Colonia Dignidad: la isla del terror que sigue haciendo daño

Por: Verónica Aravena Vega

Sobre por qué el negacionismo de Kast tendrá que responder en Estados Unidos

La expropiación de Colonia Dignidad estaba en marcha, el gobierno anterior la había iniciado para sacar el recinto de manos privadas y dejar que la justicia entrara sin pedir permiso. Sin embargo, José Antonio Kast la frenó y la llamó “revisión”. Con esa palabra, el terreno se queda en manos de privados que lo explotan, como Villa Baviera, con restaurante y cabañas incluidas. Asimismo, el Plan Nacional de Búsqueda pierde la garantía de acceder al suelo donde todavía hay cuerpos por encontrar. Y para un juez que investiga desapariciones, un predio privado es una puerta con candado, un territorio aparte donde la ley pide permiso para entrar.

Después está el dinero. Paulina Zamorano, abogada de la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, contó más de mil 800 millones de pesos en reajustes que caen sobre salud, vivienda, protección social y sobre los programas de memoria y reparación. A los sitios se les retrasan las transferencias y se les dejan caer los fondos, hasta que el lugar muere de inanición administrativa.

Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, fue clara: revertir la expropiación no es un ajuste administrativo ni una reconsideración técnica, es un acto político regresivo. Con los condenados por lesa humanidad este gobierno inventó el indulto pasivo, no otorga el beneficio, solo deja de oponerse, y el torturador sale igual sin que nadie cargue con la decisión. Con la memoria opera del mismo modo. Nadie ordena destruir un archivo. Basta con retrasar una transferencia hasta que el archivo se pierde solo. El presupuesto es un arma cómoda: ningún funcionario firma nada, y al final del año solo queda un número en rojo donde antes había un programa.

Ninguna de estas medidas está suelta. Frenar la expropiación, cambiar la representación judicial del Estado en las causas de derechos humanos, debilitar los equipos especializados, dejar caer los beneficios sobre los condenados, recortar el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y los fondos de los sitios; puestas en fila, todas favorecen al mismo lado, el de los que enterraron, mientras quien busca se queda con menos herramientas cada año. Este gobierno viene de los que aplaudieron el golpe y nunca lo lamentaron, y ahora, desde el poder, cuidan esa herencia con otros métodos. Ya no discuten las cifras de muertos ni defienden a Pinochet en cámara, consiguen el mismo resultado administrando: se limitan a no pagar su reparación, que le rinde igual.

Esto también es violencia, aunque no tenga la cara de los tanques frente a La Moneda. Es la violencia de los formularios, la del ministro que explica con voz pausada por qué importa más levantar viviendas que buscar muertos, como si la decencia de un país se midiera en metros cuadrados. Tratar esto como austeridad es tragarse el disfraz. La desaparición forzada es, en derecho, un delito permanente. Se sigue cometiendo cada día que el cuerpo no aparece. Mientras la fosa siga cerrada, el crimen está ocurriendo ahora, no en 1975. El Estado que no paga la excavación elige que el crimen continúe. Se corre del lado de la víctima al lado de quien la enterró. Un sitio de memoria, dice Romero, es en sí mismo una garantía de no repetición. Cada peso que no llega es una toma de posición.

La escritora Brigitte Vasallo, en su libro “La fosa abierta”, publicado este año, cuenta que el silencio es la llave con que los poderosos guardan la historia de los que perdieron. El pobre no llega a su propio pasado porque otro lo tiene bajo custodia. Aquí pasa igual: las familias de los detenidos desaparecidos no acceden a su historia porque el Estado la mantiene secuestrada en una fosa que no deja abrir y en unos recursos que este año decidió no entregar.

Ese silencio lo conozco de cerca. A mi abuelo lo torturaron en Colonia Dignidad. Volvió sin una palabra y se murió igual, con el silencio fundido al cuerpo como una segunda piel. Nunca supimos qué le hicieron ahí adentro porque nunca pudo decirlo. Me enteré de casi todo por el cine, por documentales que vi sola de noche, reconociendo algo que en mi casa nadie había nombrado nunca. De él aprendí que el silencio se produce, que alguien lo trabaja. Sus torturadores lo hicieron con las manos, y con el terror justo para que las palabras dejaran de parecerle seguras el resto de su vida. Cargó solo con el crimen de otros, y sin quererlo los protegió hasta el día que murió. Ahora el trabajo lo hace un gobierno con guantes limpios. No hace falta una orden ni un culpable con nombre, basta con no firmar la transferencia que mantiene abierto un sitio y dejar que el tiempo pudra los archivos y entierre las causas.

El 5 de agosto la Comisión Interamericana realiza en Washington la primera audiencia sobre cómo las medidas de este gobierno afectan los derechos humanos en Chile. La pidieron organizaciones chilenas de memoria y derechos humanos, las mismas que llevan años sosteniendo los sitios y las búsquedas que ahora se quedan sin fondos. Lo que acá se maquilla de reajuste, afuera se lee como patrón. Erika Hennings, directora de Londres 38, lo planteó como una alerta antes de que el retroceso se vuelva costumbre. La audiencia le devuelve el nombre político a lo que el gobierno quiere mantener como trámite.

Un recorte a la memoria no deja muertos en la calle. Deja un daño que tarda una generación en aparecer. Hay más de mil familias en Chile que no saben dónde están sus muertos, que llevan cincuenta años preguntando y recibiendo silencio, que heredaron una ausencia sin coordenadas, sin el lugar mínimo donde ir a decir: “aquí ocurrió” o “aquí te busco”. Ese duelo no cierra y se hereda hacia abajo, a hijos y nietos que cargan una rabia sin origen. Este gobierno apuesta a que el cansancio llegue antes que la justicia, a que las familias se rindan, a que los testigos se mueran, a que los jóvenes tengan otras urgencias. Les deja a los que vienen una deuda que todavía no saben que cargan: la de un país que aprendió a elegir qué crímenes recuerda y cuáles conviene dejar bajo un decreto de ajuste.

Mientras tanto, en Colonia Dignidad alguien pide otra cerveza sentado sobre una fosa donde hay un hombre al que su madre buscó hasta morirse. Este gobierno sabe que está ahí, y el dinero que dice no tener es apenas la excusa, porque lo que de verdad no reconoce es esa muerte como una deuda, y a lo que no se reconoce nunca se le paga entierro.