[COLUMNA] Infancias truncadas: la deuda de Chile con los niños y niñas asesinados en dictadura

Por Sofia Varas Rojas, socióloga, especialista en salud mental, infancia y derechos humanos. 

Este 11 de septiembre se cumplen 52 años del Golpe de Estado y el inicio de la dictadura cívico-militar, donde más de 150 niños, niñas y adolescentes fueron ejecutados y 40 permanecen desaparecidos. La memoria de estas víctimas es un imperativo para la justicia y la democracia.

La historia reciente de Chile no puede contarse solo en cifras de inflación, reformas o transiciones pactadas. También se cuenta en lápidas, en nombres ausentes en las salas de clases, en cuadernos vacíos y juguetes que quedaron sin dueño. Durante la dictadura cívico-militar (1973–1990), al menos 150 niños, niñas y adolescentes fueron ejecutados y 40 permanecen desaparecidos, según datos de la Defensoría de la Niñez (2023).

Detrás de estas cifras, números que indican la envergadura, hay vidas cortadas de manera brutal. Historias como la de Paola, de 17 años, baleada en una protesta; la de Juanito, de 15, desaparecido junto a su padre en un operativo de la DINA; o la de bebés apropiados de mujeres presas que nunca volvieron a sus familias. La represión no distinguió edades: ser joven, estar en el lugar equivocado o pertenecer a una familia militante bastaba para ser blanco de la violencia estatal.

Los informes Rettig y Valech reconocen más de 3 mil 200 personas ejecutadas y desaparecidas y más de 40 mil víctimas de prisión política y tortura. Dentro de esa cifra general, las infancias aparecen como víctimas invisibilizadas. La dictadura no solo mató, desapareció y torturó adultos; también fracturó proyectos de vida enteros al violentar a los más pequeños.

• 150 niños, niñas y adolescentes (NNA) ejecutados (Defensoría de la Niñez, 2023).
• 40 desaparecidos siendo menores de edad.
• 20 casos documentados de apropiaciones y adopciones irregulares (INDH, 2020).
• Miles de niños y niñas que vivieron el encierro de sus padres en campos de detención y tortura.

 “No podemos hablar de democracia si no recordamos a quienes la dictadura nos arrebató desde la infancia”, dice Manuel Antonio Garretón, sociólogo chileno.

En la actualidad no existen cifras oficiales sobre los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) que presenciaron la detención, tortura o asesinato de sus padres durante la dictadura militar en Chile (1973-1990), aún entendiendo que esto constituyen un grupo especialmente vulnerable, cuyas experiencias traumáticas han sido históricamente invisibilizadas dentro del proceso de justicia transicional.

De las personas víctimas de prisión política y tortura, muchas fueron detenidas en sus propios hogares, frente a sus hijos e hijas menores. Esta exposición directa a la violencia estatal generó secuelas profundas y duraderas, tanto a nivel psicológico como en la reproducción de condiciones de vulnerabilidad social intergeneracional. La memoria traumática infantil, no abordada desde una política de reparación integral, afecta no solo al desarrollo individual, sino también al tejido social, al perpetuar el silencio, la desconfianza institucional y la exclusión simbólica. La ausencia de programas específicos de reparación para estos NNA —hoy personas adultas— representa una deuda pendiente del Estado en términos de verdad, justicia y garantías de no repetición.

DICTADURA CÍVICO-MILITAR: LA SOCIEDAD CÓMPLICE

Las palabras y las cosas y por qué resulta importante para nuestra historia reciente que nombremos este momento negro de la pérdida total y absoluta de los valores democráticos como Dictadura “cívico-militar” es fundamental. Porque no solo fueron los uniformados quienes reprimieron: empresarios, políticos, jueces, médicos y civiles colaboraron activamente. Esa complicidad explica, en parte, por qué los niños asesinados no figuran aún en la primera línea de la memoria nacional.

Mientras se hablaba de “seguridad nacional”, se asesinaban adolescentes en poblaciones y se arrebataban bebés a sus madres. Mientras algunos defendían la “paz social”, otros miraban hacia otro lado cuando menores aparecían muertos en enfrentamientos inventados por la prensa oficialista.

LA DEUDA PENDIENTE: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN

En la actualidad y a cincuenta y dos años del Golpe militar resulta importante hacer visible las cientos de víctimas NNA, porque Chile sigue debiendo una reparación plena a esas infancias. No basta con placas conmemorativas o museos de memoria: faltan juicios, falta verdad completa, falta educación en Derechos Humanos en todas las escuelas.

