Chile en liquidación, parte 2: la “megacolecta”

Por: Nicolás Verdejo Cariaga

La megaincivilidad ya encontró su obra benéfica. Después de reducir la contribución tributaria de quienes concentran la riqueza, el Gobierno descubrió que reconstruir ciudades cuesta dinero. Debió de ser una sorpresa mayúscula. Al parecer, carreteras, viviendas, escuelas, sistemas de agua potable y barrios destruidos todavía no se levantan mediante discursos sobre crecimiento, confianza empresarial y libertad económica.

Ante semejante revelación, apareció una solución digna del pensamiento fiscal de nuestro tiempo: pedirle plata a la gente. El Ministerio de Hacienda activó el Fondo Nacional de Reconstrucción para recibir aportes de personas, empresas y organizaciones destinados a las zonas afectadas por el sistema frontal entre Atacama y Los Ríos. Las donaciones pueden realizarse en dinero, especies y ejecución de obras. Además, quienes aporten accederán a beneficios tributarios. El mecanismo permanecerá abierto hasta por dos años.

La escena tiene una belleza casi perfecta. El Estado renuncia a recaudar recursos de manera obligatoria, progresiva y democrática. Luego abre una cuenta bancaria, prepara una campaña comunicacional y apela a la generosidad nacional. Al contribuyente común se le presenta una nueva oportunidad para demostrar su patriotismo. Ya pagó impuestos, financió servicios básicos mediante tarifas y soportó durante años el deterioro de la infraestructura pública. Ahora también puede colaborar con la reconstrucción que el propio Estado declara incapaz de financiar adecuadamente. Todo voluntario, por supuesto.

Los damnificados también deberán confiar en que la solidaridad nacional se encuentre de buen ánimo, que las empresas vean una oportunidad reputacional atractiva y que algún directorio considere suficientemente fotogénica la reconstrucción de una escuela rural. La garantía estatal cede espacio a la sensibilidad corporativa. Los derechos comienzan a competir por atención como proyectos en una plataforma de financiamiento colectivo.

Quizás pronto cada localidad pueda producir su propio video promocional. Una música conmovedora, imágenes aéreas del desastre, testimonios breves y un botón para donar. Las comunas con mejores equipos audiovisuales tendrán una pequeña ventaja. Las demás podrán esperar pacientemente la visita de algún empresario con vocación filantrópica y disponibilidad presupuestaria.

El Gobierno incluso elaborará una cartera de proyectos para orientar los aportes privados. Hacienda coordinará el financiamiento público de aquellas obras que no logren atraer donaciones. La reconstrucción adquiere así la lógica de una vitrina. Algunos proyectos resultarán seductores. Otros quedarán para el Estado, ese patrocinador de última instancia al que previamente se le redujeron los ingresos.

La solidaridad ciudadana merece respeto. Su utilización como coartada fiscal merece bastante menos. Chile posee una larga historia de personas organizándose para enfrentar incendios, terremotos, inundaciones y abandonos institucionales. Vecinos que cocinan, trabajadores que entregan parte de su salario, estudiantes que remueven escombros y comunidades que reconstruyen antes de que llegue la autoridad. Esa capacidad colectiva constituye una de las virtudes más admirables del país. Precisamente por eso resulta tan tentador explotarla.

El problema aparece cuando la solidaridad deja de complementar la acción estatal y comienza a reemplazarla. Entonces la generosidad popular se convierte en una fuente de financiamiento y la emergencia ofrece una nueva ocasión para reducir las obligaciones de quienes más poseen.

La megarreforma del Gobierno contempla bajar el impuesto corporativo del 27 al 23 por ciento sin una compensación equivalente. También incorpora incentivos a la repatriación de capitales y una reducción del impuesto a las donaciones. Para las grandes fortunas, el mensaje resulta tranquilizador. Pagar menos impuestos es crecimiento. Donar una fracción de lo ahorrado es solidaridad. Recibir beneficios tributarios por esa donación es responsabilidad social. Un negocio cívico redondo.

La diferencia entre impuestos y donaciones suele borrarse deliberadamente. El impuesto obliga a contribuir según reglas comunes y entrega a las instituciones democráticas la responsabilidad de distribuir los recursos. La donación permite elegir cuánto aportar, cuándo hacerlo, dónde dirigir el dinero y cuánta publicidad obtener a cambio. El impuesto reconoce una obligación con la comunidad. La filantropía convierte esa obligación en una decisión personal. Ahí reside el verdadero encanto del Fondo.

Una empresa puede reducir su carga tributaria, conservar mayor control sobre sus recursos y luego presentarse ante el país como benefactora. El ciudadano observa agradecido cómo una pequeña parte del dinero que dejó de ingresar al presupuesto público regresa convertida en ceremonia, placa conmemorativa y fotografía corporativa.

El Estado también gana algo. Puede exhibir la colaboración público-privada como prueba de eficiencia, aunque esa colaboración comience con el debilitamiento deliberado de la capacidad pública. Si faltan recursos, se invoca la austeridad. Si la austeridad produce carencias, se convoca a la solidaridad. Si la solidaridad responde, se celebra el éxito del modelo.

Algún entusiasta llamará a esto sociedad civil activa. Conviene recordar que una sociedad civil activa puede organizarse para exigir derechos y responsabilidades. También puede ser convocada para llenar los vacíos que deja un Estado en retirada. El Gobierno parece preferir la segunda versión. Es más dócil, más emotiva y bastante más barata.

La campaña del Fondo Nacional de Reconstrucción revela así la pedagogía social de la megaincivilidad. A los ricos se les enseña que contribuir es opcional y potencialmente descontable de impuestos. Al resto se le recuerda que siempre puede hacer un esfuerzo adicional. Después vendrá el agradecimiento oficial. Habrá autoridades orgullosas, empresas comprometidas y ciudadanos ejemplares. Los damnificados recibirán ayuda, aunque probablemente nunca sabrán cuánto de esa ayuda debió haber estado asegurada desde el comienzo mediante instituciones públicas suficientemente financiadas. La reconstrucción quedará presentada como una hazaña de la generosidad nacional. El desfinanciamiento estatal desaparecerá discretamente del encuadre.

La derecha radical soñaba con un Estado pequeño. Ha encontrado una fórmula todavía más elegante. Un Estado que cobra menos a quienes más tienen, pide ayuda a quienes trabajan y entrega certificados de buena conducta a quienes decidan devolver una parte de lo recibido. La megaincivilidad ya tiene alcancía.