Odiar a los estudiantes que marchan: una crueldad heredada de la dictadura
Por Jimena Améstica, periodista
Desde que los pingüinos volvieron a las calles para manifestarse en contra del gobierno por los recortes de derechos sociales, no he podido ignorar los mensajes de odio que han inundado las redes sociales en su contra. Con una dedicación casi obsesiva, he revisado cada publicación de prensa a través de Instagram, donde perfiles de personas reales escriben mensajes deseándoles la muerte, la tortura y el castigo.
La última vez fue el jueves pasado, cuando un joven fue dejado inconsciente por Carabineros en medio de una manifestación en la Alameda de Santiago. El camarógrafo que grabó la agresión contó que la policía lo tomó y lo arrastró por varios metros, y, como se vio en las imágenes, estaba desmayado al momento de subirlo al furgón policial. El registro se difundió ampliamente y, con ello, llegaron una infinidad de comentarios.
Revisando algunos de los mensajes, fue posible advertir la presencia de las granjas de bots y las cuentas trolls. Pero muchos otros fueron escritos desde cuentas de personas reales: hombres y mujeres de todas las edades que, a la par de compartir una imagen del primer día de colegio de sus hijos o nietos, también lanzaban frases como “que se mueran, lacras”, “le faltaron más palos”, “yo le habría pegado más fuerte”, “qué divertido es ser Carabinero” y el reiterado: “eso les pasa por andar webeando y no estar estudiando”.
Según el estudio “Legitimidad, Justicia y Justificación de la Violencia Intergrupal entre Carabineros y Manifestantes en Chile”, publicado por Mónica M. Gerber en 2023, a nivel de estratos socioeconómicos, la violencia de Carabineros la justifican en mayor medida personas de estrato bajo que de nivel medio-alto o medio. Además, el trabajo de la académica evidenció que las personas de posición política de derecha y centro justifican más la violencia ejercida por Carabineros, a diferencia de personas con otras posiciones políticas o, derechamente, sin una posición definida.
En 2026, la crueldad se expande y toma fuerza, alentada por un gobierno de ultraderecha que ha concretado una serie de acciones en detrimento de los derechos humanos, y que también marcó una línea en abril pasado, cuando se dio a conocer el recorte de más de un centenar de programas sociales. Es una crueldad que se permite, una crueldad que no es tema en los matinales de la televisión abierta y que tampoco se investiga, se polemiza ni se piensa en la prensa tradicional.
Las redes sociales se han convertido en terreno fértil para la expansión de esta crueldad y son alimentadas de forma directa por los actores del sistema político. De acuerdo con el “Informe de Observación de Desinformación Electoral de las Elecciones Presidenciales de Chile 2025”, en el proceso de campaña se emitieron datos erróneos o engañosos desde el contenido compartido por los mismos candidatos, tanto en sus perfiles oficiales como en la franja electoral televisiva. Entre los hallazgos se identificó el uso de información real para causar daño, incluyendo discursos de odio contra grupos específicos.
El símbolo de esta violencia es una herencia de la dictadura. El filósofo e historiador José Bengoa aseguró que en Chile “se naturalizó” una sociedad violenta en relación con la “acción y reacción” de las policías en el ámbito de las protestas sociales. El autor habla de “dos polos unidos: quien demanda, protesta, actúa colectivamente, es sujeto peligroso y de inmediato provoca las reacciones autoritarias, en función de principios extraordinariamente curiosos y rebuscados: el ‘orden público’”. Como hecho específico, el autor establece que la dictadura chilena finalmente instauró el procedimiento de que “a la política se le responde con la fuerza”.
La crueldad de los comentarios de redes sociales, de madres, padres y abuelas, es una justificación extrema de la deshumanización y nos vuelve a recordar la normalización de aquellos torturadores de la DINA y CNI, que veían sus crímenes como una jornada laboral de doce horas y que, al finalizar, se lavaban las manos y llegaban a sus casas a abrazar a sus hijos.
Un ejemplo externo a nuestro país, se puede ver en la película “La zona de interés”, del británico Jonathan Glazer, Rudolf Höss, quien fue el comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. El film retrata la normalización del mal, la misma que teorizó Hannah Arendt con el conocido concepto de la “banalidad del mal”, mostrando la vida cotidiana de su familia junto a los muros del centro de exterminio. Antes de entrar a casa, Höss se quita las botas cubiertas de sangre y se sienta a cenar junto a sus hijos.
