La megarreforma del Gobierno: Chile en liquidación
Por: Diego Verdejo Cariaga
Hay que admirar la delicadeza con que se ha presentado la megarreforma para la “Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social”. Nadie habla de entrega, naturalmente. Se habla de confianza, estabilidad, crecimiento y modernización. Palabras respetables. Palabras con corbata. Palabras diseñadas para que la operación parezca una política de Estado y no una invitación a llevarse el país en cómodas cuotas.
El gobierno de José Antonio Kast ofrece a los inversionistas extranjeros aquello que rara vez concede a su propio pueblo: certeza, protección y paciencia. Y es que, a las familias chilenas se les pide sacrificio. A los trabajadores se les exige flexibilidad. A las regiones se les recomienda esperar. Los capitales extranjeros, en cambio, reciben garantías tributarias y regulatorias para que puedan instalarse sin sobresaltos, extraer con tranquilidad y trasladar sus utilidades con la seguridad de quien sabe que el anfitrión pagará incluso los daños de la visita.
Y todo se justifica con una promesa: llegará la inversión, después vendrá el empleo; más tarde aparecerá el crecimiento y, en algún momento todavía impreciso, sus beneficios alcanzarán a la población. Chile conoce esa historia, porque la escucha desde hace décadas. Siempre falta un poco más de tiempo, una rebaja adicional, otra flexibilización, una señal nueva para tranquilizar a los mercados. Los inversionistas nunca parecen suficientemente confiados, aunque sus ganancias sí suelen mostrar una admirable seguridad.
La reforma profundiza esa relación. El Estado reduce sus exigencias mientras las empresas conservan todas sus opciones. Pueden vender, reorganizarse, trasladar utilidades o abandonar un proyecto cuando deje de ser rentable. Chile, en cambio, debe comprometer sus reglas durante años para demostrar que merece recibirlas. Se dirá que así funciona la economía internacional. Precisamente por eso convendría preguntarse qué función cumple un gobierno nacional. Si su tarea consiste en competir con otros países para ofrecer impuestos más bajos, controles más débiles y mejores garantías al capital transnacional, entonces la soberanía queda reducida a una ceremonia. Se conserva la bandera, el himno y los discursos. Las decisiones importantes se toman pensando en la reacción de directorios empresariales ubicados a miles de kilómetros.
Resulta curioso escuchar tanta retórica patriótica alrededor de este proyecto. Se habla de recuperar Chile, de defender su identidad y de reconstruir la nación. Mientras tanto, se entregan condiciones privilegiadas a compañías que observan el territorio como una suma de recursos disponibles, costos laborales y oportunidades de rentabilidad. Para esos inversionistas Chile carece de historia. El cobre, el litio, el agua y la energía aparecen en una planilla. Los territorios se convierten en zonas de operación. Las comunidades entran en el apartado de riesgos. El país completo termina traducido al idioma más universal de todos, el de la tasa de retorno.
El verdadero problema aparece cuando el gobierno adopta esa misma mirada. Cada rebaja tributaria implica recursos que dejan de ingresar al Estado. Después habrá menos dinero para hospitales, escuelas, vivienda, pensiones o infraestructura. Entonces nos explicarán que las cuentas fiscales obligan a ser responsables. La generosidad termina justo donde comienzan las necesidades de la población. Con los inversionistas extranjeros hay audacia. Con el pueblo chileno hay restricciones presupuestarias.
Una política económica soberana actuaría de otra manera. Exigiría que toda inversión dejara empleos dignos, tecnología, proveedores nacionales, conocimiento y beneficios duraderos para las regiones. También impondría obligaciones tributarias y ambientales proporcionales a las ganancias obtenidas. El capital extranjero podría participar, desde luego, pero como invitado dentro de un proyecto definido por Chile. La megarreforma parece asignarle una posición bastante más cómoda. El invitado fija las condiciones, exige garantías y después recibe agradecimientos por haber venido.
La patria la componen quienes trabajan, producen y sostienen cotidianamente el país. Defenderla exige resguardar la capacidad del Estado para decidir sobre sus recursos y orientar la economía hacia las necesidades colectivas. La reforma prefiere otra clase de patriotismo, uno muy solemne en los discursos y extraordinariamente servicial frente al dinero extranjero. Tal vez lleguen inversiones. Tal vez aumenten algunas cifras. Tal vez incluso se organice una ceremonia para anunciar que Chile vuelve a crecer. Quedará por saber cuánto de ese Chile seguirá perteneciendo a los chilenos cuando los inversionistas terminen de hacer sus cuentas.
