El latido forzado como violencia institucional: la ofensiva conservadora contra la autonomía reproductiva en Chile
Por: Sofía Varas Rojas, socióloga, especialista en derechos humanos, infancias y salud mental
Una mujer se encuentra recostada sobre una camilla fría dentro de un establecimiento público de salud chileno. Ha ingresado solicitando la interrupción voluntaria de su embarazo bajo la causal de violación, un derecho explícitamente consagrado en el ordenamiento jurídico nacional (Ley N° 21.030). Sin embargo, el personal médico a cargo decide deliberadamente subir el volumen del monitor de ultrasonido, inundando la habitación con el sonido amplificado de las pulsaciones embrionarias.
Esta práctica, lejos de responder a un requerimiento técnico o clínico indispensable, opera como un mecanismo punitivo de manipulación emocional diseñado para inducir culpa y forzar la declinación del procedimiento. La exposición obligatoria al eco del desarrollo gestacional transforma un acto de atención sanitaria en un escenario de hostilidad institucional. El Estado, a través de sus agentes de salud, despoja a la paciente de su condición de ciudadana sujeta de derechos, reduciéndola a un mero receptáculo biológico obligado a escuchar la consecuencia de su propia vulneración.
Durante las discusiones parlamentarias de julio de 2026 en el Congreso chileno, los sectores de la derecha y extrema derecha política han articulado una serie de indicaciones orientadas a incorporar salvaguardas obligatorias en los protocolos de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Inspirados directamente en la normativa aprobada en Hungría bajo el mandato de Viktor Orbán, estos proyectos buscan instaurar como requisito legal que las mujeres deban escuchar el latido cardíaco fetal antes de poder ratificar su consentimiento.
Esta estrategia representa un desplazamiento conceptual severo desde la protección de la salud pública hacia un fetocentrismo dogmático, el cual prioriza la simbología del latido por sobre la integridad psíquica de las personas gestantes. Al promover estas enmiendas en el marco del debate sobre el aborto con plazos, la derecha política chilena intenta neutralizar los avances de la agenda de derechos reproductivos de las mujeres chilenas. El uso de la tecnología médica como herramienta de coacción moral denota una instrumentalización del aparato estatal para fines de disciplinamiento de género.
El marco del derecho internacional de los derechos humanos clasifica la imposición de barreras psicológicas y la dilación innecesaria del aborto legal como formas de violencia de género e institucional. Organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han establecido de forma reiterada que forzar a una mujer a continuar una gestación contra su voluntad, o someterla a procedimientos invasivos de presión moral, vulnera el derecho a la salud, a la privacidad y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
De acuerdo con lo señalado por defensores del desarrollo normativo global: “El acceso seguro al aborto y la garantía de la autonomía reproductiva son componentes intrínsecos del derecho fundamental a la vida y a la salud de las mujeres” (Amnistía Internacional, 2024). La obstaculización activa a través de maniobras ecográficas no solo contradice las directrices técnicas internacionales, sino que perpetúa un entorno de desprotección jurídica que expone a las mujeres a la clandestinidad y al riesgo sanitario.
La insistencia de las bancadas conservadoras chilenas en implementar el “latido forzado” devela una profunda asimetría en su escala de prioridades éticas y punitivas. Al analizar el discurso de la derecha parlamentaria, se evidencia una tendencia a considerar la interrupción del embarazo como un agravio superior o más condenable que la propia violencia sexual perpetrada contra niñas, adolescentes y jóvenes.
Esta jerarquización discursiva desvía la responsabilidad del Estado respecto a la persecución del agresor y la reparación de la víctima, concentrando la fuerza punitiva y fiscalizadora en el cuerpo de la mujer agredida. La omisión deliberada de las secuelas del trauma del ultraje sexual en el debate legislativo demuestra cómo los sectores conservadores subordinan los derechos de la infancia y la juventud a una agenda doctrinal inamovible. Esta actitud representa una grave dejación de funciones en materia de protección social y consagra una impunidad estructural ante la criminalidad sexual en el país.
El nivel de desarrollo y profundización democrática de una sociedad contemporánea se mide de forma inequívoca a través de su capacidad para reconocer, garantizar y expandir los derechos sexuales y reproductivos de su población. Una nación que avanza hacia la equidad estructural es aquella que asume la autonomía del propio cuerpo como un principio basal no negociable, desvinculando la legislación sanitaria de los dogmas de orden metafísico o religioso.
La consolidación de un sistema de plazos para el aborto legal libre de tutelajes morales constituye una condición mínima para asegurar la ciudadanía plena de más de la mitad de la población (Miles Chile, 2025). Restringir el debate a concepciones biologicistas descontextualizadas de la realidad social y material de las mujeres implica mantener al Estado chileno bajo lógicas de control patriarcal obsoletas, impidiendo la modernización de sus instituciones de salud.
El debate en torno a la interrupción voluntaria del embarazo ha sido históricamente dominado, estructurado y legislado por varones que jamás experimentarán las realidades físicas, psicológicas y sociales de una gestación impuesta o de un aborto clandestino. Existe una complicidad silenciosa en los sectores masculinos de la política y la sociedad, los cuales observan la vulneración de los derechos de las mujeres como un conflicto ajeno o secundario frente a las disputas macroeconómicas o de poder partidario.
Resulta imperativo increpar de manera directa la inacción de los legisladores, académicos y ciudadanos varones que, mediante su voto o su complacencia intelectual, validan medidas de tortura institucionalizada como la obligación de oír el latido embrionario. Mantener el silencio ante la insistencia conservadora de someter a niñas y mujeres a maternidades forzadas convierte al colectivo masculino en coautor de la opresión estatal. La discusión sobre el aborto no es un asunto exclusivo de las mujeres; es una interpelación urgente a los hombres sobre su rol en la perpetuación de un orden social que utiliza la biología como herramienta de castigo y privación de libertad.
Referencias bibliográficas
Amnistía Internacional. (2024). Chile: La despenalización del aborto voluntario no puede esperar más. Amnistía Internacional Sección Américas. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2024/07/chile-despenalizacion-aborto-voluntario-no-puede-esperar-mas/
Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos [Miles Chile]. (2025). Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos: Seguimiento de proyectos de ley sobre interrupción del embarazo en Chile. Miles Chile. https://mileschile.cl/que-hacemos/observatorio-de-derechos-sexuales-y-reproductivos/proyectos-de-ley/
Centro de Estudios Legales y Sociales [CELS]. (2026). La lucha por nuestras vidas: Caminos hacia el derecho universal al aborto. CELS Ediciones. https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2026/02/La-lucha-por-nuestras-vidas.pdf
Ley N° 21.030. Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 23 de septiembre de 2017. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1108237
Ministerio de Salud [MINSAL]. (2025). Minuta técnica sobre el Proyecto de Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo con plazos (Boletín N° 17564-11). Gobierno de Chile. https://derecho.uchile.cl/programa-persona-familias-derecho/actualidad-legislativa
Organización Mundial de la Salud. (2022). Directrices sobre la atención para el aborto. Organización Mundial de la Salud.
