“Me pusieron un cable eléctrico en la sien”: indemnizan a víctima de la dictadura que sufrió torturas cuando tenía 17 años

Por Jimena Améstica

“Me llevaron a un Cuartel de Investigaciones, luego me llevaron al regimiento para ser interrogado (…) llegamos a una sala y siempre vendado, acompañado por un militar, me sentaron, me pusieron un cable eléctrico en mi sien, entre la venda y el otro cable en mi dedo, me dieron muchas descargas eléctricas, cada vez más intensas, perdía la noción por la corriente y por los golpes”.

Este fue parte del relato que entregó Luis Antonio Molina Santibáñez, un sobreviviente de la dictadura militar de Chile que fue torturado en Chillán cuando tenía 17 años. Su caso llegó a la justicia y en las últimas horas la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió fijar en 61 millones de pesos la indemnización que el fisco deberá pagarle por concepto de daño moral.

Molina fue detenido el 26 de octubre de 1973 en su casa de la Población Violeta Parra. Era militante de las Juventudes Socialistas y fue acusado de dar refugio a prófugos del régimen militar. Según el fallo judicial, durante la sesión de tortura “se le corrió la venda y logró ver que quienes lo torturaban estaban encapuchados y eran posiblemente carabineros, por la vestimenta que utilizaban”.

“Me ponían armas en mi cabeza, me decían que me matarían, siempre dándome golpes de corriente, me preguntaban por personas y armamentos, que dónde estaban escondidos. Cuando terminaron de flagelarme, me llevaron a la cárcel con los otros compañeros”, declaró.

Las consecuencias psicológicas las mantiene hasta hoy, a sus 66 años. Sobre esa época, recuerda haber estado detenido hasta el día 30 de enero del año 1974, hasta ser procesado por la Fiscalía Militar de Chillán.

“Quedé psicológicamente muy mal, todos los días llamaban a algunas personas, no regresaban todos, pasaron más o menos dos meses y me dieron la libertad, pero la persecución para mí no terminó. El teniente Morales quería algunas respuestas, iba a mi casa a buscarme. Me vine a Santiago, me arranqué por miedo de volver a pasar lo mismo, nunca recibí ayuda psicológica en ese entonces”, indicó en la denuncia.

Por ello, la sentencia de primera instancia ratificó que “queda claro que como consecuencia directa de las torturas sufridas por el demandante se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico, físico y moral inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial. Además de un perjuicio material evidente”.