Género, educación, discapacidad, disidencias y DD.HH. en los programas presidenciales: el precio del silencio en nombre del orden
Por Sofía Varas Rojas, socióloga, especialista en salud mental, infancias y Derechos Humanos
“Ninguna democracia es inocente cuando silencia cuerpos”.
— Simone de Beauvoir
En la cartografía electoral de 2025 no solo compiten candidaturas, sino que pugnan visiones de mundo que establecen qué vidas importan, qué dolores se tornan públicos y qué sufrimientos quedan relegados al ámbito de lo privado. Tal como ha observado Michel Foucault, “el poder no es una institución, ni una estructura, ni una determinada fuerza de la que estemos dotados; es el nombre que se atribuye a una situación estratégica compleja en una sociedad determinada”.
De modo similar, para Pierre Bourdieu la desigualdad no se reproduce solo por la fuerza explícita, sino también por lo que él denomina “violencia simbólica”: “violencia ejercida con complicidad tácita entre sus víctimas y sus agentes, en la medida en que ambos permanecen inconscientes de someterse o de ejercerla”. Finalmente, en el pensamiento de Hannah Arendt, la política autentica reside en la pluralidad y la acción compartida: “La pluralidad es la condición de la acción humana porque todos somos humanos, de modo que nadie es jamás igual a otro que haya vivido, viva o vivirá”.
La discusión sobre derechos humanos, género, educación, discapacidad y disidencias sexuales se presenta como una ventana privilegiada para leer la dirección política que cada opción pretende imprimir al país: qué sujetos de la ciudadanía son visibilizados, cuáles son normalizados y cuáles están relegados. Esta nota compara los programas y discursos de los candidatos presidenciales en Chile 2025: Jeannette Jara, Franco Parisi, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Marco Enríquez-Ominami (ME-O) y Evelyn Matthei. El objetivo no es solo describir propuestas, sino evaluarlas desde una mirada sociológica: cómo configuran sujetos, cómo normalizan desigualdades y cómo reconfiguran la idea de ciudadanía, y poner en evidencia, con datos oficiales, las tensiones y los riesgos que plantean.
Un panorama electoral que condiciona agendas
Las encuestas de la campaña muestran a Jeannette Jara en la vanguardia de la intención de voto para la primera vuelta, seguida por José Antonio Kast y con Johannes Kaiser consolidando un ascenso sostenido en las mediciones. Según Cadem (octubre 2025), Jara aparece con cerca de 27% de apoyo, Kast con 20% y Kaiser con 14%; otras encuestas como CEP muestran un escenario competitivo que, en algunos cortes, devuelve empates técnicos entre Jara y Kast en torno al 23–25% (CEP, oct. 2025). Estas cifras no son anecdóticas: configuran incentivos políticos, determinan prioridades discursivas y condicionan la viabilidad de medidas que requieren consenso legislativo.
El voto obligatorio, vigente desde 2023, introduce además un elector más amplio y heterogéneo, con mayor presencia de votantes menos politizados y potencialmente más sensibles a mensajes de seguridad, orden o amenaza cultural. Esa mutación del electorado favorece discursos simples y afectivamente potentes —miedos, nostalgias, identidades —por sobre proposiciones técnicas complejas. El efecto es claro: los programas se adaptan a lo que moviliza, lo que explica por qué en la campaña 2025 la retórica sobre “familia”, “orden” y “rescate de valores” recupere protagonismo en la derecha.
Derechos humanos: el límite de lo negociable
En los programas de Jeannette Jara y Eduardo Artés, los derechos humanos son entendidos como una estructura transversal del Estado social: acceso universal a salud, educación gratuita, memoria y reparación histórica, derechos reproductivos y reconocimiento de pueblos originarios. Ambos reconocen la necesidad de incorporar el enfoque de derechos en todas las políticas públicas.
