionario policial que lo hirió.

Desde octubre de 2019, solía tomar locomoción para ir al trabajo en lugares donde había protestas. Las noticias sobre personas heridas por perdigones se masificaban en los noticieros, por lo mismo, decidió circular siempre con antiparras para evitar sufrir alguna herida. Incluso, días antes de convertirse él mismo en noticia, le apuntaron cuando caminaba por el 25 de Santa Rosa. De no ser por las antiparras, contó, se habría convertido en “otro caso como el de Fabiola Campillai, habría quedado ciego de los dos ojos. Mi cara habría quedado desfigurada. Pero por suerte siempre andaba con estas antiparras o lentes de seguridad. Camino al trabajo tomaba la micro en Vespucio con Santa Rosa y me habían apuntado más de alguna vez, de hecho, le mandé un video a mis supervisores en ese tiempo. Sí, me quedó marcado, pero filo, no perdí el otro ojo, mi cara no se desfiguró completamente”, mencionó.

Ese día salió del trabajo a las 16:41. Se dedicaba a supervisar el departamento de pinturas en una tienda del Portal La Reina y se fue antes de lo habitual para llegar a su casa sin problemas, pues las protestas contra el Gobierno en distintos puntos de la capital seguían en su punto más álgido. El Metro estaba cerrado, por lo que tomó la micro 518 para bajar por Francisco de Bilbao. Debido a los cortes de tránsito, el bus paró en Bustamante y se bajó para seguir su camino a pie. Tenía planeado juntarse con alguien y continuar su viaje hasta La Cisterna. En ese tiempo vivía a la altura del Metro El Parrón.

“Siempre andaba preparado y con mi cámara”, contó, y al toparse con una manifestación hizo varias fotos cuando pasaba por la Alameda. Al llegar a Ramón Corvalán no logró abrirse paso y se devolvió hacia Forestal, cuando, a la altura de un restaurante de Telepizza, Carabineros hizo una encerrona a los manifestantes. “Crucé a la ciclovía que está en el Mapocho. Ahí estaba toda la gente yéndose por el puente Pío Nono y había otros que estaban siguiendo para el poniente, pero allá estaba lleno de lacrimógenas, no se podía pasar. Parado en la ciclovía ya había sacado las fotos y voy guardando la cámara y escucho: ‘¡cuidado!’. Volteo y venía la lacrimógena en la cara, la tenía a tres metros o dos metros, muy encima”.

Diego vio al funcionario policial apuntándole y una bola de fuego dirigirse a su cara. “No alcancé ni a reaccionar. O sea, giré la cabeza y me fui a negro. No me caí, pero cerré los ojos. No escuchaba nada más que un pitido. Y no la podía creer, pensé que me había desmayado, que me había quedado dormido en la micro, que estaba soñando”.

Pasaron algunos segundos y sintió la sangre correr por su cara. “Empecé a escuchar de a poquito a la gente”. Al reaccionar, solo pensó en sus dos hijas de cuatro años. Confundido, gritó buscándolas con desesperación. Alguien le preguntó si estaba con ellas, mientras otro gritó que había un herido. “Me empezaron a agarrar y vi en la calle al agente del Estado. Quería caminar para allá, pero un cabro me tomó de la mochila diciéndome “no, pa donde vai'”. Me tiró y aparecieron unos tipos para hacerme primeros auxilios. Yo les preguntaba ¿qué onda?, si había perdido el ojo”, recordó.

Las personas que lo ayudaron lo llevaron caminando hasta el Teatro Puente, donde lo sentaron y siguieron atendiéndolo. Con insistencia siguió preguntando si había perdido su ojo, pidió que le dijeran la verdad, que estaría bien, pero que necesitaba saberlo. “Me decían, ‘no, no sabemos, no sabemos’. Sentía toda la cara rota. ¿Tengo rota la nariz?, les pregunté, y me dijeron que sí, que tenía fracturas. Me acuerdo que saqué el celular y les decía que yo amaba mi nariz, que me veía encachado. Estaba súper mal, perdiendo sangre, pero tiraba como la talla. Los chiquillos estaban tratando de calmarme”.

