Crímenes de la dictadura: los nombres que permanecen
Por: Sofía Varas Rojas, socióloga, especialista en salud mental, infancias y derechos humanos
Hay muertos que no alcanzan a despedirse. Hay cuerpos que llegan a una familia convertidos en noticia, en fotografía, en expediente judicial. Hay madres que aprenden el lenguaje de los tribunales porque antes tuvieron que aprender el lenguaje del dolor. Durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet, miles de personas fueron detenidas, torturadas, ejecutadas o desaparecidas por agentes del Estado. Detrás de cada cifra había una vida que hasta ese momento pertenecía a una familia, a un barrio, a una escuela, a un trabajo, a un proyecto de futuro.
Esta segunda entrega (Lee la primera AQUÍ) continúa desde allí, desde las personas y no desde las estadísticas. Víctor Jara, José Manuel Parada, Manuel Guerrero, Santiago Nattino, Eduardo y Rafael Vergara Toledo, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana forman parte de una historia de violaciones graves de derechos humanos cometidas durante la dictadura. Sus casos permiten observar, en distintos momentos, la acción represiva de organismos del Estado, la tortura, el secuestro, el asesinato y, posteriormente, las décadas de búsqueda de verdad y justicia.
Septiembre de 1973: Víctor Jara
Era septiembre y apenas habían pasado unos días desde el golpe de Estado. Víctor Jara estaba en la Universidad Técnica del Estado cuando las Fuerzas Armadas ocuparon el recinto. Fue detenido junto a estudiantes, trabajadores y funcionarios, trasladado al Estadio Chile y sometido a interrogatorios y torturas. El 16 de septiembre de 1973 fue asesinado.
Víctor tenía 40 años. Era músico, profesor, director teatral y padre de familia. Su historia había comenzado mucho antes de la dictadura, en una familia campesina de Lonquén, y continuaba en los escenarios, las aulas y los espacios culturales donde desarrollaba su trabajo. Después de su muerte quedó Joan Jara, su esposa, quien debió reconocer su cuerpo y posteriormente dedicar gran parte de su vida a preservar su obra y exigir justicia.
Décadas después, los tribunales establecieron responsabilidades concretas. En agosto de 2023, la Corte Suprema confirmó las condenas de exmilitares por el secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y Littré Quiroga. El tribunal dio por acreditada la participación de los condenados en los hechos ocurridos en el Estadio Chile (Corte Suprema de Chile, 2023).
En julio de 2026, más de cincuenta años después del asesinato, fue detenido Nelson Haase Mazzei, uno de los militares condenados que permanecía prófugo. La justicia lo había considerado autor de los delitos cometidos contra Jara y Quiroga. La detención reciente recuerda algo fundamental: el tiempo transcurrido no transforma un crimen en un hecho menos grave ni elimina la responsabilidad de quienes participaron en él.
Marzo de 1985: el Caso Degollados
El Caso Degollados comenzó el 28 de marzo de 1985, cuando Santiago Nattino fue secuestrado por civiles en Santiago. Al día siguiente, 29 de marzo, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron secuestrados durante la mañana, en las inmediaciones del Colegio Latinoamericano de Integración, en Providencia. Durante esas horas, sus familias y compañeros iniciaron su búsqueda sin saber todavía que los tres habían sido víctimas de una operación represiva. El 30 de marzo, sus cuerpos fueron encontrados en un camino entre Quilicura y el aeropuerto de Pudahuel, con evidentes signos de tortura y degollamiento. La investigación judicial estableció posteriormente la participación de agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar), mientras que la Comisión Rettig concluyó que los tres habían sido ejecutados por agentes estatales debido a sus actividades y militancia política.
No fueron víctimas de un enfrentamiento. La investigación de la Comisión Rettig estableció que José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales debido a su militancia política y a las actividades que desarrollaban. El Poder Judicial identifica el caso como uno de los crímenes más graves cometidos durante la dictadura y registra las posteriores condenas de los responsables.
José Manuel Parada era sociólogo y trabajaba en la Vicaría de la Solidaridad, recopilando antecedentes sobre violaciones de derechos humanos. Tenía cuatro hijos. Manuel Guerrero era profesor y dirigente gremial. Santiago Nattino tenía 63 años y había desarrollado una trayectoria como publicista, diseñador y artista. Tres vidas diferentes quedaron unidas por un mismo crimen de Estado.
