Caso Julia Chuñil: “Si me pasa algo, ustedes ya saben quién fue”
Según sus familiares, la líder indígena en reiteradas ocasiones habría advertido a su entorno que estaba en riesgo y que si algo llegaba a pasarle, ya sabían dónde debían buscar. Su desaparición no sólo ha evidenciado una serie de irregularidades en la compra de terrenos de la Conadi y la urgencia de activar el Tratado de Escazú, sino que, además, el persistente hostigamiento que la dirigente mapuche habría sufrido por parte de un empresario de la zona.
Por Natalie Gilbert / Vía ElPuelche.cl
En una dolorosa trama se ha transformado la desaparición, hace más de un mes y hasta ahora sin rastro, de la presidenta de la Comunidad Indígena Putreguel de Máfil, Julia Chuñil Catricura. Su familia accedió a describir cómo fueron los primeros días de búsqueda y revelaron los antecedentes que conectan su desaparición con un conflicto territorial en la zona.
DESAPARICIÓN Y BÚSQUEDA
Según Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, su madre salió como era parte de su rutina, en busca de sus animales hacia el predio Reserva Cora Uno A, también conocido como La Fride o Lafrir, a poco más de un kilómetro de su casa, en el sector Huichaco sur de Máfil. En ese lugar, Julia Chuñil había ampliado una construcción existente donde a veces alojaba.
Ahí también se quedaba ocasionalmente una mujer conocida como Anacato, a quien la líder indígena habría recibido porque se encontraba en situación de calle. Fue con ella que sus hijos pensaron que se había quedado el viernes 8 de noviembre, cuando la vieron por última vez, según relató Troncoso Chuñil.
“Nosotros pensamos que estaba con su amiga, pero yo el día domingo la voy a buscar para almorzar y esta amiga me dice que mi mamá no estaba, que la vino a buscar el pololo, riéndose. Y yo le volví a repetir, ¿dónde está mi mamá? Y ella me dice que salió hace dos días. ¿Por qué no nos avisó al tiro?, le dije, y ahí volvimos. Dimos la alarma en la casa y empezamos la búsqueda”, contó Javier.
Posteriormente, se instaló un campamento improvisado en el Fundo La Fride para recibir y dar alimentación a las más de cien personas que diariamente colaboraban con la primera búsqueda oficial que, según Javier Troncoso, se desarrolló entre el lunes 11 y el viernes 23 de noviembre.
“El martes empezó a llegar la ayuda por parte de la municipalidad para armar el campamento… es que mi mamá es conocida aquí, pasó esto y de inmediato llegó harta gente a ayudar”, describió.
Según Javier, tras la alarma nacional de Bomberos llegaron voluntarios de distintas ciudades de Chile; como Santiago, Los Andes, Puerto Montt y de la mayoría de las comunas de Los Ríos.
“Estamos muy agradecidos, en especial, de bomberos. También participaron forestales, vecinos, 3 Carabineros del GOPE, 2 efectivos de la PDI, aparte de los helicópteros que sobrevolaron”, añadió.
DILIGENCIAS
Javier Troncoso no dudó en calificar con dureza las gestiones investigativas en el proceso de la primera búsqueda de su madre. “Fue muy poca la dotación de la PDI, pésimo… cuando hay un allanamiento, no sé de 1 persona, más de treinta efectivos y ahora por una búsqueda, dos personas, no tienen recursos, decían ellos, o la fiscal no quiso dar más dotación de personal, pero hubo algo estancado ahí, estamos desesperados, son muchos días de angustia”, replicó.
Por su parte, el 14 de noviembre, seis días después de la desaparición, el delegado presidencial de Los Ríos, Jorge Alvial, se hizo presente en el sector de la búsqueda y se reunió con la familia. Luego, el 27 de noviembre se constituyó una mesa de seguimiento en el marco del Acuerdo de Escazú, integrada por distintas instituciones y autoridades regionales.