La memoria no es un lujo académico ni un ritual político. Es la condición básica para que la democracia se sostenga. Y recordar a los niños asesinados por la dictadura cívico-militar es recordarnos que ningún proyecto político puede legitimarse sobre la sangre de los más vulnerables. Todo acto que visibilice los procesos históricos son un acto concreto en contra la amnesia histórica que los sectores que apoyaron un golpe tratan de instaurar en la historia social y política de Chile.

A cincuenta  y dos años del golpe, la pregunta es clara: ¿qué tipo de país queremos construir si no somos capaces de honrar a los niños y niñas que el Estado nos arrebató?

Si pudiéramos dar alguna respuesta sabemos que no la encontraríamos en discursos solemnes, sino en acciones concretas: abrir los archivos secretos, garantizar reparación a las familias, enseñar en cada escuela que la dictadura mató también a niños. Solo así, la promesa de “Nunca Más” dejará de ser una consigna y se convertirá en un compromiso real con la infancia y la democracia. Para que toda la verdad y toda la justicia sean un acto de amor y justicia frente al dolor de todas las familias de las víctimas.

MEMORIA Y EDUCACIÓN: UN IMPERATIVO DEMOCRÁTICO

Darle importancia e integrar la memoria de la infancia víctima en los programas educativos no es solo un acto simbólico. La sociología cultural de Néstor García Canclini nos recuerda que las mediaciones culturales configuran cómo una sociedad interpreta su pasado. Incorporar historias de niñas y niños víctimas de la dictadura fortalece la conciencia democrática y actúa como garantía de no repetición.

Además, la educación sobre Derechos Humanos permite que las nuevas generaciones comprendan que la protección de la infancia es una prioridad ética y política que no admite silencios.

REPARACIÓN INTEGRAL: MÁS ALLÁ DE LA SIMBÓLICA

¿Cómo reparamos? Esta pregunta implica una combinación de verdad, justicia efectiva, reparación material y garantías de no repetición. Hasta hoy, algunas familias han recibido compensaciones económicas, pero muchos aún reclaman justicia plena, restitución de identidad para los apropiados y acceso a archivos que permitan comprender la magnitud de los delitos. 

En los últimos treinta y cinco años del retorno a la democracia, persiste la imposibilidad de romper los pactos de silencio establecidos por los actores directamente involucrados en las violaciones a los Derechos Humanos. Esta situación refleja  y nos muestra no solo la debilidad institucional para alcanzar una justicia plena, sino también una preocupante regresión en el discurso público, donde se han normalizado narrativas que justifican prácticas como el asesinato, la tortura y la interrupción violenta del orden democrático. Tales discursos no solo erosionan la memoria histórica y los procesos de reparación, sino que también legitiman, de forma implícita, la violencia política como medio de resolución de conflictos.

LAS POLÍTICAS DE REPARACIÓN DEBEN INCLUIR:

• Programas de salud mental para víctimas y familias.

• Educación y divulgación de la memoria histórica de la infancia.

• Apoyo a la restitución de identidad para bebés apropiados.

• Eliminación de privilegios legales e institucionales de responsables de violaciones de derechos humanos.

MEMORIA PARA LA DEMOCRACIA

Ha cincuenta y dos años del Golpe cívico-militar del 11 de Septiembre 1973 debemos repensar el Chile que queremos y como queremos contribuir en la reparación de víctimas. Esto no se trata de instrumentalizar el dolor ni de convertir el recuerdo en ritual vacío. Se trata de reconocer que cuando un Estado falla en la protección de su infancia, fractura el pacto social. La reparación es un acto de restauración democrática: devuelve nombre a quienes el Estado pretendió borrar y fortalece la democracia misma.

 “La dignidad humana no es un recurso negociable del poder: es la condición inalienable de una democracia que se respeta a sí misma”, afirma Tomás Moulian.

Bajo la perspectiva de Derechos Humanos  e infancia y por la justicia resulta de vital importancia histórica recordar a los niños y niñas víctimas, testigos y asesinados por la dictadura cívico-militar es una obligación ética y política. Mantener viva su memoria es garantizar que Chile no olvide nunca que la infancia merece protección y que el pasado doloroso debe servir para construir un futuro justo y democrático.

REFERENCIAS

Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (1991). Informe Rettig. Santiago: Gobierno de Chile.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech). (2004; 2011). Informe Valech. Santiago: Gobierno de Chile.

Defensoría de la Niñez. (2023). 150 ejecutados y 40 desaparecidos: NNA víctimas de la dictadura cívico-militar. Santiago de Chile.

Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). (2020). Informe anual de derechos humanos en Chile. Santiago de Chile.

Garretón, M. A. (1995). La sociedad en que vivi(re)mos: introducción sociológica al cambio de siglo. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Moulian, T. (1997). Chile actual: anatomía de un mito. Santiago: LOM Ediciones.

Canclini, N. G. (1995). Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad. México: Grijalbo.