Red de Sobrevivientes del Estallido Social y discursos que los señalan como “delincuentes”: “Es indigno que respondan así ante sus propios crímenes”

• “El pilar de nuestra unión es demostrar que somos ciudadanos de a pie y que se cometieron contra nosotros acciones criminales por parte de agentes del Estado”, aseguró en conversación con El Arrebato la actriz chilena María Paz Grandjean, vocera de la organización.

• Carlos Astudillo, cientista político e integrante de la agrupación, añadió que están impulsando una Ley de Reparación Integral y la creación de una Comisión de Verdad para determinar el número de víctimas en concreto, pues indican que hasta hoy no existe un catastro definitivo que permita “establecer la verdad”, lo que asegura “es un incumplimiento del Estado y de una irresponsabilidad del Gobierno”.

Por: Redacción El Arrebato

“Somos sobrevivientes de violencia policial que resultamos con trauma oculares, con perdigones o baleados por el Ejército. Somos sobrevivientes de tortura y violencia sexual. Y también familiares de personas asesinadas. Somos gente muy diversa: padres, madres, estudiantes, trabajadores y profesionales que hemos luchado por justicia, reparación y dignidad para todo nuestro país (…) no nos une una ideología”, aseguró a El Arrebato la actriz chilena María Paz Grandjean, vocera de la Red Nacional de Sobrevivientes del Estallido Social, quien fue herida por la policía cuando salía de su trabajo el 18 de octubre de 2019.

Según explicó, la organización se formó con el objetivo de impulsar una Ley de Reparación Integral y buscar “verdad, justicia y reparación” en cada uno de los ataques que sufrieron por parte de policías y militares en medio de las manifestaciones sociales. Mismas querellas que sostienen la acusación por omisión de apremios ilegítimos en contra de los altos mandos de Carabineros. En la causa hoy figuran como imputados el ex general director Mario Rozas, el recién renunciado Ricardo Yáñez que ocupaba en esa época el puesto de director nacional de Orden y Seguridad, y el exsubdirector general Diego Olate.

Asimismo, Grandjean explicó que uno de los fundamentos que motiva a la agrupación “es hacer caer este discurso de que somos ‘delincuentes’. El pilar de nuestra unión es demostrar que somos ciudadanos de a pie y que se cometieron contra nosotros acciones criminales por parte de agentes del Estado“.

La construcción de este relato, añadió, ha sido impuesta para “no asumir” la “responsabilidad” de los apremios cometidos y solo “criminaliza a la víctimas y sobrevivientes. Ese hecho es fundamental de revertir, porque es muy indigno para todas las partes. Es indigno que respondan así ante sus propios crímenes. Habla de cobardía. Eso llena de indignidad a la sociedad, la enferma y la rompe. Hay crímenes cometidos por agentes del Estado y hay víctimas correspondientes a la población civil chilena desarmada, haciendo ejercicio legítimo del derecho a la protesta o de circulación”.

Por ello, Carlos Astudillo, cientista político e integrante de la agrupación, añadió que la Ley de Reparación Integral “debe contemplar medidas justas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”.

No obstante, acotó que una Ley de estas características “necesita identificar cuantos somos. Hoy, son muchas las instituciones y organizaciones que manejan distintas cifras. Uno de los problemas es que aún no existe un catastro definitivo de víctimas que permita establecer la verdad, lo cual es un incumplimiento del Estado y de una irresponsabilidad del gobierno con las víctimas“.

Para ello, Astudillo añadió que una Comisión de Verdad “resulta imperativa, la cual de acuerdo a la experiencia internacional, su necesidad trasciende a los procesos de transición democrática”.

• Se van a cumplir cinco años desde el estallido social. ¿Cómo valoran el escenario a nivel de procesos judiciales en contra de policías y militares? Según Amnistía Internacional “sólo el 0,2% de víctimas de violaciones a los derechos humanos(…) han conseguido justicia”.

Desconocer a un mínimo de 1.200 que son las querellas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), es desconocer una parte importante de la población chilena. Estamos para recordar que cada uno tiene un papel en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y no podemos permitir que el miedo y la violencia institucional continúen siendo parte de nuestra historia. No se trata de que un Presidente diga “Ya no más”. Eso no es así. El incumplimiento a los tratados internacionales a los que Chile está adscrito y que significan que se debe respetar ese derecho a la manifestación pública, es lo que nos parece indigno.

• Después de la absolución del cabo Zamora en el Caso Pío Nono, caso también llevado por la fiscal Ximena Chong. Cómo ven el panorama en cuanto a la formalización de Yáñez, Rozas y Olate

A diferencia de lo ocurrido con el cabo Zamora, aquí los hechos imputados son cientos: involucran fracturas, laceraciones, apremios ilegítimos, lesiones graves, violaciones, detenciones ilegales, disparos de perdigones y de otro tipo de proyectiles, traumas, mutilaciones y estallidos oculares, etcétera.

• Sobre el general Ricardo Yáñez y la determinación del Gobierno de mantenerlo en su puesto hasta su reciente renuncia. ¿En qué medida les impactó esta situación de cara a la formalización?

Para nosotros fue muy revictimizante. Uno se pregunta cuál es el negocio de proteger a alguien que está imputado por gravísimas violaciones a los derechos humanos. Cuál es el ferviente deseo de perpetuar la impunidad de este Gobierno y de los anteriores? Y hablando de la llamada “crisis de seguridad”, cómo es que se puede combatir la delincuencia si desde las cúpulas la defienden, la protegen, la propician, esa pregunta nos hacemos nosotros como agrupación.

• ¿Cuáles son los siguientes pasos de la Red, cómo buscarán o están buscando revertir ese discurso, que mencionabas, levantado sobre los sobrevivientes como ‘delincuentes’?

Ahora estaremos presentes y sumamente atentos porque en la RED hay personas que forman parte de esa gran querella. Y los pasos concretos son también avanzar en una Ley de Reparación y que no dependa de los Gobiernos las situaciones de violaciones a los derechos humanos, sino que el Estado entero se haga cargo.