En contraste, José Antonio Kast y Johannes Kaiser reinterpretan el concepto bajo una lógica restrictiva: priorizan el “derecho a la vida desde la concepción” y la “seguridad nacional” como valores supremos, incluso por sobre la autonomía personal. En sus discursos, las violaciones de derechos humanos del pasado se diluyen en el relativismo histórico; el énfasis no está en el “Nunca Más”, sino en el “orden necesario”.
Evelyn Matthei, aunque evita los extremos discursivos, mantiene una mirada de “eficiencia administrativa” sobre los derechos, tratándolos como metas de gestión más que como principios irrenunciables. Su programa menciona la “modernización del Estado de derechos”, pero sin detallar mecanismos concretos de exigibilidad o protección.
Por otro lado, Marco Enríquez-Ominami articula una visión intermedia: promueve un Estado garante, aunque con una orientación de crecimiento económico y “capitalismo inclusivo”, concepto criticado por académicos del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC, 2025) por diluir las causas estructurales de la desigualdad.
Franco Parisi y Harold Mayne-Nicholls representan enfoques tecnocráticos: proponen “eficiencia” en el uso de recursos públicos y programas de becas o bonos focalizados, pero sin un discurso robusto de derechos universales.
Eso tiene consecuencias prácticas: políticas que ofrecen “foco en seguridad” a costa de inversión en prevención social, o propuestas de “revisión” de marcos de protección que terminan debilitando instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos o programas de reparación y memoria. El peligro es doble: pérdida de marcos de protección y reconfiguración simbólica de quién merece el amparo estatal.
Género: medidas, omisiones y efecto simbólico
En materia de género, los indicadores oficiales describen realidades persistentes: la brecha salarial, la sobrecarga en tareas de cuidado y la violencia contra las mujeres siguen siendo problemas estructurales. Datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género (2025) muestran brechas en empleo y salarios, niveles significativos de violencia de pareja y subrepresentación política de mujeres (minmujeryeg.gob.cl, 2025).
Los programas de la centro-izquierda y la izquierda articulan medidas para enfrentar esas desigualdades —licencias parentales más generosas, fortalecimiento de programas de prevención y atención de violencia, impulso a políticas de cuidados— entendiendo la igualdad de género como condición para la realización de derechos sociales. En cambio, en los borradores y comunicados de la derecha conservadora abundan los llamados a “defender a la familia”, “revisar contenidos” de la educación sexual y limitar la “ideologización” en las escuelas. En la práctica, esas propuestas implican tres efectos: (1) riesgo de retirar recursos y marcos institucionales para la prevención de violencia; (2) retrocesos en educación sexual integral; y (3) deslegitimación público-política de políticas de igualdad.
La crítica no debe ser sentimental: es material. Recortar o debilitar políticas de género significa empeorar las condiciones de vida de millones de mujeres y personas que realizan trabajo de cuidado no remunerado; significa ampliar la vulnerabilidad de víctimas de violencia y reducir la capacidad estatal de intervención.
De los ocho programas, solo cuatro (Jara, Artés, Mayne-Nicholls y Enríquez-Ominami) incluyen políticas integrales de género con presupuesto asignado. Los demás lo mencionan tangencialmente o bajo el marco de la igualdad “de oportunidades”, sin reconocer las brechas estructurales.
El Informe ONU Mujeres 2024 indica que Chile aún mantiene una brecha salarial del 21 % y una subrepresentación política femenina del 34 %. Jara propone ampliar la Ley Karin, crear un Sistema Nacional de Cuidados y fortalecer la corresponsabilidad parental. Artés incorpora la igualdad de género como principio constitucional, lo que implicaría cambios en todas las instituciones.
En el polo opuesto, Kast y Kaiser se oponen explícitamente a la educación sexual integral y a la paridad como norma institucional, argumentando que tales políticas “imponen una agenda ideológica”. Este discurso, aunque revestido de libertad de elección, reactiva la vieja distinción entre el espacio público masculino y el doméstico femenino, contradiciendo décadas de avances.
