Adopciones ilegales, explotación sexual, muertes y personal no capacitado: el informe de Voces ex Sename que detalla vulneraciones en residencias entre 1979 y 2024
Se trata de un documento presentado al presidente Gabriel Boric durante una reunión enmarcada en la Comisión Verdad y Niñez. La organización de egresados de centros de menores, detallaron una serie de hechos ocurridos a nivel nacional, las que consideran, constituyen “violaciones sistemáticas” contra niñas, niños y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado.
Por Jimena Améstica Zavala
Fundaciones y activistas de la niñez de Chile sostuvieron esta semana una reunión con el presidente Gabriel Boric, enmarcada en la Comisión Verdad y Niñez: Infancia y adolescencia bajo custodia del Estado. La instancia busca esclarecer la verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del exSename o en sistemas de cuidados alternativos privados.
Recordar que la comisión se creó como un decreto de Ley tras la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile, por el incendio en el Centro “Tiempo de Crecer” de Puerto Montt en 2017 que dejó diez adolescentes fallecidos.
En específico, en la instancia desarrollada en La Moneda, la agrupación Voces Ex Sename entregó un documento al mandatario donde puntualizan la “verdad histórica de violaciones sistemáticas” contra menores de edad en este tipo de centros entre los años 1979 y 2024.
ADOPCIONES ILEGALES
Al inicio del informe denuncian las adopciones ilegales desde el sistema Sename, precisando que desde su creación en 1979, el servicio “fue parte de un sistema que permitió —y muchas veces facilitó— la separación permanente de niños y niñas de sus familias de origen, sin procesos judiciales completos ni garantías del debido proceso”.
“Durante los años 80 y 90, miles de niños y niñas institucionalizados en residencias estatales o colaboradoras fueron enviados a otras regiones e incluso al extranjero mediante adopciones ilegales, viciadas o fraudulentas”, añadieron.
En esta línea, ejemplificaron que se “falsificaron partidas de nacimiento o certificados de defunción” y se habría declarado un supuesto “‘abandono’ por parte de asistentes sociales, médicos, jueces o notarios, “sin notificar ni buscar a las familias biológicas (….) muchos niños fueron declarados huérfanos sin serlo”, acotaron.
Asimismo, se expone la “participación de redes religiosas, médicos privados y agencias internacionales”, en especial en adopciones hacia Italia, Suecia, Bélgica y Estados Unidos.
“Estas prácticas no fueron aisladas, sino parte de un mecanismo institucional que operó incluso con apoyo diplomático, eclesiástico y judicial, afectando a miles de familias pobres durante la dictadura y los primeros años de democracia”, replican en el documento.
No obstante, puntualizan que estas prácticas continuaron en los años 2000 y 2010, donde acusan que Sename gestionó más de 4 mil 500 adopciones, muchas de ellas internacionales, indicando que Italia fue el principal destino, con 587 menores.
“Decenas de madres vulnerables han denunciado la pérdida de sus hijos bajo presión, sin orientación ni apoyo, siendo muchas veces engañadas por asistentes sociales o separadas mediante decretos arbitrarios”, acotaron.
EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL
Citando investigaciones de organismos nacionales e internacionales, mencionan la existencia de redes de explotación sexual infantil que habrían operado desde residencial del Sename o en una estrecha relación con el organismo.
“Niñas y adolescentes eran reclutadas para prostitución, a veces por personas externas con acceso facilitado a los hogares. Se utilizaron permisos de salida, licencias médicas falsas o simples omisiones para trasladarlas a lugares de abuso sexual; y niños y adolescentes varones también fueron víctimas, aunque menos visibilizados”, detallaron.
En este sentido, recordaron que en 2017, un informe de la PDI reveló que el cien por ciento de las residencias inspeccionadas tenía graves vulneraciones de derechos. Se documentaron 2 mil 71 casos de maltrato, incluyendo 310 abusos sexuales. La Brisex detectó más de 115 casos de explotación sexual comercial de menores protegidos por el Estado, muchos en conexión con redes de trata y pornografía infantil.
A esto se suma la acusación que la Organización de Naciones Unidas (ONU) realizó contra el Estado de Chile en 2018, por permitir abusos sexuales y torturas en los hogares del Sename, catalogando lo ocurrido como violaciones sistemáticas de derechos humanos. Mientras que a nivel local, en 2022 y 2023, la Defensoría de la Niñez reportó 296 casos de explotación sexual dentro de residencias.
TRAFÍCO Y CONSUMO DE DROGAS
Otro de los puntos del informe entregado al presidente Boric, develan que el sistema “permitió, toleró o incluso incentivó el ingreso, venta y consumo de drogas entre los menores”, detallando que “los funcionarios suministraban o permitían la circulación de pasta base, marihuana, clonazepam u otras sustancias. El consumo era utilizado como forma de control conductual, o incluso como ‘premio’ para evitar rebeliones o contener crisis emocionales”.
“Testimonios de sobrevivientes señalan que aprendieron a drogarse dentro del sistema”, replican, agregando que “muchos de estos jóvenes fueron judicializados luego por consumo o microtráfico, en un círculo perverso iniciado por el propio Estado”.
“MUERTES IMPUNES”
Según los datos recabados por Voces Ex Sename, entre 2005 y 2016, murieron al menos mil 313 niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Lisette Villa, de 11 años, quien falleció el 11 de abril de 2016 en el CREAD Galvarino, ubicado en la Región Metropolitana.
“El Estado no solo fracasó en protegerla, sino que además intentó encubrir el hecho, responsabilizando inicialmente a una ‘crisis médica’ y luego a otros menores del hogar. El caso de Lisette simboliza la violencia institucional normalizada, el abandono de las niñas más vulnerables y la impunidad estructural con que han operado las residencias”, precisaron en el documento.
ORGANIZACIONES COLABORADORAS
Otro de los puntos incluidos en la presentación tiene relación con las Organizaciones Colaboradoras Acreditadas del SENAME (OCAS) y ahora de Mejor Niñez. “Han manejado programas en conjunto con los propios servicios de protección, diseñando licitaciones que ellas mismas luego postulan y se adjudican, generando conflicto de interés estructural. Esta práctica ha favorecido a fundaciones sin fiscalización real, y ha bloqueado la participación de proyectos con enfoque comunitario o independiente”, describieron.
Con respecto a lo anterior, sostuvieron que “las licitaciones son muchas veces diseñadas a medida para ciertos operadores, con requisitos técnicos o de infraestructura que excluyen propuestas nuevas, reproduciendo un modelo de negocios de la infancia financiado por el Estado”.
“PERSONAL SIN CAPACITACIÓN”
La organización Voces Ex Sename también apuntó a la capacitación del personal a cargo de los niños, niñas y adolescentes en las residencias, asegurando que “la gran mayoría”, incluyendo educadoras, auxiliares, cuidadores nocturnos y directivos “no cuenta con formación especializada en salud mental, intervención en crisis o traumas complejos”
En este sentido, reiteraron que “en muchas residencias, los funcionarios no sabían contener ni atender descompensaciones graves de niños con intentos suicidas, crisis psicóticas o estados de angustia extrema”. Esta falta de preparación, exponen, habría dejado en el pasado y hasta el día de hoy “a los niños y niñas expuestos a contenciones físicas violentas, aislamiento, sobremedicación, negligencia y maltrato encubierto. Muchas denuncias sobre esto fueron ignoradas por los supervisores regionales y nacionales, perpetuando una cultura de maltrato institucional”, concluyeron.