[25N] Contra todas las violencias: cuerpos, Estado y memoria en disputa

Por Sofia Varas Rojas, Socióloga con especialización en infancia, derechos humanos y Salud Mental Comunitaria

Santiago de Chile, 25 de noviembre. Este día no es solo un marcador en el calendario; es una herida histórica que respira, un recordatorio de que la violencia contra las mujeres y disidencias no surge de manera espontánea, sino de siglos de normatividad patriarcal, colonial y capitalista.

El 25 de noviembre nos devuelve a la memoria política de las hermanas Mirabal, cuyo asesinato bajo la dictadura dominicana de Rafael Leónidas Trujillo dejó claro que la violencia de género es inseparable de la violencia de Estado. La historia las nombra como símbolo, pero sus cuerpos dicen algo más profundo: que toda agresión hacia las mujeres es también una forma de disciplinamiento político.

Hoy, esta nota de prensa se escribe desde la intersección entre teoría crítica, sociología feminista y derechos humanos. Es un llamado a comprender la violencia no como tragedia individual, sino como arquitectura institucional, cultural y simbólica. Siguiendo a Rita Segato (2016), la violencia machista no es un accidente: es un mandato, un programa educativo que enseña jerarquía, crueldad y sumisión. La violencia es un sistema, una gramática de poder que se reproduce en la intimidad, en la calle, en las instituciones y en los imaginarios.

A la vez, este texto reconoce algo esencial: en cada espacio donde opera la violencia, también emergen cuerpos, colectividades y genealogías que resisten. La memoria feminista en América Latina ha demostrado que cada dolor se transforma en un territorio de lucha, cada silencio en palabra política, y cada cuerpo violentado en archivo de insurrección.

La violencia como régimen: más que hechos, estructuras

Hablar de violencia de género implica asumir que este fenómeno no se explica dentro de la lógica individualista que suelen reproducir los sistemas judiciales o los medios de comunicación. La violencia no es un delito eventual, ni un “conflicto de pareja”, ni un problema de carácter. La violencia es un dispositivo estructural. Como señala Judith Butler (2009), los Estados administran la precariedad: deciden qué vidas merecen protección y cuáles quedan expuestas a la intemperie.

Las mujeres, las niñas, las disidencias sexuales, las personas migrantes e indígenas aparecen históricamente como vidas menos llorables, menos atendibles, menos defendibles. Esto no es casual. Es el resultado material de siglos de orden patriarcal.

Silvia Federici (2004) recuerda que los cuerpos de las mujeres fueron el laboratorio donde se ensayó la modernidad capitalista: se controló su sexualidad, se reguló su capacidad reproductiva, se disciplinó su fuerza de trabajo y se privatizó su cuidado. Ese legado continúa. Hoy la violencia se expresa en desigualdades salariales, precarización laboral, abusos institucionales, violencia obstétrica, cosificación mediática y violencia digital.

Paul B. Preciado (2013) describiría este escenario como un régimen farmacopornográfico: un sistema que administra cuerpos, sexualidades y narrativas a través del tiempo, la tecnología, el mercado y la norma. En ese régimen, la violencia hacia las mujeres y disidencias opera como un mecanismo de control social.

Por eso, cuando denunciamos violencia, no denunciamos solo a un agresor: denunciamos al orden que lo forma, lo protege y lo justifica.

Derechos Humanos: entre la letra jurídica y la lucha política

La violencia de género es una violación sistemática a los Derechos Humanos. Así lo establecen instrumentos internacionales como la CEDAW (1979), la Convención de Belém do Pará (1994) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). Sin embargo, estos textos jurídicos no deben leerse como garantías aseguradas, sino como territorios en disputa.

Belém do Pará define la violencia como cualquier conducta que cause daño físico, sexual o psicológico tanto en el ámbito público como privado. Este marco es crucial, pero requiere interpretación constante para no quedar atrapado en la literalidad legal. El feminismo latinoamericano ha enseñado que los tratados se vuelven efectivos solo cuando las comunidades los usan como herramientas de exigencia, denuncia y construcción de memoria.

Ochy Curiel (2013) insiste en que la violencia es también un problema colonial y racial: afecta de manera desigual a mujeres negras, indígenas, migrantes o empobrecidas. Una perspectiva de derechos humanos sin mirada interseccional corre el riesgo de reproducir la misma desigualdad que dice combatir.

Por esto, afirmar los derechos humanos es, más que un acto normativo, un acto político. Declara que toda mujer, niña, disidencia o comunidad tiene derecho no solo a la vida, sino a una vida digna, libre de miedo, de humillación y de silenciamiento.

El cuerpo como archivo de violencia y posibilidad

El cuerpo es el primer territorio donde la violencia deja huellas. Pero es también el primer espacio donde nace la resistencia. Nuestros cuerpos —tal como señala Preciado (2008)— son documentos vivos donde la norma se escribe, pero también donde puede borrarse, modificarse o impugnarse.

La violencia física, sexual, psicológica o económica no son experiencias aisladas: son formas de colonización íntima. Cada gesto violento busca intervenir en la manera en que una persona se percibe, se relaciona, se desea o se narra. Por eso, la violencia no solo deja heridas visibles: deja silencios, miedos, repliegues, incertidumbres.

Sin embargo, las sobrevivientes —y sus comunidades— han demostrado que el cuerpo no es solo la víctima. El cuerpo también es el lugar de la palabra que vuelve, del vínculo que repara, del caminar que continúa.

Este 25 de noviembre recordamos que el cuerpo es archivo, pero también potencia. Memoria, pero también futuro.

