Michel-Ange Joseph, activista haitiana, emplazó al gobierno tras localización de niños: “Es necesario asumir responsabilidades y pedir disculpas”
En entrevista con El Arrebato, la trabajadora social y directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, insistió en que “si esta situación sirve para que el Estado y la sociedad chilena vuelvan a mirar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, entonces quizás podamos transformar esta crisis en una oportunidad para discutir políticas públicas serias y no solamente titulares alarmistas”.
Por Redacción El Arrebato
La activista haitiana, Michel-Ange Joseph, directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, abordó en entrevista con El Arrebato la confirmación de que los 64 niños haitianos que se encontraban como no localizados en un preinforme de la Contraloría General de la República fueron encontrados en su totalidad en las últimas horas.
En la última semana, el oficialismo denunció que estarían “desaparecidos” tras llegar a Chile en vuelos chárter con un visado de reunificación familiar. La trabajadora social cuestionó la cobertura mediática del caso y repudió los rumores levantados por diferentes parlamentarios y periodistas sobre un supuesto escenario de redes de tráfico o trata de personas. Todo ello fue descartado por la policía y el propio ministro de Defensa, Fernando Barros.
-¿Desde la comunidad cómo reciben la noticia de la ubicación de los 64 niños que hablaba el preinforme de la Contraloría General de la República?
Recibimos esta noticia con alivio, porque desde el primer momento sostuvimos que era necesario verificar los antecedentes antes de instalar hipótesis tan graves sobre niños y familias haitianas. Sin embargo, el alivio no borra el daño que ya se produjo.
-Hubo un alto revuelo en el mundo político y en especial en los medios de comunicación.
Durante semanas se construyó una narrativa pública que llevó a muchas personas a creer que existía una situación masiva de desaparición de niños haitianos o incluso redes de tráfico de menores. Hoy sabemos que la realidad era mucho más compleja y que gran parte del problema estaba relacionado con deficiencias institucionales y de registro.
La pregunta que queda es quién repara el daño causado a miles de familias haitianas que fueron expuestas a sospechas, discriminación y estigmatización sin que existieran pruebas que justificaran esos juicios colectivos.
-Se habló de que varios de los niños ubicados estaban viviendo en situación de precariedad o pobreza. Y llamó la atención que parte del mundo político y la prensa reaccionara con sorpresa.
Para nosotros esa no es ninguna sorpresa. Lo que sí nos sorprende es que parte de la opinión pública parezca descubrir recién una realidad que las organizaciones sociales, las escuelas, los municipios y las propias comunidades migrantes conocen desde hace años. La pobreza infantil no es un problema exclusivamente haitiano. Tampoco es un problema exclusivamente migrante. Es un problema estructural que afecta a miles de niños y niñas en Chile.
Si esta situación sirve para que el Estado y la sociedad chilena vuelvan a mirar las condiciones de vida de la infancia más vulnerable, entonces quizás podamos transformar esta crisis en una oportunidad para discutir políticas públicas serias y no solamente titulares alarmistas. Lo importante ahora no es preguntarse por qué esos niños son pobres. Lo importante es preguntarse qué estamos haciendo como sociedad para garantizarles una vida digna.
-¿Quién se hace responsable ahora de las consecuencias negativas contra la comunidad haitiana después de la difusión de rumores o derechamente mentiras?
Creo que corresponde una reflexión profunda tanto desde la política como desde los medios de comunicación. La libertad de expresión y la libertad de prensa son pilares fundamentales de la democracia, pero también existe una responsabilidad ética cuando se difunden informaciones que pueden afectar la vida de personas y comunidades enteras.
Cuando determinados actores políticos instalaron sospechas extremadamente graves sin esperar el resultado de las investigaciones, contribuyeron a crear un clima de alarma social que terminó afectando a miles de personas inocentes. Y cuando algunos medios reprodujeron esas narrativas sin suficiente contexto o sin contrastar adecuadamente la información, también contribuyeron a amplificar ese daño.
Por eso creemos que no basta con reconocer que algunos antecedentes no eran correctos. También es necesario asumir responsabilidades y pedir disculpas cuando corresponde. Las familias haitianas merecen la misma consideración que cualquier otra comunidad. No deberían ser tratadas como sospechosas colectivas cada vez que existe una falla institucional o una investigación en curso. La confianza pública se construye con verdad, con responsabilidad y con respeto a la dignidad humana.
-En cuanto a las deficiencias institucionales que comentas, ¿en qué pie queda la comunidad, pues el Gobierno insistirá en la persecución de migrantes irregulares?
Creo que precisamente ahí está una de las principales lecciones de esta crisis. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es que las deficiencias institucionales pueden terminar teniendo consecuencias muy concretas sobre personas y comunidades. Por eso resulta preocupante que la respuesta a problemas de gestión del propio Estado sea avanzar hacia mecanismos que aumenten el temor de las familias migrantes a acercarse a escuelas, centros de salud o servicios públicos.
Cuando una familia teme que llevar a su hijo al colegio o acudir a un consultorio pueda transformarse en una instancia de fiscalización migratoria, lo que ocurre no es más seguridad. Lo que ocurre es más invisibilidad, más exclusión y menos protección para niños y niñas. Solo imagine que un migrante tenga coronavirus u otra infección contagiosa… El miedo de esta persona es inseguridad pública. Generar políticas de miedo es peligroso para todo Chile.
Las escuelas y los centros de salud deben ser espacios seguros. Si las personas dejan de acudir a ellos por miedo, el Estado pierde capacidad para proteger precisamente a quienes dice querer proteger.
-Entonces, ¿cómo creen que se puede avanzar en soluciones para las problemáticas que viven como comunidad?
La experiencia de estas semanas también demuestra que la solución no pasa por generar más sospechas sobre las comunidades migrantes. Pasa por fortalecer las instituciones, mejorar los registros, coordinar mejor a los organismos públicos y trabajar con las comunidades afectadas en lugar de tratarlas como un problema.
La comunidad haitiana queda con una sensación ambivalente. Por una parte, existe alivio porque muchas de las hipótesis más alarmistas que circularon públicamente no se confirmaron. Pero, por otra, existe preocupación porque vemos cómo una crisis originada en fallas institucionales puede terminar siendo utilizada para justificar medidas que profundizan la desconfianza hacia las personas migrantes.
Chile tiene el derecho y el deber de ordenar su política migratoria. Pero una política migratoria eficaz no puede construirse a costa de los derechos fundamentales de niños, niñas y familias. La protección de la infancia, el acceso a la educación, el acceso a la salud y la dignidad humana deben seguir siendo principios irrenunciables para cualquier democracia. Por eso creemos que este momento exige más diálogo y más responsabilidad institucional, no más estigmatización.
