A mi abuelo lo torturaron en Colonia Dignidad: carta al gobierno negacionista

Por Verónica Aravena Vega

Hay silencios que se heredan. No como se hereda el color de los ojos o la forma de las manos, sino de otra manera, más oscura y difícil de nombrar. Se heredan como se hereda un gesto que nadie te enseñó, una angustia sin objeto, un miedo que aparece en el cuerpo antes de que la mente sepa a qué tiene miedo. Los psicólogos lo llaman “transmisión transgeneracional” del trauma. Yo lo llamo “mi abuelo”.

Era obrero en Talca. Sindicalista. Lo secuestraron en 1975 y lo llevaron a Colonia Dignidad. Varios meses. Lo torturaron. Volvió. Y no dijo nada. Nunca. Murió con eso sellado tan adentro que el silencio ya no era un secreto sino una forma de estar en el mundo, una segunda piel que se había fundido con la primera y ya no había manera de separarlas. De niña yo sentía ese silencio sin poder nombrarlo. Algo en ese hombre estaba clausurado. Algo había sido cerrado con una llave que nadie iba a encontrar. Me enteré de lo que le hicieron por los medios. Por el cine. Por documentales que vi sola, de noche, con esa sensación extraña de estar reconociendo algo que nunca te contaron pero que de algún modo ya sabías.

Lo que fabricaron en Colonia Dignidad no fue solo dolor. El dolor solo no basta para garantizar la impunidad. Lo que fabricaron fue silencio. Silencio duradero, silencio que se autorreproducía, silencio que los sobrevivientes llevaban a casa sin darse cuenta y depositaban ahí como se deposita algo demasiado pesado para seguir cargándolo, sin saber que sus hijos lo recogerían del suelo y lo cargarían ellos, y los hijos de sus hijos después. Los verdugos de Colonia Dignidad sabían que un hombre al que le rompen la capacidad de hablar sobre lo que le hicieron es un hombre que carga solo con el crimen de otro. Que protege, sin quererlo, a sus propios torturadores.

Mi abuelo protegió a sus torturadores toda su vida. No por lealtad ni por cobardía. Porque le habían arrancado las palabras antes de devolverlo.

Brigitte Vasallo escribe en La fosa abierta que el silencio no es algo que esté fuera de la violencia. Es parte de ella. Precisa de complicidades. Y perpetúa el estado de las cosas. Vasallo habla de un doble silencio: el de las familias —impuesto por la violencia, por la vergüenza, por la imposibilidad de simbolizar lo que ocurrió— y el del Estado, que convierte la tortura en exceso aislado. Yo conozco ese doble silencio. Lo llevo en el cuerpo. Y lo que está haciendo el gobierno de José Antonio Kast es fabricar un tercero: el silencio definitivo, el que pretende cerrar la fosa para siempre.

Porque eso es lo que está pasando. No un ajuste. No una reestructuración. No una diferencia legítima de prioridades. Violencia. Necesitamos llamarla por su nombre antes de que el lenguaje tecnocrático termine de anestesiarnos.

Repasemos la secuencia, porque las secuencias no mienten. En enero, Kast nombra ministro de Justicia y Derechos Humanos a Fernando Rabat, abogado de Pinochet en el caso Riggs, parte de la defensa en causas vinculadas a la Operación Colombo, el montaje que encubrió la desaparición forzada de 119 personas. En Defensa pone a Fernando Barros, que lideró la defensa de Pinochet durante su detención en Londres. En Interior, a Claudio Alvarado, alcalde designado por la dictadura en 1985. Son los abogados del dictador custodiando la memoria del daño que ese dictador infligió. Eso no es un gabinete. Es una declaración de intenciones. Y dieciséis agrupaciones de familiares lo leyeron así: una ofensa directa a la memoria de las víctimas. No exageraban. Estaban leyendo con la precisión de quien lleva cincuenta años aprendiendo a descifrar lo que el poder dice cuando finge no decir nada.

A las dos semanas de asumir, el ministro de Vivienda anuncia que revertirá la expropiación de Colonia Dignidad. Ese lugar. El lugar donde torturaron a mi abuelo. Donde al menos 26 personas fueron asesinadas. Donde un exsuboficial nazi esclavizó a 250 personas durante décadas con la complicidad del régimen. El gobierno de Boric había decretado la expropiación de 117 hectáreas para construir un sitio de memoria. Kast lo frena. La justificación: presupuesto. La frase del ministro Poduje merece ser leída despacio: “Este proyecto no tiene nada que ver con nuestra agenda.” La memoria no tiene nada que ver con su agenda. Los muertos no tienen nada que ver con su agenda. Al menos en eso no mienten. Mientras tanto, ese suelo del Maule sigue siendo Villa Baviera, con su hotel, restaurante y sus visitas guiadas. Un destino de fin de semana donde torturaron a cientos de personas.