Según el hijo de Julia Chuñil, desde la Delegación Presidencial trajeron “un sistema de drones que recorrieron todo y no encontraron nada. Ahora queremos que haya más apoyo en el río San Pedro, que lleva un torrente grande en estas fechas, porque no hay rastros de ella en el fundo, ni su machete, ni el perro, ni una pieza de ropa”.
“Allá anda harto el chancho jabalí y el puma, pero el puma cuando come arrastra, deja pelo, restos de ropa, de zapatos y el jabalí igual, pero no hay un resto de nada, ni un pedazo de ropa, es como que la sacaron de ahí”, añadió.
Respecto de Claudia Baeza, la primera fiscal que tomó la denuncia por presunta desgracia, Pablo San Martín Chuñil, otro de los hijos de Julia, alertó que no se les citó a declarar.
“La fiscal apareció a los ocho o nueve días aquí en terreno. Así como conversando… yo le pregunté y me dijo que en una semana más tenía una hora para hablar con nosotros”, detalló.
Posterior a esa primera búsqueda oficial y tras la asistencia de familiares de Julia Chuñil a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en compañía de la ONG Escazú Ahora, el caso pasó a manos del fiscal Carlos Bahamondes de la fiscalía regional de Los Ríos, cuya carpeta investigativa se mantiene en reserva.
ESCAZÚ
El Acuerdo de Escazú adoptado en 2018 en Costa Rica y del que Chile se hizo parte en 2022, busca elevar los estándares respecto del acceso a la información y participación pública, así como a la justicia ambiental.
Sin embargo, según un Informe de la ONG Escazú Ahora de octubre de 2023 “a más de un año de su creación, no ha habido avances significativos en la creación de una institucionalidad de alerta temprana y protección para los defensores de derechos humanos y ambientales”.
De ese informe a la fecha, para Escazú Ahora, los avances siguen siendo mínimos, de hecho, el Protocolo de Defensa para los Defensores de Derechos Humanos y Ambientales, que se funda en el 9° artículo del Acuerdo de Escazú, a más de 2 años de su ratificación en Chile, aún no está activo y debería comenzar a regir desde el próximo 27 de diciembre.
Incluso, desde Escazú Ahora, han insistido en la importancia de que el Gobierno le otorgue urgencia al proyecto de ley que regula la protección de las y los defensores de la naturaleza y los derechos humanos en asuntos medioambientales, que ingresó a la Cámara en mayo de este año.
En este sentido, los familiares de Julia Chuñil solicitaron a fines de noviembre un apoyo jurídico tanto a la Subsecretaría de Derechos Humanos, como al INDH regional de Los Ríos, sin embargo, ambos organismos respondieron que no contaban con la capacidad de poner a su servicio a algún abogado o abogada.
AMEDRENTAMIENTOS
Según acusaron sus hijos, Julia Chuñil debió enfrentar acciones directas de amedrentamiento durante el tiempo que mantuvo la recuperación productiva del predio de donde desapareció: “Ella sólo quería campo para cuidar a sus animales, ella lo cercó, lo limpió para tener pasto para sus animales”, aseguraron.
Respecto de quién estaría detrás de este hostigamiento antes de su desaparición, sus hijos apuntaron al empresario agrícola y forestal del sector que dice ser dueño del predio: Juan Carlos Morstadt Anwanter.
“Él (Morstandt) le ofreció plata a los vecinos para que le cortaran el camino por donde ella transitaba y se lo cortaron. Ella ya no pasaba por ese camino, se consiguió permiso por otro lado, y resulta que aparece otro vecino tratando de hacerle una zanja. Todos pensamos, a lo mejor don Juan Carlos le ofreció plata, porque el primer vecino que cerró el camino me dijo en la cara que él le había pagado 3 millones”, detalló Pablo San Martín.
