Chile ya no es el mejor país de Chile

Por: Sofía Varas Rojas

Tengo diecisiete años y cada vez entiendo más que la política no está solamente en las noticias. Está en mi casa. Está cuando mi mamá vuelve del supermercado y trata de ordenar lo que compró para que alcance hasta fin de mes. Está cuando escucho hablar de cuentas, trabajo, remedios y cosas que tendremos que dejar para después. Está cuando veo que mis padres se esfuerzan y, aun así, el dinero parece alcanzar para menos. Hay días en que todo esto me deprime. No porque no tenga sueños, sino porque cuesta imaginar un futuro cuando el presente obliga a vivir haciendo cálculos.

En el colegio empezamos a hablar de eso. Con mis compañeros nos organizamos, conversamos, discutimos lo que está pasando y salimos a protestar. Algunos adultos creen que somos demasiado jóvenes para entender la política. Yo creo que es al revés: quizás somos jóvenes, pero estamos viviendo sus consecuencias todos los días. Sabemos lo que significa que falte plata en la casa, que alguien busque trabajo, que una persona necesite atención médica o que una política pública que ayudaba a estudiar desaparezca. Y cuando nos juntamos ocurre algo que para mí es importante: la tristeza deja de sentirse solamente mía. Aparece una comunidad. Aparece una posibilidad. En medio de todo esto, organizarse se convierte en una pequeña luz.

Pero esa organización no es el origen del problema. Es una respuesta. Antes de la protesta están las condiciones que la producen: el temor al desempleo, la pérdida de certezas, el costo de vivir, las dificultades para estudiar y la sensación de que aquello que ayer parecía garantizado hoy puede desaparecer.

Por eso Chile ya no es el mejor país de Chile: porque el gobierno de José Antonio Kast ha destruido, con sus decisiones y prioridades, buena parte de las certezas sobre las que se construyó esa idea de país. Lo que antes se presentaba como estabilidad, oportunidades y protección hoy aparece marcado por recortes, incertidumbre, pérdida de derechos y una respuesta cada vez más centrada en el control. Las decisiones de este gobierno están profundizando las condiciones que hacen más difícil estudiar, trabajar, acceder a protección social y proyectar el futuro. El mejor país de Chile no desapareció solo: está siendo desmantelado desde el poder.

El Estado que recorta produce desigualdad

El Presupuesto 2027 del gobierno de José Antonio Kast permite observar una orientación política concreta. El Ejecutivo revisó 632 programas estatales y presentó una propuesta de gasto público cuyo crecimiento será de apenas 1,5%. En educación, aunque el presupuesto global aumenta levemente en términos reales, aparecen recortes significativos en programas específicos. Uno de ellos fue “Yo Elijo mi PC”, política que durante 2026 benefició a 96 mil 100 estudiantes y que quedó sin financiamiento explícito en la propuesta para 2027. También se contempla una reducción de 46,71% para los Liceos Bicentenario. Si el proyecto se mantiene en sus términos actuales, el próximo año sería el primero en 17 años sin entrega de computadores mediante esta política.

No se trata de convertir un computador en el centro de la discusión educativa. Se trata de comprender qué ocurre cuando el Estado retira una herramienta que para una familia con recursos puede ser reemplazada inmediatamente, pero que para otra representa una diferencia concreta en sus posibilidades de estudio.

Pierre Bourdieu permite comprender esta desigualdad más allá del ingreso. Las posiciones sociales distribuyen de manera desigual los recursos, las oportunidades y las posibilidades de enfrentar las contingencias. Por eso un mismo recorte no significa lo mismo para todos. Quien posee patrimonio, redes familiares y capacidad de compra puede compensar privadamente aquello que el Estado deja de garantizar. Quien vive con lo justo, no. La desigualdad aparece entonces en el momento en que el Estado retrocede. No porque todas las personas pierdan exactamente lo mismo, sino porque quienes tienen menos recursos quedan con menos posibilidades para reemplazar aquello que desaparece.

El presupuesto también decide quién puede proyectar su futuro

David Harvey ha mostrado cómo las transformaciones económicas pueden producir procesos de transferencia de recursos y reconfiguración de las responsabilidades públicas. Su aporte permite mirar el presupuesto más allá de la contabilidad: cada reducción modifica la relación entre ciudadanía, Estado y mercado. Cuando una prestación pública desaparece, la necesidad no desaparece con ella. Se desplaza hacia las familias. Si falta un computador, alguien debe comprarlo. Si una prestación social se reduce, alguien debe cubrirla. Si una persona pierde su empleo, necesita ahorros o redes para sobrevivir. El mercado puede ofrecer soluciones, pero solamente para quienes tienen capacidad de pago. Ese es uno de los problemas centrales del proyecto político de Kast: la reducción de determinadas capacidades públicas ocurre en un país profundamente desigual. No todos pueden reemplazar al Estado mediante el mercado.

