La universidad no es una fábrica de empleos: es una condición para el desarrollo democrático
Por Diego Verdejo Cariaga
Las recientes declaraciones de José Antonio Kast sobre el financiamiento universitario y la investigación no son una simple provocación comunicacional. Son, más bien, la expresión de una forma de entender el conocimiento, la educación superior y el papel del Estado. Al cuestionar investigaciones que, según sus palabras, pueden costar “100 millones” o “500 millones” y terminar en “un libro precioso” sin generar trabajo directo, Kast instala una pregunta aparentemente razonable, pero profundamente equivocada: ¿cuántos empleos produjo esa investigación?
La pregunta es tramposa porque desplaza el centro del debate. Nadie podría negar que las universidades deben rendir cuentas por los recursos que reciben. Tampoco sería razonable sostener que toda investigación es pertinente por el solo hecho de realizarse en una institución académica. Pero una cosa es exigir responsabilidad pública y otra muy distinta es reducir la función universitaria a una métrica empresarial inmediata. La universidad no tiene como objetivo principal “crear trabajo” en el sentido estrecho de generar puestos laborales directos, como si fuera una fábrica, una empresa o una agencia de empleo. Su función es más profunda: habilitar las condiciones sociales, científicas, culturales, profesionales y territoriales para que una sociedad pueda desarrollarse de manera más justa, democrática y sostenible.
Esa distinción es fundamental. La universidad forma profesionales, produce conocimiento, sostiene investigación básica y aplicada, dialoga con comunidades, fortalece instituciones, crea capacidades públicas y contribuye a imaginar soluciones para problemas que el mercado no resuelve por sí solo. Desde esa perspectiva, sus tres funciones misionales —docencia, investigación y vinculación con el medio— adquieren pleno sentido. No son actividades separadas ni adornos burocráticos: son modos distintos de construir condiciones de posibilidad para el desarrollo del país.
La propia legislación chilena reconoce esa complejidad. La Ley 21.091 establece que las universidades cumplen su misión mediante docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio, no mediante la sola generación directa de empleos. Esto no es un detalle jurídico menor. Es la forma en que el Estado chileno ha definido institucionalmente a la universidad: no como una unidad productiva subordinada al mercado laboral inmediato, sino como una institución orientada a la formación, al conocimiento, al pensamiento crítico y a la contribución pública.
Desde una mirada progresista, el problema de fondo no es si una investigación crea o no crea empleos al día siguiente. El problema es qué tipo de sociedad se quiere construir. Una sociedad que solo financia aquello que entrega rentabilidad inmediata termina debilitando las bases mismas de su desarrollo. Sin investigación pública, no hay soberanía científica. Sin universidades regionales fuertes, no hay descentralización real. Sin ciencias sociales, humanidades, artes y educación, no hay comprensión profunda de las desigualdades, las violencias, las memorias, los territorios ni las formas de convivencia democrática. Y sin vinculación con el medio, el conocimiento corre el riesgo de encerrarse en circuitos expertos desconectados de las necesidades sociales.
Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Chile invirtió en 2023 apenas el 0,41% de su PIB en investigación y desarrollo, según la Encuesta sobre Gasto y Personal en I+D desarrollada por el INE y el Ministerio de Ciencia. El mismo registro estima 21.199 jornadas completas equivalentes dedicadas a labores de I+D. Es decir, Chile no tiene un exceso de investigación improductiva; tiene, más bien, un déficit estructural de inversión en conocimiento. Comparado con la OCDE, la distancia es considerable: análisis recientes ubican el promedio de los países OCDE cerca del 2,68% del PIB, casi siete veces más que Chile.
Por eso resulta preocupante que la crítica política apunte a debilitar aún más aquello que el país necesita fortalecer. Si Chile quiere diversificar su matriz productiva, enfrentar la crisis climática, mejorar su sistema educativo, responder a los desafíos migratorios, avanzar en salud pública, reducir brechas territoriales o construir una economía menos dependiente de la extracción de recursos naturales, necesita más investigación, no menos. Necesita más capacidades universitarias distribuidas territorialmente, no menos. Necesita más Estado articulando conocimiento, innovación y desarrollo social, no menos.