“Tenía punzadas de dolor”, añadió. “Ellos me inyectaron al tiro intravenosa. Pasaban diez segundos y me empezaba a presionar la cara y después se me pasaba, era a ratos”. Desde ahí fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Santa María, ingresó de urgencia y seis horas después entró a quirófano para una reconstrucción de globo ocular. Ya era de noche y su madre lo esperaba fuera para confirmarle lo peor.

“Le dije ‘dime la verdad, no te preocupí (sic), yo voy a estar bien, ¿perdí el ojo, sí o no?’. Y me dijo que sí. Ahí igual se me cayó la lágrima, pero la calmé, le pedí que no se preocupara, que de ahora en adelante iba a tratar de salir adelante de esta hueá. En ningún momento pensé como en encontrar al culpable. Lo mío era recuperarme y salir de ahí, porque sabía lo que se venía. Ya no era solo el ojo, sino que era la cara, las operaciones, la fractura, tratar de que volviera mi rostro a la normalidad, cosa que nunca ocurrió”.

Su diagnóstico fue severo: herida penetrante tipo blow out o estallido ocular, con pérdida total de la visión; fractura de la órbita ocular (pared medial y piso), fractura nasal desplazada, hemorragia y subluxación de tabique. Diego aseguró que sabía el proceso que venía porque, cuando era un niño, había pasado por dos operaciones. A los dos años fue intervenido por problemas en la cadera y, a los siete, se sometió a una cirugía de rodilla. De este último proceso mantiene recuerdos vívidos. “Tuve que volver a aprender a caminar. Inicié todo ese proceso de rehabilitación: flectar la pierna, empezar de cero. Como que ya había vivido esos procesos de resiliencia. Y ya sabía lo que se venía”, insistió.

Desde la Clínica Santa María fue derivado a la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, donde le advirtieron que corría el riesgo de sufrir una infección en su otro ojo. Sin embargo, lo enviaron de vuelta a su casa con algunos medicamentos. La atención no fue buena y, en medio de la angustia, su familia presentó una reclamación. Buscando opciones, advirtieron que se trataba de un accidente de trayecto, por lo que lograron que fuera internado en el Hospital de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

Diego contó que debieron pasar seis meses para volver a retomar, en parte, la normalidad de su vida. Le costaba caminar con tranquilidad por la calle. “A veces salía y me tapaba la cara con las manos, evitando chocar con algo. Una vez estaba caminando y había un fierro, lo percibí cuando lo tenía a cinco centímetros del ojo. Siempre me sentí vulnerable, fue horrible. Aparte, estaba todavía el estallido, las protestas. No sabía si iba a quedar la cagada de un momento a otro. Caminaba y veía a la gente, las patrullas, era traumático saber que me iba a topar a alguien y tener que enfrentarme a un diálogo que no quería vivir”, replicó.

Pero no pudo evitar esos encuentros. Le pasó cuando caminaba por Portugal con Alameda, donde se encontró con un carabinero dirigiendo el tránsito. “Este gallo me ve y se empieza a reír. Fue como burlándose de lo que me había pasado. Sí, se vivió harto esa provocación. Sufrí bullying también por las redes sociales con la foto que me sacó Sebastián Silva, donde sale mi ojo fuera, la hicieron un meme”, contó. La imagen, aseguró, circuló por un grupo de chat de WhatsApp de Carabineros al que tuvieron acceso en medio de la indagatoria por su caso. “Decía: ‘querías salir a protestar’ y otra frase. Los policías se la compartían entre ellos. Viví varias cosas así, aunque mensajes directos no me llegaron, ni de anónimos ni de bots”.