Según la revisión de los registros de propiedad del predio Reserva Cora Uno de la Parcelación Los Ciruelos, Juan Carlos Morstadt aparece a partir de 2008 cuando compra el inmueble a Esteban Fried Kopp y a su cuñada Susana Reinitz Fried.
Antes de eso, hasta 1979, había pertenecido a Alfredo Milthaler Reichert. Y de cómo llegó a su poder no hay información en el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, ya que sus registros sólo llegan hasta esa fecha.
Sobre la Reserva Cora Uno de la Parcelación Los Ciruelos. Hay registros de que el Fundo Los Ciruelos fue un asentamiento campesino para la época de la Reforma Agraria en Los Lagos. También se registró bastante información sobre lo ocurrido tras el golpe militar, específicamente de los fundos que fueron expropiados por la CORA entre 1967 y 1973.
Asimismo, según la escritura de compraventa del 1 de diciembre de 2009, de manos de Juan Carlos Morstadt, la Reserva Cora Uno pasó a nombre del Banco Scotiabank Chile, lo que fue inscrito en el CBR de Los Lagos el 17 de diciembre de ese año. Ese mismo día, se dejó constancia de la subdivisión del predio en dos lotes: el Reserva Cora Uno A y el B. Es decir, la venta del lote A al Banco Scotiabank se practicó antes de la inscripción de la subdivisión.
CONADI Y UNA COMPRA DE TERRENO FRUSTRADA
Por otro lado, remontándose a 2004, cuando la Comunidad Blanco Lepin originaria de Lautaro presenta su demanda de tierras, un año más tarde la Conadi de La Araucanía, le entregó la resolución de aplicabilidad para la compra de un terreno.
Luego del Informe de tasación del 15 de noviembre de 2010, aprobado por la misma Conadi, se anunció que un predio en particular poseía una buena accesibilidad, con colegios, postas y comercio cercanos, además de varias fuentes de agua.
No obstante, dicho predio no estaba ubicado en el mismo sector de la Comunidad Blanco Lepin, sino que las más de 100 familias se debían trasladar hasta la región de Los Ríos, específicamente, a la comuna de Los Lagos donde se encontraba su futuro espacio, que en ese entonces era propiedad del Banco Santander Scotiabank Chile.
Sin embargo, en medio de la negociación con la Comunidad Blanco Lepin, el 29 de julio de 2011 el Banco Scotiabank Chile volvió a hacer negocios con Morstadt y le vendió mediante un crédito hipotecario del mismo banco con ciertas cláusulas, el mismo predio a su empresa, la Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter.
A pesar del cambio de dueño del predio, la comunidad continuó adelante y según la mesa de negociación del 11 de agosto de 2011, ratificó los acuerdos de la negociación de principios de junio de ese año y estableció que la superficie total del predio es de 891 hectáreas y no de 925, como se había informado anteriormente.
Finalmente, el 23 de agosto de 2011, menos de un mes después de que el Banco Scotiabank Chile vendiera a Morstadt, se firmó la compraventa entre la Comunidad Blanco Lepin y la empresa de Juan Carlos Morstadt.
La transacción implicó el reembolso de Conadi por más de mil millones de pesos ($1.114.250.000) a través de dos documentos bancarios, un cheque por cerca de 800 millones de pesos para el Banco Scotiabank Chile y otro cheque por más de 300 millones de pesos a nombre de la empresa de Morstadt.
En el acto, ambas partes se comprometían a respetar ciertas exigencias que habían sido acordadas previamente a través del “Acta de negociación” del 2 de junio de 2011. Entre ellas, el vendedor tenía un plazo definido para completar el cerco perimetral de todo el predio, requisito para que posteriormente el notario entregara los documentos de pago.
Sin embargo, caducado el plazo, la empresa agrícola forestal de Morstadt no había cumplido con dichos acuerdos. Ante ello, y por no haber recibido información real sobre las características del terreno, la comunidad Blanco Lepin acordó no hacer uso del predio y en 2013 demandó por incumplimiento de contrato a la empresa de Juan Carlos Morstadt Anwandter, al Banco Scotiabank Chile y a la propia Conadi.
