¿Criminalizar la pobreza?: el “Registro de Vándalos”, el enemigo interno y la necesidad de la desobediencia

Somos los alumnos del liceo
Equis celta, celta coma dos
Hacemos barricas
Le doblamos las antenas a los autos de los chanchos

Mauricio Redolés

Por Cristian Solar-Valenzuela

La urbe contemporánea amanece sitiada por una coreografía del despojo, dictada mediante bandos y decretos que buscan esterilizar el espacio público, transformándolo en una vitrina aséptica para el goce exclusivo del capital. En este escenario de segregación brutal, el 1 de junio de 2026, durante el desarrollo de su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación del denominado “Registro Único de Vándalos e Incivilidades”, una medida refrendada horas más tarde en el Palacio de Cerro Castillo, cuyo objetivo es consolidar una base de datos punitiva para sancionar a quienes cometan delitos o “incivilidades” como la ocupación de establecimientos, la evasión del transporte público, el consumo de alcohol en las calles y el rayado de muros, castigándolos con la pérdida automática de derechos sociales vitales como la Gratuidad universitaria, la Pensión Garantizada Universal (PGU) y los subsidios de arriendo (Campos, 2026).

El contexto de esta promulgación responde a lo que el propio oficialismo ha denominado un “gobierno de emergencia”, un espejismo retórico diseñado a la medida para encubrir la incapacidad estructural del modelo económico, anticipando el inminente fracaso de gestión mediante la invención de chivos expiatorios —feministas, comuneros mapuche, defensores del medioambiente— a quienes culpar de la crisis hegemónica (Alarcón, 2026). Constituye la táctica primigenia de los gobiernos de ultraderecha contemporáneos: dirigir el miedo y la frustración de la sociedad hacia el eslabón más débil, desdibujando perversamente las fronteras entre el Estado de derecho y el Estado de excepción para justificar políticas de shock, protegiendo así la cúspide de la pirámide oligárquica frente a la movilización popular (Cabaluz, 2026).

Para desentrañar las capas de violencia estructural que subyacen a esta política pública, el psicoanálisis ofrece herramientas que permiten leer el comportamiento del Estado no solo como un ente administrativo, sino como un aparato que proyecta sus propias fracturas sobre el tejido social. De este modo Sigmund Freud (1921), en su obra Psicología de las masas y análisis del yo, advierte que el individuo inmerso en la multitud experimenta una merma irremediable de su rendimiento intelectual y una abolición de sus inhibiciones pulsionales, quedando a merced de una afectividad desbordada y fácilmente manipulable por los discursos del terror. La masa, en su innegable vulnerabilidad estructural, no busca la verdad analítica, sino ilusiones a las que no puede renunciar, exigiendo ser dominada por una autoridad fuerte; para mantener la cohesión y la obediencia ciega al líder, necesita imperiosamente desviar sus pulsiones destructivas hacia el exterior, unificando su amor interno a costa de expulsar la hostilidad y la violencia hacia un chivo expiatorio fabricado a la medida de la paranoia estatal (Rincón Oñate, 2019).

Sin embargo, este enemigo que el Estado recorta, persigue y tipifica burocráticamente no es un ente radicalmente ajeno ni caído del cielo. La indagación psicoanalítica explica, desde el concepto freudiano del Nebenmensch (el prójimo), que el primer encuentro del sujeto con el otro es inherentemente ambivalente: el prójimo es el primer auxiliador que brinda satisfacción nutricia, pero simultáneamente es la primera fuente de terror y el primer objeto hostil, una paradoja que Jacques Lacan profundiza mediante el concepto de extimidad, revelando que aquello que percibimos como lo más radicalmente externo, monstruoso y ajeno, es en realidad lo más íntimo y reprimido que nos constituye; por lo que la élite, al castigar al “vándalo” bajo el mecanismo de lo ominoso (Das Unheimliche), en el fondo odia la miseria moral y material que ella misma ha engendrado mediante siglos de expoliación, requiriendo deshumanizar sistemáticamente al otro para que la sociedad tolere y justifique su exterminio cívico (Rincón Oñate, 2019).