Matthei adopta un enfoque pragmático: respalda la participación laboral femenina, pero sin compromisos con políticas de cuidado o redistribución del trabajo doméstico. Su visión de género se limita al rendimiento económico, no a la justicia social.
Educación: el campo donde se disputa el futuro
La educación es el laboratorio donde se modela ciudadanía y se reproducen (o transforman) desigualdades. En Chile, la segregación escolar persiste y el gasto privado en educación asciende a cerca del 39 % del total según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-Mineduc 2024 datos. Los programas de izquierda plantean fortalecer la educación pública, formar docentes y reducir la brecha territorial.
Por el contrario, las propuestas de algunos candidatos de derecha ponen el acento en la “libertad de enseñanza”, incentivos al sector privado y gestión basada en competencia. En apariencia técnica, esta orientación acentúa la desigualdad porque no considera que la elección libre, sin equidad preexistente, reproduce el privilegio. Más problemático aún es cuando la educación se convierte en vehículo de “valores tradicionales” y se sugiere eliminar contenidos sobre género o diversidad sexual: el efecto es claro: la escuela deja de ser crisol de ciudadanía plural y se transforma en mecanismo de uniformidad.
Bajo esta lógica la educación, continúa siendo el terreno donde Chile exhibe sus fracturas más profundas. Según el Informe OCDE-Mineduc 2024, el gasto público por estudiante en escuelas públicas es 40 % inferior al promedio de países desarrollados, y la segregación socioeconómica en el sistema educativo chileno sigue siendo una de las más altas del mundo.
El programa de Jara plantea fortalecer la educación pública, eliminar el copago y establecer una red nacional de escuelas de excelencia con foco en equidad territorial. Además, incorpora la educación sexual integral y la formación docente en género y derechos humanos.
Artés va más allá: propone la estatización completa del sistema educativo y la gratuidad universal, bajo un enfoque de educación crítica inspirada en Paulo Freire. Su propuesta, aunque radical, introduce una noción de educación emancipadora: formar conciencia antes que capital humano. ME-O, por su parte, plantea una reforma educativa con alianzas público-privadas y énfasis en innovación y tecnología, pero sin cuestionar la estructura neoliberal del sistema.
En el caso de Franco Parisi, su programa educativo adopta una visión tecnocrática centrada en la eficiencia, la evaluación de resultados y la conexión directa entre educación y mercado laboral. La formación se entiende como una inversión individual y no como un derecho social. Este enfoque prioriza la competencia y el rendimiento por sobre el desarrollo crítico o ciudadano. Aunque se presenta como outsider político, su propuesta reproduce la lógica neoliberal del capital humano.
Por su parte, Harold Mayne-Nicholls plantea una mirada más comunitaria y humanista, enfocada en fortalecer la educación pública y el trabajo colaborativo. Su discurso destaca la formación integral, el respeto, el deporte y la inclusión como pilares del aprendizaje. Propone una educación orientada al bienestar y la convivencia más que al lucro o la competencia. Aunque menos tecnificado, su enfoque valora el rol social y ético de la escuela.
En el sector más conservador, José Antonio Kast plantea una revisión de los contenidos curriculares con el propósito de eliminar lo que denomina “ideología de género”, apelando a una noción de familia y de educación anclada en valores tradicionales. Este enfoque, más que una propuesta pedagógica, expresa una resistencia cultural frente a los avances en derechos y diversidad, tensionando la convivencia democrática en las aulas.
Por otra parte, Johannes Kaiser, en sus declaraciones de 2025, profundiza esa línea al insistir en la necesidad de “restaurar la autoridad del profesor” y “recuperar los valores occidentales”. Detrás de esta retórica se configura una visión moralizante de la educación, donde el énfasis en la disciplina y el orden reemplaza el desarrollo crítico y ciudadano. De modo sutil pero preocupante, estas perspectivas convergen en una pedagogía del control que, bajo la apariencia de orden y tradición, restringe el pluralismo y abre espacio a discursos propios de la extrema derecha contemporánea.
