¿Abuso de poder? las once definiciones de la ministra de Seguridad
Por Verónica Aravena Vega
No voy a fingir que me sorprende. Llevan años diciéndonos exactamente quiénes son y seguimos poniendo cara de asombro cada vez que lo demuestran. José Antonio Kast ganó las elecciones presidenciales de Chile con un discurso de orden y seguridad. Pues bien: esto es el orden. Esto es la seguridad de una ministra como Trinidad Steinert que llega al cargo de la cartera, firma un oficio reservado a las 48 horas, y diez días después borra a la jefa de inteligencia de la PD, Consuelo Peña, porque tendría cuentas pendientes con ella. Treinta y cinco años de carrera funcionaria, tirados a la basura un viernes por la tarde con la elegancia premeditada de quien sabe que puede hacerlo. Lo que voy a intentar en las páginas que siguen es explicar por qué esto no es una anécdota, por qué no es un escándalo de tres días, y por qué importa mucho más de lo que la cobertura mediática sugiere:
1. Cuarenta y ocho horas para demostrar lo que eres
Trinidad Steinert llevaba en el cargo exactamente cuarenta y ocho horas cuando firma el oficio. Todavía no había encontrado el baño del ministerio y ya estaba requiriendo al director general de la PDI una lista exhaustiva de los funcionarios de la Brianco de Tarapacá que trabajaron en el caso Clan Chen: sus antecedentes disciplinarios, los fundamentos de sus traslados, sus nuevas destinaciones. Todo.
Que el oficio fuera reservado lo dice todo. No es transparencia. No es gestión. Es caza.
2. El Clan Chen y la memoria larga de la fiscal
Para entender el caso hay que saber qué es el Clan Chen: una estructura criminal de origen chino vinculada al lavado de activos, estafas internacionales y operaciones financieras irregulares, con ramificaciones transnacionales. La investigación, que implicó allanamientos en la Zona Franca de Iquique, fue una de las causas más complejas y publicitadas del norte chileno en los últimos años. Y fue la fiscal Steinert quien la lideró.
En esa investigación, como en cualquier operación de inteligencia criminal compleja, se mueven personas. Se trasladan funcionarios. Se reorganizan equipos. Peña ordenó el traslado del subprefecto Mauricio Fuentes y otros funcionarios de la BRIANCO, personas muy cercanas de la entonces fiscal Steinert. Esa decisión la tomó —en ejercicio de sus facultades institucionales— la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Steinert no lo olvidó.
3. El nombre de lo que ocurrió: abuso de poder
Llamémoslo por su nombre sin el eufemismo periodístico de “pasada de cuenta”. Lo que describe la evidencia disponible abre la pregunta sobre si hubo un uso del cargo ministerial para ejecutar represalias personales contra una funcionaria que, en el ejercicio legítimo de sus funciones, tomó decisiones que contrariaron a quien hoy gobierna la institución. Eso tiene nombre y podría interpretarse así en cualquier manual de derecho administrativo, en cualquier código de ética del servicio público: abuso de poder.
La ley que creó el Ministerio de Seguridad (Ley 21.730) establece que la potestad de elegir al alto mando policial radica en el presidente de la República. No queda claro si Steinert se ajustó plenamente a esta disposición y habría pedido directamente la remoción sin explicación institucional ni instrucción presidencial documentada.
Y esto no es un detalle menor. El respeto a la carrera funcionaria, a la separación entre política y policía, a la autonomía operativa de la inteligencia criminal, no son caprichos burocráticos. Son cortafuegos democráticos construidos a golpe de décadas de aprender —a veces muy caro— qué pasa cuando el poder político mete la mano en la inteligencia policial.
4. Treinta y cinco años en la basura un viernes por la tarde
Consuelo Peña llevaba 35 años en la PDI. Para que nos entendamos: ella ingresó a la institución cuando Steinert tenía diecinueve años y estudiaba derecho. La solicitud de su remoción se hizo un viernes 20 de marzo —con elegante premeditación de fin de semana, para que el escándalo no llegara en horario hábil— y se ejecutó el sábado, mientras Peña estaba en Arica dirigiendo operativos antidrogas en Cerro Chuño.