El asesinato provocó una profunda conmoción nacional. También mostró hasta dónde podía llegar la represión contra quienes documentaban, denunciaban o participaban políticamente contra la dictadura. En este caso, la responsabilidad de agentes estatales no quedó únicamente en el ámbito de la memoria: fue investigada judicialmente y produjo condenas penales.
29 de marzo de 1985: Eduardo y Rafael Vergara Toledo
Era la tarde del 29 de marzo de 1985. Eduardo y Rafael Vergara Toledo, hermanos de 20 y 18 años, se encontraban en las inmediaciones de Villa Francia, en Estación Central. Ambos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Ese día murieron durante un operativo de Carabineros.
La primera versión oficial presentó los hechos como un enfrentamiento. Pero la investigación posterior modificó sustancialmente esa lectura. El Informe Rettig estableció que Rafael fue ejecutado por agentes estatales cuando ya estaba herido y bajo su poder. Respecto de Eduardo, la Comisión no pudo establecer con precisión las circunstancias exactas de su muerte, aunque lo calificó como víctima de violencia política. Posteriormente, la investigación judicial determinó responsabilidades penales por estos hechos.
Pero para comprender esta historia hay que entrar también en la casa de los Vergara Toledo. Manuel Vergara y Luisa Toledo eran sus padres. Vivían en Villa Francia junto a sus hijos Pablo, Eduardo, Rafael y Ana. La familia estaba vinculada a la defensa de los derechos humanos y a la organización social de la población. Luisa trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y, después de la muerte de sus hijos, convirtió la búsqueda de verdad y justicia en una tarea que mantuvo durante décadas.
Eduardo y Rafael eran jóvenes. Tenían 20 y 18 años. Tenían una familia que los esperaba, amigos, compañeros y una vida política que habían decidido asumir desde sus propias convicciones. Su muerte ocurrió en un contexto de represión estatal contra la oposición a la dictadura, y su memoria quedó vinculada a Villa Francia y al 29 de marzo, fecha posteriormente conocida como Día del Joven Combatiente.
Luisa Toledo murió en 2021. Hasta sus últimos años continuó hablando de sus hijos y participando en actividades de memoria. También había perdido posteriormente a su hijo Pablo, muerto en 1988 junto a Araceli Romo. La historia de esta familia muestra que la violencia política no terminó necesariamente con el disparo ni con el funeral. Para algunas familias comenzó entonces otra lucha, una lucha prolongada por que sus muertos no fueran convertidos también en silencio.
Julio de 1986: el Caso Quemados
Era el 2 de julio de 1986 y Chile estaba nuevamente en una jornada nacional de protesta contra la dictadura. Rodrigo Rojas de Negri tenía 19 años. Carmen Gloria Quintana tenía 18. Una patrulla militar los detuvo en Estación Central, los golpeó, los roció con combustible y les prendió fuego. Después fueron trasladados y abandonados en un sitio eriazo de Quilicura.
Rodrigo murió cuatro días después. Carmen Gloria sobrevivió con gravísimas quemaduras. La brutalidad del ataque quedó registrada en testimonios, documentos y posteriormente en investigaciones judiciales. El caso fue conocido públicamente como el Caso Quemados y se convirtió en uno de los episodios más graves de violencia cometidos por militares durante las protestas contra la dictadura.
Rodrigo era fotógrafo. Había vivido parte de su infancia en el exilio y había regresado a Chile meses antes de su muerte. Llevaba consigo cámaras y estaba construyendo un registro fotográfico del país. Tenía 19 años. Su archivo quedó como una colección de fotografías de una vida que terminó antes de que pudiera desarrollarse plenamente.
Carmen Gloria tenía 18 años. Sobrevivió y durante décadas sostuvo su testimonio sobre lo ocurrido. El caso permaneció durante años marcado por versiones contradictorias y por la falta de justicia efectiva. En enero de 2024, la Corte Suprema condenó a militares en retiro por el homicidio calificado de Rodrigo y el homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria, estableciendo responsabilidades penales por el ataque (Corte Suprema de Chile, 2024).
La historia judicial del Caso Quemados muestra también una de las dimensiones más dolorosas de la impunidad: la distancia entre el momento del crimen y el momento en que una sentencia reconoce oficialmente la responsabilidad de sus autores. Pasaron décadas. Carmen Gloria tuvo que vivir con las consecuencias físicas y psicológicas del ataque mientras el proceso judicial continuaba.