Y para finalizar, Evelyn Matthei sostiene la “libertad de enseñanza” como principio rector, promoviendo el fortalecimiento de la subvención a establecimientos privados y la evaluación docente basada en el mérito individual. Su discurso se inscribe en una tradición liberal clásica, centrada en la autonomía de las instituciones y la responsabilidad personal como motor del sistema educativo.
Discapacidad: universalidad frente a discursos utilitaristas
La discapacidad es, con demasiada frecuencia, un tema relegado a recuadros de “inclusión” sin transformar estructuras. Los programas de gobierno de 2025 incluyen menciones diversas: desde planes de accesibilidad y empleo inclusivo hasta propuestas más vagas sobre “cooperación” con el sector privado. Las declaraciones públicas de algunos comandos de derecha incluyen anuncios de políticas de empleo para personas con discapacidad, pero con énfasis en incentivos a empleadores y en soluciones asistenciales antes que en el diseño universal de políticas (comunicados oficiales, programas).
La Encuesta Nacional de Discapacidad (ENDISC 2024) muestra que el 17 % de la población chilena vive con alguna forma de discapacidad, pero solo el 34 % participa del mercado laboral formal.
Jeannette Jara plantea una política de inclusión sustentada en derechos, con accesibilidad universal y participación activa del Estado. Su propuesta busca garantizar la igualdad sustantiva y la protección social como deber público. Propone además una Subsecretaría de Discapacidad con rango ministerial, reforzando el enfoque de derechos humanos.
Marco Enríquez-Ominami (ME-O) concibe la discapacidad como un asunto de justicia social, impulsando cuotas laborales obligatorias y programas de autonomía personal. Su programa combina igualdad de oportunidades con transformaciones estructurales. Representa una visión progresista que sitúa la dignidad y los derechos por encima del asistencialismo.
Evelyn Matthei sostiene una visión más liberal, donde la inclusión se promueve a través de incentivos y colaboración público-privada. Si bien reconoce la importancia del apoyo social, su enfoque prioriza la eficiencia y la libertad de elección. Esta mirada, centrada en la gestión, tiende a reducir la discapacidad a un ámbito de política social más que de derechos.
José Antonio Kast aborda la discapacidad desde un prisma asistencial, proponiendo subsidios y beneficios condicionados. Su discurso insiste en la “familia como primer espacio de contención”, desplazando la responsabilidad del Estado. Esta perspectiva, de corte conservador, limita la autonomía personal y reproduce jerarquías tradicionales.
Johannes Kaiser enfatiza el orden, la disciplina y los valores occidentales como ejes educativos, relegando la diversidad y la inclusión a un plano secundario. En materia de discapacidad, su visión instrumentaliza la integración bajo la lógica del mérito y la obediencia. Su narrativa, aunque moralizante, deja poco espacio a la autonomía y la diferencia.
Franco Parisi interpreta la inclusión desde una lógica de mercado, centrada en la empleabilidad y la productividad individual. Promueve incentivos para la contratación de personas con discapacidad, pero sin cuestionar las barreras estructurales del sistema. Su visión tecnocrática prioriza la eficiencia sobre el reconocimiento de derechos.
Harold Mayne-Nicholls incorpora la accesibilidad en el deporte, la cultura y la educación como parte de una agenda de bienestar social. Su enfoque es comunitario y cooperativo, aunque carece de un marco jurídico amplio de derechos. Apuesta por el desarrollo integral, pero sin una estructura estatal robusta que garantice la igualdad sustantiva.
