Kast y el arte de gobernar contra la ciudadanía
Por Diego Verdejo Cariaga
Han pasado apenas unos días desde la instalación del nuevo gobierno, y ya comienza a dibujarse una escena conocida en la historia política: el poder se recoge sobre sí mismo, se envuelve en la solemnidad del mando y empieza a hablar con la voz de quien se siente investido por una autoridad superior, casi natural, casi indiscutible. En ese clima, conviene volver a una verdad elemental de la tradición democrática, la soberanía pertenece al pueblo. El gobierno administra, legisla, ejecuta y ordena; pero la fuente última de legitimidad permanece siempre fuera del palacio, en esa trama múltiple, conflictiva, viva, que forman los cuerpos, las voces y las necesidades de la ciudadanía.
Toda experiencia autoritaria intenta producir un hechizo similar. Busca que el país confunda el aparato del Estado con la sustancia misma de la comunidad. Busca que la obediencia aparezca como virtud cívica y que el desacuerdo adopte el rostro de la amenaza. Busca, en definitiva, que la distancia entre gobernantes y gobernados se vuelva una distancia sagrada, como si el poder hubiese ascendido a una altura donde ya no pudiera ser interpelado por la vida común. Pero la democracia vive precisamente de lo contrario, de la interrupción de ese hechizo, del gesto mediante el cual una sociedad recuerda que ninguna autoridad puede elevarse por sobre la voluntad colectiva que la hizo posible.
La filosofía política ha girado durante siglos en torno a esta tensión. Hobbes imaginó al soberano como una gran criatura compuesta por la multitud, una figura capaz de reunir la dispersión de los individuos y ofrecer seguridad frente al miedo. La imagen conserva su fuerza, sobre todo en épocas de incertidumbre, cuando amplios sectores sociales son empujados a buscar refugio en la dureza del mando. Sin embargo, esa misma imagen encierra un peligro persistente: el monstruo estatal puede olvidar de qué cuerpos está hecho; puede llegar a considerar la vida de los muchos como simple combustible de su propia conservación; puede aprender a mirar a la ciudadanía como materia administrable, como población que se ordena, se clasifica, se disciplina y se contiene.
Allí se vuelve imprescindible la herencia democrática de tantas tradiciones populares posteriores, que indican que el pueblo no transfiere su dignidad como quien entrega una propiedad definitiva. La delega de forma siempre provisoria, vigilada, discutible. La soberanía popular no se evapora el día de una elección.
Cuando un gobierno comienza a orientar sus decisiones hacia la protección de una pequeña élite económica, cuando convierte la vida cotidiana de las mayorías en zona de sacrificio, cuando presenta el deterioro de derechos y condiciones materiales como si fuera el precio ineludible del orden, el país entra en un umbral delicado. En ese umbral, la política deja de ser el espacio donde se tramita el bien común y empieza a parecerse a una máquina de selección, donde unos pocos quedan resguardados tras muros de influencia, patrimonio y privilegio, y otros son empujados hacia la intemperie, hacia una existencia cada vez más precaria, más vigilada, más expuesta. La promesa republicana se adelgaza entonces hasta parecer una membrana frágil, apenas suficiente para cubrir la desigual distribución del daño.
Ese es uno de los gestos más característicos del poder contemporáneo: tocar la vida sin necesidad de nombrarla demasiado. Intervenir sobre el tiempo de trabajo, sobre el acceso a derechos, sobre la movilidad, sobre la seguridad, sobre la posibilidad de enfermar o de endeudarse, sobre el miedo a quedar fuera. El poder trabaja sobre la vida diaria como quien ajusta lentamente la temperatura de una habitación cerrada. Cambia el aire, vuelve más áspera la respiración colectiva, familiariza a la sociedad con una incomodidad constante. Y, mientras tanto, ofrece un relato tranquilizador a quienes todavía no sienten el rigor completo del encierro.
Frente a eso, la ciudadanía necesita recordar que la obediencia no agota la experiencia democrática. Un pueblo no se define únicamente por su capacidad de votar, también se define por su capacidad de resistir, de desobedecer, de retirar consentimiento, de volver visible aquello que el discurso oficial intenta cubrir con eufemismos técnicos. La soberanía popular tiene esa textura incómoda y fecunda: nunca descansa del todo, nunca se encierra por completo en la arquitectura institucional, nunca queda reducida al rito electoral. Permanece latente, como una reserva de energía histórica, y reaparece cada vez que la comunidad percibe que el poder ha dejado de custodiar lo común para convertirse en custodio de intereses mezquinos.
Chile conoce bien estas encrucijadas. Sabe que el poder suele presentarse como remedio mientras distribuye heridas. Sabe que las élites invocan el orden cuando desean preservar sus ventajas. Sabe también que la estabilidad puede convertirse en la palabra elegante con la que se nombra la resignación de las mayorías. En ese paisaje, la tarea democrática exige una vigilancia ética y política sostenida, que promueva el cuidado del lenguaje, identificar las zonas de sacrificio, escuchar las vidas que cargan primero con el peso de las decisiones, impedir que la excepcionalidad se vuelva costumbre y que la costumbre termine pareciendo destino.
El soberano, entonces, sigue habitando fuera del palacio. Habita en la capacidad de un pueblo para reconocerse como fuente del orden político y también como límite de ese orden cuando se vuelve hostil a la vida común. Habita en la memoria de que toda autoridad procede de abajo y puede ser juzgada desde abajo. Habita en esa potencia colectiva que, incluso en tiempos sombríos, conserva la posibilidad de abrir una grieta en la superficie compacta del mando y dejar entrar nuevamente el aire de la historia.
