Mercado y crisis: la reconfiguración neoliberal del Estado en los nueve días de Kast

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Por Sofía Varas Rojas

En nuestro país, la palabra crisis tiene una historia larga y productiva, no solo describe momentos de inestabilidad, también los produce. En su nombre se han implementado reformas estructurales, se han reconfigurado derechos y se han legitimado decisiones que, fuera de ese marco, habrían sido ampliamente cuestionadas. Los primeros días del gobierno de José Antonio Kast se inscribe en esa tradición, instalando un diagnóstico de urgencia económica que, al ser examinado en detalle, revela menos una situación objetiva de colapso que una estrategia de reorganización del Estado.

Lo que emerge con mayor claridad no es únicamente un ajuste fiscal, sino un desplazamiento más profundo. El Estado se redefine, no como garante de derechos, sino como obstáculo a remover. Y ese desplazamiento no ocurre en abstracto, sino en ámbitos concretos donde sus efectos son medibles: educación, trabajo, salud y, de manera especialmente crítica, medioambiente.

La economía como relato: cuando los datos no acompañan la urgencia

El discurso gubernamental ha insistido en que Chile enfrenta una crisis económica severa. Sin embargo, los datos disponibles muestran una realidad menos compleja y, en varios aspectos, menos dramática. El Banco Central ha señalado que la economía atraviesa un proceso de ajuste tras el ciclo expansivo post pandemia, con una inflación en descenso sostenido y expectativas que convergen hacia la meta del 3%. El crecimiento proyectado, aunque moderado, se mantiene en terreno positivo, lo que es consistente con una desaceleración, no con una crisis estructural.

En el plano fiscal, la evidencia es aún más clara la deuda pública chilena se sitúa en torno al 38% del PIB, muy por debajo del promedio de países de la OCDE, lo que indica que el país conserva margen fiscal para enfrentar escenarios adversos (Dipres, 2024). A pesar de ello, las primeras medidas han apuntado a recortar gasto y reducir impuestos a empresas, configurando una combinación que tensiona aún más la capacidad estatal.

Este desfase entre diagnóstico y evidencia no es nuevo. Como advierte Joseph Stiglitz, las políticas de austeridad suelen justificarse en escenarios de crisis que no siempre corresponden con la magnitud de las medidas adoptadas, generando efectos regresivos en la distribución del ingreso (Stiglitz, 2012). En este caso, la crisis parece operar más como marco interpretativo que como condición material.

Educación: la fragilidad de la gratuidad como síntoma

En cuanto a la educación, las señales iniciales han sido ambiguas pero consistentes. El gobierno ha planteado la necesidad de revisar la gratuidad en la educación superior, una política que permitió ampliar el acceso de estudiantes de menores ingresos. Aunque se ha afirmado que no se eliminará, la idea de “ajustes” introduce una incertidumbre que, en política pública, suele anticipar restricciones.

El impacto potencial es significativo. Más del 60% de los estudiantes de educación superior en Chile proviene de los primeros deciles de ingreso, lo que hace que cualquier modificación en la gratuidad afecte directamente a sectores vulnerables. La experiencia histórica del crédito educativo, que generó altos niveles de endeudamiento, sigue presente como antecedente.

Cristián Bellei ha documentado que el sistema educativo chileno es uno de los más segregados del mundo, precisamente por su organización en torno a lógicas de mercado (Bellei, 2015). En ese contexto, la gratuidad no es solo un beneficio económico, sino un mecanismo de corrección estructural.

Reducirla implica reintroducir una lógica donde el acceso a la educación depende de la capacidad de pago. No se trata de una medida técnica, sino de una redefinición del derecho mismo a la educacion.

Trabajo: flexibilización en un mercado ya precarizado

En materia laboral, el retiro del proyecto de negociación ramal y la decisión de no avanzar en modelos de negociación multinivel marcan un retroceso significativo en la estructura de relaciones laborales. La justificación ha sido la necesidad de priorizar la creación de empleo en un contexto donde más de 850 mil personas se encuentran fuera del empleo formal, según cifras citadas en prensa.

Sin embargo, esta lectura omite una dimensión clave: la calidad del empleo. En Chile, cerca del 27% de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad, lo que implica ausencia de protección social y alta vulnerabilidad (INE, 2024). En este escenario, la flexibilización no necesariamente genera más empleo, sino empleo más precario.

La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que la precarización puede afectar negativamente la productividad y la cohesión social (OIT, 2022). Manuel Castells, por su parte, ha planteado que el desarrollo económico requiere un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, advirtiendo que la ausencia de esta última debilita la sostenibilidad del crecimiento (Castells, 2010).