Bajo este prisma analítico, la disección de esta política pública exige una crítica centrada en su insoslayable racismo y clasismo. Los gobiernos neofascistas contemporáneos se caracterizan por una marcada orientación antiigualitaria y profundamente aporofóbica; mientras desmantelan programas sociales y recortan el financiamiento en educación para los sectores populares bajo la excusa de la austeridad, reducen simultáneamente los impuestos corporativos para proteger los procesos de acumulación del gran capital, reorientando al Estado como una herramienta punitiva al servicio exclusivo de los dueños de los medios de producción (Cabaluz, 2026). Tzvetan Todorov, en su análisis sobre la alteridad y el etnocentrismo, advierte cómo las posturas racialistas imponen una jerarquía única de valores donde el grupo dominante (el colonizador, la burguesía) se sitúa soberbiamente en la cúspide de la “civilización”, justificando a través de discursos pretendidamente racionales el sometimiento, la expoliación y la represión de aquellos considerados ontológicamente inferiores o “bárbaros” (Todorov, 2005).

El racismo estructural del Registro de Vándalos e Incivilidades opera precisamente en esta sangrienta frontera biopolítica, criminalizando el fenotipo y la procedencia Frantz Fanon (1961), en Los condenados de la tierra, dio cuenta que la geografía de la urbe capitalista está partida en dos compartimentos irrevocables y separados por un apartheid de clase: la ciudad de los dominadores, blindada, erguida e iluminada, y la ciudad de los condenados, habitada por la carne morena, arrodillada y hambrienta. Cuando el joven de la periferia, marginado de todo bienestar material y herido por la exclusión sistemática, salta un torniquete del Metro porque el modelo económico lo ha dejado sin alternativas de subsistencia, o cuando inscribe su rabia con aerosol en un muro para plasmar un grito de existencia, el Estado le arranca el derecho a la educación superior quitándole la Gratuidad, o condena a sus abuelos a la miseria despojándolos del subsidio de arriendo. Al arrebatar beneficios de sobrevivencia por el acto de desobediencia de uno de sus miembros, el Estado ejerce una crueldad institucionalizada que no busca corregir una conducta, sino limpiar estéticamente el espacio público de la presencia incómoda de la pobreza, imponiendo una paz de cementerio cimentada en la inanición.

Cuando el Estado neofascista tilda de “incivilidad” la ocupación del espacio y el rayado de los muros, está intentando borrar violentamente el lenguaje de los excluidos, asimilando su mera existencia a una patología infecciosa que debe ser extirpada del pulcro paisaje de Sanhattan. La criminalización de la piel oscura, de la ropa gastada y del léxico periférico obedece al pánico visceral de una oligarquía que no concibe la diferencia sino como una amenaza de aniquilación.

Para comprender la densidad y la persistencia de esta crueldad institucionalizada en el Chile contemporáneo, resulta imperativo realizar un repaso histórico y genealógico de la figura del “enemigo interno” en América Latina. Esta invención paranoica y totalitaria encuentra su origen moderno en la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), impuesta bajo el alero de Estados Unidos durante los años de la Guerra Fría, la cual provocó que la hipótesis de conflicto de los ejércitos latinoamericanos sufriera una metamorfosis doctrinal profunda, volcándose radicalmente hacia el interior de las propias fronteras nacionales (Comblin, 1979). La guerra bélica ya no se libraría contra un ejército invasor convencional, sino contra una supuesta “subversión” marxista que amenazaba desde dentro los cimientos sagrados del orden occidental y cristiano, despojando al individuo de toda ciudadanía para convertirlo en un blanco legítimo de exterminio (Grimozzi, s.f.).

En la fenomenología de la guerra civil moderna, la determinación política del enemigo interno es el acto fundante de la lucha estatal, transformando al disidente en un hors-la-loi (fuera de la ley), una bestia a la que hay que aniquilar por representar una amenaza ontológica para la pureza de la nación (González, 2023). En Chile, la inoculación del pánico colectivo ante este monstruo invisible se consolidó magistralmente durante la orquestada “campaña del terror” anticomunista en las elecciones presidenciales de 1964, la cual moldeó el imaginario de la burguesía y preparó el terreno psíquico y mediático para que el derramamiento de sangre del golpe militar de 1973 fuera percibido no como un crimen, sino como una indispensable salvación de la república (Casals, 2016).

