Violencia escolar y malestar juvenil: leer Calama más allá del castigo

Por Sofía Varas Rojas, Socióloga, especialista en Salud mental, infancias y Derechos Humanos

Chile, viernes 27 de marzo de 2026, 10:30 horas, ocurre el asesinato de una inspectora en un establecimiento educacional de Calama, perpetrado por un estudiante de 18 años, constituyendo uno de los episodios más graves de violencia escolar registrados recientemente en el país.

La magnitud del hecho no solo ha generado conmoción social, sino que ha activado una serie de respuestas institucionales y discursivas que tienden a privilegiar el castigo, el control y la seguridad como ejes centrales de intervención. Sin embargo, reducir el análisis a una lógica punitiva implica desconocer la complejidad del fenómeno y, sobre todo, invisibilizar las condiciones sociales que hacen posible que emerja este tipo de violencia.

En cuanto a la evidencia disponible, esta nos indica que el ataque fue planificado durante varios meses, que el agresor registró sus intenciones en escritos personales y que portaba múltiples elementos destinados a ejecutar el acto (El País, 2026). Estos antecedentes descartan la hipótesis de una reacción impulsiva y obligan a pensar el hecho como resultado de un proceso subjetivo y social más amplio. En este sentido, el caso de Calama no puede ser interpretado únicamente como una desviación individual, sino como la expresión extrema de tensiones estructurales que atraviesan la sociedad contemporánea.

Desde una perspectiva sociológica, la violencia debe ser comprendida como un fenómeno relacional, inscrito en contextos históricos y culturales específicos. Como plantea Durkheim (1897/2008), los hechos sociales poseen una existencia objetiva que trasciende a los individuos y condiciona sus acciones. En esta línea, el presente artículo propone analizar el caso de Calama como un síntoma de un malestar social más profundo, articulando dimensiones teóricas, datos empíricos y marcos normativos que permitan complejizar su comprensión.

La respuesta punitiva y sus alcances en el marco legal chileno

Ante hechos de violencia extrema, la respuesta penal constituye una dimensión ineludible. El sistema de justicia tiene la obligación de investigar, sancionar y garantizar el debido proceso, especialmente cuando se trata de delitos graves como el homicidio. En el caso chileno, el Código Penal tipifica el homicidio simple y calificado, estableciendo sanciones que pueden incluir penas privativas de libertad de larga duración. Asimismo, la Ley N.º 21.128, conocida como “Aula Segura”, introdujo mecanismos para la expulsión inmediata de estudiantes involucrados en hechos graves de violencia dentro de establecimientos educacionales.

Si bien estos instrumentos responden a la necesidad de resguardar la seguridad y el orden institucional, presentan limitaciones cuando se consideran como respuestas exclusivas. La evidencia internacional en criminología sugiere que el aumento de sanciones no necesariamente se traduce en una disminución de la violencia, especialmente cuando no se abordan sus causas estructurales (Christie, 2004). 

En este sentido, la función del castigo debe ser comprendida en su dimensión jurídica y simbólica, pero no como un mecanismo suficiente para prevenir la recurrencia de estos fenómenos. Michel Foucault (1975/2002) advirtió que las sociedades modernas han desarrollado formas de castigo que no solo buscan sancionar conductas, sino también producir sujetos normativos. 

El énfasis en la disciplina y el control puede, paradójicamente, reforzar dinámicas de exclusión y estigmatización, especialmente en contextos donde los individuos ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Bajo esta lógica, las medidas como poner detector de metales o torniquetes no funcionaria por si sola, debe ir acompañada de otras estrategias que ayuden crear ambientes de comunicación y dialogo.

¿Responsabilidad de la familia?

