Los detalles del primer procesamiento judicial por adopciones ilegales en dictadura: menores eran robados y entregados a cambio de 50 mil dólares

La investigación del ministro Alejandro Aguilar Brevis determinó que en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza que “sustraían o robaban” a niños y niñas y los sacaban del país. “La organización operaba con furgones japoneses, en los que recorrían poblaciones buscando menores en casas con piso de tierra”, se indica en la causa.

Por Jimena Améstica

SANTIAGO.– El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento por sustracción de menores entre la década de 1970 y 1990.

Según se informó, el magistrado procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa por el caso de la adopción irregular de dos menores de edad de la comuna de San Fernando. Ambos fueron entregados a matrimonios extranjeros.

Entre los encausados se encuentra Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas y la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando Ivonne Gutiérrez Pávez, todos procesados por asociación ilícita. Además, la ex magistrado deberá responder por dos delitos de sustracción de menores y uno de prevaricación dolosa. En el caso de Espinoza, Vega y Silva, también enfrentan cargos por sustracción de menores.

El ministro Aguilar, envió la Corte Suprema una solicitud de extradición respecto de la exjueza quien se encuentra residiendo en Israel.

LA INDAGATORIA

Si bien, la causa se refiere a la adopción de dos menores, según los datos, se estima que al menos 2 mil 21 niños y niñas fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros llegaron a Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Suiza, Estados Unidos, Uruguay y Perú.

Así, en este caso particular, la investigación determinó que en la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza para detectar y entregar en adopción a menores de edad a parejas extranjeras previo pago de montos de dineros que podrían llegar hasta los 50 mil dólares. La mayoría de las madres eran de escasos recursos.

Según se indica en el documento judicial “las madres solo firmaban” y los funcionarios no tenían “autorización de leerles el documento, y ellas tampoco preguntaban nada”. Con ello, añaden que “se notaban de perfil muy bajo y calladas” con “baja o nula escolaridad“.

Con ello, se estableció que la organización operaba con furgones japoneses, en los que recorrían poblaciones buscando menores en casas con piso de tierra. “Los funcionarios de esa organización hablaban con las madres diciéndoles que vía tribunal ingresarían una protección para el cuidado de los niños, como algo temporal, por lo que esas madres después buscaban a sus hijos“.

Asimismo, se precisa que las madres estaban “con sus hijos en la casa lavando y los niños cerca de ellas y que venían con un equipo de furgones y les quitaban ( los niños) para ser citadas posteriormente al tribunal, pero estas mujeres siempre bajo amenaza de irse detenidas“.

Uno de los casos corresponde a enero de 1983 donde “previamente concertados, y actuando por vías de hecho” Ivonne Gutiérrez Pávez, Ismael Espinoza León y Laura Silva Sánchez “se apropiaron de la niña de tres años de edad de nombre Andrea con el fin de venderla al extranjero”.

Para ello, indica el magistrado “se inició una tramitación judicial  ante el propio tribunal de la Jueza Gutiérrez, en la cual el Egresado de Derecho y también parte de la organización Carlos Vega Segura, efectuó una presentación para obtener la tuición de la niña y sacarla del país para ser adoptada por una mujer de nombre G.J.D.”.

Sin embargo, dos días después de “la sustracción o robo”, la madre junto a personal de Carabineros pudo “recuperar a su hija de un recinto en donde había un mesón de atención al público”.

Con ello, se logró según el juez “tener por justificado que la jueza Ivonne Gutiérrez Pavez, titular del Juzgado de Menores de San Fernando, autorizó rauda y aceleradamente la salida del país del hijo de la madre víctima de nombre A.A.R.R” con destino Estados Unidos el día 12 de marzo de 1983, desde el Aeropuerto Arturo Merino Benitez.

“Se había conformado en el año 1982, una organización -con definidos roles criminales-  en la ciudad de San Fernando, cuya lideresa e integrantes mantenían conexiones permanentes con la ciudad de Santiago, a saber, con una oficina de abogados y guardería infantil, ubicadas en calle San Antonio 385, como asimismo con las oficinas del Registro Civil de la época, comuna de Santiago”, indica la causa.

De esta forma, estableció que “la agrupación delictiva tenía como objeto sustraer o robar infantes con ánimo de lucro dinerario ( US 50.000) para sacarlos del país a diferentes destinos de Europa y EE.UU.”

Por otro lado, se estableció que la jueza Gutiérrez Pavez “era quien consignaba de su puño y letra” la supuesta intención de las madres de dar en adopción a sus hijos con una declaración que “corresponde a un lenguaje técnico, que difícilmente la ofendida, dada condición socio cultural y minoría de edad podía haber expresado”.

“CRIMEN DE LESA HUMANIDAD”

Asimismo, el magistrado desestimó que los delitos se encuentren prescritos al establecer que se trata de delitos de lesa humanidad perpetrados en dictadura y que deben ser sancionados de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.             

“En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enfatizado que las disposiciones de amnistía, prescripción que pretenden impedir la investigación y sanción de los culpables se encuentran prohibidas”, añadiendo que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o a sus familiares a  obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento”.

El juez llega a la convicción de que en este caso se están en presencia de delitos de lesa humanidad en base a los antecedentes y los relatos de testigos que hablaban de que se buscaba “a gente vulnerable y esa gente después llegaba al tribunal a reclamar cuando ya le habían quitado el niño o niña”.