Chile: cifras, omisiones y resistencias

En Chile, las cifras de violencia son alarmantes. Cada año, decenas de mujeres son asesinadas por femicidio; miles denuncian violencia psicológica, física o sexual; y centenares de niñas y adolescentes viven abusos en entornos que deberían protegerlas. La violencia económica, patrimonial y digital, aunque menos visible, sigue creciendo. Según un estudio del Instituto Milenio MIPP, la “prevalencia vida” es decir, la proporción de mujeres que han sufrido violencia alguna vez en su vida subió de un 32,6 % en 2012 a un 44 % en 2022. Además, la “prevalencia año” las que han sufrido algún tipo de violencia en los últimos doce meses aumentó de un 18,2 % en 2012 a un 23,3 % en 2022. Estos números revelan que casi una de cada cuatro mujeres vive violencia familiar de manera regular, lo que va más allá de lo policial: habla de agresiones invisibilizadas en el día a día, muchas de ellas silenciada.

Desde una perspectiva sociológica, esta discrepancia no es solo una falla estadística, sino un reflejo de las relaciones de poder y género en la sociedad chilena. El hecho de que un porcentaje tan alto de mujeres viva violencia, pero tan pocas denuncien, evidencia cómo las normas sociales pueden invisibilizar el sufrimiento, legitimar agresiones psicológicas o físicas y perpetuar la desigualdad de género. No bastan políticas punitivas: es urgente un cambio profundo en la cultura —una transformación educativa y comunitaria que reconozca la violencia de género como un problema cotidiano y estructural, no solo un crimen aislado.

A esto se suma la violencia institucional: revictimización en tribunales, negligencia en sistemas de salud, falta de acompañamiento psicológico adecuado, ausencia de refugios suficientes y procesos judiciales que terminan sin condena. Como señala Marcela Lagarde (2005), la sociedad produce “zonas de riesgo” para las mujeres. Y en Chile, esas zonas se multiplican en territorios rurales sin apoyo estatal, en barrios sin servicios básicos, en hogares precarizados y en espacios donde la vigilancia patriarcal sigue operando mediante el control económico, afectivo o sexual.

Pero la resistencia también es real. Colectivas feministas, organizaciones comunitarias, equipos de salud mental, agrupaciones trans, grupos de madres y sobrevivientes, y miles de jóvenes han construido redes que sostienen lo que las instituciones aún no alcanzan. La lucha en Chile no es solo respuesta: es creación de futuro.

Desmantelar la violencia: rutas éticas y políticas

La violencia no es un destino. No es una esencia humana, ni un fenómeno inevitable. Es una estructura desmontable. Y las herramientas son múltiples:

a) Educación con enfoque de género y derechos humanos

Butler (2020) recuerda que la educación es una fábrica de subjetividades. Sin perspectiva crítica, reproduce desigualdad; con enfoque feminista, promueve comunidades más seguras y libres.

b) Transformación institucional profunda

No basta con protocolos: se requieren instituciones comprometidas, con equipos formados, con recursos suficientes y con voluntad política para no revictimizar.

c) Políticas públicas integrales

Refugios, asesoría legal, apoyo psicológico, protección económica, programas de prevención en adolescencia, reparación para sobrevivientes y estrategias comunitarias.

d) Transformación cultural

Esto implica desmontar mitos:

que los celos son amor,

que la violencia es un asunto privado,

que la víctima es culpable,

que las disidencias “provocan”,

que la violencia es inevitable.

Desmontar estos mitos es reescribir la forma en que entendemos la vida en comunidad.

e) Política de los cuidados

Como dice Federici (2018), los cuidados son una forma de resistencia. Cuidar es un acto político que desafía el abandono sistémico.

Memoria insurgente, futuro feminista

“Ni una menos” no es un lema; es un horizonte ético. Un horizonte que honra a quienes fueron asesinadas, escucha a quienes sobrevivieron y acompaña a quienes aún están atrapadas en dinámicas de violencia.

Este 25 de noviembre afirmamos:

-que la violencia no es natural;

-que la violencia no es privada;

-que la violencia no es una excepción;

-que la violencia no es justificable;

-que la violencia no es destino.

Como diría Paul B. Preciado:

“Seremos cuerpos insumisos, cuerpos que interrumpen la gramática del poder, cuerpos que inventan nuevas posibilidades de vida”.

Que esta fecha sea entonces un llamado a la memoria, pero también a la imaginación política. A construir sociedades donde la vida sea digna, donde la justicia sea posible y donde el cuidado sea el centro.

“Donde ninguna mujer, niña o disidencia tenga que sobrevivir en silencio. Donde la vida, finalmente, valga”.

REFERENCIAS

Butler, J. (2009). Frames of war: When is life grievable? Verso.

Butler, J. (2020). La fuerza de la no violencia. Paidós.

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (1979). Naciones Unidas.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”. (1994). Organización de los Estados Americanos.

Curiel, O. (2013). La nación heterosexual: Análisis del discurso jurídico y el régimen heterosexual desde la antropología de la dominación. Brecha Lésbica.

Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). Naciones Unidas.

Federici, S. (2004). Calibán y la bruja: Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Traficantes de Sueños.

Federici, S. (2018). El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo. Traficantes de Sueños.

Lagarde, M. (2005). Los cautiverios de las mujeres: Madresposas, monjas, putas, presas y locas. Siglo XXI.

Preciado, P. B. (2008). Testo yonqui. Espasa.

Preciado, P. B. (2013). Pornotopía: Arquitectura y sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría. Anagrama.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres. Traficantes de Sueños.