[ExSename] Egreso o salida forzosa: cuando el Estado abandona por segunda vez

Por Cristian Acosta*

En Chile, el Estado interviene en la vida de niños, niñas y adolescentes cuando ha existido una grave vulneración de derechos. Los separa de sus familias, los institucionaliza y asume el rol de garante. Sin embargo, esa responsabilidad se diluye brutalmente cuando esos niños crecen. El egreso, ya sea voluntario o forzado, se ha transformado en la forma más silenciosa y normalizada de abandono institucional.

Cada año, cientos de jóvenes egresan del Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez y de organismos colaboradores privados sin redes, sin preparación real para la vida adulta y sin acompañamiento efectivo. Muchos son expulsados antes de cumplir 18 años. Otros cumplen la mayoría de edad y, de un día para otro, dejan de existir para el sistema. El mensaje implícito es brutal: “Ya no sirves”.

La Ley N° 21.302, que crea el Servicio de Protección Especializada, junto a la Ley de Garantías de la Niñez N° 21.430, establecen que el Estado debe asegurar la restitución de derechos y un acompañamiento progresivo hacia la autonomía. Además, la normativa vigente permite y obliga al servicio a extender la permanencia y el acompañamiento hasta los 24 años cuando el joven se encuentra estudiando o en proceso de formación. Esa obligación existe. Pero casi nunca se cumple.

En la práctica, el acompañamiento post 18 años es excepcional, discrecional y precario. No se informa a los jóvenes de su derecho a continuar vinculados al sistema. No se generan planes reales de egreso prolongado. No hay seguimiento efectivo. El resultado es el mismo: jóvenes expulsados, sin apoyo, sin vivienda, sin ingresos y sin red.

Aquí, la institucionalidad falla en bloque: falla Mejor Niñez, falla la Subsecretaría de la Niñez, falla el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y falla un sistema de subvenciones que protege mientras hay financiamiento y empuja la salida cuando éste disminuye o se acaba. El sistema protege mientras es rentable, pero cuando deja de serlo, expulsa.

Por ello, hablar de egreso sin contención es empujar jóvenes a la calle, a la violencia, a la explotación, a la delincuencia o a la muerte social. Es fabricar exclusión desde el propio Estado, incumpliendo la ley y traicionando su rol de garante.

Yo lo viví. A los 13 años, mientras vivía en la Fundación Mi Casa, fui expulsado en medio de unas vacaciones. Un pasaje en bus y la frase seca: “aquí no te podemos tener más”. Y ninguna alternativa. Volví a un hogar donde la violencia era permanente. Desde ahí, mi vida tomó un rumbo marcado por la soledad, el abandono y la supervivencia.

Yo no fui un hecho aislado. Esto fue el resultado directo de un sistema que nunca se hizo cargo del egreso. Y en vista de todo ello, hoy desde Fundación Somos Hermanos, trabajamos justamente donde el Estado falla. Acompañamos el egreso de jóvenes desde los servicios públicos con presencia real, apoyo concreto, recursos, comunidad y abrazo. Porque nadie debería enfrentar la adultez solo después de haber sido vulnerado toda su infancia.

El egreso no puede seguir siendo una expulsión encubierta. Debe ser una obligación legal exigible, con presupuesto, estándares claros y responsabilidad política. Sin embargo, mientras eso no ocurra, el sistema de protección seguirá haciendo exactamente lo contrario de lo que promete: reproducir el abandono.

*Cristian Acosta es sobreviviente del Sename. Hoy integra la Comisión Verdad y Niñez y es Gerente General Fundación Somos Hermanos