Renuncias en Comisión Verdad y Niñez: víctimas apuntan al Gobierno por “falta de compromiso” y trabajadores acusan “control político”
Los profesionales vinculados al proceso de escucha testimonial y articulación de la instancia aseguraron que el Ejecutivo aplicó una reducción de sus equipos en regiones. Asimismo, declararon que el espacio ha perdido “autonomía”, aspecto clave en una labor que “implica examinar responsabilidades estructurales que atraviesan décadas y gobiernos de distintos signos políticos” por lo que “ninguna verdad histórica puede emerger bajo tutela”, explicaron.
Por Redacción El Arrebato
La Red de Sobrevivientes Chile, Fundación YNES, y participantes de Voces ex Sename, organizaciones que reúnen a víctimas del ex Servicio Nacional de Menores (Sename) calificaron como “un duro golpe” la renuncia colectiva de las integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez.
La instancia fue creada por el expresidente Gabriel Boric con el objetivo de investigar las vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes que estuvieron bajo custodia del sistema estatal entre 1979 y 2024. Sin embargo, según los funcionarios que dejaron su cargo, “las decisiones adoptadas” por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la actual administración “hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato”.
Al respecto, las víctimas aseguraron que mantienen una “profunda preocupación” por lo ocurrido, asegurando que se trata de una situación que “es el resultado de una falta de compromiso del Gobierno del Presidente José Antonio Kast para asegurar condiciones mínimas que permitan continuar con el proceso de escucha a las y los sobrevivientes. A pesar de los esfuerzos por establecer un diálogo, no existieron garantías reales para sostener un trabajo serio, digno y responsable“, replicaron.
En este sentido, las organizaciones insistieron que entregar un testimonio como víctima “no es un trámite” ni “algo que se pueda ‘tomar’ sin preparación ni acompañamiento. Implica revivir experiencias profundamente dolorosas, y por lo mismo requiere equipos especializados, presencia en los territorios y un compromiso institucional que hoy está siendo debilitado”.
También, denunciaron que “el desmantelamiento de los equipos regionales y la precarización del proceso dan cuenta de una decisión política que pone en riesgo el sentido mismo de la Comisión. El Gobierno del Presidente José Antonio Kast está transformando un espacio de reparación en un procedimiento vacío, donde lo importante parece ser cumplir, y no escuchar de verdad”.
“Como sobrevivientes, sabemos que el abandono en la infancia no termina cuando se deja una institución, se arrastra en la vida adulta, en la relación con la sociedad y con el Estado”, replicaron. Por ello, acusaron que “cuando este mismo Estado vuelve a fallar, cuando minimiza nuestras experiencias y posterga la justicia, lo que hace es profundizar esa herida”.
Tras lo ocurrido, hicieron un “llamado urgente” al Gobierno a “retomar un diálogo real, con voluntad política y con medidas concretas que respeten el mandato original de la Comisión: esclarecer las violaciones sistemáticas de derechos humanos ocurridas en el Sename y organismos colaboradores. No aceptaremos una comisión reducida a cifras”.
“TUTELA POLÍTICA”
Por otro lado, los profesionales vinculados al proceso de escucha testimonial y articulación territorial de la Comisión Verdad y Niñez también manifestaron su preocupación por la situación que vive actualmente la instancia.
A través de una declaración pública, acusaron “la reducción de sus capacidades territoriales y, especialmente, la intervención directa del Poder Ejecutivo en su autonomía”, situación que aseguraron “configura un escenario que no solo pone en peligro el cumplimiento del mandato, sino que resulta en sí mismo potencialmente revictimizante”.
En este sentido, indicaron que se redujeron los equipos de escucha en regiones. “No se puede convocar a las víctimas a hablar y luego someter a quienes sostienen el proceso a incertidumbre, control político y debilitamiento estructural (…) quitar presencia territorial a la Comisión implica, en la práctica, excluir a víctimas y sobrevivientes de zonas alejadas, rurales y periféricas”.
Asimismo, acusaron una pérdida de autonomía, indicando que las y los comisionados ya no pueden definir su conducción ejecutiva, ni sus equipos, situación que insisten es clave, pues su tarea “implica examinar responsabilidades estructurales que atraviesan décadas y gobiernos de distintos signos políticos, involucrando a instituciones del Estado, organismos colaboradores, fundaciones, organizaciones privadas, fuerzas policiales y otros actores —incluida la Iglesia— que han participado de la política de infancia y han recibido recursos públicos. Ninguna verdad histórica puede emerger bajo tutela política“.
Además de explicar que la instancia es “una de las pocas herramientas institucionales vigentes para abordar la deuda histórica con quienes fueron niños y niñas bajo cuidado del Estado. Su vaciamiento y los obstáculos que ha interpuesto el ejecutivo envían una señal inequívoca de incumplimiento de los compromisos asumidos por Chile ante la comunidad internacional”.
Los funcionarios reafirmaron su “compromiso con las víctimas”, y por ello, hicieron un llamado para que el Estado “establezca las condiciones necesarias para cumplir el mandato, se releven garantías de reparación, se resguarde apropiadamente la información y se establezcan las condiciones necesarias para un proceso serio, autónomo y respetuoso orientado al establecimiento de la verdad histórica, la memoria y la no repetición”, cerraron.
