Una mirada a la extrema derecha en Chile: la pedagogía de la crueldad contra los vulnerables

Por Sofía Varas Rojas, socióloga, especialista en salud mental, infancias y derechos humanos

¿En qué momento la contemplación de la crueldad hacia los más vulnerables se volvió parte del paisaje cotidiano sin despertar resistencia? Al revisar registros recientes en Chile, donde figuras emergentes de la extrema derecha exhiben regalos de cumpleaños con alusiones explícitas al abuso y la pedofilia dirigida a infancias autistas, presentando la aberración bajo el ropaje de la provocación política, o al ver el caso de una influencer que tortura a un perro administrándole wasabi para sumar likes, la opinión pública se enfrenta a una degradación profunda. La pantalla muestra la violencia con total soltura y la reacción colectiva se diluye en el scroll. Esta capacidad de transformar el sufrimiento en espectáculo expone un fenómeno inquietante: la banalización del mal y la erosión de la sanción social frente al abuso.

Lejos de ser hechos aislados o “salidas de madre” de internet, estas manifestaciones responden a una matriz cultural persistente que regula el comportamiento de las élites y sectores conservadores en Chile. La impunidad con la que se desenvuelven guarda relación directa con las contradicciones que cruzan a proyectos políticos como los promocionados por sus partidos. La presencia recurrente de autoridades, candidatos y asesores de este sector con denuncias por violencia intrafamiliar, causas por consumo o tráfico de drogas e investigaciones por abuso sexual o vulneración de menores devela un patrón estructural. La apelación discursiva al orden, la moral y la familia coexiste, sin complejos, con prácticas privadas y públicas marcadas por el avasallamiento a los desposeídos. No buscamos decir que en las izquierdas no existan, sino que en estas líneas buscamos abrir el debate a un análisis sociológico de su forma de comportarse y construirse.

Durante décadas se intentó instalar la idea de que existían mínimos éticos infranqueables en el debate público. Sin embargo, la irrupción de proyectos ultras dejó al descubierto la fragilidad de esa tregua. La contención social cedió paso a un entorno político y mediático que minimiza, justifica o relativiza las agresiones a trabajadores, animales, mujeres e infancias, consolidando la certeza de que el capital social y económico otorga un fuero de facto ante la ley.

De la sanción social a la impunidad de clase: el impacto sistémico

El desarrollo histórico de esta permisividad requiere mirar los hitos que han moldeado la memoria colectiva. Durante la dictadura civil-militar se estructuró un modelo cimentado en la deshumanización del opositor, cuyas secuelas éticas siguen abiertas. Décadas más tarde, en septiembre de 2013, el atropello y muerte del trabajador Hernán Canales a manos de Martín Larraín Hurtado, hijo del entonces presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, dejó al desnudo cómo operaría la justicia según la cuna. La absolución dictada en 2014 por el Tribunal Oral de Cauquenes instaló la certeza de que la vida obrera y rural enfrenta un valor asimétrico frente a las redes de influencia de la clase dominante.

Esta disparidad reapareció con fuerza tras la condena emitida en julio de 2024 contra Eduardo Macaya Centeno por abuso sexual infantil reiterado, donde se reabrió el cuestionamiento sobre los mecanismos de protección que blindarían a las familias de altos ingresos. Y es que, cuando las instituciones aplican criterios opuestos según la cuna del imputado, la noción de igualdad ante la ley se desmorona, generando una anomia donde las normas pierden su fuerza obligatoria. Esta asimetría debilita los frenos colectivos y facilita que la agresión hacia los sectores populares sea percibida con menor gravedad.

Este circuito de privilegios funciona como una pedagogía del poder: le enseña a la sociedad que el castigo es una carga reservada para quienes carecen de redes, mientras que para la élite la ley es un terreno negociable. Cuando el ciudadano común constata que los apellidos ilustres o el peso del capital neutralizan la sanción legal, el pacto de convivencia se fractura. Se impone así un pragmatismo cínico, donde la norma deja de ser un marco compartido y se convierte en una herramienta coercitiva que opera solo de arriba hacia abajo.

Instrumentalización del otro: la visión utilitarista de los vulnerables

La reiteración de estos eventos expone una premisa profunda: la incapacidad de la élite conservadora para concebir al subordinado como un igual. En la praxis de las clases acomodadas y sus expresiones políticas de extrema derecha, la alteridad es reducida a un objeto de consumo, entretenimiento o reafirmación de estatus.

