Coordinadora Nacional de DD.HH. de Perú y crisis política que detonó protestas de la Gen Z: “Hay una regresión enorme de la democracia”
Las manifestaciones sociales detonadas en el país el pasado 13 de septiembre, por una creciente criminalidad, terminaron con la destitución de la presidenta Dina Boluarte. La situación se agudizó tras la asunción de José Jerí como mandatario interino, debido a las acusaciones de corrupción y violación sexual que pesan en su contra.
Las marchas se extendieron por casi todo el territorio y la presencia de policías encubiertos en hospitales y en comisarías han sido la tónica. Tania Pariona, directora ejecutiva de la CNDDHH, ha estado a la cabeza de las veedurías para monitorear las acciones de los agentes del Estado durante la revuelta, reportando decenas de heridos y la muerte del rapero Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, alcanzado por un disparo de un suboficial vestido de civil en Lima.
Por Jimena Améstica
Un ataque armado durante un concierto de la popular banda de cumbia Agua Marina en el distrito limeño de Chorrillos, detonó en una ola de manifestaciones en Perú. Jóvenes de la llamada Generación Z, se volcaron a las calles en los últimos días, protestando por la falta de respuestas del Gobierno de Dina Boluarte a una crisis de criminalidad que no da tregua, factor que se suma a los casos de corrupción al interior de las instituciones del Estado.
La presión llevó al Congreso a discutir una moción de vacancia contra la mandataria por “incapacidad moral permanente”, proceso que concluyó con su destitución el pasado 10 de octubre. En su lugar, asumió el entonces presidente del Congreso, José Enrique Jerí. Sin embargo, su asunción agudizaría el malestar social, pues el parlamentario sumaba distintas denuncias por corrupción y violación sexual.
Tania Pariona, directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), ha encabezado las veedurías en las calles durante las protestas para fiscalizar la acción de la Policía Nacional contra los manifestantes. Hasta ahora se han registrado decenas de heridos y un fallecido, el rapero Eduardo Mauricio Ruiz Saenz, quien recibió un disparo de un policía vestido de civil tras una protesta en Lima.
La activista analizó el presente de Perú en conversación con El Arrebato, insistiendo en que la reacción de la ciudadanía fue detonada por los casos de extorsión y asesinatos diarios de transportistas, bodegueros, comerciantes y ambulantes. “Por lo menos siete ciudadanos son asesinados al día por grupos criminales y la ciudadanía elevó sus voces en contra de cómo se han dado las respuestas por parte del Gobierno”, aseguró.
–¿Antes del atentado a la banda Agua Marina ya se habían producido otras protestas?
Sí, ya habían sucedido desde el 13 de septiembre otras movilizaciones impulsadas por jóvenes de la generación Z. Fue en respuesta a una ley de las pensiones de la AFP, muy cuestionadas en el país. Se aprobó una ley, y los jóvenes creyeron que era altamente lesiva, que no tendrían pensiones dignas y que los condenaría a aportar de manera obligatoria al sistema, cuando en el país hay un nivel de desempleo muy amplio y un 75 por ciento de informalidad.
-Y a ello se sumó el rechazo al gobierno de Dina Boluarte, que según el IEP (Instituto de Estudios Peruanos) su aprobación rondaba el 2,5 % en julio de este año.
Luego se sucedieron otras manifestaciones por el descontento con las políticas del Gobierno, con las leyes aprobadas en el parlamento y también con la deseligitimación de personajes políticos. Estamos hablando de personajes vinculados con la corrupción, la violación sexual, el crimen organizado, el narcotráfico, la tala ilegal de madera. Son personajes que están a la cabeza de instituciones claves.
Hay una señal clara de que hay una impunidad abierta y los ciudadanos, pues todos, sentimos que estamos en una desprotección y la falta de una respuesta eficiente y eficaz para el problema de la criminalidad, junto con los otros aspectos.
-Sin embargo, la destitución de la Presidenta no logró destrabar la situación…
Es que la respuesta, como dice la ciudadanía, se da muy tarde. Hace mucho que se exigía la salida de la señora Boluarte. Y además, después se coloca a José Jerí, que tiene una lista larga de denuncias: por violación sexual, enriquecimiento ilícito, usurpación de datos, entre otros delitos en el pasado y presente.
Entonces, la gente vuelve a demostrar su descontento para señalar que no es la persona idónea, ni con el perfil adecuado para estar en la representación como Presidente. Además, que esta vacancia se calificó como parte de la continuidad del pacto, de una afirmación de la corrupción y la impunidad en la representación del señor Jerí como presidente interino y en la asunción como presidente del Congreso de Fernando Rospigliosi, abiertamente a favor de la amnistía a violadores de derechos humanos en nuestro país.
–¿Y cuál ha sido el rol del Congreso para destrabar la crisis?
Se han promulgado leyes que implican todo un retroceso de Derechos Humanos en el campo normativo. Porque se han hecho reformas de al menos setenta artículos de la Constitución, muchos para el desconocimiento de derechos. Ha sido un retroceso que termina dejando en una alta vulnerabilidad e indefensión a los ciudadanos.