Cerro Chuño. Una zona de alta conflictividad, donde el narcotráfico y la migración irregular se cruzan con la precariedad extrema, donde el Estado chileno ha sido históricamente ausente. Ahí estaba Peña. Y ahí llegó el mensaje de que estaba fuera.
¿Alguien le explicó algo? No. ¿Hubo proceso? No. ¿Causas institucionales? Hasta ahora no se conocen explicaciones institucionales detalladas. Solo la voluntad desnuda de una ministra que gestiona el aparato de seguridad del Estado como si fuera su consultora particular.
5. Acceder a lo que la ley prohíbe
Pero hay más. Porque si la remoción arbitraria ya es suficientemente grave, lo que viene después es directamente alarmante. La ministra habría intentado acceder a los antecedentes de una causa penal en curso en Valdivia —diciembre de 2025— en la que el hijo de Consuelo Peña apareció como testigo tras el hallazgo de sustancias ilícitas en su domicilio, situación que había sido denunciada por la propia funcionaria.
La investigación fue derivada al OS-7 de Carabineros precisamente para evitar conflictos de interés. Y la legislación vigente que regula el Ministerio de Seguridad establece expresamente que este no puede acceder a causas penales en curso por su carácter reservado.
El intento de acceder a una causa reservada no es un desliz administrativo. En el lenguaje del derecho penal, utilizar el cargo para obtener información de procesos judiciales en curso podría, en ciertos escenarios, ser interpretado jurídicamente como interferencia en investigación o abuso de autoridad, dependiendo del resultado y la intencionalidad probada.
6. El fascismo no llega con botas. Llega con un oficio reservado
Quiero ser precisa aquí y llamar a las cosas por lo que son. El gobierno de Kast no es un gobierno conservador con algunas aristas cuestionables. Es un proyecto político de derecha autoritaria, heredero intelectual de la tradición pinochetista, que ha llegado al poder en un contexto de pánico moral sobre la inseguridad ciudadana y ha convertido ese pánico en mandato.
La narrativa es perfecta: la izquierda dejó entrar al crimen organizado, el Tren de Aragua, los migrantes, el caos. Ahora viene el orden. El problema es que el orden, en este vocabulario, no significa Estado de derecho. Significa sumisión de las instituciones a la voluntad del ejecutivo. Steinert no está gestionando el aparato de seguridad. Está colonizando la policía.
Y el fascismo —disculpen el término, pero es el correcto— no llega necesariamente con tanques. Llega con un oficio reservado firmado a los dos días de asumir. Llega con la remoción sumaria de quien no fue leal. Llega con la mano metida en causas judiciales que la ley prohíbe tocar.
7. La inteligencia policial no es un arma privada
Aquí hay algo que los análisis de coyuntura suelen perder: la inteligencia policial es uno de los activos más delicados y más fácilmente corruptibles de cualquier Estado. Cuando la inteligencia deja de responder a criterios institucionales y empieza a responder a lealtades personales, el daño no es solo ético. Es operativo, estratégico y, eventualmente, constitucional.
Chile obtuvo una puntuación de 5.18 sobre 10 en el Global Organized Crime Index 2023 (193 países), con una escalada preocupante desde 4.60 en 2021. La infiltración política de los cuerpos de inteligencia es uno de los factores que más deteriora la resiliencia institucional ante el crimen organizado, según el mismo informe.
Si la subdirectora de Inteligencia de la PDI es removida porque una ministra tiene cuentas personales pendientes con ella, ¿qué mensaje recibe el resto de la institución? Que la carrera funcionaria no depende de la competencia. Depende de la lealtad. Y la lealtad, en términos operativos, significa que la inteligencia empieza a producir lo que el poder quiere oír, no lo que el territorio exhibe.
