La reforma de Kast al Sistema de Admisión Escolar: ¿mérito o privilegio ordenado?
Por: Diego Verdejo Cariaga
El Gobierno de José Antonio Kast presentó este martes un proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), iniciativa que entrega a los establecimientos la facultad de elegir a parte de sus alumnos.
Toda reforma necesita una historia que la vuelva razonable. Esta vez los nombres utilizados por la ministra de Educación, María Paz Arzola, fueron Matías y Catalina. Un estudiante que, pese a sus buenas notas, no quedó en el liceo que quería. Una madre cuyas hijas fueron asignadas a colegios distintos. Casos reales, sin duda. Experiencias frustrantes, también. Pero una política pública no se vuelve justa solo porque se apoye en historias conmovedoras. A veces ocurre lo contrario, la emoción de un caso permite esconder la dureza de una reforma.
La secretaria de Estado dijo que el actual Sistema de Admisión Escolar es “ciego a la realidad, a los méritos y a las necesidades de las familias”, La frase funciona, porque nadie quiere defender una política ciega. Pero esa ceguera no fue simplemente un error burocrático. Fue una decisión política para impedir que los establecimientos pudieran ver ciertas cosas. Ver apellido. Ver presentación personal. Ver el modo de hablar de los padres. Ver capital cultural disfrazado de compromiso. Ver rendimiento previo como si ese rendimiento hubiera nacido limpio, sin historia social detrás.
Por eso resulta llamativa la promesa de una admisión que “mire a la cara” a las familias. Suena humana, cercana, menos algorítmica. El problema es que mirar a la cara también puede ser clasificar. Una entrevista, una reunión presencial o una declaración de adhesión al proyecto educativo no ocurren en el vacío. Allí se juegan señales pequeñas, por ejemplo seguridad para hablar, dominio del lenguaje institucional, tiempo disponible, modales esperados, capacidad de mostrar interés sin incomodar. Bernstein habría reconocido ese terreno indicando que la escuela no solo evalúa contenidos; también premia ciertos códigos.
La reforma propone que establecimientos con más postulantes que vacantes puedan considerar criterios como mérito académico desde séptimo básico, proximidad territorial, modalidad técnico-profesional u otras variables autorizadas. En el papel, se insiste en que no podrán ser discriminatorias. Pero la discriminación contemporánea rara vez se presenta explícita. Le basta con organizar criterios aparentemente razonables que producen resultados socialmente inclinados.
Bourdieu y Passeron mostraron que la escuela tiene una enorme capacidad para convertir herencias sociales en méritos individuales. Lo que viene de la casa aparece como talento. Lo que viene de una trayectoria protegida aparece como esfuerzo puro. Nadie niega que el esfuerzo exista. El punto es otro, que el esfuerzo no circula solo. Necesita condiciones que lo sostengan. En un país desigual, reconocer el mérito demasiado temprano puede significar reconocer, sin decirlo, las condiciones que permitieron producirlo.
El discurso oficial insiste en que el sistema actual castiga a quienes se esfuerzan. La escena de Matías funciona como prueba moral. “Yo me esforcé”, dice el joven, y esa frase pesa. Pero una política nacional no puede ser diseñada solo desde la indignación de un caso, por legítima que sea. Es necesario distinguir entre problemas personales y asuntos públicos. Y esta reflexión no busca negar el dolor individual, sino conectarlo con estructuras. Pero conectar no es usar un caso para cerrar la discusión. Matías merece una respuesta. Catalina también. Lo que no se sigue automáticamente es que los colegios deban recuperar poder de selección.
Hay, además, una inversión curiosa en el argumento oficial. Se dice que hace diez años se instaló una “desconfianza generalizada hacia los colegios”. Pero esa desconfianza no cayó del cielo. Venía de una historia larga de selección escolar, explícita o encubierta, en un sistema organizado durante décadas como mercado educativo. Venía de prácticas donde las familias no solo elegían colegios; también eran elegidas, filtradas y ordenadas. Llamar “desconfianza” a ese aprendizaje histórico es demasiado cómodo.
El Presidente agregó otra capa. Su intervención comenzó con el asesinato de un niño en un portonazo y derivó hacia crimen organizado, pérdida de autoridad, disgregación familiar, disciplina, escuelas protegidas y prohibición de celulares. De pronto, la reforma al SAE quedó situada dentro de una narrativa más amplia de orden social. La admisión escolar ya no apareció solo como un mecanismo para asignar cupos, sino como una pieza en la recuperación de la autoridad, la familia y la seguridad.
Ese desplazamiento importa, pues la admisión escolar queda leída bajo una imagen penal de infancia, riesgo y disciplina. Muchas voces han advertido cómo, en sociedades desiguales, los problemas sociales pueden ser traducidos rápidamente al lenguaje del orden y la responsabilidad individual. Aquí ocurre algo parecido. Un sistema de admisión se presenta, indirectamente, como parte de una respuesta frente a la descomposición social.
El punto más delicado aparece cuando se sugiere que un niño que no fue visto por un proyecto educativo adecuado “puede perfectamente terminar en malos pasos”. La frase parece compasiva, pero es peligrosa. Convierte la elección escolar en una suerte de prevención moral del delito. Como si la trayectoria hacia el crimen pudiera explicarse por no haber encontrado a tiempo un colegio que reconociera aptitudes deportivas, artísticas o tecnológicas. La desigualdad, la precariedad, la violencia territorial y la segregación quedan comprimidas en una historia de mala asignación escolar.
La idea de “elección mutua” también merece sospecha. Suena equilibrada, se supone que las familias eligen proyectos y los proyectos eligen familias. Pero las posiciones no son equivalentes. Un colegio sobredemandado administra escasez. Una familia postula desde la incertidumbre. Una institución evalúa. La otra se presenta. Donde hay más demanda que cupos, la libertad del colegio pesa más que la libertad de la familia.
Modificar el SAE puede ser necesario. Hay que mejorar información, acompañamiento, criterios territoriales, mecanismos para hermanos y respuestas ante casos absurdos. Pero otra cosa es reabrir la pregunta por quién tiene derecho a seleccionar. Esa es la frontera real del debate.
La reforma habla de confianza. Confianza en las familias, en los estudiantes, en los colegios. Pero tal vez la pregunta sea menos amable ¿confianza para qué? ¿Para educar a todos o para escoger mejor a algunos? La escuela siempre selecciona, incluso cuando dice incluir. Precisamente por eso el Estado debe ser cuidadoso cuando autoriza nuevas formas de selección formal. Porque en educación las palabras nobles como mérito, libertad y familia, suelen hacer el trabajo sucio. Todas pueden nombrar aspiraciones legítimas. Pero también pueden funcionar como fronteras.
Y esta reforma, pese a su tono sensible y sus historias reales, parece avanzar hacia una idea conocida, que algunos establecimientos financiados públicamente tienen derecho a mirar mejor antes de dejar entrar. La promesa es que así se hará justicia a quienes se esfuerzan. El riesgo es otro, y es que volvamos a llamar justicia a una forma más prolija de separación.