Eduardo Artés integra la discapacidad en su proyecto socialista como parte esencial de la igualdad material y la justicia social. Defiende la intervención del Estado para eliminar las condiciones estructurales de exclusión. Su propuesta se orienta hacia la universalización de los derechos y la transformación de las bases del modelo neoliberal.
La sociología de la discapacidad recuerda que la justicia exige accesibilidad universal, protección social y reconocimiento como sujetos de derechos, no solo programas de inserción laboral condicionados. Un enfoque utilitarista —que valora la participación de personas con discapacidad sólo en la medida en que “aportan” productividad— reproduce la lógica de exclusión que los movimientos por la discapacidad han denunciado durante décadas. Por eso es preocupante cualquier plan que privilegie incentivos empresariales sin compromisos de accesibilidad ni diseños inclusivos en educación, salud y transporte
Disidencias sexuales: reconocimiento y vulnerabilidades
Los avances normativos de los últimos años convivieron con resistencias culturales. Encuestas recientes muestran apoyo mayoritario al matrimonio igualitario, pero menor respaldo a políticas afirmativas para personas trans, lo que revela una aceptación simbólica parcial frente a la negación práctica de derechos (Criteria, 2025).
En materia de diversidad y disidencias sexuales, el contraste entre programas es aún más visible. Desde la aprobación del matrimonio igualitario en 2022, los avances se han ralentizado. El Movilh (2025) denuncia un aumento del 18 % en denuncias por violencia homofóbica y transfóbica en el último año
Pasamos a analizar:
Jara, J. propone políticas públicas específicas: cupos laborales para personas trans, fortalecimiento de la Ley Zamudio y educación inclusiva. Su enfoque busca transformar las estructuras de exclusión desde el Estado. Defiende la igualdad sustantiva y no únicamente formal.
ME-O, M. E.-O. sugiere la creación de una “Defensoría de Diversidad Sexual”, una institución estatal para proteger los derechos de las disidencias. Plantea un rol activo del Estado en la promoción de la igualdad. Aboga por asegurar acceso equitativo a la justicia y a la participación social.
Artés, E. plantea el reconocimiento constitucional de las disidencias como sujetos de derecho colectivo. Propone una transformación estructural del marco jurídico para estas comunidades. Su visión debe garantizar visibilidad legal y derechos colectivos explícitos.
Kast, J. A. cuestiona abiertamente las políticas de género y diversidad; declara que “no impondrá ideologías de minorías al resto del país”, lo que revela una concepción jerárquica de ciudadanía. Promueve valores tradicionales de la familia como núcleo del orden social. Rechaza intervenciones estatales afirmativas en estas materias.
Kaiser, J. afirma que la orientación sexual “no debe ser materia de enseñanza”, proponiendo eliminar todo contenido relacionado con diversidad sexual del currículo escolar. Su propuesta apunta a una educación sin perspectiva de género. Busca que la temática de identidad sexual quede fuera del sistema educativo formal.
Matthei, E. adopta un tono moderado: defiende el respeto individual pero evita proponer políticas afirmativas concretas en materia de género y diversidad. Su enfoque prioriza la tolerancia sin intervención estatal activa. En la práctica, su silencio institucional deja intactas las brechas estructurales existentes.
Parisi, F. mantiene una postura ambigua sobre temas de diversidad sexual: declara respetar todas las orientaciones, pero no propone políticas afirmativas concretas en esa materia, y prioriza lo económico sobre la agenda identitaria. Su discurso desvincula explícitamente la diversidad sexual de su plataforma central.
Mayne-Nicholls, H. postula como independiente sin destacar propuestas específicas sobre género o diversidad sexual; su énfasis está en la transparencia, la ética pública y la renovación política. Frente a las disidencias, su propuesta es más implícita que desarrollada, sin definir políticas afirmativas.
