El caso Epstein y la banalidad del abuso: dinero, poder, impunidad y salud mental en las sociedades contemporáneas

Por Sofía Varas Rojas
El caso Jeffrey Epstein no es únicamente un escándalo judicial ni una anomalía moral protagonizada por un individuo perverso. Es, más bien, un síntoma social: una manifestación extrema, pero profundamente reveladora, de cómo operan el poder económico, la masculinidad hegemónica, la impunidad institucional y la banalización de la violencia sexual en las sociedades contemporáneas.
Durante décadas, Epstein abusó sexualmente de niñas y adolescentes, organizó redes de explotación sexual y sostuvo vínculos con figuras influyentes del mundo financiero, político, académico y cultural. Sin embargo, su historia no está marcada por una persecución temprana y eficaz, sino por acuerdos judiciales indulgentes, silencios institucionales y omisiones sistemáticas que permitieron la continuidad del daño.
Este texto propone una lectura ética, filosófica, sociológica y desde la salud mental del caso Epstein, entendiendo que no se trata de un hecho aislado, sino de una expresión estructural de un sistema que permite que el dinero instrumentalice vidas, suspenda la ética y debilite la justicia cuando los perpetradores pertenecen a las élites económicas, mayoritariamente masculinas, blancas y heterosexuales.
Abuso sexual, poder y desigualdad estructural
La violencia sexual es un fenómeno ampliamente documentado como problema de salud pública y de derechos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), aproximadamente una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declara haber sufrido abuso sexual durante la infancia. La evidencia científica muestra que más del 90 % de los agresores sexuales identificados son hombres, generalmente conocidos por las víctimas (Heise, 1998; Finkelhor, 2009).
El caso Epstein se inscribe dentro de este patrón, pero añade un elemento decisivo: la concentración extrema de poder económico. Las víctimas identificadas provenían mayoritariamente de contextos de vulnerabilidad social, económica y emocional. El dinero pagos directos, regalos, promesas de ayuda operaba como mecanismo de captura y control, no como consentimiento.
Desde una perspectiva sociológica, esto configura relaciones profundamente asimétricas, donde el poder económico no solo amplía las posibilidades materiales, sino que redefine quién puede dañar y quién debe callar. El abuso sexual, en este contexto, no es un desvío individual, sino una práctica posibilitada por estructuras de desigualdad.
Masculinidad hegemónica y derecho informal al goce
Raewyn Connell (2005) conceptualiza la masculinidad hegemónica como una configuración cultural que legitima la dominación masculina y subordina a mujeres y otras masculinidades. En contextos de élite, esta masculinidad se intensifica: el dinero no solo compra bienes, sino impunidad judicial y simbólica.
El caso Epstein revela cómo ciertos hombres poderosos accedían a cuerpos jóvenes como si se tratara de un privilegio inherente a su estatus. El abuso sexual funciona aquí como un acto performativo de poder, validado por pares, donde el control del cuerpo femenino se convierte en demostración de dominio y pertenencia.
Este patrón no es anecdótico. Estudios criminológicos y sociológicos muestran que los abusos sexuales sistemáticos suelen estar vinculados a culturas masculinas que naturalizan el control, la cosificación y la jerarquía (Connell & Messerschmidt, 2005). En estas culturas, las víctimas dejan de ser sujetos de derecho y se transforman en objetos disponibles, especialmente cuando pertenecen a sectores precarizados.
Dinero y banalidad del abuso
Hannah Arendt (1963) introdujo el concepto de banalidad del mal para explicar cómo atrocidades pueden cometerse sin una maldad extraordinaria, sino mediante la normalización, la rutina y la suspensión del juicio moral. El caso Epstein permite pensar una banalidad del abuso: la violencia sexual convertida en práctica administrable, tolerada y, en ciertos círculos, esperada.
Durante años, Epstein fue presentado como filántropo, financista brillante y mecenas intelectual. Su imagen pública convivía con rumores persistentes de abuso, sin que estos generaran una respuesta institucional proporcional. “Todos sabían”, pero pocos actuaron. Este es el núcleo de la banalización: cuando el abuso deja de escandalizar porque quien lo ejerce tiene poder.
Zygmunt Bauman (2000) advierte que las sociedades modernas producen formas de violencia donde la responsabilidad se diluye. En este caso, la dilución operó mediante abogados, acuerdos judiciales, silencios mediáticos y redes de influencia. El daño se volvió invisible; las víctimas, prescindibles.
Complicidad institucional: cuando la justicia falla
Uno de los hitos más documentados del caso es el acuerdo judicial de 2008 en Florida, mediante el cual Epstein evitó cargos federales graves a cambio de declararse culpable de delitos menores. Cumplió solo 13 meses de prisión, con permisos diarios para salir a trabajar. El acuerdo incluyó una cláusula de inmunidad para posibles cómplices no identificados, bloqueando investigaciones más amplias (United States Department of Justice, 2020).
El propio Departamento de Justicia estadounidense reconoció posteriormente que este acuerdo reflejó un “juicio deficiente”. Sin embargo, el daño ya estaba hecho: se cerraron causas, se silenció a víctimas y se reforzó la idea de que la ley no opera de igual manera para todos.
Desde una perspectiva foucaultiana, el poder no solo reprime, sino que produce silencios (Foucault, 1976). El silencio institucional en torno al caso Epstein no fue pasivo: permitió la continuidad del abuso durante años y consolidó un mensaje social peligroso: el poder económico puede negociar la justicia.
Instrumentalización del cuerpo y jerarquía de las vidas
Desde la ética kantiana, tratar a una persona como medio y no como fin constituye una violación radical de la dignidad humana (Kant, 1785/2002). El abuso sexual y particularmente el abuso infantil es una de las formas más extremas de esta instrumentalización.