Junto a ello, cuando el banco Scotiabank Chile vendió el predio a Juan Carlos Morstadt, en la escritura se incluyeron los derechos de agua del Fundo. Sin embargo, cuando Morstadt vendió a la Comunidad Blanco Lepin esos derechos no fueron añadidos.
Finalmente, la acción judicial de la Comunidad Blanco Lepin logró que el Tribunal de Los Lagos ordenara al Banco Scotiabank Chile y a la empresa Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter la restitución de los dineros recibidos de la Conadi. Sin embargo, ante distintos recursos de casación interpuestos por ambas partes ante la Corte de Apelaciones y ante la Corte Suprema, el Banco Scotiabank logró ser liberado del pago a Conadi y se resolvió ordenar a la empresa de Morstadt restituir los más de 1.114 millones de pesos, según fallo de la Corte Suprema en 2017.
La efectiva devolución de esos dineros, aún está en una nebulosa a la espera de la respuesta solicitada vía Transparencia a Conadi.
En medio del proceso judicial, la comunidad Blanco Lepin se manifestó a las afueras de la municipalidad de Los Lagos acusando ser víctimas de un fraude, siendo recibidas por el alcalde de ese entonces.
RECUPERACIÓN TERRITORIAL
Posteriormente, y en conocimiento de que la Comunidad Blanco Lepin no haría uso del espacio, la comunidad Indígena Putreguel de Máfil, dirigida por su presidenta Julia Chuñil, dejó constancia en el acta de la reunión del 23 de octubre de 2015, que hacían ingreso al “campo La Fride” e iniciaron un proceso de recuperación de tierras con la instalación de un rehue y la celebración de una ceremonia anunciando su estadía de forma indefinida hasta la concurrencia de “la Conadi y de la Comunidad Blanco Lepin, para llegar a un acuerdo pacífico”.
Tres días más tarde, el 26 de octubre de 2015, en el mismo libro de actas se registró una nueva reunión con la presencia del director regional de Conadi, de ese entonces, Cristian Cayul, y del encargado de la época del Fondo de Tierras y Aguas, Hermes Rubilar. En la instancia se registraron los documentos que la comunidad requería para formalizar la restitución de tierras.
Esto fue confirmado por Brunilda Tripay, vicepresidenta de la Comunidad Putreguel para ese entonces: “Ellos no hicieron uso de las tierras, por esa razón es que nosotros hicimos la reivindicación territorial. Estuvimos unos días ahí, pero no nos podíamos quedar al tiro, porque había que tener plata para hacer casas. De ahí nos retiramos e íbamos de repente, después dejamos de ir y quedó ella ahí. Ella lo ocupaba con otro integrante de la comunidad, pero últimamente estaba sola”.
Tripay recordó también los tiempos de la conformación de la Comunidad Putreguel, cuando Chuñil “quiso hacer la comunidad, anduvo casa por casa buscando a sus lamgen, para ver si se querían inscribir en la comunidad, fue ella la que partió con eso”.
AUDITORIA
Según un Informe de Contraloría de 2013, la Comunidad Blanco Lepin recurrió a la Unidad de Control Externo de la Contraloría regional de La Araucanía para denunciar las irregularidades que caracterizaron la frustrada compra del predio Reserva Cora Uno -A.
Tras la investigación del caso, Contraloría informó que, si bien las condiciones de la compraventa no se habían cumplido, los dineros comprometidos por la Conadi, igualmente, habrían sido entregados tanto al Banco como a Juan Carlos Morstadt, a pesar de que existía una cláusula que impedía la entrega de los cheques a menos que se verificara la construcción del cierre perimetral del predio, lo que nunca ocurrió.