En este sentido y analizando sus materiales programáticos, candidaturas progresistas incluyen medidas de no discriminación, acceso a salud especializada para personas trans y garantías laborales. En la derecha, en cambio, predominan las declaraciones de “respeto individual” sin medidas concretas y proclamas de “neutralidad” que, en la práctica, suelen traducirse en inacción. El dinero y la política no son neutrales: donde no hay política, hay abandono. Para las vidas trans, eso equivale a exclusión en salud, en empleo y en reconocimiento legal.
Discursos y contradicciones: una lectura crítica
La derecha institucional y la derecha identitaria operan con recursos discursivos distintos pero con un objetivo convergente: disputar la definición de lo público. Mientras la derecha moderada suele enmarcar sus propuestas en términos de gestión, eficiencia y orden, la derecha identitaria articula una narrativa que mezcla seguridad, moral pública y sospecha hacia los procesos de reconocimiento social. Johannes Kaiser, con propuestas provocadoras sobre educación y cultura, y José Antonio Kast, con un relato centrado en familia y orden, consiguen —en distintos tonos— movilizar temores culturales. Las encuestas registran que la dimensión cultural pesa en el electorado, y ahí radica su efecto político (Cadem; CEP).
Pero más allá del espectáculo retórico, hay decisiones de política pública que revelan prioridades: ¿se fortalecen los sistemas de cuidado y prevención de violencia, o se prioriza policía y control? ¿se invierte en adaptaciones de infraestructura y educación inclusiva, o se ofrecen incentivos empresariales sin marcos de derechos? La respuesta, cuando proviene de los programas de derecha, suele inclinarse hacia la segunda vía.
Es en ese desplazamiento donde la crítica debe ser más incisiva: no se trata solo de denunciar palabras; hay que mostrar cómo las propuestas se traducen en efectos: disminución de presupuesto para políticas de igualdad, recorte de marcos protectores, privatización educativa y marginalización de derechos de personas con discapacidad o de disidencias sexuales. Así se configuran, con sutileza normativa, auténticas atrocidades políticas: la erosión lenta de la universalidad de derechos.
Riesgos y escenarios
Si una opción con ese sesgo llegara a gobernar con mayoría legislativa, las posibilidades incluyen: cambios curriculares que eliminen contenidos de educación sexual integral; reducción o reorientación de fondos para prevención de violencia; promoción de modelos de “libertad de enseñanza” que intensifiquen la segregación educativa; incentivos que sustituyan la obligación estatal de proveer accesibilidad universal por soluciones parciales delegadas al mercado. Cada una de estas medidas, por separado, ya es problemática; juntas, pueden consolidar una arquitectura estatal menos protectora y más selectiva.
Además, la naturalización del discurso moral —la idea de que ciertas vidas merecen menos protección porque su existencia desafía un orden “natural”— alimenta procesos de estigmatización que van más allá de la ley: se cuelan en prácticas administrativas, en criterios de asignación presupuestaria y en la lógica cotidiana de la discriminación.
Propuestas mínimas de defensa democrática
Una política sólida frente a esos riesgos exige tres horizontes mínimos: (1) blindajes normativos que protejan derechos básicos (no sólo por decreto, sino por presupuestos y trazadores de cumplimiento); (2) medidas de educación cívica que recuperen la deliberación pública como práctica; y (3) alianzas transversales entre movimientos sociales, academia y medios para fiscalizar la traducción entre programas y políticas reales. La vigilancia democrática debe ser preventiva y no solo reactiva.
Además, es imprescindible que las agendas de discapacidad y de disidencias sean tratadas con la centralidad que merecen: accesibilidad universal, reconocimiento jurídico efectivo y presupuestos permanentes para políticas de cuidado y salud integral. Respecto a la educación, la inversión en formación docente, en infraestructura inclusiva y en currículo plural es no negociable si se pretende una democracia robusta. Lectura sociológica: el retorno del miedo
El análisis conjunto de los programas revela un patrón de retroceso discursivo en sectores de derecha: el miedo a la diferencia se disfraza de sentido común. Los cuerpos que no encajan —mujeres que abortan, personas trans, estudiantes críticos, personas con discapacidad— son convertidos en amenazas simbólicas. Esta narrativa, analizada desde la sociología de la cultura, expresa la lucha por la hegemonía moral: quién define lo normal y quién queda fuera del relato nacional.
