El cierre del Sename: una institución que se va sin responder por sus muertos
El cierre definitivo de la institución y la entrada en funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, hoy encargado de ejecutar los programas dirigidos a niños y jóvenes infractores de ley, no garantizan por sí solos verdad, justicia ni reparación. Las muertes, abusos y graves vulneraciones —pasadas y recientes— demuestran que el problema no era solo de una institución, sino de un Estado que falló y sigue fallando en proteger y reinsertar a la infancia más vulnerable bajo su custodia.
Por Cristian Acosta
Este 12 de enero el Servicio Nacional de Menores (Sename) dejó de existir formalmente. El Estado habla de cierre, transición y nuevo comienzo. Pero para quienes sobrevivimos a esta institución, este no es un acto simbólico ni reparador: es la confirmación de que una institución se va sin haber respondido por los niños y adolescentes que murieron, fueron abusados o quedaron marcados de por vida bajo su tutela.
El colapso del Sename no fue accidental. Fue el resultado de décadas de advertencias ignoradas, informes repetidos, denuncias archivadas y una tolerancia institucional a prácticas que constituyeron violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Las cifras son conocidas, pero siguen sin traducirse en responsabilidades reales: más de mil 313 niños, niñas y adolescentes murieron vinculados a este servicio. No murieron por azar. Murieron en un sistema que sabía lo que ocurría y decidió no actuar.
Reinserción: violencia, abandono y delito dentro del encierro
El discurso de la reinserción juvenil fue uno de los pilares del Sename y hoy es heredado por el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Sin embargo, los hechos recientes obligan a preguntarse qué tipo de reinserción se está ejecutando realmente.
En enero de 2025, Sebastián, un adolescente privado de libertad, se suicidó en el CIP San Joaquín. Su muerte no generó cambios estructurales inmediatos ni responsabilidades claras. El patrón se repite: tragedia, silencio institucional y continuidad.
En Til Til, Región Metropolitana, no solo se produjo una violación grupal contra un menor al interior del centro —con responsables que siguen en sus cargos—, sino que además desde ese mismo recinto un joven de 17 años lideraba una banda de portonazos, coordinando delitos hacia el exterior. Este hecho no habla de casos aislados, sino de un fracaso total del control, la intervención y el supuesto proceso de reinserción.
Cuando un centro no logra proteger a quienes están bajo su cuidado, pero tampoco logra interrumpir trayectorias delictivas graves, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.
En el hogar Las Gaviotas de Valdivia, Región de Los Ríos, durante este mismo año, un grupo de niños fueron encerrados con candado por más de 24 horas, sin acceso a baños, sin ropa adecuada y expuestos al frío. El riesgo vital fue evidente. Pudo haberse repetido una tragedia como el incendio que mató a niños bajo custodia estatal en el sur del país. Que no haya ocurrido una muerte no reduce la gravedad del hecho; solo confirma que el sistema volvió a reaccionar tarde o derechamente no reaccionó.
Cuando el Estado se ausenta
Ingresé al sistema a los tres años de edad. Fui abusado sexualmente a los 5, 10 y 12 años. Entre los 10 y los 15 fui víctima de un pedófilo mientras estaba bajo la supuesta protección del Estado. A los 13 años fui expulsado a la calle, sin apoyo, sin redes, sin nada más que la ropa que llevaba puesta.
La pregunta es inevitable: ¿Dónde estuvo el Estado? ¿Dónde estuvo la protección de mi familia? ¿Dónde estuvo el deber de cuidado del propio hogar Fundación Mi Casa?
Mi historia no es una excepción. Es parte de un patrón que hoy emerge con fuerza en los testimonios de cientos de sobrevivientes que durante décadas fueron silenciados o ignorados.
Comisión de Verdad: una continuidad incierta
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Chile por la muerte de niños bajo custodia estatal y por las condiciones estructurales del Sename. De esa condena surge la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para la Niñez, recomendada por el organismo. Soy miembro de esa Comisión. Sin embargo, hoy no existe certeza alguna de que esta continúe en el próximo gobierno. Esta incertidumbre es profundamente preocupante. No se trata de un detalle administrativo: se trata del riesgo real de que, junto con el cierre simbólico de la institución, los testimonios de sus víctimas vuelvan a ser silenciados.
Cerrar una institución sin garantizar la continuidad de los procesos de verdad es una forma de clausura política de la memoria. Y sin memoria, no hay justicia. Sin justicia, no hay reparación.
Cambiar el nombre no protege a los niños
Cerrar el Sename y traspasar funciones al nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil no garantiza que estas prácticas no continúen. Las vulneraciones no dependen del nombre del servicio, sino de la impunidad, la falta de control real, la precariedad de los programas y un sistema judicial que históricamente falló en proteger a la infancia más pobre.
El 12 de enero no debiera ser un punto final. Debiera ser el inicio de una rendición de cuentas que aún no ocurre. Porque cerrar una institución sin hacerse cargo del daño que provocó no es justicia. Es continuidad bajo otro nombre.
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Cristian Acosta es sobreviviente del Sename y gerente general de la Fundación Somos Hermanos. Por años se ha desempeñado como activista por los derechos de niños, niñas y adolescentes y es miembro de la Comisión Verdad, Justicia y Reparación por las vulneraciones a la niñez bajo el Sename.