Cuando el recorte de Kast entra por la puerta del hospital: el peso de la enfermedad sobre la clase trabajadora
Por Sofía Varas Rojas, socióloga, especialista en salud mental, infancias y derechos humanos
Toda política de ajuste fiscal suele presentarse como un ejercicio de responsabilidad económica. Los argumentos que la acompañan apelan a la necesidad de ordenar las cuentas públicas, controlar el gasto o mejorar la eficiencia del Estado. Sin embargo, desde las ciencias sociales existe un amplio consenso respecto de que ninguna decisión presupuestaria es socialmente neutra. Sí, cada reducción de recursos implica una redistribución de costos y beneficios, una selección de prioridades y una definición concreta sobre quiénes absorberán las consecuencias de la escasez.
La discusión sobre los recortes en salud pública impulsados por el gobierno de José Antonio Kast durante 2026 están insertos en este marco. Y es que, más allá de las cifras específicas involucradas, la controversia ha dejado una serie de interrogantes y dudas en las personas que dependen de la salud pública, frente a quienes tienen alternativas de acudir a centros privados. Asimismo, aún no se ha puesto el foco sobre qué grupos sociales enfrentan mayores riesgos cuando disminuye la capacidad operativa de hospitales, consultorios y programas sanitarios.
La investigación sociológica en salud demuestra que las crisis sanitarias y las restricciones presupuestarias rara vez afectan a toda la población de la misma forma. Todo lo contrario, sus efectos suelen concentrarse en aquellos sectores que poseen menos recursos económicos, menor capacidad de negociación institucional y una dependencia más directa de los servicios públicos (Marmot, 2015).
Por lo mismo, desde esta perspectiva, el debate sobre salud no se limita al funcionamiento de hospitales o centros de atención primaria. Constituye también una discusión sobre desigualdad social, ciudadanía y distribución de oportunidades para vivir una vida saludable.
Entender la salud pública como patrimonio de la clase trabajadora
En Chile, la realidad muestra que Fonasa constituye la principal puerta de acceso a la atención médica para la gran mayoría de las personas. Y en este sentido, son los grupos de menores ingresos, los trabajadores asalariados, los pensionados, las mujeres jefas de hogar, las personas desempleadas y quienes habitan territorios con menor infraestructura sanitaria, quienes dependen en gran medida de la red pública para resolver necesidades médicas cotidianas y también problemas de alta complejidad.
Esta situación implica que cualquier debilitamiento de la capacidad institucional de Fonasa o de los hospitales públicos genera efectos especialmente intensos sobre estos sectores. Pierre Bourdieu (1999) señalaba que las desigualdades económicas se traducen en desigualdades de acceso a diversos recursos sociales, incluyendo educación, cultura y salud. La enfermedad, en este sentido, nunca constituye una experiencia puramente biológica. Está profundamente atravesada por la posición que las personas ocupan dentro de la estructura social.
Entonces, mientras un profesional de altos ingresos puede financiar consultas particulares, exámenes privados o intervenciones quirúrgicas fuera del sistema público, un trabajador que vive de su salario mensual suele depender exclusivamente de los tiempos, recursos y capacidades del Estado. Se debe entender que la diferencia no es menor, se trata de una desigualdad en la capacidad de enfrentar la enfermedad.
El recorte de Kast y la transferencia social del sufrimiento
Uno de los aportes más importantes de la sociología contemporánea ha sido demostrar que determinadas decisiones institucionales pueden generar sufrimiento social sin recurrir a formas directas de violencia. Al respecto, Paul Farmer (2004) desarrolló el concepto de violencia estructural para describir situaciones en las cuales el daño se produce mediante estructuras económicas, políticas e institucionales que limitan el acceso a bienes fundamentales para la vida.
Los recortes destinados al sistema de salud pueden analizarse desde esta perspectiva, cuando disminuye el presupuesto hospitalario, las consecuencias no aparecen inmediatamente en los balances fiscales de las familias más acomodadas. Generalmente, emergen en espacios donde la dependencia del sistema público es mayor. Por ello, la suspensión de una cirugía, el retraso de una consulta especializada, la falta de determinados medicamentos o la postergación de procedimientos diagnósticos suelen impactar con más fuerza a quienes carecen de alternativas privadas.
En consecuencia, el costo social de la austeridad no desaparece. Simplemente cambia de lugar. Lo que deja de financiarse mediante recursos públicos suele transformarse en espera, incertidumbre, dolor o gasto directo para las familias que necesitan atención médica.
La lista de espera como desigualdad materializada
Pocas expresiones representan mejor las desigualdades sanitarias en salud pública que las listas de espera. Con frecuencia se presentan como indicadores administrativos, pero desde la experiencia cotidiana de los pacientes constituyen una realidad profundamente material. Y es que, esperar una consulta de especialidad no significa únicamente permanecer en una fila burocrática. Significa convivir durante meses con síntomas persistentes, deterioro funcional, incertidumbre diagnóstica o sufrimiento físico. Esperar una cirugía puede implicar perder movilidad, capacidad laboral o autonomía personal. Esperar un examen puede significar retrasar tratamientos que dependen de diagnósticos oportunos.