PBajo los contextos de violencia escolar extrema, nos debemos preguntar sobre el rol de la familia y esta pregunta exige ir más allá de explicaciones simplistas o culpabilizadoras. La familia no es solo un espacio privado, sino un lugar donde se configuran vínculos, formas de autoridad y modos de gestionar el conflicto. Como advierte Pierre Bourdieu, las prácticas familiares no surgen de manera espontánea, sino que están atravesadas por condiciones sociales concretas que delimitan lo posible en términos de crianza, cuidado y acompañamiento (Bourdieu, 1997). En este sentido, exigir responsabilidad sin considerar esas condiciones corre el riesgo de transformarse en una crítica vacía.

Debemos entender que  la familia sigue siendo un espacio decisivo en la construcción subjetiva de niños, niñas y adolescentes. Es allí donde se aprenden formas de relación, se elaboran frustraciones y se desarrollan herramientas para enfrentar el malestar. Desde una mirada más filosófica, Hannah Arendt planteaba que educar implica asumir una responsabilidad por el mundo que se transmite a las nuevas generaciones (Arendt, 1996). Esto sitúa a la familia no solo como un espacio de afecto, sino también como un lugar donde se juega la posibilidad de sostener límites, cuidado y reconocimiento.

Sin embargo, trasladar toda la carga a la familia invisibiliza un problema mayor. 

Tal como sugiere Michel Foucault, las sociedades modernas tienden a desplazar los problemas estructurales hacia el ámbito individual, generando la ilusión de que fenómenos complejos pueden resolverse en espacios privados (Foucault, 2006). En ese marco, la familia termina siendo interpelada como responsable principal, mientras el Estado y las instituciones reducen su rol. Debemos Pensar en la triada frente la responsabilidad de la educación familia,  Estado y educacion, entonces, no implica aislarla, sino comprenderla como parte de una red más amplia donde también se juegan condiciones materiales, institucionales y comunitarias.

Violencia escolar en Chile: datos y tendencias

El caso de Calama se inscribe en un contexto de aumento sostenido de la violencia en el sistema educativo chileno. Según datos de la Superintendencia de Educación, durante 2024 se registraron más de 19.000 denuncias por situaciones de violencia escolar, mientras que en el primer trimestre de 2025 estas aumentaron en un 14,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente preocupante es el incremento de agresiones hacia adultos dentro de las comunidades educativas, que ha superado el 120% en algunos reportes recientes.

A nivel de percepción, estudios indican que un 76% de la población considera que la violencia escolar ha aumentado, y solo un 36,6% percibe a los establecimientos como espacios seguros (El País, 2026). Estos datos reflejan no solo una realidad objetiva, sino también un cambio en la manera en que se experimenta la escuela como espacio social.

En términos de salud mental, la situación es igualmente alarmante. 

De acuerdo con UNICEF (2025), un porcentaje significativo de niños, niñas y adolescentes en Chile presenta síntomas de ansiedad, depresión y estrés, asociados a factores como la precariedad económica, la violencia intrafamiliar y la presión académica. Además, un 39% de los estudiantes señala que el maltrato escolar genera miedo a asistir a clases, mientras que un 10% vincula estas experiencias con ideación suicida.

Anomia, modernidad y pérdida de sentido

Por la complejidad de estos fenómenos, resulta pertinente retomar el concepto de anomia desarrollado por Durkheim. La anomia describe una situación en la cual las normas sociales pierden su capacidad de regulación, generando desorientación y malestar en los individuos. En contextos de cambio acelerado, como los que caracterizan a las sociedades contemporáneas, esta condición tiende a intensificarse.

Zygmunt Bauman (2000) profundiza esta idea al describir la modernidad líquida como un escenario donde los vínculos son frágiles, las instituciones inestables y las identidades fluctuantes. En este contexto, los jóvenes enfrentan una paradoja: se les exige construir proyectos de vida en un entorno que ofrece cada vez menos certezas.

La escuela, que históricamente operaba como un espacio de integración y socialización, se ve tensionada por estas transformaciones. Lejos de ser un refugio, puede convertirse en un espacio donde se expresan las contradicciones del sistema social.

Masculinidades, violencia y cultura digital

Un elemento clave en el análisis de la violencia escolar es la dimensión de género, diversos estudios han demostrado que la mayoría de los actos de violencia extrema en contextos educativos son perpetrados por varones jóvenes. Esto no responde a una característica individual, sino a procesos de socialización que configuran determinadas formas de masculinidad.