Además, la evidencia muestra que el problema chileno no está en que las universidades investiguen demasiado, sino en que el sistema productivo innova poco. Según datos recogidos por el INE, solo el 10,7% de las empresas declaró haber innovado en el periodo 2021-2022. A su vez, un análisis del OCEC-UDP difundido por La Tercera señala que, en Chile, las empresas ejecutaron en 2022 el 42% del gasto en I+D, muy por debajo del 73,4% registrado en el promedio OCDE, mientras que la educación superior concentró el 42,3% de esa ejecución. Estos datos invitan a invertir la pregunta: no por qué las universidades no crean empleo inmediato, sino por qué el país ha construido un modelo de desarrollo que descansa tan débilmente en la innovación, la ciencia y la producción de conocimiento.
La matrícula en educación superior también muestra la magnitud social del sistema que se pretende discutir con liviandad. En 2025, Chile registró 1.455.639 matrículas en educación superior, considerando pregrado, posgrado y postítulo; las universidades concentraron el 59% de la matrícula total. En pregrado, las universidades estatales alcanzaron 196.224 matrículas, la cifra más alta desde que existen registros. Hablar de universidad, entonces, no es hablar de una elite encerrada en bibliotecas. Es hablar de cientos de miles de trayectorias estudiantiles, muchas de ellas de primera generación, de familias que apuestan por movilidad social, de territorios que requieren capacidades profesionales y de comunidades que necesitan instituciones públicas presentes.
Por supuesto, la universidad debe hacer autocrítica. Debe mejorar sus mecanismos de evaluación, fortalecer la pertinencia territorial de sus investigaciones, comunicar mejor sus resultados y evitar que la producción académica se transforme en un circuito cerrado de validación interna. Pero esa autocrítica no puede ser capturada por una racionalidad antiintelectual que desprecia aquello que no se convierte rápidamente en empleo, cifra o mercancía. Una universidad pública y democrática debe ser evaluada, sí; pero evaluada por su contribución formativa, científica, cultural, social, territorial y política, no solo por su traducción inmediata en puestos de trabajo.
La docencia habilita condiciones porque forma sujetos capaces de participar en la vida social y productiva con pensamiento crítico. La investigación habilita condiciones porque produce saberes que permiten anticipar problemas, diseñar políticas y abrir posibilidades tecnológicas, sociales y culturales. La vinculación con el medio habilita condiciones porque conecta esos saberes con comunidades, instituciones, territorios y organizaciones, permitiendo que el conocimiento circule en doble dirección. Esa es la verdadera contribución universitaria: no producir empleo como una línea de montaje, sino construir las capacidades que hacen posible una sociedad con más derechos, más justicia y más futuro.
El peligro de las declaraciones de Kast no está solo en su inexactitud. Está en el sentido común que buscan instalar: la idea de que el conocimiento solo vale si se justifica ante el mercado; que la investigación es sospechosa si no genera rentabilidad inmediata; que el Estado debe retirarse de la producción de capacidades públicas; y que las universidades deben comportarse como empresas eficientes antes que como instituciones democráticas. Esa visión no moderniza la educación superior. La empobrece.
Chile necesita trabajo, sin duda. Pero no cualquier trabajo ni a cualquier costo. Necesita trabajo decente, innovación con sentido público, desarrollo territorial, transición ecológica, investigación situada y formación crítica. Nada de eso se consigue debilitando universidades ni caricaturizando la investigación. Se consigue, precisamente, fortaleciendo las condiciones que permiten que el país piense, cree, enseñe, investigue y se vincule con sus territorios.
La pregunta correcta, entonces, no es cuántos empleos produjo directamente un libro o una investigación. La pregunta correcta es qué capacidades permitió construir, qué problemas ayudó a comprender, qué decisiones públicas informó, qué comunidades fortaleció, qué desigualdades hizo visibles y qué futuro ayudó a imaginar. Allí está el valor de la universidad. No en ser una fábrica de empleos, sino en ser una institución pública capaz de ampliar las posibilidades democráticas de la sociedad.