Los sectores dominantes incorporan esquemas de percepción que naturalizan su posición en la pirámide social. Desde ese lugar, el trabajador campesino expuesto a la precariedad, el animal sometido al dolor para generar interacción digital o las infancias autistas vulneradas en rutinas de burla no son integrados como pares en el pacto social. Operan, más bien, como cuerpos disponibles para el ejercicio del privilegio de clase y la demostración de un poder que casi nunca encuentra contrapesos efectivos.

Esta mirada convierte la empatía en un bien de lujo y el desprecio en un hábito cotidiano. Al despojar al vulnerado de su dimensión humana o de su capacidad de sentir dolor, el abusador valida su propia conducta sin experimentar culpa ni conflicto ético. La fragilidad ajena deja de apelar a la protección comunitaria y pasa a ser leída como un rasgo de inferioridad que justifica el sometimiento, reforzando una cultura donde el más fuerte impone sus reglas bajo el aplauso de sus pares.

Dispositivos ideológicos y biopolítica: Normalización del dominio sobre los cuerpos

Para comprender cómo estas dinámicas logran sostenerse en el tiempo, basta examinar el ecosistema discursivo controlado por las élites, donde sus propias faltas, excesos o transgresiones morales son presentados ante la opinión pública como incidentes aislados, errores personales o “trolleos”, neutralizando cualquier interpretación sistémica.

A este blindaje se suma una lógica biopolítica de control sobre las corporalidades. La violencia ejercida o relativizada por sectores ultraconservadores hacia infancias autistas o trabajadoras evidencia una pretensión de dominio sobre las condiciones de vida de los grupos vulnerables. Los actos de crueldad o la burla ante faltas gravosas pierden su carga de repudio cuando se integran a la rutina de la figuración política y el consumo de redes sociales, normalizando la transgresión en la esfera pública.

En este engranaje, las plataformas digitales actúan como amplificadores que premian la provocación y castigan la moderación. La violencia simbólica se empaqueta como contenido consumible y se disfraza de “libertad de expresión” o “humor políticamente incorrecto”, desarmando los anticuerpos críticos de la audiencia. De este modo, la crueldad deja de indignar para pasar a formar parte de la parrilla de entretenimiento diario, pavimentando el camino para que el atropello real sea tolerado con absoluta naturalidad.

Normalización de la falta: permisividad ante el delito económico y el consumo de sustancias

Existe una condescendencia histórica frente a las infracciones cometidas por los sectores acomodados y la derecha política. Los delitos de cuello y corbata, las irregularidades financieras en municipios y la presencia reiterada de causas vinculadas al consumo o tenencia de sustancias ilícitas en estos círculos suelen recibir un tratamiento periodístico y judicial infinitamente más benévolo que el aplicado a los sectores populares.

Las élites chilenas han construido mecanismos de aislamiento que minimizan el estigma derivado de sus infracciones. El uso de drogas o la malversación de fondos en comunas de altos ingresos son interpretados comúnmente como extravíos privados o faltas administrativas, mientras que conductas similares en barrios de la clase trabajadora son severamente criminalizadas. Esta dualidad consolida un margen de tolerancia diferenciado ante la norma penal.

Esta doble vara moldea la percepción del delito en el imaginario colectivo, asociando la criminalidad de manera selectiva a la pobreza y el margen social. Mientras que la falta popular es leída como una amenaza al orden público que exige mano dura, la infracción en las élites se matiza bajo la narrativa de la “rehabilitación privada” o la “falla técnica”. Así, el sistema judicial y los medios construyen un cerco protector que resguarda el prestigio de la clase dominante, perpetuando la ilusión de su idoneidad moral.

Banalización del trauma histórico y la matriz autoritaria

El negacionismo y la relativización de los crímenes de la dictadura militar constituyen otro eje central en la estrategia de la extrema derecha. La permanente descalificación de los informes de derechos humanos por parte de voceros del sector busca despojar a la memoria histórica de su peso ético, transformando la violencia de Estado en una mera controversia política.

