La “e” y la “x”: la resistencia del lenguaje inclusivo en Chile entre el castigo, la censura y la paranoia del Estado
Por: Cristian Solar-Valenzuela
Hablo por mi diferencia
Defiendo lo que soy
y no soy tan raro
Me apesta la injusticia
y sospecho de esta cueca democrática
Pedro Lemebel
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de un proyecto de resolución que solicita al Ejecutivo prohibir el uso del lenguaje inclusivo en los servicios públicos constituye un episodio que trasciende la anécdota administrativa y nos sumerge en el núcleo mismo de la violencia estatal. Con 85 votos a favor, los sectores conservadores chilenos, encabezados por bancadas de la UDI y el Partido Republicano, han instrumentalizado el aparato legislativo para exigir mediante decreto “el correcto uso del idioma castellano”, pretendiendo erradicar cualquier “distorsión gramatical en razón de género, etnia u otra clasificación identitaria”.
Bajo el eufemismo de que el Estado debe comunicarse de forma “clara y sin ideologías”, la derecha ha celebrado esta medida bajo la consigna “No más lenguaje inclusive”. Sin embargo, postular la existencia de una lengua neutra, aséptica y despolitizada es, en sí misma, una de las falacias ideológicas más eficaces y violentas del conservadurismo. Fiel al estilo de análisis crítico que busca diseccionar las tramas de poder detrás del discurso público, propongo releer este intento de censura incorporando la riquísima tradición de la glotopolítica latinoamericana y la filosofía política. A través de este entramado teórico, quedará en evidencia que la prohibición del lenguaje inclusivo es un esfuerzo paranoico y performativamente inútil por forcluir la existencia social de las disidencias, un acto que no debe leerse desde la condescendencia de la “empatía”, sino desde la exigencia radical del reconocimiento.
La glotopolítica latinoamericana y la falacia de la neutralidad estatal
Para comprender la verdadera magnitud de la resolución de la Cámara de Diputados, debemos recurrir a la glotopolítica, una perspectiva crítica que nos permite desentrañar cómo el poder opera a través de las lenguas. Narvaja de Arnoux y del Valle (2010) explican que las “ideologías lingüísticas” son sistemas de ideas que articulan las nociones sobre el lenguaje con formaciones culturales, políticas y sociales específicas. La pretensión de los diputados chilenos de que el Estado hable “sin ideologías” oculta deliberadamente que la imposición de una norma lingüística oficial es un acto ideológico por excelencia.
Como bien advierte Bourdieu, es precisamente en el proceso de constitución del Estado cuando se crea un “mercado lingüístico unificado”, donde la lengua oficial se erige como la norma teórica inflexible con la que se miden, evalúan y sancionan todas las prácticas expresivas de los ciudadanos. Esta utilización del lenguaje como mecanismo de homogeneización estatal tiene un largo historial en América Latina. Académicos como Bentivegna (2010) han demostrado cómo, desde la consolidación de los Estados nacionales en el siglo XIX, el sistema educativo y literario se utilizó para homogeneizar a una población cuyas voces eran inquietantemente diversas. De igual manera, Glozman (2010) expone cómo los sectores conservadores y nacionalistas históricamente han defendido la pureza idiomática y la matriz hispánica para oponerse a políticas de valoración de la cultura popular o la diversidad.
El intento actual de prohibir el lenguaje inclusivo en Chile se inscribe en esta misma tradición disciplinaria: una alianza entre el Estado y los sectores hegemónicos para silenciar la diversidad. Desde la academia, Jiménez y Román (2011) refuerzan esta tesis argumentando que el lenguaje nunca es un mero instrumento pasivo: “el lenguaje hace pensamiento, se piensa cuando se habla y, al mismo tiempo, representa y construye realidad”. Defender a ultranza el masculino genérico basándose en diccionarios oficiales es, por tanto, defender un statu quo patriarcal.
La incomodidad que genera la letra ‘e’ o la ‘x’ no responde a un celo filológico, sino a lo que del Valle (2018) denomina la “política de la incomodidad”: una disposición hostil y reaccionaria frente al cambio lingüístico que se exacerba cuando las minorías intentan alterar situaciones comunicativas altamente codificadas, como el discurso del Estado. Como señala Furtado (2013), las lenguas son sensibles a los cambios extralingüísticos, pero en los espacios institucionales, la norma se instala como una “camisa de fuerza” (Coseriu, 1973) y cualquier transgresión es castigada.
