Entre la consulta y el silencio: ¿por qué Chile necesita psiquiatría comunitaria para la infancia y la adolescencia?

Por Sofía Varas Rojas

Socióloga, especialista en salud mental, infancia y derechos humanos

En Chile, hablar de salud mental en la infancia y adolescencia es hablar de tiempos. El tiempo que tarda en llegar una hora médica. El tiempo que pasa entre una crisis y la próxima atención. Y el tiempo que un Estado demora en hacerse cargo del cuidado como un derecho. Entre una consulta y otra —a veces tres o cuatro meses— se abre un desierto afectivo donde el dolor pierde lenguaje. Ese “entre medio” es el lugar político de la psiquiatría comunitaria: no contra la psiquiatría clínica, sino con ella, para tejer sostén, sentido y continuidad.

El escenario se repite con una frecuencia que ya no sorprende, pero sí duele. Un adolescente de 15 años sufre una crisis de angustia en plena clase de lenguaje. No sabe exactamente qué le pasa, solo siente cómo el pánico se apodera de su mente y lo inmoviliza. Esta vez, gracias al cuidado de sus compañeros y a la rápida reacción del entorno, logra contenerse. Se contacta a su madre, quien —como tantas otras— inicia de inmediato la búsqueda de ayuda profesional. Sin embargo, entre que logra pedir hora y el momento en que el psiquiatra tratante vuelve a tener agenda disponible, pasa casi un mes.

Es en ese tiempo suspendido donde surgen las preguntas más urgentes: ¿qué hacemos entre consultas? ¿El sufrimiento se detiene porque el sistema no tiene disponibilidad? ¿Y si no hay dinero para pagar la atención privada? ¿Quién sostiene cuando no hay red?

Una vez más, la familia comienza sola un camino de contención emocional, casi siempre a ciegas, con miedo, con culpa, con lo que tiene. Lo hace en silencio, en esa especie de pacto implícito con un sistema que, al no mirar, no se responsabiliza. Pero el dolor no entiende de burocracias ni de tiempos de espera. Tampoco se adapta a los calendarios del sistema de salud.

Esta realidad nos obliga a repensar el rol de las comunidades, de las escuelas, de quienes estamos cerca. Porque no basta con derivar o contener “por mientras”. Es necesario construir redes que acompañen en lo cotidiano, en lo urgente, en lo invisible. Redes que no reemplacen al sistema, pero que lo interpelen. Que no suplan a la salud mental pública, pero que insistan en que nadie debería quedar solo cuando duele.

Los datos muestran una demanda creciente. Según el SITAN 2025 de UNICEF, las consultas de salud mental para 0–19 años en el sistema público pasaron de 33.378 en 2018 a 62.591 en 2023, y su peso relativo subió de 15% a 19% del total de consultas en salud mental. El aumento acumulado fue 88% en NNA versus 34% en mayores de 20. A la vez, la encuesta INJUV 2022 registra que 13,3% de adolescentes 15–19 años estaban en tratamiento, con una brecha de acceso por nivel socioeconómico (31,6% altos vs. 10,8% bajos). Estos datos no prueban por sí solos peor salud mental, pero sí más acceso y necesidad insatisfecha acumulada que empieza a aflorar tras estallido, pandemia y crisis económica. 

La cifra más dura es la de suicidios entre 15 y 19 años, con tendencia ascendente en la pospandemia y predominio masculino; 2023–2024 aún son cifras preliminares del DEIS, pero el panorama preocupa a la Defensoría de la Niñez y al MINSAL (Programa Nacional de Prevención del Suicidio). En 2024, la Defensoría advirtió 57 casos de NNA fallecidos por lesiones autoinfligidas y un alza de riesgo suicida en controles de salud adolescente en los últimos años. 

Cuidar también es mirar el sistema de protección. Desde octubre de 2021 funciona Mejor Niñez, que reemplazó el rol proteccional del antiguo SENAME. Aunque hay avances (más familias de acogida y un nuevo diseño de residencias familiares), los reportes periodísticos y oficiales describen sobrecarga y saturación, e incluso derivaciones prolongadas a dispositivos psiquiátricos por falta de cupos residenciales. En 2021–2025 aumentó el número de NNA en protección estatal, con un 72% de alza en bebés en residencias (233 → 401). Son síntomas de un sistema que todavía prioriza la urgencia por sobre la continuidad del cuidado. 

El marco legal avanzó: la Ley 21.331 (2021) reconoce derechos en la atención de salud mental (no discriminación en cobertura y licencias; trato digno) y la Ley 21.430 (2022) instala el enfoque de garantías y protección integral de derechos de NNA. Pero entre la letra y el territorio se abre una brecha: recursos humanos insuficientes, alta rotación de equipos, listas de espera y terapias intermitentes que no dialogan con escuela, barrio y familia. 

Aquí la psiquiatría comunitaria es una mediación necesaria. No niega la farmacología; reconoce su valor para estabilizar crisis y salvar vidas. Pero advierte que ningún psicofármaco repara un vínculo ni suple la intermitencia del Estado. Siguiendo el espíritu del Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025—que propone una red territorial, intersectorial y con enfoque de derechos—, urge financiar dispositivos intermedios: grupos de apoyo, duplas psicosociales comunitarias, monitores juveniles, espacios de palabra en escuelas y centros barriales, acompañamiento entre controles médicos y articulación con familias de acogida y programas de parentalidad. 

Desde la clínica chilena, Paul Vöhringer ha insistido en una psiquiatría rigurosa y actualizada, atenta a comorbilidades y efectos cardiometabólicos, pero también sensible al contexto y trayectorias (bipolaridad, depresión, continuidad de cuidados). Su trabajo y divulgación pública son un buen ejemplo de psiquiatría no defensiva, abierta al diálogo con otras disciplinas y con la comunidad. Ese es el tipo de liderazgo clínico que necesitamos para salir del falso dilema entre “biología o sociedad”. 

La sociología del cuidado y del reconocimiento recuerda que el dolor psíquico es relacional y situado: tiene clase, género, territorio, pertenencia étnica y estatus migratorio. Por eso, la política del cuidado debe ser intercultural, feminista y territorial. La columna vertebral ya está en las leyes y planes; lo que falta es financiar, estabilizar equipos, medir continuidades y cerrar el “entre medio”. Un país que deja a su niñez esperando meses entre una receta y otra, naturaliza el silencio es igual anegar el dolor del que sufre. Uno que apuesta por dispositivos comunitarios entre consultas, restituye lenguaje al sufrimiento y transforma la estadística en encuentro humano. Ese es, al final, el trabajo de una psiquiatría que quiere estar con la comunidad, no en lugar de ella.

Fuentes claves: UNICEF SITAN 2025 (DEIS/INJUV); Ley 21.331; Ley 21.430; Plan Nacional de Salud Mental 2017–2025; Programa Nacional de Prevención del Suicidio (MINSAL); informes Defensoría de la Niñez; prensa de investigación sobre Mejor Niñez.