UN FALLO, PERO SIN CULPABLES

En julio de 2026, el diario La Cuarta publicó la sentencia a favor de Diego dictada por el 15 Juzgado Civil de Santiago. La tramitación comenzó en octubre de 2023 para solicitar al Estado una indemnización de perjuicios por el delito del cual fue víctima. La Justicia resolvió fijar un monto de 50 millones de pesos para el trabajador, más 20 millones para sus hijas. Si bien, el fallo se emitió en marzo de este año, la noticia se hizo pública meses después, momento en el que temió volver a recibir mensajes de odio. “Me los esperaba, pensaba que no iba a faltar el tipo que me empezara a enviar cosas así. Pero no pasó. Aunque me puse a leer los comentarios de la noticia, gente que escribía: ‘y este angelito de Dios donde andaba’ , ‘y más encima hay que pagarle plata’. Gente que no te conoce. Pero en realidad trato de ignorarlos, no son personas relevantes en mi vida”, comentó.

Si bien, logró obtener justicia en un tribunal Civil, en sede penal la suerte no ha sido la misma. “Una de las cosas más importantes es encontrar a la persona que me disparó. Yo mismo hice una investigación para aportar en el proceso penal. Llevé las pruebas a la Policía de Investigaciones, mostré cómo coincidían las fechas y las horas con todos los materiales audiovisuales que tenía. Pero lo rechazaron y fue super doloroso. Llega un punto en el que te cansas. Creo que va a ser super difícil encontrar al culpable, por eso decidimos iniciar la acción civil, para buscar un alivio en todo lo que fue esto”, dijo.

Diego tiene dos videos del momento exacto en que le dispararon. En ellos se escucha un disparo proveniente del mismo lugar donde estaba parado el carabinero que lo apuntó, estaba solo, parado con una escopeta de bombas lacrimógenas. Había otros policías, precisó, “pero los otros tenían escopetas para disparar balines. De hecho, me enviaron una fotografía donde aparece esta persona sola mirando hacia el poniente y sin nadie más. Él solo frente a las personas, en el mismo lugar donde me dispararon, con la misma gente, las mismas banderas, pero aún así con todos estos antecedentes la Fiscalía no ha sido capaz de decir que él fue el culpable”.

A seis años del ataque, es consciente del cambio de la ciudadanía en cuanto a la percepción de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, quienes pasaron de tener un apoyo masivo, a ser señalados como “delincuentes” por parte del mundo político, como también de representantes del gobierno actual. “Yo lo afronto solo por el hecho de ser seguro de mi mismo. Es super cliché lo que te voy a decir, pero es saber lo que uno vale. Por eso no caigo en ese juego. Me considero una persona super resiliente, y si hay algo que me ha ayudado mucho es trabajar. He tenido dos trabajos, de lunes a lunes, solo para distraerme o desconectarme de lo que está pasando actualmente en la sociedad”, reconoció.

Y es que, después del estallido social, el devenir político de Chile no era lo que esperaba. En este sentido, insistió en que es algo “triste”, pues pensaba que “cambiarían” algunas cosas a nivel de derechos sociales y políticos. “Miras pa atrás, el sacrificio de la gente, personas que mataron, lo que me pasó a mí, gente que dejaba los pies en la calle. Ver todo lo que pasó y quedar en nada es super fome. Es desalentador, no sé, no tendría una palabra para decirlo, decepcionante podría ser lo más cercano”.

El escenario, añadió, se volvió aún más complejo al coincidir con la promulgación de la ley de legítima defensa privilegiada durante el gobierno de Gabriel Boric. La que es conocida como Ley Naín Retamal establece que el actuar policial con fuerza letal estaría amparado en el cumplimiento del deber. Al respecto, Diego insistió en que se trata de un reglamento para extender la “impunidad” en crímenes como el que sufrió él. “Se creó un eslogan de que ‘tenían que defender al país de los vándalos’, que nunca fue realidad. Es como pelear contra enemigos que nunca existieron”. En este sentido, insistió en que “nadie puede venir, sacarte un ojo, decir que actuó en legítima defensa y quedar impune; lo mismo que pegarte un escopetazo en las piernas, pegarte en la cabeza, llegar y apalearte. Hasta en mi caso uno podría decir ‘el policía me quería tirar la cámara’. Pero uno no puede venir y comparar la violencia ejercida”.