Más allá de la empatía: La vulnerabilidad lingüística y el reconocimiento
En los debates pedagógicos y progresistas, a menudo se ha defendido el lenguaje inclusivo desde una ética de la “empatía”, viéndolo como un gesto de cortesía hacia las minorías. Sin embargo, a la luz de la filosofía de Judith Butler (2004), esta noción resulta teóricamente insuficiente. Debemos reemplazar la noción de empatía por la exigencia radical de reconocimiento. No se trata de “ponerse en el lugar del otro” desde una posición de privilegio intacto, sino de comprender nuestra profunda vulnerabilidad lingüística: somos seres que necesitamos del lenguaje para existir, y llegamos a “existir” socialmente solo en virtud de la llamada del Otro.
En este sentido, Butler (2004) advierte que los términos con los que se nos reconoce (o se nos invisibiliza) deciden las condiciones de nuestra supervivencia en la esfera pública. Ser nombrado no es una mera descripción; es una interpelación que inaugura la existencia. Si el Estado chileno prohíbe el uso de fórmulas que den cabida a las identidades no binarias, comete un acto de violencia estructural: se niega a otorgar el reconocimiento que funda a estos sujetos. Las organizaciones políticas acertaron al advertir el terrible impacto que esta censura estatal tendrá sobre las personas trans y no binarias, cuyo reconocimiento y garantía de no discriminación requieren urgentemente de un lenguaje que las nombre con dignidad.
La supuesta neutralidad del masculino genérico es una ilusión empíricamente refutada en la literatura latinoamericana. Las investigaciones sociolingüísticas de Minoldo y Cruz Balián (2018) demuestran que el género gramatical afecta profundamente la manera en que los hablantes asocian propiedades a los objetos y personas, comprobando que el lenguaje posee una carga sexuada innegable. Construir la realidad desde un solo prisma (el masculino) tiene implicancias teóricas y prácticas que naturalizan los efectos de la dominación masculina. En este sentido, el lenguaje inclusivo no es un capricho empático, sino una necesidad material de supervivencia. Como relata Giacchetta (2018), para las identidades diversas o intersexuales, el uso de la ‘e’ (como en “bienvenides”) es un acto inmensamente reparador y liberador que les autoriza a existir sin tener que dar explicaciones ni encajar en estándares binarios que jamás fueron pensados para ellos.
Disputas regionales: Lenguaje, censura y economía de la exclusión
Para dimensionar la gravedad de la violencia lingüística del Estado, es útil observar cómo el control de las lenguas opera en otros frentes de la región latinoamericana. La glotopolítica nos enseña que las lenguas y sus usos siempre están imbricados con el poder económico y político. Meliá Lliteres (2006) y Katz (2006) analizan, por ejemplo, cómo la subordinación del guaraní frente al portugués en zonas fronterizas del Mercosur refleja asimetrías de clase y el avance del capital extranjero sobre el campesinado. Asimismo, García Canclini (1999) advierte cómo los discursos globalizadores y empresariales (frecuentemente impulsados desde la península ibérica) imaginan una América Latina unificada para facilitar el consumo y la inversión, homogeneizando sus identidades. De un modo análogo, Arpini (2004) contrapone el latinoamericanismo con el panamericanismo para ilustrar cómo los proyectos de dominación imponen lenguas y visiones de mundo excluyentes.
En el caso chileno, la Cámara de Diputados actúa con una lógica idéntica: impone una “uniformidad lingüística” para aplastar la disidencia interna. Al hacerlo, el Estado se erige como el árbitro de lo decible. Pero como nos recuerda Di Stefano (2010) al analizar las disputas anarquistas sobre el esperanto en Argentina, las intervenciones en el lenguaje siempre están cruzadas por el debate entre la emancipación social y la limitación de la libertad. Prohibir las identidades disidentes bajo el argumento de proteger la “legibilidad” o la pureza del idioma es una forma de totalitarismo que silencia el conflicto social latente.
La paradoja performativa de la censura estatal
El aspecto más torpe y fascinante de la resolución aprobada por la Cámara de Diputados es su incomprensión intrínseca de cómo opera la censura lingüística. Al intentar erradicar lo que ellos llaman un “idioma especial”, incurren en lo que Butler (2004) define como una contradicción performativa y una producción paranoica.
Butler argumenta que la censura no es únicamente un poder privativo que silencia; es un poder formativo y productivo. El esfuerzo por restringir un término termina, inevitablemente, por hacerlo proliferar. Para prohibir el lenguaje inclusivo, el Estado y sus diputados se ven obligados a nombrarlo, a definirlo, a invocarlo repetidamente en sus debates, en la prensa y en sus propios proyectos de ley. Esta paradoja evidencia que el censor queda atrapado en una producción circular del mismo tabú que intenta destruir. La derecha política opera desde un pánico paranoico: creen que la mera enunciación de identidades disidentes actúa como una enfermedad contagiosa o mágica que altera la realidad con solo pronunciarse.