Connell (1995) introduce el concepto de masculinidad hegemónica para describir el conjunto de normas que definen lo que significa ser hombre en una sociedad determinada. Este modelo privilegia la dominación, el control y la supresión de la vulnerabilidad, generando tensiones en aquellos que no logran cumplir con sus expectativas.

Judith Butler (2004) plantea que el género es una construcción social que se produce a través de la repetición de normas culturales. En contextos donde estas normas se vuelven inestables, emergen crisis identitarias que pueden expresarse en formas de violencia.

El auge de comunidades digitales que promueven discursos misóginos, como el fenómeno incel, debe ser entendido en este marco. Estas plataformas no solo amplifican el malestar, sino que ofrecen narrativas que legitiman la violencia como respuesta a la exclusión.

Malestar juvenil en perspectiva comparada

El malestar juvenil no es un fenómeno exclusivo de Chile. En distintos países se observan tendencias similares, aunque con particularidades contextuales. En México, la violencia estructural y el narcotráfico han configurado entornos donde los jóvenes están expuestos a altos niveles de riesgo. En Argentina, la crisis económica ha impactado significativamente en la salud mental de adolescentes. 

En Estados Unidos, los tiroteos escolares representan la expresión más extrema de este fenómeno, evidenciando la interacción entre acceso a armas, aislamiento social y crisis de las masculinidades. A pesar de estas diferencias, existe un elemento común: la dificultad de las sociedades contemporáneas para ofrecer marcos de sentido y pertenencia a las nuevas generaciones.

Salud mental: entre la medicalización y el abandono

Lo sucedido en Calama no puede leerse únicamente como un hecho aislado ni como el resultado de una biografía individual. Más bien, expone con crudeza las tensiones estructurales que atraviesan el abordaje de la salud mental en jóvenes en Chile. En este escenario, la discusión suele oscilar entre la medicalización del malestar y el abandono institucional, dejando fuera una comprensión más profunda de las condiciones sociales que configuran ese sufrimiento.

Como se plantea en la columna “Entre la consulta y el silencio: por qué Chile necesita psiquiatría comunitaria para la infancia y la adolescencia” publicada en El Arrebato, el problema no radica en la existencia de intervenciones clínicas, sino en su carácter fragmentado. La atención aparece discontinua, centrada en episodios y desarticulada de la vida cotidiana de los sujetos. En ese marco, la farmacología opera como una tecnología útil pero insuficiente, incapaz de sostener por sí sola procesos que están profundamente mediados por lo social.

Desde una perspectiva sociológica, esta fragmentación no es accidental, sino coherente con un modelo que tiende a individualizar el malestar y a desplazar sus causas hacia el ámbito privado. De este modo, experiencias que se encuentran atravesadas por desigualdades, precariedad y falta de redes terminan siendo leídas como problemas personales. El resultado es un doble movimiento: se interviene sobre el individuo mientras se desatienden las condiciones que producen su sufrimiento.

La propuesta de una salud mental comunitaria en el espacio escolar adquiere un carácter crítico, no solo amplía el campo de intervención, sino que cuestiona la lógica misma desde la cual se ha abordado. Vincular comunidad implica reconocer que el malestar no es ajeno a los contextos en que se produce, y que su abordaje requiere continuidad, presencia y articulación institucional. El caso de Calama, más que una excepción, funciona así como un síntoma de un problema estructural que exige ser pensado más allá de la respuesta inmediata.

Entre justicia y transformación

El caso de Calama nos cuestiona e interroga sobre una discusión que no admite respuestas simples, ya que pone en tensión la necesidad de justicia con la urgencia de transformación social. Por un lado, se vuelve imprescindible una respuesta penal clara, proporcional y acorde a la gravedad de los hechos. Sin embargo, limitar la reflexión únicamente al castigo puede resultar insuficiente frente a la complejidad del fenómeno.

