Asfixia prolongada y silencio continental: Cuba, el bloqueo y la responsabilidad moral de América Latina en 2026
Por Sofía Varas Rojas
El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba cumple más de seis décadas en 2026. Lejos de haber sido un instrumento transitorio, se ha convertido en un régimen de sanciones en constante profundización, con efectos extraterritoriales que obstaculizan el comercio, el acceso a créditos y bienes esenciales, así como la provisión de insumos básicos para la vida cotidiana. En el contexto actual, bajo la administración de Donald Trump, el endurecimiento de estas medidas incluyendo un bloqueo energético que pone en jaque servicios esenciales como la generación eléctrica, el transporte de alimentos y la atención sanitaria ha generado un cuadro humanitario tan severo que la propia Organización de las Naciones Unidas ha alertado sobre violaciones al derecho internacional y el impacto desproporcionado en la población civil.
Esta columna analiza el bloqueo no solo como una herramienta de presión política, sino como un dispositivo de asfixia estructural que reproduce vulnerabilidades, agudiza desigualdades internas y plantea dilemas éticos fundamentales. Desde una perspectiva crítica, sociológica y filosófica, se examina cómo esta política sancionatoria afecta la ciudadanía, y se argumenta que América Latina, como región históricamente interconectada, tiene una responsabilidad ética de actuar y promover el levantamiento de estas medidas que lesionan derechos humanos básicos.
Breve genealogía del bloqueo y su reconfiguración actual
Las raíces del embargo se remontan a 1960, como respuesta a la salida de Cuba del área de influencia económica y política estadounidense tras la Revolución de 1959 y la consolidación de un Estado socialista. A lo largo de los años, la legislación estadounidense ha reforzado este régimen coercitivo con instrumentos como la Ley Torricelli (1992) y la Ley Helms-Burton (1996), dotándolo de carácter extraterritorial y limitando la capacidad de la Casa Blanca para modificarlo unilateralmente sin intervención del Congreso.
Durante la administración de Trump, comenzada en 2025, se reimpusieron múltiples sanciones que habían sido parcialmente relajadas por la administración anterior. Al asumir la presidencia, Trump revirtió casi 80 acciones ejecutivas destinadas a aliviar las sanciones, restituyó la designación de Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” y reinstauró listas de entidades restringidas, complicando aún más las transacciones económicas y financieras con la isla.
A inicios de 2026, la Casa Blanca declaró una emergencia nacional en relación con Cuba y ordenó la imposición de aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la isla, una medida que ha tenido efectos directos en la interrupción de combustibles esenciales. Las autoridades estadounidenses han justificado esta política argumentando supuestas amenazas a la seguridad nacional, pese a que tales alegatos son ampliamente cuestionados por observadores internacionales.
El bloqueo energético y sus efectos sociales inmediatos
La decisión de imponer aranceles a los países que provean petróleo a Cuba ha desencadenado una crisis energética sin precedentes en la isla. La interrupción de envíos de crudo incluidos los provenientes tradicionalmente desde Venezuela y México, que han cesado debido a la presión estadounidense ha resultado en un colapso de la generación eléctrica, prolongados apagones, parálisis parcial del transporte y dificultades severas para asegurar agua potable y servicios básicos.
Este cerco energético es particularmente significativo porque Cuba depende en gran medida de importaciones de combustibles para abastecer centrales eléctricas, transporte y producción de bienes esenciales. La escasez de combustible tiene efectos multiplicadores: limita la distribución de alimentos, el funcionamiento de hospitales, la atención sanitaria en maternidades y la producción agrícola. El sistema de salud, ya tensionado por años de restricciones, se enfrenta ahora a la escasez de medicinas y dificultades logísticas que ponen en peligro vidas humanas.
Incluso cuando el gobierno estadounidense anuncia ayuda humanitaria como un paquete de 6 millones de dólares destinado a determinadas regiones afectadas por eventos climáticos estas cifras son simbólicas frente a la magnitud del colapso socioeconómico y el deterioro de servicios básicos.
