Noelia Castillo y la muerte programada en España: cuando el sistema es el verdugo

Por Patricia E., trabajadora social (Valladolid, España)

El caso de Noelia Castillo, la joven española de 25 años que recibió la eutanasia este jueves tras una larga batalla judicial, no debe leerse como una crónica de la libre elección, sino como el acta de defunción de un Estado de bienestar que ha desertado de sus funciones más básicas. Mientras el debate público se pierde en disquisiciones éticas sobre la eutanasia como una muerte programada, la realidad nos golpea con la historia de una mujer cuya voluntad de morir es el último eslabón de una cadena de negligencias institucionales.

Hablamos de una estructura administrativa que, lejos de proteger, ha permitido y amparado una violencia de género de manual contra su madre y una violencia vicaria sistemática contra ella. Es el propio sistema el que, mediante la ejecución de desahucios y la falta de alternativas habitacionales, empuja a las mujeres de vuelta al domicilio de sus maltratadores, convirtiendo el hogar en una celda de castigo para las madres y sus hijos.

Resulta jurídicamente aberrante que, ante las súplicas de auxilio, la respuesta institucional consistiera en separar a madre e hija, entregando a la menor a una vulnerabilidad que derivó en múltiples agresiones sexuales. Ese vacío legal y protector es el que permite que una joven, tras intentar quitarse la vida repetidamente, se encuentre con la injerencia de un padre que, en un ejercicio de control absoluto apoyado por el extremismo religioso, pretendió judicializar un dolor que nunca se dignó a aliviar.

Es un perfil de dominio masculino que el sistema no solo conoce, sino que tolera. Antes de permitirnos el cinismo de juzgar si la eutanasia aplica o no en este caso, deberíamos señalar la responsabilidad de un engranaje patriarcal que ha fallado en cada protocolo de custodia, en cada orden de protección y en cada recurso de salud pública.

Noelia no estaba pidiendo el fin de su vida por un capricho existencial, sino como respuesta a una sociedad que la ha desahuciado de su derecho a la seguridad y a la dignidad. El Estado no puede lavarse las manos con un procedimiento médico cuando ha sido su propia inacción la que ha dictado, mucho antes de hoy, la sentencia de esta joven.