Tomás Moulian describió el Chile construido alrededor del consumo, la inseguridad y la promesa de integración mediante el acceso a bienes. Hoy esa promesa adquiere una dimensión todavía más contradictoria: se exige a las personas resolver individualmente problemas que tienen una dimensión social, mientras el Estado reduce parte de las herramientas colectivas destinadas a enfrentarlos. No es solamente una discusión sobre cuánto gasta el Estado. Es una discusión sobre qué Estado existe para quienes no pueden comprarlo.

El malestar social también se mide

La salud mental permite observar las consecuencias subjetivas de este escenario. La duodécima medición del Termómetro de Salud Mental ACHS-UC registra un deterioro significativo: 18,5% de las personas presenta sospecha o presencia de problemas de salud mental y 16,2% presenta síntomas depresivos moderados o severos. Entre quienes están desempleados, esa cifra llega al 36,7%, frente al 14,1% entre quienes tienen empleo. También aumentan la ansiedad, el insomnio y la soledad percibida. Pero hay algo más profundo: si cada día una persona siente que pierde una certeza, una prestación o un derecho, ¿cómo se le puede exigir que sea feliz, que piense positivo o que simplemente se adapte? El malestar no aparece porque las personas no sepan gestionar sus emociones; aparece también cuando las condiciones sociales hacen cada vez más difícil vivir con tranquilidad.

Hay un dato especialmente relevante: 52,5% identifica los cambios sociopolíticos del país como una fuente de estrés. La encuesta no demuestra que cada problema de salud mental sea causado por el gobierno de Kast, pero sí permite observar que el contexto político forma parte de las preocupaciones que afectan a la población. Y aquí la pregunta deja de ser individual: ¿cómo construir bienestar cuando las personas reciben permanentemente el mensaje de que deben acostumbrarse a tener menos? Menos certezas, menos protección, más incertidumbre y más responsabilidad individual frente a problemas que son sociales. Pedir optimismo en estas condiciones puede convertirse en otra forma de invisibilizar el problema, porque no se puede hablar seriamente de bienestar mientras las personas sienten que aquello que consideraban garantizado puede desaparecer de un día para otro.

Esto es precisamente lo que plantea la sociología del malestar: una experiencia de tensión, incertidumbre, desgaste o desajuste adquiere relevancia sociológica cuando puede relacionarse con condiciones sociales observables y deja de aparecer como una experiencia exclusivamente individual. El malestar, entonces, no está solamente dentro de las personas; también está en las condiciones en que esas personas viven. Si el Estado reduce derechos o prestaciones, aumenta la inseguridad material y responde a la protesta desde la lógica del control, no puede después responsabilizar exclusivamente a los individuos por sentirse angustiados, deprimidos o sin esperanza. No se puede pedir a una sociedad que piense positivo mientras desde las decisiones de gobierno se deterioran las condiciones que permiten construir una vida digna. La salud mental también necesita derechos, certezas, protección social y un futuro que pueda ser imaginado.

Un Estado fuerte para controlar y castigar 

Esta semana los liceos emblemáticos volvieron a convertirse en escenario de una disputa que no puede leerse solamente como un problema de convivencia escolar. En el Liceo 1, el Instituto Nacional y el Barros Borgoño se han registrado episodios de violencia y, junto con ellos, una fuerte presencia policial. Pero hay una parte de esta historia que no puede quedar relegada: las agresiones sufridas por estudiantes a manos de Carabineros. El INDH presentó una querella por apremios ilegítimos contra funcionarios policiales por la detención de estudiantes del Liceo 1, cuatro de ellas menores de edad, denunciando uso desproporcionado de la fuerza, aerosoles irritantes, arrastre de estudiantes, carro lanzaaguas y una bomba lacrimógena que habría provocado lesiones.

Esto adquiere otra dimensión cuando el Congreso acaba de aprobar las nuevas Reglas del Uso de la Fuerza. El 7 de octubre el Senado despachó el proyecto con 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención, estableciendo una escala que contempla desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el control físico, medios menos letales y, bajo determinadas circunstancias, fuerza potencialmente letal. Durante la discusión también hubo controversia por las garantías específicas para niños, niñas y adolescentes. El problema, entonces, no es solamente qué puede hacer Carabineros, sino qué límites tendrá la fuerza estatal cuando quienes están al frente son estudiantes que ejercen su derecho a protestar.

La criminalización de la protesta no comienza necesariamente cuando se prohíbe una manifestación. También aparece cuando las demandas sociales son tratadas principalmente como problemas de seguridad, cuando los estudiantes son convertidos en sujetos sospechosos y cuando la respuesta policial termina ocupando el lugar de la respuesta política. Una cosa es enfrentar hechos concretos de violencia y otra utilizar esos hechos para construir una imagen del movimiento estudiantil como amenaza. Cuando un adolescente puede terminar golpeado, reducido, detenido o expuesto a gases por participar de una movilización, la frontera entre control del orden público y vulneración de derechos comienza a volverse peligrosamente estrecha.

