Asociación que desentierra de fosas comunes a víctimas de la dictadura franquista: “El miedo y el silencio sigue favoreciendo a los verdugos”

–Hace exactos 50 años, el caudillo español Francisco Franco murió en la cama del Hospital de La Paz en Madrid acompañado de su familia. La dictadura que lideró dejó tortura, campos de concentración y ejecutados. De los asesinados, muchos eran arrojados a las puertas de sus casas para amedrentar a la población y después de horas de exhibirlos, los militares del Ejército Nacional, los cargaban en camionetas para desaparecerlos.

– Desde el año 2000, cientos de cadáveres han sido descubiertos bajo cunetas, pozos y montes. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que reúne a familias de víctimas y personas afines, conversó con El Arrebato y detalló cómo comenzaron un trabajo que el Estado omitió por años y la forma en que han devuelto miles de víctimas a sus familias. Al día de hoy, se estima que existen o han existido 6 mil sitios de entierro clandestino y resta por encontrar a más de 14 mil represaliados.

Por Jimena Améstica Zavala

“Somos un país que no permite el acceso a la justicia para las víctimas de la dictadura, para las familias de los desaparecidos”, aseguró en conversación con El Arrebato, Emilio Silva, fundador y presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), organización que desde el año 2000, ha desenterrado desde fosas comunes, los cuerpos de cientos de víctimas de la represión de la dictadura de Francisco Franco a lo largo y ancho de todo el territorio español.

El periodista y sociólogo, es nieto de Emilio Silva Faba, el primer republicano identificado genéticamente después de que su cuerpo fuera exhumado desde una fosa en la provincia de León, al noreste del país. Este 20 de noviembre, cuando se cumplen 50 años de la muerte del caudillo, el también politólogo insiste en que el país europeo sigue sin entregar justicia a familias como la suya, como también a todos quienes fueron torturados, recluidos en campos de concentración y desaparecidos.

“Yo soy nieto de uno de esos desaparecidos. El primero que fue identificado genéticamente en España. Nosotros llevamos años tratando de abrir una grieta para encontrar acceso a la justicia”, asegura.

Sin embargo, advierte que “España es un país con mucha doble moral”, que si bien, en los años 90′ inició juicios por violaciones a los derechos humanos por las dictaduras de Chile, Argentina y Guatemala “jamás ha sentado en un banquillo a ninguno de los responsables de violaciones de los derechos humanos de la dictadura española”.

Con el objetivo de romper con la impunidad, interpusieron en 2010 una querella en Argentina, resguardados en la aplicación del principio de justicia universal. Si bien, la causa continúa abierta, aclara que “los gobiernos españoles, desde ese año hasta hoy, se han dedicado a obstaculizar cualquier actuación que ha sido solicitada por la justicia trasandina”.

“España es el único país del mundo que tiene un problema de desaparición forzada y convoca unas subvenciones para decir que lo soluciona, pero dispone un dinero limitado que hace competir a las familias, para ver quién se queda con esos recursos. Ese el método que tiene el Gobierno de España para hacer ese tipo de identificaciones”, precisa.

A este escenario, añade, se suma la última revelación del Ministerio de Administración Territorial y Memoria Democrática, que reconoció, después de las presiones de la organización, que entre 2009 y lo que va del 2025, han exhumado 8 mil 900 cuerpos de fosas comunes, pero solo han identificado a 70, situación que Silva calificó como “una vergüenza”.

¿Y dónde están esos restos?

No lo sé. Estarán almacenados en algún sitio. Ese dato no lo han dado, pero nosotros somos una asociación que hace exhumaciones, que no recibe ni un céntimo de ninguna institución pública, porque no lo queremos, y esos mismo años hemos identificado más gente que el Gobierno de España, país que presume ser la cuarta economía de Europa.

La relación de esa baja tasa de identificación, es porque el Gobierno no ha hecho nunca políticas activas de búsqueda de las familias. Entonces, ahora mismo tienen esos 8 mil 900 cuerpos sin identificar, y no están haciendo campañas para buscar a los familiares para identificarlos con lo que llamamos ADN vivo.