Asimismo, mencionó los casos de otras víctimas, como Gustavo Gatica o Anibal Villarroel, donde los funcionarios de Carabineros fueron absueltos por los ataques. “Imagínate la rabia que yo tengo por no encontrar al culpable, y las personas que lo tienen ahí, que saben quién es, que venga un juez y te diga ‘lo vamos a absolver porque actuó en legítima defensa’. Es super traumático que alguien venga y te violente sin que te puedas defender, porque si te defiendes estás cometiendo un delito. La persona tiene la facultad total de ejercer el abuso y permitimos eso. Como sociedad estamos horriblemente mal, le damos poder a quienes no tienen criterio o no saben cómo usar su autoridad. Que son personas que están para cuidar al pueblo y no para cuidar intereses”, cerró.

TRES CARABINEROS IDENTIFICADOS

Poco después de que Diego Leppez fuera agredido, su defensa presentó una querella criminal. Sin embargo, el Ministerio Público optó por dividirla, enviando la investigación del delito base a la Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de Claudia Perivancich, y dejando la indagatoria por apremios ilegítimos y la responsabilidad política de mando en manos de la Fiscalía Centro Norte. Años después, la causa volvió a ser reintegrada en Santiago bajo la investigación de la persecutora Ximena Chong. No obstante, tiempo atrás se volvió a separar y se asignó el caso a la Fiscalía Regional de Antofagasta.

“Queda mucho por recorrer”, comentó Daliksa Alvarado, la primera abogada civil con la que el joven se comunicó para pedir asesoría. Eran amigos desde antes de la agresión. “En un comienzo él me llamó, fue la primera persona a la que me llamó”, recordó, contando que, tras reunir varias pruebas, lograron llegar a identificar a tres carabineros como los eventuales autores del disparo. Sin embargo, precisó que a la fiscalía no le pareció suficiente para imputar un delito.

“Nosotros conseguimos las cámaras GoPro de los policías. No todos los piquetes de Carabineros tenían escopetas para lanzar lacrimógenas, entonces igual fue identificable. Vimos esas cámaras, de los efectivos policiales que estaban disparando sin cumplir los protocolos, directo al cuerpo de los manifestantes en el lugar de los hechos y a la hora del ataque contra Diego”, precisó.

Además de Alvarado, Leppez fue representado por Felipe González y Francisca Márquez, equipo que, poco antes de la fecha de prescripción del caso, interpuso la demanda civil. Según González, “no teníamos al sospechoso, pero estábamos convencidos de que hubo una falta de servicio por parte del Estado. Por eso, el fallo es un avance, porque el tribunal acoge la responsabilidad del Estado sobre la protección de Diego y el actuar indebido de los agentes del Estado. Y se pudo acreditar, con las pericias que nosotros tuvimos que realizar, que un objeto, solo como una lacrimógena, es el que pudo haber causado el daño”.

Sin embargo, el jurista insistió en que el monto fijado por el tribunal no es suficiente para compensar el daño que ha sufrido su cliente, por lo que ya ingresaron un recurso de apelación. En este sentido, detalló que el tribunal consideró la pensión de gracia que recibe Diego, pero alegó que no se habría tomado en cuenta que no se trata de un beneficio vitalicio, sino de un pago administrativo que podría dejar de percibir si así lo considera el gobierno de turno. En este sentido, comparó el caso con el de las víctimas de la dictadura.