Eso, en un país con frontera con el narcotráfico boliviano, con el Tren de Aragua en el norte, con el crimen organizado chino operando en zonas francas, no es un problema político abstracto. Es una amenaza concreta a la seguridad pública que esta señora dice querer defender.
8. El género importa, pero no como ellos lo cuentan
Hay que hablar del género porque siempre hay alguien que lo usa como escudo. Steinert es la primera mujer en encabezar el Ministerio de Seguridad. Y ya escucho el argumento: criticarla es machismo, atacar a una mujer en el poder. No. Ser mujer no es un cheque en blanco para el abuso institucional. El feminismo que yo practico —el anticapitalista, el que se niega a que la igualdad signifique que las mujeres también puedan ser déspotas— no tiene ningún problema en señalar que una ministra puede usar el poder exactamente igual de mal que un ministro.
El politólogo Guillermo O’Donnell acuñó el concepto de “democracia delegativa” para describir sistemas donde el ejecutivo electo actúa como si la victoria electoral le hubiera concedido el derecho a gobernar prácticamente sin restricciones institucionales. Chile en 2026, con un ejecutivo que interviene la inteligencia policial en su primera semana, encaja incómodamente bien en ese modelo.
9. La oposición pide explicaciones. Qué bonito.
La oposición ha pedido explicaciones. Ha exigido transparencia. Ha dicho que “algo huele mal”. Parlamentarios indignados han declarado a la prensa que “se diga la verdad”. Todo eso está muy bien y no sirve absolutamente para nada si no va acompañado de mecanismos institucionales de control.
En un sistema presidencialista hiperpersonalizado como el chileno —heredero directo de la Constitución del 80, por mucho que se haya reformado en los márgenes— el ejecutivo tiene una capacidad de impunidad administrativa extraordinaria cuando el parlamento no activa sus herramientas de fiscalización con determinación real.
¿Alguien ha citado a Steinert a la comisión correspondiente? ¿Alguien ha pedido formalmente el oficio reservado? ¿Alguien ha iniciado una investigación parlamentaria? No declaraciones: acciones. Que para eso están las instituciones, cuando las instituciones funcionan.
10. Lo que está en juego no es la carrera de Consuelo Peña
Lo que está en juego no es la carrera de una funcionaria. Es el modelo de Estado. Si se establece como precedente que una ministra puede, en su primera semana, solicitar información reservada sobre funcionarios policiales de una causa que ella misma investigó, remover a la jefa de inteligencia sin explicación institucional ni mandato presidencial documentado, e intentar acceder a causas judiciales que la ley le prohíbe tocar, entonces lo que ha quedado establecido es que el Ministerio de Seguridad del gobierno Kast opera por fuera de las reglas que él mismo proclama defender.
Chile ocupa el puesto 36 de 142 países en el WJP Rule of Law Index 2024 (World Justice Project), siendo el tercero mejor posicionado de América Latina, solo detrás de Uruguay y Costa Rica. Ese capital institucional no se pierde de golpe. Se erosiona exactamente así: con excepciones toleradas, con oficios reservados que nadie investiga, con remociones arbitrarias que producen tres días de escándalo y luego se olvidan.
La erosión democrática en América Latina raramente es un golpe. Es una acumulación de pequeñas impunidades que van redibujando los límites de lo posible hasta que un día te despiertas y los límites ya no están.
Chile lleva tres semanas con el gobierno Kast. El reloj ha empezado.
Consuelo Peña estaba en Cerro Chuño haciendo su trabajo. Treinta y cinco años de institución. El oficio ya estaba firmado. Eso es todo lo que necesito saber sobre este gobierno y sobre lo que viene. No van a recuperar el Estado de Derecho. Van a redecorarlo a su imagen. Y esa imagen, que ya conocemos de memoria en este continente, huele exactamente como huele: a captura del Estado, a lealtad como criterio de carrera, a inteligencia policial como herramienta personal.
11. Que nadie diga que no lo vio venir.