Según el Informe, el notario Juan Loyola Opazo habría hecho entrega de los cheques por $314.850.000 a nombre del vendedor Agrícola Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L y por $799.400.000, a nombre del Banco Scotiabank Chile, ya que según la minuta de instrucciones, del 29 de agosto de 2011, elaborada por la abogada de la Conadi, Marianela Bustos Bustos, se habrían cumplido las condiciones pactadas, omitiendo exigir el cierre perimetral, tal como lo ordenaba una resolución de la misma Conadi.
La abogada Marianela Bustos, estuvo años antes, en 2001, involucrada en otras investigaciones por irregularidades al interior de la Conadi por compraventa de tierras para Comunidades mapuche, en lo que se conoció como el “escándalo Conadi”. Al año siguiente, la propia Contraloría concluyó que “no hay situaciones que afecten la responsabilidad administrativa de funcionarios de Conadi”, sin embargo, la investigación siguió su curso a cargo del Ministerio Público.
Según informó La Tercera en aquella época, entre las denuncias que abrieron el caso “Escándalo Conadi” estaba “la venta del fundo Las Vertientes -propiedad de Lino Lecaros- en donde se aseguró que la entonces abogada de la Conadi Marianela Bustos habría recibido una oferta de un millón de pesos, por parte del dueño del predio para apurar los trámites que dieran el visto bueno a la venta”.
¿QUIÉN ES JUAN CARLOS MORSTADT?
El empresario Juan Carlos Morstadt no es un desconocido para la Conadi. En el año 2000, también fue la parte vendedora de un predio para una Comunidad mapuche con fondos públicos. Se trata del Fundo California, ubicado en Pitrufquen, cuyo proceso de compra fue uno de los investigados en el llamado caso “Escándalo Conadi” referente a la compra de cerca de 30 predios de diferentes dueños entre 1999 y 2000 por un total de 9 mil millones de pesos.
En el caso de Morstadt, en 2000 la Conadi le pagó cerca de $1.500 millones por las 646 hectáreas que comprendía el Fundo California. Otro predio de la familia de colonos alemanes se encontraba en Victoria, el fundo Miraflores, que en época de la Reforma Agraria fue expropiado por la CORA.
Juan Carlos Morstadt tiene participación en varias sociedades. Una de ellas es la Agrícola, Forestal y Ganadera que lleva su nombre y otra es la empresa Collilelfu que comparte con su socio José Silva Jarpa.
En 2016 Morstadt habría intentado traspasar el predio Reserva Cora 1 A a su otra empresa, la Sociedad Collilelfu. La acción fue realizada ante el Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos, sin embargo, el conservador se rehusó ejecutar la inscripción solicitada.
Ante ello, Morstadt interpuso un recurso de protección de garantías constitucionales en febrero de 2016 por Collilelfu LTDA en contra del Conservador de Los Lagos, Carlos Ocampo Bustos, por “rehusarse a inscribir en el registro de propiedad a su cargo…” acción legal de Morstadt que no prosperó.
Recientemente, en agosto de este año, la Sociedad Collilelfu, constituida en 2015, fue modificada. Según extracto del Diario Oficial, la Agrícola, Forestal y Ganadera Juan Carlos Morstadt Anwandter E.I.R.L., dueño del 98% de los derechos, transfirió a José Eleodoro Segundo Silva Jarpa el 25% de los derechos por 51 millones de pesos y el 50% a María Isabel del Rosario Griffin Barros por 102 millones de pesos. A su vez, Juan Carlos Morstadt aportó una propiedad avaluada en 490 millones, de la que no aparecen detalles.
Por otro lado, según registro actualizado de aprovechamiento de derechos de agua en la Región de Los Ríos, desde 2017 Juan Carlos Morstadt aparece con 7 derechos de agua en vertientes y esteros sin nombre ubicados en la sub sub cuenca del río San Pedro, entre río Mañio y río Quinchilca.