Judith Butler (2004) plantea que no todas las vidas son igualmente reconocidas como dignas de protección, duelo o justicia. El caso Epstein evidencia esta jerarquización: niñas pobres, adolescentes vulnerables, mujeres sin redes de poder. Vidas que el sistema considera menos valiosas, más sacrificables.
Cuando el dinero permite no solo acceder a cuerpos, sino también definir qué daños importan y cuáles pueden ser silenciados, se produce una quiebra ética profunda que excede lo individual y compromete a toda la estructura social.
Salud mental: el abuso y la impunidad como trauma prolongado
La violencia sexual tiene consecuencias severas y persistentes en la salud mental. La evidencia científica muestra una asociación robusta entre abuso sexual y:
- Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT)
- Depresión mayor
- Trastornos de ansiedad
- Trauma complejo
- Conductas autolesivas
- Consumo problemático de sustancias
- Ideación y conducta suicida
(Finkelhor, 2009; OMS, 2021).
Estas consecuencias se agravan cuando el abuso es reiterado, prolongado y cometido en contextos de poder, como ocurrió en el caso Epstein. La impunidad actúa como un factor traumático secundario, ya que invalida la experiencia de las víctimas y refuerza sentimientos de desprotección, culpa y desesperanza.
Desde la psicología del trauma, se ha documentado que la falta de justicia y reconocimiento institucional puede cronificar el daño, dificultando los procesos de reparación emocional y social.
Impunidad y salud mental colectiva
La impunidad no solo afecta a las víctimas directas. Tiene efectos profundos en la salud mental colectiva. Cuando la ciudadanía percibe que los sistemas judiciales protegen a hombres poderosos mayoritariamente blancos y multimillonarios se produce:
- Erosión de la confianza en las instituciones
- Sensación de desprotección social
- Normalización de la violencia
- Desafección cívica
Estudios en salud pública muestran que la percepción de injusticia estructural se asocia con mayores niveles de ansiedad, estrés crónico y desesperanza social. La impunidad envía un mensaje cultural devastador: no todas las vidas importan por igual.
En este contexto, emergen discursos ciudadanos que relativizan el daño, cuestionan a las víctimas o priorizan la reputación de los agresores. Estos discursos funcionan como mecanismos simbólicos de revictimización, reforzando la cultura del silencio.
Medios, espectáculo y olvido
La cobertura mediática del caso Epstein osciló entre la denuncia y el sensacionalismo. Nombres, listas y teorías circularon ampliamente, pero el análisis estructural fue limitado. Susan Sontag (2003) advertía que la exposición reiterada a la violencia puede producir anestesia moral. El riesgo es que el abuso se convierta en espectáculo y el escándalo sustituya a la reflexión.
La proliferación de nombres, listas incompletas y especulaciones desplazó el eje del problema: el abuso sexual sistemático y la red de protección que garantizó su continuidad. Al fragmentar la información y privilegiar el impacto narrativo, los medios diluyeron la gravedad de los hechos y debilitaron la exigencia de responsabilidades concretas.
Este tratamiento produjo un efecto político claro: la impunidad. Al presentar el caso como un escándalo difuso, casi inabarcable, se desdibujó la distinción entre víctimas y responsables. El delito dejó de aparecer como una violación estructural de derechos y pasó a integrarse al flujo cotidiano de noticias, sometido a la misma lógica de consumo y olvido que cualquier controversia mediática. La repetición constante, lejos de fortalecer la condena social, normalizó la excepcionalidad del abuso.
La indignación pasajera no transforma estructuras. Sin justicia sostenida, el daño persiste.
Ética del límite, justicia y cuidado colectivo
El caso Epstein nos enfrenta a una pregunta ética fundamental: ¿qué tipo de sociedad permite que el dinero suspenda la justicia y banalice el abuso? Cuando la riqueza se convierte en salvoconducto moral, la dignidad humana deja de ser universal.
No se trata solo de condenar a individuos, sino de interpelar un sistema que erotiza el poder, mercantiliza cuerpos vulnerables y protege a los perpetradores mientras responsabiliza a las víctimas. La impunidad no es un error aislado: es una práctica social con consecuencias profundas en la salud mental individual y colectiva.
La justicia no es solo una cuestión legal; es una condición de posibilidad para la reparación psíquica y social. Sin justicia, el trauma se perpetúa, la confianza se erosiona y la violencia se normaliza.
Ninguna fortuna, ningún apellido, ningún círculo de poder debería situarse por encima del derecho a una vida libre de violencia. El caso Epstein no debería ser recordado solo como un escándalo, sino como una advertencia ética y sanitaria: cuando la sociedad tolera el abuso de unos pocos sobre los más vulnerables, el daño nos alcanza a todas y todos.
Referencias bibliográficas
Arendt, H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil. Viking Press.
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press.
Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.
Connell, R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic masculinity: Rethinking the concept. Gender & Society, 19(6), 829–859.
Finkelhor, D. (2009). Childhood victimization. Oxford University Press.
Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber. Siglo XXI.
Heise, L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. Violence Against Women, 4(3), 262–290.
Kant, I. (2002). Fundamentación de la metafísica de las costumbres (M. García Morente, Trad.). Alianza. (Obra original publicada en 1785).
Organización Mundial de la Salud. (2021). Violence against women prevalence estimates. OMS.
Sontag, S. (2003). Regarding the pain of others. Farrar, Straus and Giroux.
United States Department of Justice. (2020). Review of the Jeffrey Epstein non-prosecution agreement. DOJ.
