Fiscal y arraigo nacional de Yáñez, Rozas y Olate: “El tribunal ha dado por establecido que existe un delito omisivo” de apremios ilegítimos
“Se trata de una investigación que efectivamente da cuenta de la comisión de los delitos de apremios ilegítimos, y de una actitud omisiva del mando respecto de ellos”, aseguró el persecutor Xavier Armendáriz sobre la imputación a los ex altos mandos de Carabineros y su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido Social de 2019.
Por Redacción El Arrebato
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinó decretar las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal para los generales (r) de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate por el delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante el Estallido Social de 2019. La investigación se extenderá por 120 días.
El fiscal jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, insistió en que “cada ciudadano podrá tener la opinión que quiera respecto a una investigación. Aquí lo que importa es que el tribunal ha dado por establecido que existe un delito omisivo en el sentido de que los imputados, tres imputados y no uno, dejaron de cumplir los deberes de su cargo”.
En este sentido, precisó que el tribunal “ha recogido en su integridad la postura acusatoria” en contra de los tres imputados, reconociendo que “no desplegaron la conducta suficiente para terminarlos o hacerlos cesar”. Es decir, añadió, “se trata de una investigación que efectivamente da cuenta de la comisión de los delitos de apremios ilegítimos, y de una actitud omisiva del mando respecto de ellos“.
Con ello, Armendáriz insistió en que “aquí lo que se ha resuelto es que se ha acogido sobre la base de la robustez y la solidez de la investigación es que efectivamente existió el delito omisivo y existió participación”.
Tras conocer la resolución, desde Amnistía Internacional calificaron el resultado de la audiencia como una “buena noticia”, acotando que “la evidencia está dada por el alto numero de denuncias del Ministerio Público y querellas del INDH, además de informes de organismos de Derechos Humanos”.