Comunidades rechazan consulta indígena de “Comisión para la Paz”: “Viene a concebir a la tierra como un simple objeto de explotación”
El Gobierno de Gabriel Boric convocó el proceso tras las propuestas elaboradas en la instancia en torno al “Nuevo Sistema de Tierras”. Distintos territorios de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos se han manifestado en contra pidiendo su detención y acusando que “no representa una solución, sino un punto final a nuestra demanda histórica, lo que perjudica el futuro de nuestro pueblo y nuestras generaciones venideras”.
Por Jimena Améstica
Distintas comunidades del sur de Chile le dieron un portazo a la consulta indígena de las propuestas emanadas de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPPyE) en torno al “Nuevo Sistema de Tierras”. La iniciativa fue propiciada por el Gobierno de Gabriel Boric y comenzó a aplicarse el 13 de agosto de 2025 en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Los llamados para detener el proceso han ido en aumento y los argumentos rondan en un crítica por la participación en su creación y su legitimidad. Asimismo, acusan la vulneración de derechos colectivos y una visión mercantil de la tierra. Las comunidades también han mencionado la materia no resuelta con los presos políticos mapuche, junto con la continuidad de los allanamientos a distintos territorios y autoridades espirituales en medio del Estado de Excepción vigente.
En los últimos días la Junta de Caciques de la provincia de Osorno, Fütawillimapu, entregó su posición con respecto al proceso, indicando que la Comisión Presidencial “fue producto de un acuerdo entre los partidos políticos con representación parlamentaria” y fue diseñada “a espaldas de los territorios, sin considerar el parecer ni la participación de nuestras instituciones propias”.
Además de indicar que la postura se apoya en la Ley Indígena 19.253, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insistieron en que el informe “decantó en una serie de propuestas que transgreden los principios fundamentales que sostienen nuestra espiritualidad y principios filosóficos”.
Con respecto a las tierras, acusaron que la Comisión plantea que muchas tierras están “subutilizadas”, por lo que deben ser arrendadas o explotadas por terceros (p. 99). Esto se interpreta como “una antigua intención de arrebatar las tierras mapuche por otros medios”. Por lo mismo, apuntan a su “responsabilidad histórica” como pueblo, negándose a ser “esta política que viene a concebir a la tierra como un simple objeto de explotación”.
Asimismo, desde desde las comunidades de la Provincia de Osorno, insistieron en que el Gobierno debe retirar la Consulta “pues no representa una solución, sino un punto final a nuestra demanda histórica, lo que perjudica el futuro de nuestro pueblo y nuestras generaciones venideras”. Y en esta línea, cuestionaron que “esta Consulta nos viene a ofrecer compensaciones a cambio de nuestro derecho territorial, lo cual es un derecho intransable y un elemento inalienable de cada mapuche”.
“TRAMPA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES”
Las comunidades también han manifestado sus reparos sobre la legitimidad de la instancia, específicamente por producirse en medio del Estado de Excepción vigente en el territorio.
“Consideramos que el Estado no tiene moral para hablar de Paz y Entendimiento en circunstancias de que continúan los allanamientos a distintos territorio y autoridades espirituales, Presos Políticos, y regiones con Estado de Excepción”, indicaron las comunidades de Osorno.
Desde las comunidades Mapuche en Vilcún, insistieron en que se debe proteger la Ley Indígena, exponiendo que “las propuestas del Estado no son claras” y están “imponiendo un cambio que irá solo a beneficiar nuevamente al empresariado”. Por ello, llamaron a estar detrás de su avance para “evitar el libre mercado de las tierras Mapuche”.
DESPOJO
Otro de los puntos para rechazar la consulta indígena, según han explicado, radica en la visión de las comunidades sobre el sistema de reparación propuesto, al que han calificado como un intento de despojo: “No es más que un plan para dejar al mapuche sin tierras a cambio de unas simples monedas”.
La misma posición compartieron diversos Lof y territorios de Panguipulli y Los Lagos, que se reunieron el pasado 20 de agosto, indicado que el Gobierno “se hace responsable de hacer consultas que son solo consultivas y no vinculantes, donde después las decisiones son tomadas en el nivel central”.
“No se respetan los derechos indígenas lo que vulnera principios del Derecho Internacional y la carta de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, del Convenio 169 de la OIT, entre otras. Que precisamente estos instrumentos obligan a los Estados consultar de forma previa, libre e informada y de buena fe”, añadieron.