En Chile, la retórica del odio se cristalizó por la impunidad y el negacionismo. Desde la década de los 90 hasta 2024 existían alrededor de 1.500 causas penales abiertas contra exmilitares y solo 350 de ellas han concluido con una sentencia condenatoria. El Estado se encargó de relativizar los hechos y, en vez de entregar justicia y condenar a los responsables, en contados casos gestionó su rol como una caja pagadora.
Según indican Bustamante-Danilo y Carreño-Calderón en su trabajo “Reparación simbólica, trauma y victimización: la respuesta del Estado chileno a las violaciones de Derechos Humanos (1973-1990)”, desde el cierre de las Comisiones de Verdad y Reconciliación en 2011 se instaló “un proceso de reparación en una condición de suspensión perpetua, caracterizada por las múltiples ambigüedades con que el Estado chileno se ha posicionado frente a la dimensión colectiva y social de su responsabilidad como perpetrador de violencia”.
Es decir, las autoras sostienen que las medidas que ha tomado el Estado en cuanto a las víctimas de la dictadura han sido “beneficios” entregados sobre la base de un “paradigma económico” caracterizado por otorgar pensiones y atención sanitaria, pero ha quedado la deuda de una “dimensión jurídica y colectiva del proceso reparatorio, así como las garantías de no repetición promovidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y asumidas en primera instancia por Chile”. Y, por ello, añaden: “se ha abierto un espacio de impunidad en el que han podido ampararse los carnífices, reduciendo sus condenas efectivas y sumiendo las informaciones entregadas al Estado sobre el paradero de (detenidos) desaparecidos en un régimen de silencio”.
El llamado progresismo político abandonó el relato sobre los derechos humanos y dejó que cada imaginario fuera construido por la derecha política conservadora. Y cada manifestación a favor comenzó a ser vista como una lucha “fuera de estos tiempos”, “anacrónica” o “resentida”. En una entrevista con The Clinic en 2011, Carmen Gloria Quintana, quemada viva por una patrulla militar en 1986, aseguró que “durante muchos años las víctimas hemos sentido que molestamos. Se nos ha hecho aparecer como un impedimento para que la sociedad avance. Pero avanzar no significa ocultar la verdad ni validar lo que hizo la dictadura. Avanzar significa mirarse de frente y asumir los dolores y las responsabilidades de todos”.
El año pasado, la periodista Alejandra Matus contó en su programa “32 Minutos” que llevó a una de sus clases un texto que escribió sobre Ingrid Olderöck, agente de la DINA que utilizaba perros para torturar. Lo distribuyó entre los estudiantes, todos muy jóvenes, quienes a la mitad del documento se vieron obligados a dejar de leer. Les provocó espanto y estupor cada uno de los hechos que allí se describían. No se lo esperaban. No conocían la historia.
Sobre esta “borradura de la historia”, Nelly Richard, en su libro “Crítica de la memoria”, apuntó de forma específica a la Concertación y a la construcción de la “transición” como “un espectáculo de la reconciliación”, donde el sistema político que comenzaba a instaurar el neoliberalismo necesitaba crear un “consenso” sobre la dictadura. El sistema “necesitaba adaptarse, calculabilísticamente, a la ‘medida de lo posible’: un diseño adaptativo que borró las huellas de lo trágico, lo utópico, lo contestatario. Como señal de un corte nítido que cierra un período y reabre otro”. Es decir, poner una piedra para “neutralizar la disputa”, indicó la autora. Sin embargo, aquellas voces enterradas volvieron a tomarse el espacio tras la detención de Augusto Pinochet en Londres, donde las personas se volcaron a las calles y pusieron en jaque lo que “habían querido censurar las políticas comunicativas y audiovisuales de la Concertación”.
Por ello, pedirle a la clase política y a la institucionalidad construir memorias es insuficiente. Son las sociedades las que se deben organizar para seguir bregando. Y, aunque hoy la esperanza de cambio esté soterrada tras los episodios políticos de los últimos años, son las voces disidentes las que deben seguir disputando el espacio. Pasamos gran parte del día en las pantallas; las redes sociales irrumpieron y construyeron una habitación en nuestras casas. Están ahí y no desaparecerán.
Así, mientras el sistema nos llama al consenso, nosotras respondemos con conflicto, disputa y debate. Leamos los comentarios incómodos, no pasemos de largo ante los mensajes de odio.