El bloqueo como violencia estructural y sus implicaciones éticas
Para abordar la dimensión filosófica del bloqueo, conviene recordar a Hannah Arendt (1951), quien sostuvo que la privación de condiciones materiales mínimas puede erosionar el “derecho a tener derechos”. Cuando una política externa incide directamente en la capacidad de una sociedad para asegurar alimentación, salud y energía, la distinción entre presión política y castigo colectivo se diluye peligrosamente.
La violencia estructural, conceptualizada por Galtung (1969), caracteriza precisamente aquellas formas de violencia que no se ejercen mediante coerción física directa, pero que producen efectos letales a través de la negación de oportunidades vitales. Las sanciones que limitan el acceso a combustibles, medicinas o alimentos constituyen una forma de violencia que se encarna en los cuerpos concretos de mujeres, hombres, niñas y niños cubanos, particularmente en los sectores más vulnerables.
Desde la ética de la liberación latinoamericana, como plantea Enrique Dussel (1998), cualquier política que sacrifica las condiciones de vida de poblaciones enteras en aras de objetivos geopolíticos debe ser sometida a evaluación crítica. El bloqueo no es un simple instrumento de negociación; es una política que, al producir sufrimiento social acumulado, desafía los principios básicos de justicia distributiva y respeto por la dignidad humana.
Impactos sociopolíticos: desigualdades, migración y cohesión social
La dinámica del bloqueo interactúa con desigualdades internas preexistentes. Aquellas familias con acceso a remesas o recursos externos pueden amortiguar la escasez energética y de bienes, mientras que sectores socialmente vulnerables enfrentan riesgos mayores. Esta diferenciación socioeconómica contradice el ideal igualitario que animó parte del proyecto revolucionario cubano y contribuye a tensiones internas.
Además, la persistencia de dificultades económicas, sumada a la intensificación de sanciones, ha impulsado nuevas olas migratorias y tensiones sociales. Jóvenes profesionales y trabajadoras y trabajadores cualificados se sienten atrapados entre la falta de perspectivas económicas y la imposibilidad de acceder a mercados internacionales debido a las restricciones financieras impuestas por el embargo.
Es importante distinguir estas condiciones estructurales de una crítica simplista al modelo político cubano. Las dificultades internas del país no pueden ni deben servir como justificación para políticas externas que agraven la precariedad de la población. La instrumentalización del sufrimiento social como palanca para cambios políticos rara vez produce resultados democráticos sostenibles, y a menudo genera narrativas de victimización que bloquean espacios de diálogo.
Una mirada crítica a la geopolítica del bloqueo
La justificación oficial estadounidense ha ido evolucionando con el tiempo, desde argumentos sobre derechos humanos hasta afirmaciones de amenazas a la seguridad nacional. En 2026, el discurso de emergencia nacional que acompañó las nuevas sanciones refleja una lógica geopolítica que busca reconfigurar el papel de Cuba en la región e inhibir cualquier cooperación con países considerados adversarios de Estados Unidos.
Sin embargo, este tipo de retórica no solo ignora la historia de intervenciones y sanciones que han marcado la región, sino que reproduce una lógica de dominación hemisférica que ha sido criticada desde mediados del siglo XIX por pensadores como José Martí, quien denunciaba la injerencia imperial en los asuntos latinoamericanos.
América Latina y Cuba: la ambivalencia que erosiona la soberanía regional
América Latina vuelve a enfrentar una prueba histórica y, una vez más, responde con ambivalencia. La profundización del bloqueo estadounidense contra Cuba no ha generado una postura regional clara y sostenida, sino declaraciones tibias, silencios estratégicos y equilibrios diplomáticos que priorizan conveniencias coyunturales. Esta vacilación revela una contradicción estructural: la región que históricamente ha denunciado la injerencia externa parece hoy incapaz de sostener con coherencia los principios de soberanía y autodeterminación que proclama en sus foros multilaterales.