La falta de un rechazo categórico a las atrocidades del pasado obstaculiza la formación de un piso ético compartido. Al matizar el terrorismo de Estado bajo argumentos de contexto histórico, los sectores radicales reducen el costo social de la transgresión. Este ejercicio de revisión no solo afecta la lectura del pasado, sino que habilita en el presente discursos autoritarios y prácticas de exclusión sin la sanción moral que debería imponer la experiencia histórica.

El peligro de este revisionismo radica en que desensibiliza a la sociedad frente a los abusos del presente. Cuando se naturaliza que en el pasado se violaron derechos bajo la excusa del “bien común” o la “salvación nacional”, se establece un precedente mental donde cualquier arbitrariedad actual resulta justificable. La desmemoria programada no es un descuido, sino un cálculo político destinado a vaciar de contenido la noción de dignidad humana para que el ejercicio del poder autoritario no enfrente resistencias.

La crisis moral en la protección a las infancias

El discurso de resguardo de la familia promovido por la extrema derecha contrasta con los vacíos y contradicciones de su aplicación práctica. La acumulación de causas judiciales por abusos sexuales, la justificación de figuras cuestionadas por transgresiones a menores y la presencia de denuncias por violencia intrafamiliar en integrantes de estas colectividades evidencian que el concepto de protección infantil es instrumentalizado como recurso retórico, disociado de un compromiso efectivo con los derechos de la niñez.

Cuando estos actos afectan a infancias autistas o en situación de discapacidad, la asimetría se vuelve patente. La tolerancia ante la burla o el maltrato hacia comunidades neurodivergentes responde a una estructura social que prioriza la protección de las redes de pares y la “libertad de provocación” por sobre la salvaguarda de la dignidad humana, dando cuenta de una profunda severidad en los criterios de empatía y resguardo social.

Esta doble moral revela que el concepto de “defensa de la infancia” utilizado por estos sectores no busca proteger a todas las niñeces, sino imponer un modelo de familia selectivo y funcional a sus intereses políticos. Mientras se persigue con fiereza el debate sobre derechos o diversidad, se extiende un velo de complicidad y silencio cuando los vulneradores pertenecen a sus propios círculos. La protección de los vulnerables deja así de ser un deber ético universal y se convierte en un eslogan prescindible cuando choca con la lealtad de clase.

Reclamo de un nuevo límite ético en la esfera pública

La confluencia de la impunidad judicial, la desprotección de los trabajadores, el maltrato animal, la relativización de los crímenes de la dictadura, la permisividad ante delitos económicos y las denuncias por abusos en las filas conservadoras han tensionado los marcos de la convivencia social. Lo que en periodos de mayor cohesión suscitaría un rechazo transversal, hoy corre el riesgo de ser asimilado como una variante más del espectáculo mediático. Restituir la capacidad de juzgamiento crítico frente a la arbitrariedad representa una tarea urgente para evitar que la vulnerabilidad de infancias, animales y trabajadores continúe siendo el terreno donde se afirma la impunidad de las élites.

Esta reconstrucción ética exige que la ciudadanía y los medios abandonen la posición de espectadores pasivos ante la crueldad empaquetada como entretenimiento o debate político. Recuperar la indignación frente a la agresión injustificada no es una postura dogmática, sino el presupuesto básico para garantizar un piso de convivencia democrática. Si no se fijan límites claros a la impunidad de clase y a la violencia hacia los más frágiles, el pacto social terminará reducido a la ley del más fuerte, donde la dignidad humana pasa a ser un privilegio optativo sujeto a la voluntad de los poderosos.

Referencias

• Althusser, L. (2015). Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Editorial Akal.
• Arendt, H. (2006). Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal. Lumen.
• Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Siglo XXI Editores.
• Durkheim, É. (2014). La división del trabajo social. Akal.
• Foucault, M. (2008). Historia de la sexualidad 1: La voluntad de saber. Siglo XXI Editores.
• Gramsci, A. (2011). Antología. Siglo XXI Editores.
• Levinas, E. (2002). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad. Ediciones Sígueme.
• Lira, E. (2013). Derechos humanos y reparación en Chile: El consenso pendiente. Persona y Sociedad, 27(2), 35-58.
• Méndez, M. L. (2018). Privilegio, espacio y reproducción social en el Chile urbano. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
• Valenzuela, M. E. (2020). Familia, infancia y derechos en el Chile neoliberal. Ediciones Universidad de Chile.