El conflicto como energía creadora y una nueva institucionalidad

El presente análisis pretende profundizar en el conflicto no en tanto obstáculo, sino como la esencia misma de la vitalidad democrática. 

Por: Felipe Rojas C., trabajador social

El diagnóstico de la democracia contemporánea no puede ser una simple observación de sus fallas procedimentales; debe ser una crítica ontológica. Cuando se afirma que la democracia actual “merece perecer”, refiere a la caducidad de un modelo que ha confundido la estabilidad con el inmovilismo. La democracia liberal-representativa se ha erigido sobre el mito del consenso, una ficción que asume que todos los intereses sociales pueden armonizarse bajo una técnica administrativa neutral. 

Sin embargo, esta neutralidad es una forma de violencia: invisibiliza las asimetrías del poder y las exclusiones históricas. La “muerte” que se propone es la de una cáscara burocrática que ya no contiene la vida de los pueblos. En su lugar, emerge la necesidad de una institucionalidad que no tema el conflicto, sino que lo reconozca como la energía que mueve la historia. No es un llamado al caos como tal, sino a la reivindicación política como el espacio donde las mayorías sociales dejan de ser meros espectadores para convertirse en arquitectos de su destino. 

LA DEMOCRACIA QUE “MERECE PARECER”

La democracia liberal tradicional, influenciada por autores de todo tipo, busca el “consenso traslapado” en palabras de Rawls, en que el conflicto en sí mismo es visualizado como un síntoma de mal funcionamiento, una anomalía que deber ser mediada o suprimida para volver al “equilibrio” y por tanto a la neutralización de éste a través de procesos puramente procedimentales. 

Sin embargo, en lo planteado por Mouffe, proponiendo que lo político es por definición conflicto, el conflicto es inerradicable, ya que, al intentar eliminarlo solo conduce a la apatía o a la explosión de violencias no canalizadas. La negación del conflicto no lo hace desaparecer, simplemente lo desplaza hacia los márgenes, donde a menudo se radicaliza en formas de odio o rechazo sistémico. 

“El objetivo de la política democrática no es establecer un consenso racional en la esfera pública, sino transformar el antagonismo (relación amigo/enemigo) en agonismo (relación entre adversarios que reconocen la legitimidad de sus diferencias)”. Mouffe, En torno a lo político. 

El conflicto social revela y desnuda las grietas del sistema, en consecuencia, cuando un sector de la sociedad se moviliza, se señala que la institucionalidad actual ya no tiene la capacidad de procesar sus necesidades. Por tanto, el conflicto es creador porque fuerza a la innovación institucional. Una democracia participativa no busca la paz del silencio, sino la vitalidad del debate permanente que decanta en decisiones colectivas vinculantes. 

INCOMODAR AL PODER

Si el conflicto es energía creadora, la institucionalidad no debe ser un dique que lo contenga, sino un dinamizador que lo procese y lo adopte como propio. La “muerte” de la democracia actual es, en realidad, el fin del fetiche del consenso tecnocrático.

Para que las mayorías recuperen su “humanidad fagocitada”, la estructura estatal debe romperse y reensamblarse bajo la lógica de la delegación, no de la representación. Al respecto Dussel, distingue entre el potestat (el poder institucionalizado que tiende a corromperse) y el potentia (el poder inherente del pueblo). En este sentido, para que el poder no se cristalice en manos de una élite, la estructura del estado debe ser radicalmente distinta. 

Es así como en la democracia liberal, el orden se mantiene mediante la invisibilización de lo que Rancière denomina “la parte de los que no tienen parte”. La conflictividad social es el mecanismo mediante el cual los sectores excluidos irrumpen en la escena pública. 

El consenso suele ser el lenguaje de las élites que ya tienen sus necesidades satisfechas. La conflictividad, por tanto, no es violencia gratuita, sino un acto comunicativo radical. Es la única forma en que las mayorías pueden romper el orden establecido, para crear política o el cuestionamiento de ese orden. Asimismo, una nueva institucionalidad no busca que todos estemos de acuerdo, sino que todos tengamos el derecho de incomodar al poder. La conflictividad asegura por tanto, que ninguna decisión se adopte por inercia burocrática, sino bajo la tensión de la soberanía popular. 

