“¿Qué dirá el Santo Padre?”: la moral religiosa y los nombramientos “pinochetistas” en el gobierno de Kast
Por Enoc Figueroa Neira
“Miren cómo nos hablan del paraíso, cuando nos llueven penas como granizo”, cantaba Violeta Parra a comienzos de los años sesenta, en el contexto del fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau a manos de la dictadura franquista, como una denuncia de la contradicción de un régimen que convirtió la moral católica en uno de sus pilares de legitimación mientras ejercía violencia política y represión. El Chile de 2026 no resulta ajeno a esa imagen.
Mientras el presidente ultraderechista José Kast impulsa la asistencia a misa en el Palacio de La Moneda cuatro veces por semana, su gobierno ha nombrado en cargos públicos a autoridades que mantuvieron vínculos directos con la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, que la han relativizado públicamente o que han expresado admiración por su figura. Bajo una retórica de orden, fe y autoridad moral, reaparecen en el Estado rostros y señales que remiten a uno de los períodos más traumáticos de la historia chilena.
En el Chile de 2026 se está configurando una política de Estado que articula moral religiosa, restauración conservadora y normalización de figuras vinculadas directa o indirectamente al pinochetismo en cargos políticos clave. Se trata de un patrón institucional en el que convergen autoridades con vínculos comprobables con la dictadura, apologías o relativizaciones públicas del régimen, junto con trayectorias que abren profundos cuestionamientos éticos y políticos, comprometiendo la relación del Estado con la memoria, la justicia, la reparación y la legitimidad democrática.
Lo anterior queda en evidencia no solo en los nombramientos, sino también en actos político-simbólicos como la instalación de una placa conmemorativa en homenaje a Jaime Guzmán en la comuna de Las Condes, el freno a la expropiación y a la construcción de un sitio de memoria para las víctimas de la dictadura en Colonia Dignidad, o el descabezamiento del Plan de Búsqueda de detenidos desaparecidos impulsado por el gobierno anterior de Gabriel Boric.
“Miren cómo nos hablan de libertad”: vinculación estrecha
No se trata exclusivamente de símbolos o retóricas, sino más bien del sello político del gobierno entrante, lo que se evidencia en los nombres de quienes ha puesto en la administración de diversas áreas del Estado. Respecto de los vínculos estrechos con el pinochetismo, destacan Fernando Barros, ministro de Defensa, quien participó en la defensa de Augusto Pinochet durante su detención en Londres y fue identificado por la prensa como uno de sus principales abogados, y Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos, abogado de Pinochet, quien integró los equipos de causas como la “Operación Colombo”, sobre el montaje de la desaparición de 119 chilenos, y el caso Riggs, sobre las cuentas bancarias secretas del dictador y el uso de identidades falsas. En el caso de estos dos nombramientos, ambos han sido tajantemente rechazados por organizaciones de memoria y derechos humanos, además de ser señalados como una “provocación directa”.
Continuando con los ministerios, destaca Claudio Alvarado, ministro del Interior, quien participó directamente de la dictadura al ejercer como alcalde designado de la comuna de Quemchi por el dictador en 1985. A su vez, José García Ruminot, titular del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quien, al igual que Alvarado, asumió como alcalde por designio directo de Pinochet en las comunas de Toltén, Lautaro y Temuco entre 1980 y 1989, además de ejercer como seremi de Gobierno en La Araucanía. A lo anterior se suma que en 2025 manifestó públicamente su rechazo a llamar “dictadura” al régimen autoritario pinochetista.
En una línea similar destaca Pilar Cuevas, designada como Delegada Presidencial Provincial de Quillota por Kast, y que entre 1986 y 1990 ejerció como seremi de Gobierno de Aysén durante la dictadura de Pinochet.
Igualmente, en el caso de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Los Ríos, figura el nombramiento de Hugo Ortiz de Filippi, quien fue abogado de Lucía Pinochet Hiriart, hija del dictador, en el caso Riggs. En 2016, el funcionario expresó declaraciones donde relativizó las responsabilidades de quienes cometieron violaciones a los derechos humanos en dictadura.
“Miren cómo pregonan tranquilidad”: apología
La problemática no se agota exclusivamente en aquellas trayectorias que se vinculan directamente con la dictadura, sino que también se expande a autoridades que públicamente han justificado y contribuido a sostener una legitimación simbólico-discursiva en el presente. Tal es el caso del actual subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien en 2023 expresó sentir admiración por la figura del dictador, calificándolo en entrevista con Icare TV como “un estadista”, argumentando: “Creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia y, cuando eso ocurre, evidentemente que somos muy malos intérpretes del presente”, en una clara línea revisionista y relativizadora del golpe de Estado, su desarrollo y alcances.
Un caso similar ocurre con el seremi del Medio Ambiente de Atacama, David Olivares, cuyo nombramiento fue cuestionado mediante un comunicado público emitido por el Partido Socialista de la región, a propósito de diversas publicaciones en redes sociales que fueron calificadas por la organización tanto como una “reivindicación a la figura de Pinochet” como también “un evidente desprecio por los derechos humanos”, argumentando así su falta de idoneidad para el ejercicio del cargo público.
“Entre más injusticia, señor Fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar”
La señal política emitida por el gobierno de ultraderecha que se instala en Chile es conflictiva, en tanto no radica únicamente en los antecedentes individuales de las autoridades ya mencionadas, sino también en la problemática que representa poner áreas sensibles de la institucionalidad en manos de personas vinculadas estrechamente al pinochetismo o que realizan abierta apología de este, lo que reabre heridas especialmente dolorosas en la memoria chilena. Así ocurre, por ejemplo, con el nombramiento de un oficial del Ejército en retiro, como Rodrigo Bravo Garrido, en el rol de seremi de las Culturas en la Región de Magallanes, una designación que resulta particularmente significativa en el actual clima político que vive el país.
Dicho esto, y a modo de cierre, no es antojadizo recurrir a la música, soporte popular de la memoria colectiva, ni a la frase con la que precisamente Violeta Parra cierra los versos de la canción “Qué dirá el Santo Padre”: “Entre más injusticia, señor Fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar, lindo es cernir el trigo en el sembra’o, regado con tu sangre, Julián Grimau”, pues invita a no ceder ante el silencio, la resignación ni el olvido. En nombre de Julián Grimau, así como de todas las víctimas de la dictadura chilena, esta memoria exige seguir elevando la voz desde nuestras diversas trincheras, denunciando, tomando postura y exigiendo verdad, justicia y reparación. Porque mientras más injusticia se intente normalizar desde el poder, más necesario será responder colectivamente con memoria activa, un canto fuerte que no deje de recurrir a la historia, nombrar a los responsables ni defender la dignidad de quienes vivieron persecución, asesinato, tortura y desaparición.
