Cuando estudiar termina en embargo: deuda y segmentación en la educación superior chilena
Por Diego Verdejo Cariaga
Durante las últimas décadas, Chile amplió considerablemente el acceso a la educación superior. Miles de jóvenes que antes habrían quedado excluidos pudieron ingresar a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Sin embargo, una parte importante de esa expansión no se sostuvo sobre el reconocimiento de la educación como un derecho social, sino sobre la capacidad de las familias y los estudiantes para asumir deudas.
El endeudamiento fue presentado como un instrumento de movilidad social. La promesa parecía sencilla: estudiar hoy para obtener mayores ingresos mañana. El problema es que esta fórmula supone que todos los títulos producen retornos semejantes y que todas las personas ingresan al mercado laboral en condiciones comparables. Ninguna de estas premisas describe adecuadamente el sistema chileno.
La educación superior se encuentra profundamente segmentada. El origen social continúa influyendo en la institución a la que se accede, la carrera que se estudia, la posibilidad de mantenerse hasta la titulación y las redes laborales disponibles después del egreso. Como han mostrado Rodríguez Garcés, Espinosa Valenzuela y Castillo Jara (2024), la masificación no eliminó las diferencias de clase, sino que produjo un sistema estratificado en el que la selectividad y el prestigio institucional se distribuyen desigualmente.
Esto significa que dos jóvenes pueden endeudarse por cantidades similares, pero recibir a cambio oportunidades muy distintas. Mientras algunos acceden a instituciones altamente selectivas, con redes profesionales consolidadas y mejores perspectivas de inserción, otros ingresan a programas con menor reconocimiento, trayectorias de titulación más frágiles y retornos laborales inciertos. Incluso existe un grupo importante que abandona sus estudios y conserva la deuda sin haber obtenido la credencial que supuestamente permitiría pagarla.
En este contexto, la posibilidad de que la Tesorería General de la República retenga devoluciones de impuestos o desarrolle acciones de cobranza que pueden llegar al embargo no constituye un hecho meramente administrativo. Representa el momento en que una política educativa basada en el crédito se transforma abiertamente en una política de persecución patrimonial.
Desde luego, las obligaciones financieras no pueden ser ignoradas y cualquier sistema de crédito requiere mecanismos de recuperación. Sin embargo, la discusión no puede reducirse a afirmar que las personas deben pagar lo que deben. Antes de exigir responsabilidad individual, corresponde examinar las condiciones institucionales en que esa deuda fue contraída y las promesas sobre las cuales se legitimó.
Quien se endeudó para estudiar no adquirió simplemente un bien de consumo. Respondió a una política pública que presentó la educación superior como el principal camino de integración social. El propio Estado promovió durante años la idea de que el acceso al título profesional compensaría el esfuerzo económico. Cuando esa expectativa no se cumple, el sistema tiende a atribuir el fracaso exclusivamente al individuo: eligió mal, abandonó sus estudios, no encontró un buen empleo o no administró correctamente sus ingresos.
Esta lectura oculta que las decisiones educativas se encuentran condicionadas por desigualdades previas. Las familias con mayores recursos pueden financiar estudios sin deuda, enfrentar periodos de cesantía, apoyar económicamente a sus hijos y activar redes profesionales. En cambio, para los sectores populares y una parte de las clases medias, el título debe producir ingresos de manera casi inmediata. Si esto no ocurre, la deuda comienza a competir con el arriendo, la alimentación, la crianza y otras obligaciones básicas.
En términos de Bourdieu y Passeron (2008), el sistema educativo puede contribuir a reproducir las diferencias sociales mientras presenta sus resultados como consecuencia del mérito individual. En Chile, esta reproducción adquiere una dimensión financiera: quienes poseen menor capital económico y social no solo acceden a posiciones educativas menos ventajosas, sino que deben endeudarse para hacerlo. De este modo, la desigualdad de origen puede convertirse posteriormente en morosidad, retención de ingresos y amenaza sobre el patrimonio.
El embargo expresa con particular crudeza esta contradicción. Una política creada formalmente para facilitar el acceso puede terminar debilitando las condiciones materiales de quienes buscaban mejorar su posición social. La educación deja entonces de funcionar como protección frente a la vulnerabilidad y pasa a convertirse en una de sus causas.
También existe una paradoja institucional. El Estado aparece primero como garante del financiamiento y promotor del acceso, pero posteriormente actúa como acreedor y agente de cobranza. Entre ambos momentos queda escasamente considerada la calidad de la formación recibida, la situación laboral del deudor, la conclusión efectiva de los estudios o las diferencias entre instituciones y carreras. La deuda se cobra como si el servicio educativo hubiese generado resultados equivalentes para todas las personas.
Por ello, una reforma al financiamiento no debiera limitarse a cambiar el nombre del crédito o trasladar la cobranza desde los bancos hacia el Estado. Un crédito estatal continúa siendo deuda y puede conservar la misma lógica de individualización del riesgo. La pregunta fundamental es quién asume las consecuencias cuando la promesa educativa no se cumple.
Un sistema más justo debería establecer pagos verdaderamente proporcionales a los ingresos, proteger condiciones mínimas de subsistencia y distinguir entre quienes lograron titularse y quienes abandonaron sus estudios. También debería reconocer situaciones de desempleo, informalidad, cuidados familiares y bajos retornos profesionales. Del mismo modo, las instituciones que reciben recursos públicos no pueden quedar al margen de la responsabilidad por la retención, la titulación y la empleabilidad de sus estudiantes.
La discusión sobre el endeudamiento universitario es, finalmente, una discusión sobre el tipo de sociedad que se desea construir. Cuando estudiar puede terminar en embargo, la educación superior deja de ser una promesa colectiva y se convierte en una apuesta privada cuyos riesgos recaen principalmente sobre quienes menos tienen.
Chile no necesita únicamente ampliar el acceso. Necesita preguntarse a qué instituciones se accede, bajo qué condiciones, con qué resultados y quién paga cuando esos resultados no llegan. Mientras esas preguntas no sean abordadas, la cobranza seguirá tratando como incumplimientos individuales las consecuencias previsibles de un sistema educativo profundamente segmentado.