El Gobierno actúa como si su misión fuera exhumarlos. El Estado Español ratificó en el año 2009 la Convención contra la Desaparición Forzada Involuntaria, que sólo habla de identificar. Entonces, el objetivo del Gobierno español debería ser identificar, pero parece que se ha confundido y su objetivo es sólo exhumar.

-Y en este escenario, ¿hay algo que puedan hacer ustedes como organización?

Bueno, nosotros hemos intentado las vías judiciales, hemos puesto decenas de denuncias cuando encontramos restos humanos con signos de violencia en las fosas que buscamos. Ayudamos a las familias. Hacemos lo que podemos. Nos peleamos con los distintos gobiernos para ver si alguno cumple lo que tiene que cumplir.

Empezamos en el año 2000. Ya en el 2002 yo me fui en coche a Ginebra para llevar los primeros casos de desaparecidos de la dictadura. Y el año 2013 después de mucha pelea vino a hacer una gira por España el grupo de trabajo contra la Desaparición Forzada Involuntaria.

En marzo de 2014 vino el Relator Especial para la Verdad, la Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, quienes hicieron dos informes muy potentes sobre la situación. En ese entonces gobernaba el Partido Popular (PP), que se burló de los informes. Después llegó este gobierno (Pedro Sánchez del PSOE), hizo una especie de respuesta a las Naciones Unidas, pero la ONU lo que le reclamaba a España era justicia, que eso lo hacen los jueces. Y este Gobierno no ha querido derogar la ley de amnistía y permitir que las víctimas tengan acceso a esa justicia.

– Bajo su percepción, ¿por qué el Estado mantiene esta línea? ¿Cuáles son las razones que invoca para sostener esta inacción?

Porque no hay voluntad política de que pase. Y eso tiene que ver con que la dictadura en España fue muy larga. Hubo medio millón de exiliados, más de 100 mil civiles desaparecidos, como mi abuelo.

Y quienes iban a las universidades en los años 40, 50, 60, eran los hijos de los franquistas. Ellos han militado en distintos partidos políticos, prácticamente entre 1997 y 2011, en gobiernos del PSOE por 21 años y ocho del PP. El 95 por ciento de los ministros y ministras, en esos gobiernos progresistas, de derechas y de centro eran hijos de franquistas. En ciencia política, es lo que se llama “ley de hierro de la oligarquía”, ellos no van a acabar con la impunidad porque igual están causando un problema familiar, por decirlo así.

VIOLENCIA ESTRUCTURAL

“Aquí el problema está en la estructura social española que está completamente determinada por la violencia de la dictadura”, explica Silva, y a continuación, ejemplifica su diagnóstico con el origen de las riquezas de las empresas del país, como lo ocurrido con el gigante energético de Naturgy, nacida en 1936 después del asesinato del diputado republicano, José Miñones.

“Cuando lo asesinan los fascistas, su empresa se la queda un amigo de Franco: Pedro Barrié de la Maza. Le cambió el nombre y hoy se llama Naturgy. Tiene poder, cena con ministros, invierte en medios de comunicación. Y no quiere, ni que se cuente su verdadera historia, ni que exista un gobierno que le diga que tiene que indemnizar a los descendientes del dueño original”.

Entonces, agrega, “todavía aquí hay mucho poder real que tiene que ver con la dictadura (…) aquí hay grandes constructoras nacidas al abrigo de la corrupción política y económica de la dictadura y hoy son multinacionales, que incluso, en algún caso utilizaron mano de obra de presos políticos. Por ello, esta gente tiene mucho poder para determinar lo que toleran que pase y lo que no toleran que suceda”.

–Y a nivel social, de la ciudadanía en sí misma, ¿qué es ese algo que sigue manteniendo todo lo ocurrido en silencio? Muchos bisnietos de fusilados han contado que conocieron hasta muy adultos la historia de su familia. Decían que nadie hablaba de aquello.

Ese algo es el miedo. Por ejemplo, en el documental chileno “La memoria infinita” de Mayte Alberdi, donde recorre la vida del periodista Augusto Góngora diagnosticado con Alzheimer, tiene una escena, donde alguien le pregunta a él, por su mejor amigo José Miguel Parada. El hombre se queda mirando sin decir nada, sin encontrar nada en su cabeza para responder eso, pero se pone a llorar. Y entonces, le digo a Mayte, a quien conocí en Madrid: ‘mira que bien esta imagen para el caso español’.

