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Periodismo desde las Entrañas

Negacionismo de extrema derecha: ¿qué está en juego para la memoria histórica y las víctimas de la dictadura?

Por: Sofía Varas Rojas

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Tengo diez años y miro una fotografía de mi padre, en mi casa se habla de él en presente, aunque hace tiempo que no vuelve. Hay preguntas que los adultos intentan responder con cuidado, otras que quedan suspendidas porque nadie sabe dónde está. Con los años comprendo que no se trata de una ausencia cualquiera: mi padre fue detenido y desaparecido durante la dictadura cívico-militar. La fotografía permanece, también la búsqueda, también la pregunta por su destino. Lo que no puedo imaginar a esa edad es que, décadas después, quienes todavía buscan a sus familiares tendrán que escuchar en el Congreso en boca de una negacionista, que su dolor es un negocio.

Esta escena no pretende sustituir el testimonio de ninguna víctima ni atribuir una historia personal a una persona real. Busca situar una experiencia que forma parte de la historia chilena: la desaparición forzada, la búsqueda de familiares y la persistencia de una deuda institucional que no se resuelve con el paso del tiempo. La memoria de las víctimas no es una propiedad partidaria, tampoco una actividad comercial. Es parte de la historia pública y de las obligaciones democráticas del Estado.

El 11 de noviembre de 2026, durante la discusión del Presupuesto 2027 para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la diputada republicana Javiera Rodríguez calificó a organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos como “Derechos Humanos Company” y “empresarios del dolor ajeno”. La diputada Lorena Pizarro respondió denunciando la instalación del negacionismo en el Congreso y recordó que continúa buscando a su padre, detenido desaparecido durante la dictadura. El intercambio incluyó interrupciones y descalificaciones, obligó a suspender momentáneamente la sesión y terminó con anuncios de acciones ante la Comisión de Ética.

El episodio no puede reducirse a un enfrentamiento parlamentario. Su relevancia está en el contenido de las declaraciones y en el lugar institucional donde se pronunciaron. Cuando representantes políticos desacreditan a las organizaciones de derechos humanos mediante expresiones que ridiculizan su trabajo y el dolor de las víctimas, contribuyen a instalar un clima donde la memoria puede ser tratada como una molestia y la defensa de derechos como una actividad sospechosa.

La extrema derecha y la disputa por la memoria

El negacionismo constituye un problema político y democrático porque no se limita a discutir interpretaciones del pasado. Se expresa también en la relativización de crímenes documentados, la descalificación de las víctimas, el cuestionamiento de quienes buscan verdad y justicia y la presentación de las organizaciones de derechos humanos como actores ilegítimos. En el caso chileno, estas expresiones deben analizarse considerando que las violaciones cometidas por la dictadura cívico-militar han sido investigadas judicialmente, documentadas por comisiones oficiales y reconocidas en informes estatales.

La extrema derecha contemporánea ha incorporado, en distintos países, discursos que cuestionan consensos históricos sobre el autoritarismo, la violencia estatal y los derechos humanos. En Chile, las declaraciones de la diputada Rodríguez ofrecen un ejemplo concreto de esa disputa: la defensa de los derechos humanos fue presentada como una actividad interesada, mientras la intervención de Lorena Pizarro, vinculada a su historia familiar y a la búsqueda de su padre, quedó expuesta a interrupciones y descalificaciones públicas. La propia parlamentaria republicana sostuvo posteriormente que no se arrepentía de sus dichos.

No toda crítica a una organización de derechos humanos constituye negacionismo. Las instituciones y organizaciones pueden ser examinadas, cuestionadas y fiscalizadas como cualquier actor público. La diferencia aparece cuando la crítica deja de referirse a actuaciones específicas y se convierte en una deslegitimación general de la defensa de los derechos humanos, especialmente cuando utiliza el sufrimiento de las víctimas como objeto de burla o sospecha.

Elizabeth Jelin explica que las memorias colectivas se construyen en escenarios de disputa, donde distintos actores buscan establecer qué se recuerda, cómo se interpreta el pasado y qué lugar ocupan las víctimas en la vida pública. La memoria no es una actividad cerrada ni una ceremonia anual: constituye un campo de relaciones sociales y políticas. Por eso, la amnesia histórica no es una condición inocua. Cuando se normaliza el olvido de los crímenes o se desacredita a quienes los denuncian, se debilitan las condiciones para reconocer responsabilidades y prevenir nuevas vulneraciones.

Rebajas de condena: responsabilidades administrativas y políticas

La discusión parlamentaria se produjo en medio de la controversia por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes durante 2026. De acuerdo con la investigación de BBCL Investiga, 27 correspondían a condenas por abuso sexual y 29 por violación. La revisión periodística identificó a 33 beneficiarios y examinó sus antecedentes judiciales y penitenciarios. En esos casos, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó 22 decretos, el subsecretario Luis Silva otros 10 y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, uno.