–Te refieres a la Ley APCI…
Antes podíamos hacer la defensa legal en algunos casos donde los ciudadanos estuvieran imputados de algún delito. Pero existe esta ley que hace referencia a la trabajo de las ONG y hoy está prohibido. Esta Ley APCI, que conocemos como ‘anti justicia’, hoy es una barrera grande que nos ha limitado, incluso, la presencia para hacer veeduría legal.
PROTESTAS DEL 15 DE OCTUBRE
Grupos organizados, estudiantes y jóvenes de la Generación Z, sumados a otros sectores del transporte, comerciantes y el movimiento feminista paralizaron el país el pasado 15 de octubre. Las protestas se replicaron en más de veinte regiones del país y la principal exigencia fue la destitución del presidente interino José Enrique Jerí.
-Con respecto a las veedurías en las calles, ¿cuál ha sido el comportamiento de la Policía Nacional?
Ha sido una respuesta sumamente represora, violenta. Hemos registrado desde el uso abusivo de la fuerza, hasta el uso de de perdigones y gases lacrimógenos de forma indiscriminada. Además, se suma la articulación de la narrativa, de que los provocadores de las violencias durante las protestas tendrían vínculos con la criminalidad organizada.
Sin embargo, esta movilización ha sido convocada por jóvenes estudiantes, de colectivos, artistas, autoconvocados. Esto no tiene que ver con gremios, sindicatos o partidos políticos (…) Entonces, se ha generado toda una estigmatización a los ciudadanos con estos discursos emitidos por las autoridades, incluso, por el propio general de la Policía Nacional.
Mencionabas la presencia de policías encubiertos o denominados Grupos Terna, ¿qué dice la ley?
La infiltración de grupos de terna, que son policías civiles, encubiertos o no identificados, han sido permanentes en estos contextos de protesta, pero también en los hospitales. Cuando llegan los detenidos o heridos a los recintos, la presencia de la policía, en un número que yo diría es un despropósito total, no sólo es intimidatorio, sino que no ha permitido que los heridos tengan la confianza para atenderse en los centros de salud. Han tenido que manifestar haber sufrido una lesión, no en la protesta, sino como parte de un accidente en sus casas.
Se han llevado protocolos que no se remiten a la norma. Son irregulares y han generado una desconfianza y deslegitimación de la policía, porque los Grupos Terna se deben disponer para la persecución del crimen organizado y no para infiltrarse en manifestaciones civiles.
-¿Qué se sabe hasta ahora del asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Saenz?
La represión terminó con la muerte de un joven. Este asesinato ocurrió en el centro de Lima donde las personas ya no se estaban movilizando, por lo que se ve en las imágenes y en los testimonios que hemos recibido.
El comandante general de la Policía Nacional ya entregó el nombre del responsable del asesinato. Se trata de un suboficial de la policía. Hoy, lo que nosotros nos preguntamos es quién ordenó la salida de Ternas, quiénes deciden los planes operativos, quiénes otorgan las armas. Esto implica a una serie de responsabilidades, no sólo del que se dice ser el autor del asesinato, sino también del aparato institucional que tiene un rol: el Ministerio del Interior, la propia policía y también la presidencia de la república.
Lo que nos preocupa es la justicia por el asesinato y ojalá una transición democrática distinta en este periodo corto. Para nosotros es fundamental el registro y la denuncia pública, pero también dar seguimiento cómo estos casos terminan.
REGRESIÓN DEMOCRÁTICA
La respuesta de la ciudadanía al crimen de Eduardo Mauricio Ruiz no ha sido de silencio. Las voces de protesta se han reafirmado y se esperan nuevas movilizaciones. Por ello, Tania Pariona indicó que ahora, el trabajo de la Coordinadora Nacional de DD.HH. de Perú es amplio, y continuarán la búsqueda de una incidencia en los organismos internacionales.
–¿Como coordinadora nacional y con los antecedentes que han recopilado, se puede hablar de violación de derechos humanos en Perú?
Absolutamente. Es de forma continua y permanente. Hay una violación a los derechos humanos. Hay una estigmatización, sino criminalización a quienes protestan. Hay un riesgo latente a la labor de los defensores de derechos humanos. Hay un acoso y persecución a las organizaciones de derechos humanos con esta ley que nos quita la posibilidad de ejecutar nuestro rol.
Y se quiere vincular nuestro trabajo como defensores de delincuentes, de subversivos. Hay una narrativa feroz que se viene tejiendo por los canales oficiales. Es una clara demostración de que no solo hay un retroceso en los derechos humanos, sino que hay una regresión enorme de la democracia.
-Es decir, estamos hablando de derechos sociales que ya habían sido garantizados con anterioridad…
Claro, si hoy afirmamos la necesidad de una agenda de derechos humanos, ya no es solo para que se cumpla lo que dice la ley, sino que se nos restituyan los derechos que nos fueron quitados con contra reformas y que costaron décadas conseguir: en materia de salud, educación, acceso a la justicia, derechos de las mujeres, de las diversidades, de los pueblos indígenas.
Aquí hay un claro retroceso. Y cuando decimos violaciones de derechos humanos, una clara demostración tiene que ver con este asesinato, dada la forma y el patrón que ha ido confirmando la propia actuación de la Policía Nacional.