¿No te interesa la política? Ahora la política te obliga a preguntarte por qué salen de la cárcel abusadores de niños
Por: Álvaro Ortiz Villalobos
Este miércoles 21 de octubre fui a un recital, algo que no hago muy seguido. Muchas veces el anuncio de estos eventos me toma desprevenido y decidir asistir no es fácil, al menos para mí, económicamente. Se trataba de Kneecap, un grupo de rap de Belfast, Irlanda del Norte. Me convencí de ir por una razón que iba más allá de su música: se sentía como una declaración política. Desde sus inicios, su trabajo ha estado atravesado por el abanderamiento de la causa republicana irlandesa. Sus integrantes encontraron en el rap en irlandés una forma de reivindicar una lengua históricamente desplazada y una identidad cultural que durante décadas ha estado en tensión con la tradición británica dominante.
La política no estaba afuera del concierto: era parte de lo que ocurría entre el artista y el público. Abundaban las camisetas de Palestino y el concierto partió con la condena al genocidio en Gaza. Como si no graficara lo suficiente el ambiente, al menos cada par de canciones se armaba un coro de “chúpalo, Kast”.
Me llamó la atención que nadie pareciera tener reparos en expresar abiertamente su postura de alguna forma. Quienes estábamos ahí entendíamos que nada de lo que habíamos ido a consumir era ajeno a la política: ni la música, ni los mensajes de la banda, ni las causas que defendía. En el fondo, también compartíamos la idea de que la discusión pública no empieza ni termina en las instituciones. Pero esa naturalidad contrasta con una realidad chilena en la que parece más sencillo mantenerse al margen que detenerse a cuestionar lo que ocurre políticamente a su alrededor.
Según la tercera entrega de la encuesta Convivir Sin Manual, elaborada por el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) y el Observatorio de Desigualdades (OBDE) de la Universidad Diego Portales, durante los últimos doce meses el 59% de las personas declaró haber callado una opinión por temor a ser malinterpretada. El 49% evitó expresarse ante la posibilidad de ser expuesto o recibir una funa, mientras que el 63% reconoció haber dudado si una broma o comentario podía resultar ofensivo. En ese escenario, manifestar una posición política o valórica también puede convertirse en un riesgo que muchos prefieren no asumir. Y aunque detenerse a pensar en el efecto de nuestras palabras es parte de una convivencia respetuosa, otra cosa es que el temor a las críticas termine por impedir nuestro propio trabajo de cuestionamiento, tanto interno como externo.
Lo difícil es que mantenerse al margen no significa quedar al margen de sus consecuencias. El escándalo por las rebajas de condena concedidas por el gobierno de José Antonio Kast a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes es un ejemplo difícil de ignorar. Los beneficios fueron tramitados mediante decretos firmados por el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, y alcanzaron incluso a personas cuyos informes de Gendarmería advertían un alto riesgo de reincidencia, falta de reconocimiento de sus delitos y escasa empatía con las víctimas.
El rechazo ciudadano ha sido casi transversal y el 94% está en desacuerdo con estos beneficios, según la última medición de Plaza Pública Cadem. Es difícil pensar que una cifra de esa magnitud no incluya a personas que votaron por Kast y que, sin embargo, consideran inaceptable lo ocurrido. Y es que hay asuntos que atraviesan las diferencias electorales y frente a los cuales no debería importar demasiado quién está en La Moneda. La protección de niños, niñas y adolescentes, la justicia y la responsabilidad frente a las víctimas son algunos de ellos. Por eso, el rechazo a estas rebajas también obliga a preguntarse cuántas personas que eligieron al actual mandatario hoy se encuentran cuestionando decisiones que nunca formaron parte de las razones por las que le entregaron su voto.
No podemos indignarnos cuando retroceden derechos, se debilitan instituciones o se imponen criterios que afectan nuestras vidas, si antes hemos aceptado que la política es un asunto del que podemos desentendernos. Porque cuando dejamos de disputar el espacio público, no desaparecen las ideas ni los discursos, sino que quedan en manos de quienes sí están dispuestos a ocuparlo, muchas veces apelando al miedo, al resentimiento y a las frustraciones cotidianas para instalar su propia lectura de la realidad. Y cuando advertimos que esa conversación ya está moldeando el rumbo del país en función de intereses ajenos a los nuestros, puede que buena parte del terreno ya esté perdido.
En Chile, el retorno del voto obligatorio modificó radicalmente el escenario electoral. Después de años en que la participación no alcanzaba siquiera a la mitad del padrón, el plebiscito constitucional de 2022 convocó al 85,8% del electorado, más de 13 millones de personas. En las elecciones de 2025, la participación volvió a superar el 85%. Sin embargo, sería un error confundir esa concurrencia con una ciudadanía necesariamente más involucrada y consciente de lo que está en juego.
La política no termina cuando se deposita el voto. Durante mucho tiempo fue posible tratarla como un asunto ajeno, una discusión entre partidos, autoridades y personas particularmente interesadas en ella. Hoy, millones de personas deben enfrentarse a una papeleta y tomar una decisión, incluso cuando no se sienten representadas por las alternativas disponibles. Pero participar no es lo mismo que involucrarse, así como votar desde el descontento no significa necesariamente comprender qué se quiere cambiar.
Para eso hace falta informarse, conocer las definiciones que afectan nuestras vidas y entender qué intereses hay detrás de ellas. De lo contrario, corremos el riesgo de reducir la política a elegir entre opciones cada cierto tiempo y dejar que otros decidan qué ocurre durante el resto del camino. Basta mirar a esos votantes de Kast que, esperando más seguridad, hoy tienen que explicar cómo se compatibiliza esa promesa con la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
