¿El gobierno de Kast ama a los niños? 

Por: Álvaro Ortiz

“¿Alguien puede pensar en los niños?” debe ser una de las frases más útiles que nos dejó Los Simpsons. Sirve para casi cualquier discusión pública: seguridad, educación, migración, deudas, orden, moral, familia, Estado. Ilustra demasiado bien que basta con poner a un niño al centro para que todo se vuelva más urgente, más sensible, más difícil de cuestionar. 

Porque, ¿de verdad hay algo más inspirador que un niño? Difícil competirle. No hace falta explicar demasiado; la emoción hace buena parte del trabajo. Desde ese lugar, en el debate público, ya no se discute tanto la evidencia, qué medidas se están empujando, a quiénes van a afectar o qué costos quedan escondidos detrás de la alarma. Porque una vez que hay un niño al centro de la escena, pedir explicaciones suena casi como falta de corazón. 

Algo parecido pasó esta semana: 64 niños haitianos “perdidos”, que entraron a la conversación pública como una emergencia que calzaba demasiado bien con el relato de campaña que todavía vemos, pese a que el presidente José Antonio Kast ya lleva más de 3 meses en La Moneda.

Claro que había que actuar y verificar su situación, pero el caso fue tratado como una emergencia lista para confirmar un relato, solo para que después el tema se desinflara sin que nadie se hiciera cargo del daño, cuando se informó que los menores estaban ubicados, con familiares y regularizados. Primero el susto, después las explicaciones.

Lo cuestionable no es que un gobierno actúe ante una posible vulneración de derechos, sino cuando esa reacción se ordena comunicacionalmente para tratar de ensuciar la conversación, permitiendo espacio a teorías tan graves como una red de tráfico de personas, aún cuando el propio preinforme reservado de la Contraloría General de la República que encendió la alarma no hablara de eso.

En este caso, los niños aparecieron como prueba viviente de un relato sobre migración, descontrol y herencia maldita, antes incluso de que el Estado, lógicamente, terminara de comprobar qué había pasado.

Y lo peor es que esto no es un accidente, sino un método. Kast ha vuelto una y otra vez sobre los niños como argumento político, incluso cuando impulsa medidas como exigir a hospitales y colegios que reporten datos de menores migrantes para facilitar expulsiones. 

También lo hizo al defender los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), una medida que en algunos casos dejó cuentas en cero sin mediar consecuencias, pero que fue presentada en clave casi redentora: cobrar deudas adultas para financiar el futuro de “aquellos niños que hoy día no lo tienen”. 

Pero mientras se invoca a la infancia para justificar cobros inhumanos, el Ministerio de Hacienda instruía a la cartera de Educación a revisar sus programas para recortes presupuestarios, incluyendo la sugerencia de “descontinuar” el Programa de Alimentación Escolar. 

Y ahora esa misma operación vuelve a aparecer con el caso de San Bernardo, Región Metropolitana,  aunque en un registro mucho más doloroso. La muerte de un niño de 12 años en una encerrona es, antes que cualquier cosa, una tragedia brutal que exige justicia y una respuesta seria del Estado. No obstante, se siente incómodo ver la velocidad con que el gobierno la ordena dentro de una ficción que Kast viene trabajando desde hace años: un país desbordado, una autoridad derrotada y la mano dura como única salida posible. 

Ahí, medidas como el “Registro Único de Vándalos e Incivilidades” empiezan a sonar más razonables de lo que deberían. No porque respondan necesariamente al problema de fondo, sino porque se instalan en un clima donde la urgencia por hacer algo desplaza la discusión sobre en qué momento previo falló el Estado y por qué no logró evitar que se llegara a esto. 

La mano dura siempre llega a tiempo para la foto, pero la protección y el apoyo, casi siempre, llega cuando ya es demasiado tarde.