Según Michael Marmot (2015) las desigualdades en salud no son simplemente diferencias biológicas entre individuos, sino el resultado de condiciones sociales que distribuyen de manera desigual las oportunidades de bienestar. Las listas de espera ilustran con claridad este fenómeno, no todos los pacientes enfrentan la espera en igualdad de condiciones. Quien posee recursos económicos puede buscar alternativas privadas. Quien no los posee debe continuar esperando, la demora se convierte entonces en una forma concreta de desigualdad.
La enfermedad como problema de clase
Reforzando lo anterior, las investigaciones desarrolladas por Richard Wilkinson y Kate Pickett (2010) muestran que las sociedades con mayores niveles de desigualdad presentan peores indicadores sanitarios en diversos ámbitos. La salud y la enfermedad no se distribuyen de manera aleatoria. Existe una relación persistente entre pobreza, vulnerabilidad social y carga de enfermedad.
Las personas de menores ingresos presentan mayores tasas de enfermedades crónicas, peores condiciones habitacionales, mayores niveles de estrés y más dificultades para acceder a servicios sanitarios de calidad. Por esta razón, los recortes en salud afectan precisamente a grupos que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad acumulada. Es decir, la enfermedad no llega a todos los cuerpos desde el mismo punto de partida.
Una persona que vive en condiciones precarias, trabaja extensas jornadas laborales y depende exclusivamente del sistema público enfrenta una situación muy distinta a quien posee estabilidad económica, redes de apoyo y acceso a atención privada. Los efectos de cualquier deterioro institucional tienden a amplificar estas diferencias preexistentes.
Necropolítica y jerarquías de protección
Achille Mbembe (2011) propuso el concepto de necropolítica para analizar formas de poder que distribuyen diferencialmente la protección y la exposición al daño. El concepto ha sido utilizado por diversos investigadores para examinar cómo ciertas poblaciones enfrentan mayores riesgos debido a decisiones institucionales relacionadas con acceso a recursos, infraestructura o protección estatal.
Aplicado al ámbito sanitario, este enfoque permite observar cómo las desigualdades presupuestarias pueden traducirse en desigualdades de cuidado. No se trata de sostener que exista una voluntad explícita de perjudicar a determinados grupos sociales. El análisis se orienta hacia las consecuencias materiales que producen determinadas decisiones en contextos caracterizados por profundas desigualdades.
Cuando la protección sanitaria disminuye, quienes poseen recursos privados mantienen mecanismos alternativos de resguardo. Por el contrario, quienes dependen exclusivamente del sistema público absorben una proporción considerablemente mayor del riesgo. La exposición al daño deja entonces de distribuirse de manera uniforme.
La salud pública y el significado político del cuidado
Las políticas en salud publica expresan una determinada concepción sobre las obligaciones colectivas que una sociedad asume respecto de sus integrantes. Autores como Esping-Andersen (1993) han señalado que los Estados de bienestar constituyen mecanismos mediante los cuales las sociedades reducen la dependencia exclusiva del mercado para acceder a derechos fundamentales.
La salud pública forma parte de esta lógica, su función consiste precisamente en evitar que la capacidad de recibir atención médica dependa únicamente del nivel de ingresos de cada persona. Cuando los recursos públicos disminuyen, aumenta la presión para que las familias resuelvan individualmente problemas que anteriormente eran absorbidos de manera colectiva.
Este desplazamiento posee consecuencias especialmente relevantes para la clase trabajadora, cuyos ingresos suelen destinarse prioritariamente a vivienda, alimentación, transporte y educación. La posibilidad de financiar consultas privadas, tratamientos costosos o intervenciones especializadas se encuentra frecuentemente fuera de su alcance económico. Por ello, el deterioro de la salud pública no representa únicamente una disminución institucional. También implica una ampliación de las desigualdades existentes entre quienes pueden comprar atención médica y quienes dependen de derechos sociales garantizados colectivamente.
Conclusión
La discusión sobre los recortes en salud pública no puede reducirse exclusivamente a indicadores presupuestarios o criterios de eficiencia administrativa. La evidencia desarrollada por la sociología médica, la salud pública y los estudios sobre desigualdad muestra que las consecuencias de las restricciones sanitarias suelen concentrarse en sectores que dependen con mayor intensidad de los servicios estatales.
La clase trabajadora, los pensionados, los grupos de menores ingresos y quienes habitan territorios con menor acceso a infraestructura sanitaria constituyen las poblaciones más expuestas a los efectos de listas de espera prolongadas, retrasos diagnósticos, reducción de prestaciones y debilitamiento institucional.
Desde esta perspectiva, el debate sobre financiamiento sanitario se convierte también en una discusión sobre distribución del sufrimiento social, acceso efectivo a derechos y desigualdad estructural. Más que un problema exclusivamente económico, la salud pública constituye un espacio donde se expresa la relación entre ciudadanía, protección social y posibilidades concretas de enfrentar la enfermedad en condiciones de dignidad.
Referencias
Bourdieu, P. (1999). La miseria del mundo. Fondo de Cultura Económica.
Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del Estado del bienestar. Alfons el Magnànim.
Farmer, P. (2004). Pathologies of Power: Health, Human Rights and the New War on the Poor. University of California Press.
Marmot, M. (2015). The Health Gap: The Challenge of an Unequal World. Bloomsbury.
Mbembe, A. (2011). Necropolítica. Melusina.
Wilkinson, R., & Pickett, K. (2010). The Spirit Level: Why Equality Is Better for Everyone. Penguin Books.
