Toma de mando en Perú: entre denuncias de impunidad por crímenes de lesa humanidad y el debate sobre el Estado de derecho

Keiko Fujimori asumirá este martes la presidencia de Perú, reabriendo el debate en materia de derechos humanos. En el país entró en vigencia una ley que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002. En este periodo se incluyen los cometidos durante la dictadura de su padre, Alberto Fujimori, entre ellos las esterilizaciones forzadas de indígenas que afectaron a unas 350.000 mujeres y 25.000 hombres.

Por: Redacción El Arrebato

Este martes Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú. Su figura como hija de Alberto Fujimori, expresidente y protagonista de un autogolpe en 1992, vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre derechos humanos en el país. Y es que, su llegada al poder ocurre en plena vigencia de la Ley N° 32419, una norma de amnistía general aprobada por el Congreso que extingue las investigaciones y procesos penales contra militares, policías y comités de autodefensa vinculados a crímenes graves cometidos antes de 2022. A esto se suma la reciente promulgación de la Ley N° 32735, la cual desvía automáticamente las denuncias de abusos de las fuerzas del orden en estados de emergencia hacia la justicia militar, ordenando su archivo inmediato en el fuero ordinario.

Tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos alertaron durante toda la tramitación de las iniciativas que las normas favorecerían la impunidad de decenas de casos de violaciones a derechos humanos en el país, específicamente durante el periodo de conflicto armado interno que abarcó desde 1980 a los 2000.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (Aprodeh), explicó que la “ley 32419 permite que se revisen y eviten investigaciones sobre casos vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, esterilizaciones forzadas, torturas, entre otros delitos de alta gravedad. De igual manera, el Ministerio Público expresó su rechazo a la norma, calificándola de jurídicamente inviable y señalando que perjudicaría a más de 600 casos en curso, afectando a miles de víctimas y sus familiares”.  

Pese a las oposiciones y desafiando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley y el Gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte dio luz verde para su promulgación. Según la ONG con sede en Lima, se trató de un “abierto desacato de ambos poderes del Estado peruano a lo ordenado por la Corte IDH, cuya competencia contenciosa ha sido reconocida por el Estado peruano desde hace décadas”.

Desde la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, (cargo que antes ocupó la expresidenta de Chile Michelle Bachelet), insistió en que esta nueva legislación que prescribe los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes de 2002 “contraviene las obligaciones de Perú en virtud de las leyes internacionales y alerta de un contexto de retrocesos en la esfera de las garantías fundamentales en ese país”.

“Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra figuran entre las violaciones más graves del derecho internacional y no deben ser objeto de amnistías ni prescripción”, insistió.

En esta línea, desde el organismo confirmaron que con su entrada en vigencia queda suspendido el proceso judicial que estaba abierto en contra del fallecido Alberto Fujimori. Además de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos ejecutados en las décadas de 1980 y 1990, entre ellos las esterilizaciones forzadas de 350 mil mujeres indígenas, campesinas y de bajos recursos; además de 25 mil hombres.

Con ello, acotaron que “la legislación anulará las sentencias ya dictadas a los casos sucedidos durante el gobierno de Fujimori, quien salió de prisión por razones humanitarias el año pasado”.

LOS MILITARES

Generales de División que fueron Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandantes Generales del Ejército del Perú aplaudieron la iniciativa legislativa asegurando que hace “justicia a los militares y policías que por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años abusivamente han sufrido persecución y han sido injustamente procesados por el sistema judicial del Perú”.

Con ello, negaron los crímenes de lesa humanidad que se cometieron previo a 2002, asegurando que “durante décadas algunos magistrados influidos o sometidos por algún poder oscuro de ideologías absurdas amparándose en las ilegales resoluciones de la CIDH o con cualquier otro pretexto simplemente calificaron cualquier supuesto delito como ‘lesa humanidad'”.

En esta línea, argumentaron que en esos años “lo que realmente ocurrió en el Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático”.

Recordar que uno de los episodios desatados en dicha “defensa contra el terrorismo” fueron las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Alberto Fujimori argumentó un supuesto vínculo de las víctimas con Sendero Luminoso. En el primer caso, el grupo Colina, un escuadrón de la muerte perteneciente al Ejército ejecutó a 15 personas, incluyendo a Javier Ríos Rojas de 8 años: se encontraban celebrando una pollada, una de las fiestas más populares del país.

Sobre La Cantuta, las víctimas fueron nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Tras ser secuestrados, dos de ellos fueron descubiertos en fosas clandestinas días después, los demás permanecen desaparecidos hasta hoy.

MASACRE DE AYACUCHO

La preocupación por los retrocesos de Perú en materia de derechos humanos y del estado de derecho se agudizan cada día y así lo manifiestan organizaciones del país, quienes advierten que la problemática no solo abarca las décadas pasadas, sino que el debilitamiento de las instituciones democráticas se vive con casos recientes.

La llamada Masacre de Ayacucho de 2022 es uno de los episodios donde se alega lentitud de la justicia. Se trata del asesinato, en medio de las protestas sociales de ese año, de diez manifestantes a manos de policías y militares mandatados por la destituida presidenta Dina Boluarte.

Si bien, la investigación presentó una serie de avances a nivel local, las indagatorias en contra de Boluarte por parte de la Fiscalía de la Nación no son las esperadas. Hasta ahora, solo se acusó a la exmandataria por dos de las diez víctimas. Todos los cuerpos tenían impactos de bala en la cabeza o el torso.