La decisión de despriorizar la negociación colectiva no es neutra. Refuerza un modelo donde el poder de negociación se concentra en el empleador, consolidando asimetrías históricas.

Medioambiente: el punto ciego del ajuste

Es en el ámbito ambiental donde las decisiones adoptadas adquieren una dimensión particularmente crítica. El retiro de 43 decretos ambientales, justificado como una medida para agilizar la inversión, representa un giro en la relación entre desarrollo económico y regulación. No se trata solo de reducir burocracia, sino de modificar los estándares bajo los cuales se evalúan los impactos de los proyectos.

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile ha sido históricamente una herramienta preventiva que permite anticipar y mitigar efectos sobre ecosistemas (SEIA, 1997). Debilitarlo implica trasladar el riesgo hacia el territorio y las comunidades.

Los efectos de estas decisiones se vuelven más evidentes al observar el estado de la biodiversidad chilena. La ranita de Darwin, una especie endémica de los bosques templados del sur, se encuentra actualmente en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, enfermedades y cambio climático. Su situación no es anecdótica. Es un indicador de un sistema ecológico en deterioro.

Este anfibio, único en el mundo por su forma de reproducción donde el macho incuba a las crías en su saco vocal, ha visto reducida drásticamente su población desde la década de 1980. La destrucción de bosques nativos y la intervención humana han sido factores determinantes en su declive.

El caso de la ranita no es aislado o el pingüino de Humboldt, cuya población mundial se concentra mayoritariamente en Chile, ha sido reclasificado recientemente como especie en peligro, reflejando un deterioro en sus condiciones de conservación. Las colonias han disminuido y enfrentan amenazas asociadas a la pesca industrial, la contaminación y la intervención de su hábitat.

Estos datos no son abstractos. Reflejan procesos concretos donde la regulación ambiental cumple un rol central. Debilitarla en nombre del crecimiento implica asumir costos que no se distribuyen de manera equitativa.

La CEPAL ha advertido que el desarrollo sostenible requiere integrar la dimensión ambiental en la toma de decisiones económicas, señalando que la desregulación puede generar beneficios de corto plazo a costa de impactos irreversibles (CEPAL, 2022). En Chile, donde el 80% de la población del pingüino de Humboldt habita en el territorio nacional, las decisiones locales tienen consecuencias globales.

A ello se suma el contexto institucional, la reciente creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas buscaba fortalecer la gestión ambiental en el país, consolidando políticas de conservación y restauración.v Sin embargo, las señales actuales apuntan en la dirección contraria, generando incertidumbre sobre su implementación efectiva.

Lo que se redefine

Lo que se encuentra en disputa no es meramente un conjunto de políticas públicas, sino una transformación sustantiva en la concepción del Estado y su función dentro del orden social. En el caso del proyecto impulsado por José Antonio Kast, la reducción de la gratuidad, la flexibilización laboral y la desregulación ambiental no aparecen como medidas aisladas, sino como parte de una reconfiguración coherente orientada a profundizar un modelo de corte neoliberal.

Desde una perspectiva sociológica crítica, este giro implica un desplazamiento del Estado desde su rol de garante de derechos hacia una función subsidiaria y facilitadora del mercado. En este tránsito, los derechos sociales tienden a ser redefinidos como bienes de consumo, accesibles según la capacidad de pago, mientras que la naturaleza es concebida crecientemente como un recurso económico disponible para su explotación.

Tal como advertía Carlos Moulian, el modelo chileno ha tenido una notable capacidad para naturalizar las desigualdades, incorporándolas al sentido común como parte del orden “normal” de las cosas. El problema central de este proceso radica precisamente en esa dimensión: no solo se transforman las políticas públicas, sino también los criterios de legitimidad que estructuran la vida social.

En este contexto, la apelación constante a la crisis económica, de seguridad o institucional opera como un dispositivo discursivo que restringe el horizonte de lo posible. Bajo esa lógica, propuestas que implican retrocesos en materia de derechos pueden presentarse como necesarias o inevitables, consolidando así un escenario en el que la desigualdad no solo se reproduce, sino que se justifica simbólicamente.

REFERENCIAS

Banco Central de Chile. (2024). Informe de Política Monetaria.

Bellei, C. (2015). El gran experimento. LOM.

Bourdieu, P. (1998). La esencia del neoliberalismo.

Castells, M. (2010). La era de la información.

CEPAL. (2022, 2023). Informes económicos.

Dipres. (2024). Informe de Finanzas Públicas.

INE. (2024). Boletín empleo.

Klein, N. (2007). The shock doctrine.

OIT. (2022). Perspectivas del empleo.

Segato, R. (2016). La guerra contra las mujeres.

Stiglitz, J. (2012). The price of inequality.