“La pensión de Diego, a diferencia de la que reciben las personas que fueron víctimas de la dictadura, no está establecida por ley. Nosotros no sabemos si en el presupuesto de 2026 se va a considerar. Es un tema netamente administrativo del gobierno. El fallo considera como permanente una situación que no lo es. Diego no tiene una pensión vitalicia, es una pensión de gracia, donde el criterio puede cambiar y da una incerteza”, dijo.

A ello se sumó que, en comparación con otras causas de derechos humanos, suele considerarse la edad de la víctima. Al respecto, González planteó que “el monto es bajísimo, porque en causas de víctimas de la dictadura se le asigna a personas que tienen una proyección de vida de 10 a 15 años. Aquí estamos hablando de una persona joven, con dos hijas pequeñas, y es totalmente insuficiente. Eso a Diego le afecta mucho, porque es algo que decide su vida”, explicó.

Asimismo, reiteró que el funcionario policial que agredió a Leppez “sigue libre. No sabemos si sigue trabajando en la institución, es muy probable que así sea, pero si uno se enfoca solo en eso, es mucha la rabia y poca la esperanza. Siempre hemos estado enfocados en ver el futuro, ayudar a su familia“, sostuvo.

DOS NIÑAS, VÍCTIMAS POR REBOTE

Desde el día en que Diego fue agredido, no solo debió enfrentar dolor físico. A nivel laboral, después de regresar de su licencia, debió interponer una demanda contra su empleador por haberlo degradado sin justificación, quitándole el puesto de supervisor y bajándole el sueldo. A ello se sumó un episodio de violencia protagonizado en su contra por un guardia de seguridad del supermercado Líder de Santa Rosa, en la comuna de San Ramón, en marzo de 2021. El funcionario lo agredió y se burló de su condición como víctima de trauma ocular. El episodio también terminó con un enfrentamiento en tribunales que acreditó la vulneración de sus derechos.

Cada uno de estos momentos tuvo repercusiones negativas en su familia, en especial en sus dos hijas. La Justicia consideró esta afectación en la demanda civil y las reconoció como víctimas por rebote o repercusión. La abogada Daliksa Alvarado habló al respecto y valoró que el tribunal acreditara “el daño que ellas sufrieron, el daño directo, cómo ha sido para ellas el hecho de ver a su padre mutilado. Hicimos peritajes con una psicóloga especialista en niñeces y se determinó que había una ‘parentalización’, porque quien era su figura de protección terminó siendo una figura vulnerable en la familia. Ellas empezaron a sentir un deber de cuidar a su padre, sentían una angustia muy grande de que le fuera a pasar algo”, precisó.

“Diego me contaba cosas que me daban mucha pena”, añadió. Le relató que “se acercaban y le decían ‘papá, si todavía te ves guapo’. Obviamente hay un daño que se vive en la primera infancia”, acotó. Por lo mismo, la defensa de Leppez considera que los 10 millones de pesos de indemnización por cada niña no son suficientes. “Es algo que vas a tener que enfrentar toda tu vida, es muy poco para lo que consideramos que tuvo que haber sido”, replicó la jurista.

En la apelación al fallo incluyeron estos argumentos, indicando que los tribunales no tienen una tarifa para cada daño; es decir, no existen parámetros y depende exclusivamente del criterio de cada juez. Por ello, realizaron una revisión exhaustiva de casos similares para fundamentar la petición de aumentar la indemnización.

“Miré fallos de primera instancia”, comentó la abogada, ejemplificando los montos por daño moral pagados a los dueños de diferentes inmuebles afectados durante el estallido social. “A la Parroquia de la Asunción le dieron un daño moral por 3 mil millones de pesos. A la Fuente Alemana fue de 500 millones de pesos. Entonces, uno dice, ¿qué pasa con los tribunales de primera instancia? Esperamos que la Corte deje un mensaje claro: que la reparación integral del daño, la dignidad, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica valen más que el daño patrimonial“, concluyó.