La universidad y la memoria: ¿qué permanece del golpe de Estado en la educación superior chilena?
Por: Diego Verdejo Cariaga
Cada septiembre, el calendario nos devuelve a preguntas que el paso del tiempo no ha conseguido clausurar. Una de ellas concierne directamente a la universidad. ¿Qué permanece del golpe de Estado en la educación superior chilena? No me refiero únicamente al deber de recordar a quienes fueron perseguidos por integrar las comunidades universitarias. Me refiero también a reconocer que la dictadura intervino la idea misma de universidad, alteró su organización y desplazó sus principios públicos. La violencia no permaneció fuera de los campus. Ingresó en ellos y se prolongó mediante un imaginario que redefinió aquello que la sociedad podía esperar de sus instituciones de educación superior.
A mi juicio, uno de los efectos más persistentes de aquella intervención fue la instalación de una racionalidad que subordinó el carácter público de la educación a la competencia institucional y a la capacidad individual de pago. Las transformaciones impuestas durante la década de 1980 fragmentaron las universidades estatales, favorecieron la expansión privada y desplazaron buena parte del financiamiento hacia los aranceles. La educación superior dejó de ser concebida primordialmente como una responsabilidad colectiva y comenzó a organizarse como un bien cuyo acceso debía resolverse, en gran medida, mediante decisiones familiares e individuales.
Sería intelectualmente insuficiente afirmar que la universidad chilena actual es una mera continuación de ese diseño. Durante las últimas décadas se amplió de manera considerable el acceso, ingresaron grupos históricamente excluidos y se fortalecieron los dispositivos públicos de regulación. La gratuidad, las políticas de inclusión y el desarrollo del aseguramiento de la calidad expresan correcciones relevantes. Sin embargo, considero que la matriz heredada continúa operando en la forma en que las instituciones compiten por estudiantes, prestigio y financiamiento. El sistema se ha democratizado en su cobertura, aunque todavía no resuelve plenamente las desigualdades que atraviesan las trayectorias estudiantiles ni las condiciones laborales de quienes sostienen la docencia y la investigación.
Observo, además, una paradoja característica de nuestro presente. Nunca se había exigido a las universidades demostrar con tanta precisión aquello que hacen, pero esa creciente capacidad de registro no siempre permite comprender el sentido de su labor. La calidad tiende a confundirse con aquello que puede acreditarse, cuantificarse o compararse. No rechazo la evaluación ni considero que las instituciones deban permanecer exentas de rendición pública. Mi reparo aparece cuando el indicador deja de ser un medio de observación y se transforma en la medida exclusiva de lo valioso. Una universidad puede cumplir formalmente sus estándares y, pese a ello, debilitar su capacidad crítica, su compromiso territorial o la formación de una ciudadanía democrática.
En este punto, la memoria del golpe de Estado adquiere una vigencia que excede la conmemoración. Jacques Derrida imaginó la universidad sin condición como un espacio en el que debía preservarse el derecho a interrogar públicamente cualquier verdad instituida. Entiendo esa formulación no como una defensa del aislamiento académico, sino como una exigencia democrática. La universidad necesita autonomía para examinar los poderes que la financian, las categorías con que se la evalúa y las desigualdades que ella misma puede reproducir. Cuando esa facultad de interrogación se debilita, la educación superior conserva su estructura administrativa, pero pierde una parte sustantiva de su razón pública.
También me parece necesario defender el pluralismo universitario frente a una interpretación complaciente de la neutralidad. La convivencia democrática no demanda indiferencia ante el autoritarismo ni obliga a equiparar el conocimiento histórico con su negación. Una comunidad universitaria plural debe admitir el desacuerdo, someter sus afirmaciones al examen razonado y proteger la libertad de expresión. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad de reconocer que la democracia establece las condiciones que hacen posible esa deliberación. No existe libertad académica duradera allí donde se normaliza la persecución de las ideas, se relativiza la violencia estatal o se convierte al adversario intelectual en enemigo.
Desde mi perspectiva, esta discusión resulta especialmente relevante para las universidades públicas regionales. La democracia también posee una dimensión territorial y se debilita cuando el conocimiento, las oportunidades y las decisiones se concentran en unos pocos espacios. Una universidad vinculada con su entorno no debe limitarse a transferir soluciones previamente elaboradas. Debe ser capaz de escuchar, aprender y permitir que las necesidades de las comunidades modifiquen sus prioridades. En esa relación se juega una parte significativa de la legitimidad contemporánea de la educación superior.
Conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado requiere, entonces, algo más que preservar el recuerdo. Nos demanda examinar qué universidad hemos construido y qué formas de convivencia estamos dispuestos a sostener. En lo personal, aspiro a una educación superior que no reduzca su misión a producir credenciales, publicaciones o indicadores, sino que contribuya a formar juicio, ampliar el mundo común y custodiar las condiciones de la deliberación democrática. De este modo, la memoria adquiere sentido cuando deja de ser una ceremonia sobre el pasado y se convierte en un criterio para decidir el presente.