Lo que una sociedad hace con sus muertos
Víctor Jara fue asesinado en los primeros días de la dictadura. Parada, Guerrero y Nattino fueron secuestrados y asesinados en 1985 por agentes estatales. Eduardo y Rafael Vergara Toledo murieron ese mismo año en un contexto de violencia política ejercida por agentes del Estado. Rodrigo Rojas fue asesinado y Carmen Gloria Quintana gravemente herida por militares en 1986. No son hechos equivalentes en sus circunstancias, pero todos pertenecen a la historia de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar.
Aquí la responsabilidad no puede diluirse detrás de una idea abstracta de “conflicto”. Hubo organismos del Estado, funcionarios, militares y carabineros que participaron en operaciones represivas. En distintos casos, las investigaciones judiciales determinaron responsabilidades individuales y establecieron condenas. La existencia de esas sentencias forma parte de la historia documentada de Chile.
La sociología de la memoria permite observar qué sucede después. Elizabeth Jelin (2002) explica que las memorias de la violencia política son construcciones sociales que se producen en medio de conflictos, silencios y disputas por el significado del pasado. En Chile, familiares y organizaciones de derechos humanos tuvieron que sostener durante décadas los nombres y las historias de quienes habían sido asesinados o desaparecidos.
Steve Stern (2006) estudió precisamente las disputas por la memoria de la dictadura chilena, mostrando que las interpretaciones sobre el golpe, la violencia política y el régimen de Pinochet no quedaron cerradas con el retorno a la democracia. El pasado continuó siendo objeto de disputa pública, política y cultural.
Pero existe una diferencia fundamental entre discutir interpretaciones históricas y negar hechos acreditados. Las interpretaciones pueden ser debatidas, las circunstancias concretas de un crimen pueden investigarse. Las responsabilidades pueden determinarse judicialmente. Lo que no debería desaparecer en esa discusión son los documentos, los testimonios, los nombres y las sentencias que permiten establecer qué ocurrió.
La amnesia histórica comienza cuando los muertos dejan de tener nombre, cuando una ejecución se convierte solamente en una cifra, cuando la tortura pierde a la persona que la sufrió y cuando la responsabilidad estatal se reemplaza por una explicación genérica sobre una supuesta violencia de todos contra todos.
La historia de Chile tiene nombres concretos: Víctor Jara, José Manuel Parada, Manuel Guerrero., Santiago Nattino, Eduardo Vergara Toledo, Rafael Vergara Toledo, Rodrigo Rojas de Negri, Carmen Gloria Quintana. Y más, mucho más.
Antes de ser víctimas fueron personas. Y después de ser víctimas, sus familias tuvieron que luchar para que el crimen no terminara también en el olvido. Por eso recordar no es solamente mirar hacia atrás. Es reconocer que una sociedad decide qué conserva de aquello que ocurrió, qué transmite a sus hijos y qué permite que desaparezca de la conversación pública. La memoria histórica no reemplaza a la justicia, pero permite que la justicia tenga nombres. Los archivos no reemplazan a los muertos, pero permiten que sus historias no dependan solamente de quienes todavía pueden contarlas.
Y frente al negacionismo, quizá la pregunta sociológica más importante no sea únicamente quién recuerda y quién olvida, sino qué condiciones sociales permiten que una sociedad vuelva a discutir hechos que ya fueron investigados, documentados y judicialmente establecidos. Porque el olvido tampoco ocurre de un día para otro. Se construye cuando los nombres dejan de pronunciarse, cuando los documentos dejan de consultarse, cuando las familias dejan de ser escuchadas y cuando una generación recibe la historia sin las personas que la protagonizaron.
La dictadura cívico militar de Pinochet dejó muertos, torturados, desaparecidos, exiliados y familias quebradas. También dejó una deuda histórica relacionada con la verdad, la justicia y el reconocimiento de las responsabilidades. Décadas después, algunas sentencias han establecido judicialmente quiénes participaron en determinados crímenes, mientras otras causas continúan abiertas. La memoria, entonces, no consiste en quedarse viviendo en el pasado. Consiste en negarse a permitir que el pasado sea contado sin sus víctimas y sin sus responsables: “Porque una democracia también se construye con aquello que decide no olvidar”.
Referencias
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Gobierno de Chile.
Corte Suprema de Chile. (2023). Sentencia definitiva sobre el secuestro y homicidio calificado de Víctor Jara y Littré Quiroga.
Corte Suprema de Chile. (2024). Sentencia definitiva sobre el Caso Quemados: homicidio calificado de Rodrigo Rojas de Negri y homicidio calificado frustrado de Carmen Gloria Quintana.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores.
Stern, S. J. (2006). Battling for hearts and minds: Memory struggles in Pinochet’s Chile, 1973–1988. Duke University Press.