Lo verdaderamente desolador de este derrotero histórico es que la lógica de guerra y aniquilación biopolítica de la DSN no se desvaneció con el retorno a la democracia representativa en 1990. Por el contrario, la transición política hacia los gobiernos de la Concertación requirió la fabricación urgente de un nuevo demonio para asegurar la gobernabilidad y mantener intacto el consenso neoliberal, reemplazando gradualmente al extremista político por la figura del “delincuente”, el “vándalo” y el “antisocial”, estigmatizando a la juventud popular como un riesgo constante y justificando la represión policial a través del populismo punitivo orquestado por oligopolios mediáticos e instituciones de la derecha como Paz Ciudadana (Isla, 2017).

Bajo la influencia de la criminología actuarial y el discurso gerencial importado de modelos anglosajones, el Estado transicional abandonó el interés por las causas estructurales de la desigualdad y se abocó a la administración del riesgo mediante el encierro masivo y el control de las clases subalternas, validando aberraciones jurídicas como la “detención por sospecha”, la cual permitía a Carabineros arrestar a jóvenes pobladores basándose exclusivamente en su apariencia estética o procedencia territorial (Acevedo Arriaza & Sáez Fuentealba, s.f.). El discurso de “la ley y el orden” fabricó un pánico moral donde la crónica roja televisiva encubrió sistemáticamente los delitos de cuello y corbata de la élite empresarial, enfocando el poder punitivo exclusivamente en criminalizar la marginalidad, tradición que el actual gobierno de Kast simplemente recoge para llevarla a su paroxismo digital (Acevedo Moya, 2016).

Es en esta encrucijada opresiva donde emerge con urgencia el concepto de “violencia pura” de Walter Benjamin (como se cita en González, 2023) frente a la maquinaria del Estado actual. El filósofo alemán desentrañó la anatomía misma del derecho, demostrando que este no es más que la violencia de los vencedores históricamente sancionada como poder, y que el Estado monopoliza celosamente la fuerza física no para proteger intereses pacíficos, sino para defender su propia existencia y hegemonía de clase, sintiendo un terror profundo hacia cualquier fuerza autónoma de los oprimidos (la huelga, la protesta) porque su mera existencia desnuda la arbitrariedad sangrienta sobre la cual se fundó el orden legal (González, 2023).

En la cúspide de esta arquitectura del control, la institución policial y los aparatos burocráticos encarnan una monstruosa amalgama anómica entre la violencia fundadora y la violencia conservadora de derecho, operando como una entidad espectral que suspende las leyes para, paradójicamente, defenderlas. El Registro de Vándalos propuesto por el Ejecutivo opera exactamente en esta zona gris: utiliza el poder administrativo para suspender los derechos a la alimentación y la educación de una población clasificada como enemiga, instaurando un estado de excepción permanente disfrazado de legalidad donde el gobierno asume que la necesidad crea su propia ley, auto-conservándose mediante la represión brutal de la disidencia (González, 2023).

Frente a esta colosal maquinaria de aniquilación, la “violencia pura” o divina benjaminiana (como se cita en González, 2023) juega el rol fundamental de fuerza destituyente absoluta. A diferencia de la violencia mítica y estatal, que crea leyes para dominar o las conserva para oprimir mediante el sacrificio del otro, la violencia pura destruye el derecho y corta el nexo maldito entre legalidad y derramamiento de sangre, actuando sin buscar instaurar un nuevo régimen de terror (González, 2023). Aquello que el Estado aporofóbico criminaliza bajo el rótulo delictual —el salto colectivo del torniquete que interrumpe la mercantilización, la toma del colegio, el grafiti en las murallas impolutas del barrio alto— contiene en su núcleo los destellos indómitos de esta fuerza destituyente que, al negarse a ser administrada por el leviatán, expone la ilegitimidad fundamental del apartheid de clase y raza que sostiene a la república.

