El “punto de inflexión” de Kast y el “antes” y el “después” de Sedini: ¿contribuyó el gobierno a escalar el conflicto con los estudiantes?
Por Álvaro Ortiz, periodista
Tras la escandalosa situación que vivió la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, en el campus de la Universidad Austral de Chile, cuando fue perseguida y agredida por estudiantes de la institución, la vocera de gobierno, Mara Sedini, condenó el hecho con las siguientes palabras: “No nos van a intimidar. Lo que ocurrió ayer es un antes y un después”.
Ya no es de sorprenderse de los errores en la elección de palabras por parte de la ex panelista de “Sin Filtros”. Sin embargo, hablar de un “antes y un después” a solo semanas de que una inspectora fuera asesinada en Calama por un estudiante, o que este jueves un niño de primera básico fuera herido con un cuchillo en Renca, sería al menos desafortunado o, incluso, inconsecuente.
Sedini traza una línea y elige fijar la gota que derramó el vaso después de que una autoridad del Ejecutivo sufriera una agresión; acción que podría entenderse dentro de un ecosistema polarizado, y que el mismo gobierno habría contribuido a crear. Podríamos pensar que una situación de esa envergadura era esperable, aún más, considerando que la primera medida de Lincolao en su llegada a la cartera fue suspender las becas de magíster y doctorado al extranjero. En ese contexto se enmarcaron algunas de las consignas de la protesta: “cagate al que estudia” o “ministerio hipócrita”.
Además, esta medida, como lo señaló la misma secretaria de Estado en conversación con Cooperativa, sería ejecutada sin alternativas, “con o sin recorte”, refiriéndose a la reducción presupuestaria que se aplicó a todos los ministerios, enmarcada en el ajuste fiscal anunciado por Hacienda. Es aquí donde surgen las dudas: ¿ La batalla cultural e ideológica estaría pesando más que el beneficio a la hora de tomar decisiones dentro del gobierno? ¿Se estaría repitiendo lo ocurrido con el retiro de los 40 decretos medioambientales de la Contraloría General de la República?
Volviendo a lo señalado en un principio, lo ocurrido en el campus Isla Teja, no puede leerse desconectado del clima que el propio gobierno habría venido alimentando en materia educacional. Una de las pancartas de la protesta en Valdivia aludía directamente al Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema que se convirtió en el símbolo de una generación marcada por el endeudamiento. Esta semana, Hacienda anunció el endurecimiento del cobro a los morosos con mayores ingresos, lo que se sumó a la propuesta de restringir la gratuidad en la educación superior a estudiantes mayores de 30 años.
Asimismo, la ministra de Educación, María Paz Arzola abrió otro flanco que agudazaría la crisis: sostener que “la gratuidad no ha permitido mejorar la equidad en el acceso a la educación superior”, una frase que reactivó un debate que parecía zanjado al menos en sus resultados más visibles. Sin embargo, la evidencia disponible muestra algo bastante distinto. Un estudio publicado en SciELO Chile en 2022, sobre acceso y permanencia en educación superior, señala que la gratuidad eliminó barreras económicas de ingreso para los sectores de menores ingresos y mejoró las trayectorias académicas al disminuir la presión financiera sobre los estudiantes. A eso se suma un informe de Acción Educar, citado también en la Biblioteca del Congreso, que muestra que la tasa de permanencia al segundo año subió desde cerca de 50% en estudiantes sin beneficios a 69% en quienes reciben apoyo estatal.
Vale decir que, por ningún motivo, se avala la violencia ocurrida. Sin embargo, por un lado está condenar el hecho, pero su instrumentalización camina por otra vereda. Así, pareciera que la ansiedad por encontrar un respiro frente al deterioro de su respaldo ciudadano llevó a La Moneda a tomar de este episodio todo aquello que le resulta políticamente útil, dejando en segundo plano las causas que incubaron el conflicto. De este modo, se estaría utilizando un acto de violencia espontáneo en beneficio de su agenda política, transformándolo en una oportunidad narrativa: endurecer el discurso, reforzar la tesis del desorden y reposicionar al gobierno en un terreno donde se siente más cómodo, el de la autoridad, el control y la reacción frente al caos.
Porque, si realmente se trata de un “punto de inflexión”, como también señaló José Antonio Kast, cabe preguntarse: ¿qué cambió tras la agresión a la ministra y por qué otros hechos más graves no merecieron el mismo tono, la misma urgencia ni la misma carga simbólica desde La Moneda?