Aquí hemos tenido una inmensa producción de ignorancia fomentada por todos los gobiernos para que esto no fuera estudiado en los colegios. Y lo que explicaba esa escena, era que un individuo o una sociedad pueden perder su memoria, pueden no conocer su pasado, pero se comportan como si lo conocieran, porque han heredado las emociones y los comportamientos que ha generado esa violencia.

En España hay mucho silencio, porque hay mucho miedo todavía. Cuando vamos a los pueblos, tenemos que rascar en la memoria de la gente para encontrar la información que necesitamos para descubrir las fosas. Nos chocamos habitualmente con el silencio que es el envoltorio del miedo.

-Eso lo tiñe todo por completo…

Sí, aquí hay mucho miedo. Y el miedo y el silencio sigue favoreciendo a los verdugos. En el fondo es algo tan perverso: como las víctimas sin quererlo, están colaborando con los intereses de los verdugos. Y eso es terrible, pero la violencia ha hecho que eso sea así.

“NUNCA VAMOS A SABER LA CIFRA DE ASESINADOS”

Emilio, aseguró que desconocen el número de fosas comunes que aún continúan sin abrir en toda España. Pueden estar bajo carreteras, en descampados o incluso cerca de las ciudades. Podemos pasar sobre ellas cada día con total desconocimiento. Incluso, los números que posee el gobierno, explica, no tienen un sustento técnico para detallar su origen.

“No se sabe, y nunca lo vamos a saber. Se quemaron millones de documentos al acabar la dictadura. Nunca se ha encontrado un papel que diga siquiera: ‘a este no hay que ir a buscarlo porque ya lo hemos asesinado’. Nada. Nosotros nunca vamos a saber, porque hubo asesinados que no tenían descendencia, que eran jóvenes; otros que su familia se exilió y no están aquí para buscarlos, y en los ayuntamientos no los tenemos registrados con un acta de defunción”.

Lo mismo ocurre con la cifra de civiles asesinados que continúan desaparecidos. En ese caso, la ARMH estima un numero de 14 mil 226 personas. “Pero sabemos que son más”, precisa el sociólogo, recalcando que “nunca vamos a saber. Como decía el poeta argentino, Juan Gelman: ‘cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido’. Pues, aquí han trabajado mucho porque tenían mucho que esconder”.

-¿De qué depende abrir las fosas identificadas?

Nosotros tenemos nuestro propios recursos. El Estado podría abrir una oficina y atender a estas familias, pero no lo hacen, no ha querido, no tiene la voluntad de crear ese organismo. Entonces, bueno, nosotros lo hemos intentado. Llevamos años peleando. Todo lo que hacemos lo debería hacer el Estado. Pero lo que hay es falta de voluntad política.

Por ejemplo, en Madrid tenemos decenas de monumentos franquistas, como un arco de la victoria que está muy cerca de la residencia del presidente del gobierno. Se construyó para celebrar la victoria de Franco, Hitler y Mussolini, que desfilaron por Madrid. Y celebra el sufrimiento de familias como la mía. Lleva 48 años en democracia. Todas las ideologías que han gobernado han pasado junto a él y nadie haya dicho nada. Eso explica la falta de voluntad política.

-¿Es decir, a 50 años de la muerte de Franco los avances institucionales son nulos?

Bueno, han sido pocos. En la transición española se dijo ‘vamos a esconder a las víctimas porque tenemos que esconder a los verdugos’. Porque si hay víctimas hay verdugos. En estos años desde que empezamos las exhumaciones y a aparecer otros colectivos, con otras vivencias, nosotros hemos conseguido que se vea a las víctimas, pero el Estado sigue escondiéndolas. Y si los esconde, mucho menos va a juzgar.

¿Hasta cuándo seguirán buscando?

Hace una semana estuvimos exhumando una fosa en la provincia de Segovia. Vamos a seguir. Yo hasta el final de mis días.