La investigación también informó que las víctimas no habían recibido una notificación automática de las rebajas y que algunos expedientes contenían antecedentes relevantes sobre riesgo de reincidencia y evaluación de los condenados. Estos hallazgos deben circunscribirse a los casos documentados, sin generalizar sus características a la totalidad de los beneficiarios. Sin embargo, justifican una revisión rigurosa de los criterios aplicados y de los mecanismos de protección e información a las víctimas.

El Ministerio defendió la aplicación de la normativa sobre reducción de condenas y sostuvo que existía una controversia jurídica relacionada con la aplicación temporal de las restricciones introducidas en 2022. Esa explicación no elimina la responsabilidad de las autoridades que tramitaron y suscribieron las resoluciones. Fernando Rabat encabezaba el Ministerio y firmó la mayoría de los decretos identificados; José Antonio Kast, como presidente, debe responder por la conducción política de su Gobierno y por la decisión de mantener al ministro en su cargo después de reconocer la gravedad de la controversia.

Desde la sociología del Estado, Pierre Bourdieu permite comprender que las instituciones concentran capacidades de decisión que producen consecuencias concretas sobre la vida de las personas. Las resoluciones administrativas no son simples documentos: modifican situaciones jurídicas, distribuyen beneficios y pueden alterar las condiciones de seguridad de las víctimas. Por eso, la evaluación de estas decisiones debe considerar tanto su fundamento legal como sus efectos sociales.

Indultos y crímenes de la dictadura cívico-militar

Las rebajas de condena no deben confundirse con los indultos. Se trata de mecanismos jurídicos diferentes: las primeras se tramitan conforme a la legislación penitenciaria, mientras que el indulto corresponde a una atribución presidencial regulada por la Constitución y las leyes. La distinción es necesaria para identificar quién decide, bajo qué normas y con qué responsabilidades.

En septiembre de 2026 se informó que más de cien personas habían solicitado indultos al Gobierno de Kast. Entre ellas se encontraban antiguos agentes de la dictadura cívico-militar condenados por delitos como homicidio, desaparición forzada y tortura. La existencia de solicitudes no significa que los beneficios hayan sido concedidos, pero sí instala una discusión pública sobre los criterios que utilizará el Ejecutivo para evaluarlas.

Los crímenes de lesa humanidad no pueden tratarse como infracciones ordinarias desconectadas del contexto histórico en que fueron cometidos. La tortura, las ejecuciones, las desapariciones forzadas y la violencia sistemática ejercida desde el aparato estatal comprometen obligaciones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La posición de este análisis es que quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar no deben recibir beneficios que reduzcan las penas impuestas por esos delitos.

La experiencia alemana ofrece una referencia histórica para examinar la relación entre justicia, memoria y responsabilidad por los crímenes del nazismo. Norbert Frei estudia las tensiones que acompañaron la relación de la Alemania de posguerra con su pasado nazi, incluyendo las políticas de amnistía e integración. Esa experiencia no significa que Alemania carezca de mecanismos de libertad anticipada ni que su legislación sea idéntica a la chilena. Permite observar, más bien, que la responsabilidad histórica no puede desaparecer mediante decisiones administrativas ni quedar subordinada a la conveniencia política.

La amnesia histórica como daño democrático

La memoria de las violaciones de derechos humanos cumple una función pública. Permite reconocer a las víctimas, identificar responsabilidades y establecer límites frente al ejercicio abusivo del poder. Cuando el negacionismo desacredita los testimonios, relativiza los crímenes o convierte la búsqueda de familiares en objeto de burla, afecta la posibilidad de construir una comprensión compartida de la historia.

Tzvetan Todorov advierte sobre los usos políticos de la memoria y la necesidad de distinguir entre recordar para comprender y utilizar el pasado como instrumento de manipulación. Esta distinción no permite equiparar la investigación crítica de la historia con la negación de hechos acreditados. Una sociedad democrática puede discutir las políticas de memoria, las instituciones y sus decisiones, pero esa discusión requiere reconocer los hechos documentados y la dignidad de quienes sufrieron la violencia.

La agresividad discursiva también tiene consecuencias institucionales. Cuando el insulto sustituye a la argumentación, cuando se interrumpe a una parlamentaria que recuerda la desaparición de su padre y cuando se ridiculiza el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el debate público pierde condiciones básicas de respeto. La violencia verbal no equivale a la violencia estatal ejercida durante la dictadura, pero puede contribuir a normalizar formas de deshumanización y desprecio por quienes reclaman justicia.

La amnesia histórica daña la democracia porque debilita la capacidad social de reconocer los límites que deben imponerse al poder. No se trata de obligar a todas las personas a compartir una interpretación política, sino de impedir que la existencia de crímenes documentados sea convertida en una cuestión de conveniencia partidaria. La democracia necesita memoria, archivos, investigación, justicia y educación histórica, no silenciamiento ni descalificación de las víctimas.

