El dilema de la derecha: entre la campaña permanente y la responsabilidad de gobernar

Por Tomás Garay Pérez, abogado

La derecha chilena enfrenta algo más profundo que sus constantes errores comunicacionales. Ha quedado en evidencia una desconexión arraigada con la experiencia cotidiana de la mayoría de las personas. No se trata solo de frases desafortunadas, sino de una forma de entender la política en la que la empatía aparece como elemento secundario y donde el tono, muchas veces, resulta distante, arrogante y poco consciente del impacto real de las decisiones públicas.

Ya en campaña se anticipaba ese tono. Un diputado se preguntaba públicamente para qué serviría reducir la jornada laboral si las personas se irían antes a sus casas “a encerrarse” por los problemas de seguridad pública. La frase, pronunciada con liviandad, se convirtió rápidamente en meme viral y en símbolo de una desconexión con la vida cotidiana de miles de trabajadoras y trabajadores. No era solo una torpeza, sino una forma de entender la política desde la distancia, sin empatía y con una evidente incomprensión de las realidades sociales.

El problema es que ese tono no quedó en la campaña, sino que se trasladó al ejercicio del poder. El propio Presidente, en la ceremonia de promulgación de la reforma que incorpora Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, optó por comentarios destinados a distender el ambiente justo cuando se desmayaban funcionarios de la propia institución. No se trató solo de una frase desafortunada. Reflejó una forma de ejercer la autoridad que confunde cercanía con liviandad y firmeza con desparpajo.

Algo similar ocurre con los exabruptos del ministro Iván Poduje, que siguen sonando más a panel televisivo que a conducción de gobierno. La sensación es que algunos aún creen estar en programas de debate y no en la responsabilidad de administrar un país. El problema es que ahora las consecuencias no son mediáticas, son reales, y las pagan las personas de a pie.

La lista continúa. El ministro Quiroz anunciando el alza de las bencinas con una frialdad técnica que ignora su impacto en el presupuesto familiar. La ministra de Seguridad presentando como triunfo volver al punto inicial de un recorte presupuestario, mientras persisten dudas por la salida de la jefa de inteligencia de la PDI. La ministra de la Mujer desvinculando a la directora nacional de SERNAMEG en medio de un tratamiento contra el cáncer. El propio Presidente obligado a asumir vocerías ante la debilidad comunicacional de su equipo. Nada de esto transmite conducción ni prudencia.

A eso se suma una narrativa particularmente riesgosa. Hablar de un “Estado en quiebra” puede servir en campaña, pero desde el gobierno afecta la imagen del país y rompe con la tradición de seriedad institucional que Chile había construido durante décadas. Se trata de un catastrofismo deliberado, más cercano a la retórica de Donald Trump o Javier Milei que a una conducción sobria del Estado.

También hay decisiones que parecen más provocación que política pública. La designación de un abogado vinculado a la defensa de Augusto Pinochet en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seguida del desmantelamiento del programa de Derechos Humanos. La ministra del Deporte elevando el rodeo a categoría de deporte nacional sin considerar el debate vigente sobre bienestar animal. El ministro de Transportes, Louis de Grange, insistiendo en recortes que afectan un sistema de transporte que figura entre los más integrados de América Latina.

La reciente polémica por el almuerzo del Presidente con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda ilustra con precisión este problema. La discusión va más allá de quién pagó la cuenta. Lo que está en juego es el eventual uso de bienes públicos, infraestructura estatal y labores de funcionarios para fines ajenos al interés general. El principio de probidad administrativa exige que la función pública se ejerza con preeminencia del interés general sobre el privado, exigencia que alcanza a toda la administración, incluida la Presidencia de la República.

A ello se suma la respuesta inicial de la vocera de gobierno, quien señaló que los antecedentes se entregarían por los canales institucionales, olvidando que su función consiste precisamente en informar y dar explicaciones públicas oportunas. En materias de probidad, la transparencia no es una opción comunicacional, sino una obligación institucional. La señal es evidente: mientras la mayoría enfrenta incertidumbre y estrechez económica, el poder reproduce lógicas de distancia social y autocomplacencia, confundiendo lo público con lo personal y reforzando la percepción de una élite desconectada de las prioridades reales del país.

El problema de fondo es que la ultraderecha parece no advertir que ya no está en campaña. Está gobernando, y gobernar exige prudencia, empatía y responsabilidad. Cuando se mantiene el tono confrontacional, lo que emerge es una política arrogante, desconectada y poco consciente del impacto social de sus decisiones.

Acusar al gobierno anterior de “robarse la plata” sin pruebas ni responsabilidad institucional no eleva el debate. Lo hunde, y erosiona la confianza en las instituciones justo cuando el país más la necesita.

Aquí vale recordar a Max Weber. Gobernar implica pasar de la ética de la convicción a la ética de la responsabilidad. No basta con sostener una agenda ideológica sobre el rol mínimo del Estado. Hay que hacerse cargo de administrarlo y de responder a las demandas sociales reales, porque de lo contrario la política se reduce a una sucesión de gestos, provocaciones y errores.

Cabe preguntarse qué posición adopta la derecha tradicional frente a este tono. Si lo comparte o si, por el contrario, advierte que la arrogancia, la desconexión y la provocación terminan debilitando cualquier proyecto serio de gobierno.

Del mismo modo, surge otra interrogante: cuál es la alternativa que proponen la izquierda y los sectores progresistas. Si la crítica a esta manera de gobernar no se acompaña de una propuesta responsable, capaz de combinar sensibilidad social con una gestión eficaz del Estado, el debate corre el riesgo de volverse estéril. La ciudadanía no demanda solo empatía discursiva, sino respuestas concretas: seguridad, crecimiento, servicios públicos que funcionen y una protección social efectiva.

Mientras tanto, los efectos no son retóricos, son concretos. La inflación vuelve a presionar el costo de la vida y el alza del IPC impacta directamente en alimentos, transporte y servicios básicos. No se trata de discusiones ideológicas abstractas, sino del presupuesto familiar que se estrecha mes a mes. Los costos los paga la gente y, sobre todo, los sectores más vulnerables, que resienten con fuerza el aumento de 50.000 o 100.000 pesos en los gastos cotidianos del hogar. En ese contexto, las declaraciones livianas, las bravuconadas y las decisiones poco meditadas dejan de ser solo problemas comunicacionales. Se traducen en incertidumbre y en señales confusas. Gobernar exige comprender esa relación básica entre discurso y consecuencias. Se trata, incluso, de un mínimo de sentido común.

La conclusión es incómoda. La derecha parece avanzar a ciegas, confundiendo firmeza con soberbia y convicción con insensibilidad. Ese derrotero no solo tensiona al propio sector. Le hace mal a Chile.