Paradójicamente, su paranoia tiene un fundamento real: el lenguaje sí construye realidades. Cuando el Estado prohíbe una palabra, revela su terror a perder el monopolio sobre la definición de la existencia. Pero esta represión estatal tiene consecuencias punitivas graves, especialmente en los espacios educativos. Castillo Sánchez y Mayo (2019) recogen testimonios de docentes chilenos en formación que relatan cómo el sistema universitario ya ejerce una violencia disciplinaria contra el lenguaje inclusivo, descontando puntos a los estudiantes por escribir “las y los” o utilizar la ‘e’. Esta fosilización institucional castiga a quienes enseñarán el idioma a las futuras generaciones, negándose a aceptar que las lenguas deben transformarse.
El desafío a la universalidad y la insurgencia del habla
Aprobar una resolución para prohibir el lenguaje inclusivo en el servicio público es un ejercicio de soberbia institucional destinado al fracaso. La justificación de que se debe hablar un castellano “neutro” apela a una supuesta comunidad universal imaginada que ya estaría codificada en los manuales. Sin embargo, Butler (2004) nos recuerda que la universalidad no es un concepto cerrado, sino un ideal que debe ser constantemente desafiado desde sus márgenes: los excluidos constituyen el límite contingente de la universalización, y demandan que lo universal los incluya.
Cuando una identidad disidente utiliza la ‘e’ o la ‘x’, ejerce una contradicción performativa: reclama un espacio en el universal para el cual no estaba autorizada, exponiendo el carácter excluyente de la norma dominante. Por ello, el lenguaje no pertenece a la RAE, institución que por décadas validó términos misóginos. Tampoco pertenece a los parlamentarios de turno. El lenguaje pertenece a los cuerpos que lo habitan y lo transforman en su incesante lucha por el reconocimiento.
No importa cuántos oficios despache la Cámara de Diputados o cuántas circulares intente purgar el gobierno. La interpelación ofensiva y la censura generan, paradójicamente, las condiciones de posibilidad para una agencia subversiva. La censura implícita y explícita del Estado solo logrará forzar a las identidades marginadas a expropiar el lenguaje oficial y dotarlo de un nuevo significado insurgente. El lenguaje inclusivo ya desbordó el dique de la gramática patriarcal, y ninguna ley podrá volver a encerrar en el silencio a quienes, por fin, han encontrado la forma de ser reconocidos.
Referencias
Arpini, A. (2004). Posiciones en conflicto: latinoamericanismo-panamericanismo. En H. E. Biagini & A. A. Roig (Eds.), El pensamiento alternativo en la Argentina del siglo XX (Vol. I, pp. 31-50). Buenos Aires: Biblos.
Bentivegna, D. (2010). Poderes de la literatura: épica, lengua y literatura nacionales en Calixto Oyuela y Ricardo Rojas. Citado en E. Narvaja de Arnoux & J. del Valle (Eds.), Las representaciones ideológicas del lenguaje.
BioBioChile. (2026, 18 de junio). Aprueban dejar sin efecto el uso del “lenguaje inclusivo” en el servicio público: ¿cómo se aplicaba? | BBCL Explica | BioBioChile. Recuperado de https://www.biobiochile.cl
Butler, J. (2004). Lenguaje, poder e identidad. Madrid: Editorial Síntesis.
Castillo Sánchez, S., & Mayo, S. (2019). El lenguaje inclusivo como “norma” de empatía e identidad: reflexiones entre docentes y futures profesores. Literatura y lingüística, (40), 20-72. http://dx.doi.org/10.29344/0717621x.40.2072
Di Stefano, M. (2010). Esperanto y anarquismo en la Argentina a principios del siglo XX. Citado en E. Narvaja de Arnoux & J. del Valle (Eds.), Las representaciones ideológicas del lenguaje.
Furtado, V. (2013). El lenguaje inclusivo como política lingüística de género. Revista Digital de Políticas Lingüísticas, 5, 48-70.
García Canclini, N. (1999). La globalización imaginada. Buenos Aires: Paidós.
Giacchetta, C. (2018, 11 de agosto). Damas y caballeros, presentamos para ‘todes’: ¡el lenguaje inclusivo!. La Voz.
Glozman, M. (2010). La revista católica Criterio y la defensa del hispanismo durante el segundo gobierno de Juan D. Perón. Citado en E. Narvaja de Arnoux & J. del Valle (Eds.), Las representaciones ideológicas del lenguaje.
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Minoldo, S., & Cruz Balián, J. (2018). La lengua degenerada. En El gato y la caja.
Narvaja de Arnoux, E., & del Valle, J. (2010). Las representaciones ideológicas del lenguaje: Discurso glotopolítico y panhispanismo. Spanish in Context, 7(1), 1-24. https://doi.org/10.1075/sic.7.1.01nar