Al mismo tiempo,la violencia que hoy se toma los colegios de Chile (y el mundo) nos obliga a mirar más allá del hecho puntual y a interrogar las condiciones que lo hacen posible. No se trata de justificar la violencia, sino de comprender los factores que la incuban, se reproducen y, en ciertos contextos, terminan por estallar en episodios concretos que generan conmoción pública.

En esta línea,es interesante poder analizar lo sucedido desde otra perspectiva, el filósofo Slavoj Žižek propone distinguir entre la violencia visible y la violencia estructural. La primera es aquella que irrumpe de forma evidente y provoca reacciones inmediatas, mientras que la segunda opera de manera más silenciosa, configurando el entorno social, económico y cultural que permite la emergencia de la violencia directa.

Desde esta perspectiva, centrar el análisis exclusivamente en la figura del agresor implica dejar fuera una parte sustantiva del problema. Al invisibilizar las dinámicas estructurales que atraviesan estos hechos, se corre el riesgo de reducir el fenómeno a casos individuales, perdiendo la oportunidad de abordar sus causas profundas y avanzar hacia soluciones que no solo castiguen, sino que también prevengan las futuras situaciones de violencia en distintos establecimientos del pais.

Es importante entender que la violencia escolar extrema no puede entenderse ni enfrentarse únicamente desde la lógica del castigo. La sanción es, sin duda, un componente necesario dentro del marco del Estado de derecho, pero resulta insuficiente si no se articula con un análisis más amplio que considere las condiciones sociales, culturales, comunitarias y educativas que hacen posible que estos actos ocurran. Reducir la violencia a la conducta individual del agresor oculta las estructuras y dinámicas que la sostienen.

El caso de Calama muestra que estos episodios no son hechos aislados, sino expresiones de un malestar más profundo que atraviesa a las sociedades contemporáneas. La escuela, lejos de ser un espacio neutral, refleja desigualdades, tensiones familiares y déficits de acompañamiento psicológico que configuran un terreno propicio para que la violencia emerja. En este sentido, cualquier respuesta parcial corre el riesgo de quedarse en la superficie, sin abordar las causas que la generan.

Abordar estos fenómenos requiere integrar múltiples dimensiones: jurídicas, sociales y psicológicas, reconociendo que la salud mental, la convivencia y la seguridad escolar no son solo responsabilidades de la escuela o de las familias, sino desafíos colectivos que involucran a toda la comunidad. La construcción de redes de apoyo, la articulación entre instituciones y la promoción de entornos inclusivos y protectores son componentes esenciales de cualquier estrategia efectiva.

Para cerrar,  la reflexión queda abierta ¿Es cómo prevenir estos hechos en el corto plazo? ¿Cómo abordamos la salud mental de las y los jóvenes en Chile? ¿cómo la familia está involucrándose en los espacios de reflexión y crianza con sus hijas e hijos? ¿Cómo el adultocentrismo invisiliza y niega a los jóvenes s el espacio de voz? Además de cuestionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. Cuando episodios como los de Calama se vuelven posibles, se evidencia la urgencia de repensar nuestras prioridades, la distribución de recursos y la manera en que comprendemos la responsabilidad colectiva frente a la violencia y al bienestar de nuestros jóvenes.

Bibliografia

Basaglia, F. (1987). La institución negada. Siglo XXI.

Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica.

Bourdieu, P. (1997). Capital cultural, escuela y espacio social. Siglo XXI.

Butler, J. (2004). Undoing gender. Routledge.

Christie, N. (2004). A suitable amount of crime. Routledge.

Connell, R. (1995). Masculinities. University of California Press.

Durkheim, E. (2008). El suicidio. Alianza. (Obra original publicada en 1897)

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Siglo XXI. (Obra original publicada en 1975)

Szasz, T. (1961). The myth of mental illness. Harper & Row.

UNICEF. (2025). Datos sobre niñez y adolescencia en Chile.

Žižek, S. (2008). Violence. Picador.

El País. (2026). Cobertura caso Calama.