Instituciones de derechos humanos y control del poder

La controversia coincide con la propuesta del Ejecutivo para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El proyecto contempla cambios en su estructura, la reducción de su Consejo de once a cinco integrantes y la eliminación de su facultad de presentar querellas criminales, entre otras modificaciones. El alcance de estos cambios debe evaluarse considerando los estándares internacionales de independencia y autonomía de las instituciones nacionales de derechos humanos, establecidos en los Principios de París.

El INDH no existe para respaldar la imagen de un gobierno ni para actuar según las conveniencias de una mayoría parlamentaria. Su función consiste en promover y proteger los derechos humanos, observar la actuación estatal y contribuir a la investigación de vulneraciones. Cualquier reforma que modifique sus atribuciones debe demostrar que mantiene herramientas suficientes para cumplir ese mandato.

La coincidencia entre las rebajas de condena, las solicitudes de indulto, las declaraciones negacionistas y la reforma del INDH permite examinar una orientación política común: el lugar que el Gobierno asigna a los mecanismos de memoria, fiscalización y protección de derechos. No corresponde afirmar que todos estos hechos responden a una única instrucción o intención sin antecedentes que lo demuestren. Sí corresponde analizarlos conjuntamente por sus efectos institucionales y por las preguntas que plantean sobre la prioridad otorgada a los derechos humanos.

La historia no es una molestia política

El discurso del orden pierde consistencia cuando las autoridades deben responder por beneficios concedidos a personas condenadas por delitos graves, por eventuales indultos a antiguos agentes de la dictadura y por reformas que pueden reducir las capacidades de fiscalización de los organismos de derechos humanos. La seguridad no puede limitarse a una consigna política: también exige proteger a las víctimas, garantizar información y asumir responsabilidades institucionales.

El episodio entre Javiera Rodríguez y Lorena Pizarro mostró hasta qué punto la memoria de la dictadura sigue siendo objeto de disputa en la política chilena. La descalificación de las organizaciones de derechos humanos y la ridiculización del dolor de las familias no constituyen una crítica fundada a actuaciones específicas. Son expresiones de un discurso que puede contribuir a la normalización del negacionismo y a la deslegitimación de quienes sostienen la búsqueda de verdad y justicia.

La extrema derecha que incorpora discursos negacionistas y descalificaciones contra las víctimas debe ser examinada por sus declaraciones, sus prácticas y sus consecuencias institucionales. La memoria histórica no es un obstáculo para la democracia, sino una de sus condiciones de protección frente al autoritarismo. La historia no se borra porque resulte incómoda, los detenidos desaparecidos no son una consigna, las organizaciones de derechos humanos no son una empresa y la búsqueda de justicia no es un negocio.

Una democracia no puede construirse sobre la amnesia. Necesita reconocer los crímenes, preservar la memoria de las víctimas y exigir que quienes ejercen el poder respondan por sus decisiones. Cuando el negacionismo ocupa espacios institucionales y el insulto desplaza la discusión pública, no solo se ofende a quienes vivieron la violencia: se deterioran las condiciones que permiten impedir que vuelva a repetirse.

Referencias

24 Horas. (2026, 11 de noviembre). “De eso no me arrepiento”: diputada Rodríguez ratifica sus dichos de “Derechos Humanos Company” tras tensa sesión en Cámara. https://www.24horas.cl/actualidad/politica/de-eso-no-me-arrepiento-diputada-javiera-rodriguez-ratifica-sus

BioBioChile. (2026a, 11 de noviembre). “Deje de gritar como una energúmena”: duro cruce entre Pizarro y Rodríguez desata caos en la Cámara. https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/11/11/deje-de-gritar-como-una-energumena-duro-cruce-entre-pizarro-y-rodriguez-desata-caos-en-la-camara.shtml

Bourdieu, P. (1993). La misère du monde. Seuil.

El País. (2026a, 13 de septiembre). Un centenar de violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet pide indultos a Kast. https://elpais.com/chile/2026-09-13/un-centenar-de-violadores-de-los-derechos-humanos-durante-la-dictadura-de-pinochet-pide-indultos-a-kast.html

Emol. (2026a, 11 de noviembre). Presupuesto: Tenso cruce entre Rodríguez (Rep) y Pizarro (PC) obliga a suspender debate de la partida de Justicia. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/11/11/1216798/presupuesto-pelea-rodriguez-pizarro.html

Frei, N. (2002). Adenauer’s Germany and the Nazi past: The politics of amnesty and integration. Columbia University Press.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.

Naciones Unidas. (1993). Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París). Resolución 48/134 de la Asamblea General.

Ossandón, M., Parra Tapia, N., Roa Núñez, Y., Friz, G., Martínez Tapia, S., & Díaz Montero, F. (2026, 26 de octubre). Pederastas con riesgo de reincidencia: estos son 33 de los 56 beneficiados por Rabat y compañía. BioBioChile. https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2026/10/26/lista-33-pederastas-que-recibieron-rebajas-condena-kast.shtml

Todorov, T. (1995). Les abus de la mémoire. Arléa.

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