Para Giorgio Agamben (1998) la modernidad produce constantemente la “nuda vida”, vidas despojadas de valor jurídico que pueden ser eliminadas sin cometer homicidio. El Registro Único de Vándalos e Incivilidades es la actualización tecnológica de esta nuda vida. Al extorsionar a las familias más pobres de Chile, amenazándolas con quitarles sus ingresos mínimos o el techo que habitan si sus jóvenes se atreven a desobedecer, el Estado condena a estos sujetos a la muerte civil, empujándolos deliberadamente hacia los brazos del crimen organizado y el narcotráfico, los únicos entes que ofrecen un sentido de pertenencia en la periferia devastada por el neoliberalismo.

En suma, el neofascismo del gobierno de José Antonio Kast no representa una anomalía pasajera ni un error del sistema, sino la agudización tecnocrática del proyecto dictatorial y de la perpetua criminalización de la pobreza iniciada en los albores de la transición. Al transformar al joven poblador, al estudiante y al indígena en un enemigo interno para amenazar su supervivencia biológica mediante la extirpación de sus derechos, el Estado desnuda sin pudor su naturaleza paranoica y su cobardía inmanente. Frente a un modelo que exige la aniquilación social del disidente para conservar intactos sus privilegios, podemos advertir que el orden jurídico vigente es, en última instancia, solo violencia triunfante disfrazada de legalidad. Ante ello, la desobediencia se erige como la imperiosa necesidad ético-política de fracturar las cadenas de la sumisión, para que la existencia humana pueda, al fin, respirar fuera de los miserables registros de la infamia.

Referencias 

Acevedo Arriaza, N., & Sáez Fuentealba, L. (s.f.). Juventud bajo sospecha: Gestión gubernamental de la juventud popular en los inicios de la transición democrática chilena (1990-2000). En Transiciones: Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena (pp. 00-00). [Se requiere completar editor y editorial].

Acevedo Moya, J. P. (2016). “Crimen y castigo” en el Chile democrático: la derecha y la seguridad ciudadana en los noventa. 1990-1994. Divergencia, (7).

Agamben, G. (1998). Homo sacer: El poder soberano y la nuda vida. Pre-Textos.

Alarcón, M. (2026, 8 de febrero). Los espejismos de Kast para justificarse ante un eventual mal gobierno. Interferencia.

Cabaluz, F. (2026, junio). Gobierno neofascista en Chile. Apuntes para caracterizar al gobierno de José Antonio Kast. Le Monde Diplomatique – Edición Chilena.

Campos, S. (2026, 2 de junio). A quiénes incluiría, los delitos y sanciones: El detalle del Registro de Vándalos e Incivilidades que impulsa el Ejecutivo. Emol.

Casals Araya, M. (2016). La creación de la amenaza roja: Del surgimiento del anticomunismo en Chile a la «campaña del terror» de 1964. LOM Ediciones.

Comblin, J. (1979). La Doctrina de la Seguridad Nacional. En Dos ensayos sobre Seguridad Nacional. Vicaría de la Solidaridad, Arzobispado de Santiago.

Fanon, F. (1961). Los condenados de la tierra. Fondo de Cultura Económica.

Freud, S. (1921). Psicología de las masas y análisis del yo. Amorrortu Editores.

González, A. L. (2023). Terror y excepción. El enemigo interior en la fenomenología de la guerra (civil) moderna: de Beccaria a Benjamin. Tópicos, Revista de Filosofía, (66), 153-186.

Grimozzi, D. J. (s.f.). El enemigo interno. (Manuscrito no publicado).

Isla, P. (2017). Seguridad Ciudadana y discursos de control en Chile. Análisis de las políticas públicas durante los tres primeros gobiernos posdictadura. Revista de Estudios de Políticas Públicas, 40-63.

Lemebel, P. (1998). Loco afán: Crónicas de sidario. LOM Ediciones.

Rincón Oñate, C. A. (2019). La construcción del enemigo interno. Una política pública del odio. Desde el Jardín de Freud, (19), 249-262.

Todorov, T. (2005). Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana. Siglo XXI Editores.