Asumiendo que el conflicto por sí mismo es energía, su propiedad física es la transformación, las instituciones actuales perecen porque son rígidas, la nueva institucionalidad debe estar permeada de elasticidad. 

A diferencia del modelo actual, que judicializa o criminaliza la protesta, el modelo participativo crea canales donde la protesta se traduce automáticamente en revisión de normas. La conflictividad mantiene el sistema “abierto”, forzándolo a actualizarse constantemente según las necesidades materiales de las grandes mayorías, al contrario de un sistema que aparentemente no presenta conflictos, que tenderá a la corrupción y al autoritarismo blando. 

Ahondar en la conflictividad, es también reconocer su valor pedagógico y existencial, como se menciona sobre la “recuperación de la humanidad”, el conflicto es el espacio donde el individuo se despoja de su rol de espectador de su propia opresión. En este sentido, la conflictividad social madura cuando pasa de la resistencia a la construcción. En el ejercicio del poder, el conflicto se resuelve mediante el diálogo agonista, pudiendo también como herramienta, educar. Fuerza a entender la posición del otro para la construcción de una solución que necesariamente sea soberana. 

La burocracia de las élites opera bajo una lógica de “ceguera técnica”. Para un ministro o un tecnócrata, la realidad se reduce a indicadores (PIB, tasas de desempleo, etc), esta abstracción de la política pública es en definitiva la “fagocitación de la humanidad”. El conflicto social es el único momento en que la realidad material rompe el cristal de la técnica, cuando un sector excluido se moviliza, está realizando una labor de traducción, convirtiendo la necesidad social en un hecho político social que ya no puede ser ignorada. En este sentido, los problemas sociales en el actual modelo son tratados como problemas de gestión. Profundizar en la conflictividad significa devolverle a la política su capacidad de dirección. La política no es el arte de unir a todos bajo una bandera falsa, sino asumir y decidir qué modelo de desarrollo político-social prevalece sobre otro.

RECLAMAR EL DERECHO AL CONFLICTO

La ausencia de conflicto logrado mediante la cooptación o la represión, es una paz que mantiene las estructuras de desigualdad intactas (paz de los cementerios). En cambio, la paz ruidosa, la que se logra cuando la institucionalidad es abierta y flexible que el conflicto puede expresarse sin destruir la unidad nacional. Aquí, la conflictividad es una energía regenerativa, cada vez que surge un conflicto y se resuelve mediante la decisión vinculante de las mayorías, la democracia se fortalece, porque se “actualiza” y se encuentra en constante movimiento. 

La minoría de edad política, como lo acuñara Boaventura de Sousa Santos, se mantiene porque el sistema evita que las grandes mayorías se enfrente a la complejidad y agencia de la toma de decisión. Cuando los sectores populares entran en conflicto, se ven forzados a construir contra experticia. Deben entender las leyes, de territorio, economía y de organización. El conflicto, por tanto, no es irracional, es el estado de mayor lucidez de una clase social. En este sentido, el proceso de construcción de identidad, no se encuentra en lo abstracto del proceso, ni en el reconocimiento como tal en la pasividad del consumo, sino más bien en el proceso de contradicción con el aparato estatal. La conflictividad genera un “nosotros” que es indispensable para que exista una red de poder soberano de abajo hacia arriba. 

Debemos entender que la conflictividad es el metabolismo de lo vivo. Un cuerpo que no reacciona ante un patógeno o una herida es un cuerpo muerto. De la misma forma, una sociedad sin conflicto es una sociedad que ha sido anestesiada por la burocracia de las élites. La nueva institucionalidad no busca la “estabilidad” entendida como quietud, sino la homeostasis entendida como un equilibrio dinámico que se reajusta constantemente a través de las tensiones del poder soberano. Reclamar el derecho al conflicto es, en última instancia, reclamar el derecho a existir como sujetos y no como meros objetos de administración.