Desde la teoría de la dependencia, sabemos que las relaciones centro-periferia no se sostienen únicamente por coerción externa, sino también por la internalización de lógicas subordinadas en las élites nacionales (Cardoso & Faletto, 1979; Prebisch, 1950). La ambivalencia latinoamericana frente al bloqueo no es solo diplomática; es síntoma de una inserción económica y financiera que continúa atada a los circuitos dominados por Estados Unidos. Criticar el embargo mientras se refuerzan vínculos comerciales y financieros asimétricos constituye una forma contemporánea de dependencia que erosiona cualquier discurso integracionista.
Organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nacieron con la promesa de consolidar una voz propia, autónoma del eje Washington-Ottawa. Sin embargo, sus declaraciones sobre Cuba suelen diluirse en fórmulas genéricas, evitando confrontar de manera directa el carácter unilateral de las sanciones. Incluso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), el debate se desplaza con frecuencia hacia tensiones ideológicas internas, dejando en segundo plano el impacto concreto de las medidas coercitivas en la población civil.
La ambigüedad también se expresa en la práctica económica. Mientras se condenan las sanciones en el plano discursivo, pocos gobiernos avanzan en mecanismos financieros alternativos, sistemas de compensación en monedas locales o acuerdos energéticos que permitan reducir la vulnerabilidad cubana frente al sistema financiero estadounidense. La integración regional, invocada como horizonte político desde hace décadas, permanece atrapada en la retórica. La cooperación Sur-Sur y el fortalecimiento del comercio intrarregional, señalados por la CEPAL como estrategias para disminuir dependencias estructurales (CEPAL, 2022), siguen siendo más promesa que política efectiva.
Esta falta de definición no es neutra. La neutralidad, en contextos de asimetría, suele favorecer al actor más poderoso. Si América Latina no asume una postura clara frente a las sanciones unilaterales, consolida un precedente que mañana podría volverse contra cualquier otro país de la región. La historia latinoamericana está marcada por intervenciones externas y crisis inducidas; ignorar esa memoria colectiva en nombre de equilibrios diplomáticos momentáneos debilita la posibilidad de construir una soberanía regional real.
En última instancia, la ambivalencia no solo afecta a Cuba: erosiona la credibilidad del proyecto latinoamericano de integración. Sin coherencia entre discurso y acción, la región seguirá oscilando entre declaraciones solidarias y prácticas subordinadas. La pregunta ya no es si América Latina puede pronunciarse, sino si está dispuesta a asumir el costo político de sostener, con hechos y no solo palabras, la autonomía que históricamente ha reivindicado.
Dignidad, justicia y perspectivas de futuro
El bloqueo estadounidense a Cuba, especialmente en su fase actual de 2026 bajo la administración Trump, constituye un ejemplo de cómo políticas sancionatorias prolongadas y ampliadas pueden generar asfixia estructural con efectos sociales devastadores. El cerco energético, la interrupción del suministro de recursos esenciales y la presión sobre proveedores externos han profundizado una crisis que va más allá de lo económico y toca la vida cotidiana de millones de personas.
Una crítica responsable no puede limitarse a la condena retórica de un gobierno o de otro; debe situarse en una evaluación ética de las políticas que lesionan derechos humanos universales. La dignidad humana, como horizonte ético, exige que las medidas de política exterior respeten las condiciones materiales mínimas para una vida con bienestar.
La región latinoamericana tiene ante sí una responsabilidad histórica: movilizar mecanismos diplomáticos, económicos y sociales que promuevan el levantamiento del bloqueo y la cooperación efectiva con la sociedad cubana. Más allá de afinidades ideológicas, se trata de defender una concepción de orden internacional basada en la justicia, la soberanía y el respeto por la vida.
Referencias
Arendt, H. (1951). The origins of totalitarianism. Harcourt.
Dussel, E. (1998). Ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión. Trotta.
Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
Mesa-Lago, C. (2021). La economía cubana en tiempos de reforma y crisis. Editorial Colibrí.
Pérez, L. A. (2015). Cuba: Between reform and revolution. Oxford University Press.
Wallerstein, I. (2004). World-systems analysis: An introduction. Duke University Press.
Informes de prensa sobre la crisis y sanciones a Cuba (2026)
The Wall Street Journal +1