Desde una perspectiva foucaultiana, el poder se ejerce hoy menos por coerción directa y más por la administración de la visibilidad: los discursos de orden y familia se vuelven dispositivos de gobierno emocional. En ese marco, los programas progresistas actúan como contranarrativas que intentan reintroducir el principio de dignidad humana en el centro del Estado.
La encrucijada de lo humano
La elección 2025 interpela algo más que el reparto del poder: interpela la concepción de la comunidad y de la dignidad que la política decide proteger. Las candidaturas de izquierda y centro-izquierda proponen, en distinto grado, políticas que amplían la protección social y de reconocimiento; las alternativas de derecha, especialmente las de corte identitario, ofrecen ojos puestos en el orden, la jerarquía moral y la gestión privada. No están en juego solo preferencias programáticas; está en disputa la definición misma de ciudadanía.
El imperativo para quienes defienden la universalidad de derechos es doble: articular argumentos sólidos con evidencia (y aquí es donde los datos oficiales son herramientas políticas), y construir narrativas públicas capaces de disputar el campo simbólico donde se generan miedos y exclusiones. Porque las atrocidades a las que aluden los programas de derecha no siempre son catástrofes espectaculares: muchas veces son atroces en su capacidad de normalizar la desigualdad hasta volverla invisible.
En la política, como en la sociología, los pequeños recortes y las omisiones repetidas suelen producir daños mayores que los terremotos retóricos. Por eso, la vigilancia ciudadana —informada, crítica y persistente— es la mejor vacuna contra la erosión lenta de los derechos.
La política como acto de memoria
Hannah Arendt recordaba que “la libertad política solo tiene sentido cuando se ejerce en común”. En el Chile de 2025, esa comunidad está en disputa: o se amplía el nosotros o se profundiza el miedo. Los programas presidenciales no son solo propuestas técnicas: son declaraciones de visión sobre el ser humano.
La derecha ofrece seguridad, pero a costa de la diversidad. La izquierda propone igualdad, aunque enfrenta la desconfianza social. Entre ambas, la democracia se mide en su capacidad de reconocer la fragilidad del otro como base de lo común.
En última instancia, votar no será elegir un modelo de gestión, sino decidir si el país entiende los derechos como concesión o como punto de partida.
Bibliografia
Cadem. (Octubre, 2025). Encuesta Plaza Pública — intención de voto y evaluación.
Centro de Estudios Públicos (CEP). (Octubre, 2025). Encuesta Nacional CEP — intención de voto y escenarios.
Servicio Electoral (Servel). Candidaturas y programas presidenciales 2025 — repositorio de documentos oficiales de campaña.
Programa de Jeannette Jara (Documento oficial depositado en Servel).
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género — indicadores y reporte 2024–2025 (brechas de género, violencia).
Mineduc / OCDE. Panorama y estadísticas educativas 2024–2025 (salarios docentes, segregación y gasto).
Artículos recientes que recogen panorama de la campaña y debates mediáticos: El País, Reuters (octubre 2025).
Jara, J. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
Kast, J. A. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
Matthei, E. (2025). Análisis de programas presidenciales en medio ambiente y cambio climático (Septiembre 2025).
Uno Punto Cinco. (Contiene también aproximaciones a agendas globales, sin focalización explícita en disidencias sexuales) Uno.Cinco
Kaiser, J. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
Parisi, F. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
Mayne-Nicholls, H. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
Artés, E. (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.
ME-O (Enríquez-Ominami, M.). (2025). Candidatura presidencial de Chile 2025. Recuperado de Servicio Electoral de Chile.