Además, según un aviso legal, publicado en 2021 en un medio regional, Morstadt solicita “derechos no consuntivos, permanentes y continuos o en subsidio eventual y continuo, agua superficial y corriente de esteros sin nombre” ubicados en la Provincia de Valdivia, especificando que las “aguas serán utilizadas en generación de energía eléctrica”.
Finalmente, Morstatd logró el 2 de marzo de 2022 traspasar la Reserva Cora Uno – A a nombre de la Sociedad Agrícola, Ganadera y Forestal Collilelfu, según consta en el Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos.
Las sospechas en contra de Juan Carlos Morstadt
Según cuentan familiares y vecinos de Julia Chuñil, Juan Carlos Morstadt tendría interés en vender nuevamente el predio Reserva Cora Uno – A. Por esa razón es que insistentemente ofreció dinero a Julia y a su familia para que se fueran del fundo.
Con ello, como relató Pablo San Martín, en la querella criminal presentada el pasado 8 de diciembre, con apoyo de Escazú Ahora, existen otras situaciones en que estaría vinculado Morstadt. “El empresario le habría realizado ofertas de dinero directas para que se retirara del lugar, señalándole: Ya po Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú no más”, dijo.
Asimismo, en la querella su hijo hizo referencia a las amenazas de incendiar la cabaña que su madre ocupa en el fundo, ya que Morstadt le habría sugerido a un vecino que “debía sacar engañadas a las personas que estaban en la casa de mi madre, para que así, éste pudiera quemar su hogar”.
Además, San Martín aseguró que su madre le comentó “que el dueño de la empresa, cuando se encontraba con ella, tendía a desinhibirse y le realizaba amenazas verbales, relativas a su superioridad y poder, insistiendo en que ella no sacaba nada de ir a la Conadi porque él tenía mucha influencia”.
A pesar de ello según su hijo Pablo, Julia Chuñil se mantenía en su posición de no abandonar el predio, identificando que si le pasaba algo el principal sospechoso era Juan Carlos Morstadt. “Mi mamá siempre decía: ‘si me llega a pasar algo, él capaz que sea el principal sospechoso de lo que me pase, porque él es la principal persona que quiere que yo me vaya, pero yo no me voy a ir porque este predio es de la Conadi’”.
Por su parte, Brunilda Tripay vecina cercana de Julia Chuñil, describió que siempre estaba ocupada en sus quehaceres y de sus animales, “siempre la veía, una persona muy trabajadora, sentimos mucho su desaparición, estamos tristes, la veíamos con sus bueyes, con su carreta buscando leñita, buscando suero para sus chanchos. Es una persona muy conocida, casi la mayoría de los vecinos salieron a buscarla, es muy triste ir a ese lugar y ver ahí sus cositas que quedaron abandonadas”.
Ante la falta de indicios sobre el paradero de Julia Chuñil, Brunilda Tripay, así como su familia y vecinos sólo esperan que se llegue a la verdad. “A mi parecer ella no se puede haber perdido, así como así en el monte, sin ningún indicio, de que se le haya quedado un zapato, porque nosotros pensábamos en el león, pero el león no se va a comer la ropa, los zapatos. Nos nos calza que se haya desaparecido así como así. La verdad, nos tiene consternados su desaparición. Yo creo que sí podría haber terceras personas metidas en esto, pero quién no lo sé, lo que sí es que, si hay terceras manos metidas, esperamos que no quede impune”.
Fuentes:
Registros de Propiedad de la Reserva Cora Uno y Reserva Cora Uno – A del Conservador de Bienes Raíces de Los Lagos de los años 1995, 2008, 2009, 2011 y 2022.
Carpetas judiciales de las causas C-226 -2013 / CS 34431 -2016 / CS 19330 – 2016 / CAV 60 – 2016 CAV 1333 – 2015 y Querella Criminal 08-12-24, entre otras.
Informe de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de La Araucanía 48/2013
Bases de datos y publicaciones de las instituciones: DGA, SII, Conadi, Diario Oficial, Congreso, entre otras.