El 31 de marzo, el mismo ministerio que dirige el exabogado de Pinochet despide a las tres jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda. A Paulina Zamorano, a Magdalena Garcés, a Tamara Lagos. Las mujeres que habían multiplicado las diligencias en terreno de 6 al año a más de 150. Las que sostenían el hilo entre las familias y sus desaparecidos. Las echan con un memorándum, justo cuando se conocían antecedentes sobre la posible inhumación de 30 personas en Macul. Justo cuando el hilo podía llegar a algún sitio. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se anduvo con eufemismos: esto es “venganza”, dijo. Odio hacia las familias que llevan décadas exigiendo verdad. No es una metáfora. Es una descripción.

Después retiran de la Contraloría el Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, 175 medidas, 140 reuniones técnicas, validado por Naciones Unidas. Estudian indultos para uniformados condenados por crímenes de lesa humanidad. Y desvinculan a los equipos que atendían a las víctimas del estallido social. Cada pieza por separado puede disfrazarse de gestión. Juntas, son un proyecto. El proyecto tiene nombre: negacionismo de Estado. Y su método no es la negación frontal, Kast no sale a decir que Pinochet no torturó, sino algo más sofisticado y perverso: la administración del olvido. Se vacían las instituciones por dentro, se retiran los recursos, se cambian los equipos, se desactivan los mecanismos. Y cuando ya no quede nadie buscando, podrán decir con la cara limpia que no se encontró nada.

Vasallo habla de una memoria en movimiento. Una memoria que no se congela en monumentos ni se archiva en museos, sino que sigue viva, que fluctúa, que incomoda, que no se deja domesticar. Eso es exactamente lo que Kast quiere impedir. Este gobierno necesita una memoria quieta, dócil, museificable, o mejor aún, inexistente. Una memoria que no lleve a nadie a un sitio del Maule a decir: aquí torturaron a mi abuelo. Pero esa memoria en movimiento es la única que nos queda. Es la que sostienen las más de mil familias que no saben dónde están sus muertos. Que llevan cincuenta años cargando una ausencia sin coordenadas, sin el lugar mínimo donde ir a decir: aquí estás, aquí ocurrió, aquí te busco. El duelo sin cuerpo no cierra. La herida sin nombre no cicatriza. Se transmite. Se convierte en algo que los hijos portan sin saber exactamente qué es, una pesadez, una rabia difusa, una desconfianza antigua hacia un Estado que un día decidió que sus padres eran prescindibles. Ese es el daño largo. El que se mide en generaciones. Y Kast, con cada decreto, con cada memorándum, está garantizando que se extienda aún más.

Este gobierno está apostando a que el tiempo haga el trabajo que la justicia nunca terminó de hacer. Administra el olvido con la paciencia del que sabe que las víctimas envejecen, que los testigos mueren, que los jóvenes tienen sus propios problemas. Pero lo reprimido vuelve. Siempre vuelve. Y lo que me preocupa no es solo el pasado, es lo que este silencio fabricado le enseña a los que vienen. Porque los niños miran. Los jóvenes aprenden. Y lo que están aprendiendo ahora es que la justicia es negociable, que la verdad tiene fecha de vencimiento, que el Estado puede decidir qué crímenes merecen ser recordados y cuáles es preferible enterrar bajo un decreto de ajuste presupuestario. No les estamos dejando un país. Les estamos dejando una deuda que ni siquiera saben que tienen.

Esto es violencia. No la violencia espectacular de los tanques en La Moneda, sino la violencia administrativa, la que se ejerce con formularios y conferencias de prensa. Un Estado que desmantela sus propios mecanismos de verdad no es un Estado que se reforma. Es un Estado que se desarma para no tener que rendirle cuentas a nadie.

Escribo esto porque mi abuelo no habló. Porque le arrancaron las palabras y nunca se las devolvieron del todo. Porque el suelo donde lo torturaron no puede seguir siendo un destino de fin de semana mientras este gobierno habla de eficiencia y los verdugos mueren en sus camas. Porque el olvido no es neutral. Nunca lo fue. El olvido siempre protege al que hizo el daño.

Mi abuelo se llamaba Jose Dionisio Vega Andrade. Y escribo esto con las palabras que le arrancaron.