Y ahí aparece una de las contradicciones más profundas del proyecto de Kast: un Estado que se fortalece para controlar mientras reduce o condiciona capacidades destinadas a proteger. La fuerza policial puede desplegarse rápidamente frente a quienes ocupan el espacio público, mientras derechos y políticas sociales quedan sometidos al presupuesto y a decisiones de recorte. Los estudiantes no son un enemigo interno y sus cuerpos no pueden convertirse en el territorio donde el Estado demuestra su autoridad. Porque un Estado puede tener más facultades para usar la fuerza y, sin embargo, ser incapaz de responder a aquello que origina el malestar. Puede controlar una calle, pero no puede golpear una demanda hasta hacerla desaparecer.

¿Quién puede comprar?: menos Estado más mercado

Aquí aparece con mayor claridad el sentido de clase de este proyecto político, aunque no sea necesario utilizar esa expresión para observarlo. Cuando el Estado reduce una prestación, quienes tienen dinero pueden sustituirla. Pueden pagar educación, salud, tecnología, seguridad, transporte o asesorías privadas. Quienes no tienen esos recursos quedan dependiendo de una estructura pública cada vez más limitada.

Harvey permite comprender este proceso como una transformación de las responsabilidades públicas que favorece la expansión de soluciones privadas. Bourdieu, por su parte, permite observar que la capacidad de aprovechar esas soluciones está profundamente distribuida según la posición social. Por eso decir que el Estado se retira no significa que nadie ocupe ese espacio. Muchas veces lo ocupa el mercado. Y cuando el mercado reemplaza derechos por capacidad de pago, la desigualdad deja de ser solamente económica y se convierte en desigualdad de protección.

Conclusión: el país que se destruye cae a pedazos

Chile no se está deteriorando por una falla de quienes viven en él. El deterioro tiene decisiones políticas detrás: decisiones sobre presupuesto, derechos sociales, educación, empleo, seguridad y uso de la fuerza. Durante el período analizado, esas decisiones corresponden al gobierno de José Antonio Kast. Por eso la responsabilidad política de este proceso no puede desplazarse hacia quienes reciben sus consecuencias.

El Presupuesto 2027, los recortes y reordenamientos de políticas públicas, el debilitamiento de determinadas formas de protección social y el fortalecimiento de las herramientas coercitivas del Estado forman parte de una orientación política. No son hechos aislados ni inevitables. Cada decisión modifica las condiciones materiales en que se desarrolla la vida cotidiana y determina quién debe asumir los costos de ese cambio.

La incertidumbre, el desgaste, la pérdida de expectativas y la sensación de que las condiciones de vida se deterioran no deben entenderse como problemas individuales separados de la estructura social. Cuando esas experiencias se relacionan con transformaciones concretas en el empleo, la educación, la protección social y los derechos, adquieren una dimensión sociológica y política (Varas Rojas, 2026).

Por eso el malestar social no es el problema que debe corregirse. Es una expresión de un problema mayor. Si se reducen derechos, se restringen oportunidades, se deterioran las certezas materiales y se responde a la movilización mediante la fuerza, el malestar no aparece por casualidad. Es producido y profundizado por las condiciones políticas que se están construyendo.

La responsabilidad, entonces, no está en quienes sienten ese malestar, ni en quienes protestan frente a él. Está en las decisiones que lo generan, está en un gobierno que define prioridades presupuestarias, que determina qué políticas continúan y cuáles desaparecen, que establece cómo se responde al conflicto social y que impulsa un modelo de Estado que puede ser cada vez más fuerte para controlar y cada vez más débil para proteger.

Chile ya no es el mejor país de Chile porque el país que se construyó como promesa de estabilidad, derechos y oportunidades está siendo desmantelado desde el poder. El gobierno de José Antonio Kast ha impuesto prioridades que reducen protección social, debilitan políticas públicas, aumentan la incertidumbre y fortalecen la respuesta coercitiva frente al conflicto social. No se trata de una caída inevitable ni de un problema producido por quienes viven esta realidad: es el resultado de decisiones políticas concretas. Por eso, cuando hablamos del Chile que estamos perdiendo, también debemos decir quién está tomando las decisiones que lo están destruyendo: Kast y su gobierno.

Ahí está la responsabilidad política, es  de Kast, en su gobierno y en las decisiones que está tomando.

Referencias

Bourdieu, P. (1998). La distinción: Criterio y bases sociales del gusto. Taurus.

Harvey, D. (2004). El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión. Socialist Register, 40, 63–89.

Moulian, T. (1997). Chile actual: Anatomía de un mito. LOM Ediciones.

Varas Rojas, S. (2026, 26 de septiembre). Hacia una sociología del malestar: Notas para una categoría en construcción. Carcaj.